Por Guillermo Deloya
Desde el gobierno federal se aprieta a fondo el acelerador para contar con un brazo tributario vigorizado. Así se distingue en el Paquete Económico 2020 enviado este pasado 8 de septiembre por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, donde encontramos a una autoridad fiscal robustecida al grado de poder caer en tentaciones autoritarias que lesionarían derechos de personas físicas y morales.
Vivimos un frontal combate a la evasión, elusión, simulación y corrupción que en papel suena pertinente pero en la práctica se puede tornar riesgoso si las herramientas que se buscan para autorizar en ley se usan sin el cuidado adecuado.
En una primera inyección vitamínica al sistema, a las propuestas de Ley de Ingresos, Miscelánea Fiscal, Ley de Derechos y Presupuesto de Egresos de la Federación se les incluyó como uno de los objetivos prioritarios para las autoridades fiscales y hacendarias el combatir a las empresas que reportan actividades comerciales sin realizarlas —aquellas que comúnmente se denominan empresas fantasma—, así como erradicar la venta de facturas falsas. Se esgrime que el impacto que estas actividades ilícitas tiene en las finanzas públicas es tal que de acabar con ellas se puede recaudar lo suficiente a efecto de destinarle recursos con sobrada suficiencia a programas prioritarios.
Un consecuente segundo empuje de musculatura se dirige orgánicamente a las atribuciones que se proponen en el Código Fiscal de la Federación para el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además de facultarlo para bloquear la firma electrónica de contribuyentes si a estos falta algún elemento para su acreditación de personalidad también se le faculta para, discrecionalmente, establecer procedimientos para validar la información otorgada, sin someterlos a consulta.
Ahora al SAT se le permite requerir documentos probatorios a fedatarios públicos sobre personas morales en caso de no contar con información plena de ellas, así como cancelar sellos fiscales sin necesidad de hacer uso de sus facultades de comprobación.
Derechos
Esto quiere decir que el SAT tendrá la capacidad de anular transacciones comerciales amparadas por facturas si presume que estas son falsas, sin la necesidad de iniciar el trámite establecido en las leyes para comprobarlo.
El riesgo parece evidente. En cualquier nación es oportuno establecer en la mesa qué tanto poder sin contrapesos o mecanismos de defensa puede poner en peligro a cualquier particular.
Combatir al ilícito debe ser una de las prioridades del gobierno pero esto se perfecciona cuando no se incurre en el exceso que laceraría a los ciudadanos. La iniciativa está en la mesa. La discusión está por empezar. El SAT debe, junto con otras autoridades, tener todas las herramientas necesarias para hacer su labor pero al igual necesitamos y merecemos la seguridad de que las autoridades no molestarán nuestra persona, propiedad o actividad sin justificación plena.
En realidad el Estado de Derecho debe alojar mucho más que los conceptos teóricos y académicos constantemente aludidos: división de poderes, igualdad ante la ley, pesos y contrapesos. Pero sobre todo debe mostrar una que se constituye en característica fundamental: limitar la discrecionalidad del gobierno para con sus gobernados.
Lo que distingue a naciones democráticas sobre antiguos regímenes totalitaristas es la seguridad de que el Estado, titular legítimo de la coacción, no vaya a utilizar de manera injustificada sus poderes, estatus y atribuciones para vulnerar o poner en riesgo las libertades individuales y los derechos de ciudadanos.
Estamos ante la primera ocasión que un presupuesto federal se basa en una mayor capacidad recaudatoria sin que esto lleve a una reforma fiscal. Sin embargo la eficiencia tendrá que encontrar un generoso consenso para evitar que se convierta en embudo de polémica que podría llevar hasta la resistencia y finalmente a la sanción. En el entendido que estamos en una nueva ola de gobierno que evita criminalizar por todas las vías al pueblo bueno, esperemos que el fornido brazo del nuevo SAT cuente con un cerebro mandante que sepa diferenciar entre qué es la firmeza y qué el abuso.