La Declaración de Ginebra establece desde 1924 garantías para que todo niño o niña reciba atención, protección y, sobre todo, respeto irrestricto a sus derechos humanos a la salud, a la educación, a vivir en un hogar digno y a ser cuidados de manera responsable.
Hace ya 92 años que en México se festeja el 30 de abril como Día el Niño, que si bien algunos consideran una fecha meramente comercial, para muchos otros es una oportunidad de reflexionar sobre los avances, pero también analizar los retos y desafíos que afronta el Estado para proteger y garantizar los derechos de sus niños, niñas y adolescentes.
No es una cuestión menor: hablamos de la tercera parte de la población en México, es decir, casi 40 millones de habitantes.
De hecho, 32.8% de los mexicanos son menores y dos millones 500 mil trabajan, algunos más de 36 horas a la semana.
Marco legal
Sin duda se han logrado en las últimas cuatro décadas avances importantes en el país para beneficio de nuestra niñez, considerando sobre todo que en México el reconocimiento de los derechos de los niños es relativamente joven: no se incluyó el tema en el texto original de la Constitución porque se pensaba en aquel entonces que los niños no tenían derechos por ser menores de edad.
De acuerdo con reportes de la Encuesta Intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 1990 se llevó a cabo la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, en la cual la comunidad internacional se comprometió a instrumentar acciones encaminadas a proteger y promover los derechos que tienen niños y niñas a sobrevivir, aprender y crecer; a desarrollarse y alcanzar su pleno potencial, y a reconocerlos como sujetos de derechos.
La cumbre estableció que la población infantil es dependiente y asume múltiples peligros que ponen en riesgo su crecimiento y desarrollo: la discriminación, el maltrato y la explotación son solo algunos ejemplos en los que sus derechos son transgredidos y los pone en situación de vulnerabilidad.
Consciente de este contexto, la comunidad internacional coincidió en que al ejercer sus derechos los niños mejoran sus oportunidades y calidad de vida.
La primera medida jurídica sobre los Derechos del Niño se tomó en 1924 y fue ratificada en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959; en la Declaración Universal de Derechos Humanos (en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), así como en los estatutos de varios organismos y organizaciones internacionales interesadas en el bienestar de esta población, señala el INEGI.
En México, desde 1924 se decretó el 30 de abril como Día del Niño, cuando el general Álvaro Obregón era presidente de la República y José Vasconcelos ministro de Educación Pública. México ha colaborado como Estado Parte en la Convención de los Derechos del Niño y con ello ha fortalecido sus instrumentos jurídicos y los mecanismos de política pública que tienen como objetivo “generar un contexto de equidad e igualdad para que toda la población infantil desarrolle sus potencialidades”.
En este sentido, reportes del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) señalan que fue hasta 1974 cuando se reformaron algunos párrafos del artículo 4 constitucional para garantizar los derechos de los niños y adolescentes.
Otra reforma importante a ese artículo se dio en 1980, en el marco del Año Internacional del Niño proclamado por la Organización de Naciones Unidas un año antes, en 1979.
“Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores a cargo de las instituciones públicas”, indica el texto incluido en aquel entonces.
Este artículo se reformó nuevamente en 2000 para adecuar su redacción a los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño, que México había ratificado en 1990.
“En los tres párrafos agregados se reconocieron algunos derechos de niños y niñas, se estableció la obligación en la garantía de estos derechos a padres, tutores y custodios, y se definieron algunas obligaciones del Estado. Por primera vez aparecieron en la Constitución las niñas y los niños y comenzaron a ser sujetos del derecho público, puesto que tradicionalmente se les consideraba dentro del ámbito de lo privado, especialmente de la familia”, puntualiza el reporte del INEHRM.
Años más tarde, en 2014, se decretó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA, que derogó la anterior) y en ella se reconoce a los menores como titulares de derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En cifras
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en México residían ese año 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, lo que en términos relativos representa 32.8% de la población total y en cada uno de ellos se identifican necesidades y derechos en momentos muy particulares de su desarrollo.
El monto de niños aumentó ligeramente en las últimas décadas, aunque su participación porcentual ha disminuido: en 1990 el número de niños ascendía a 37.1 millones y su proporción respecto del total era de 45.7 por ciento.
En México, como en el mundo en general, las niñas y niños transitan por varias etapas en las que se identifican necesidades básicas que garantizan su pleno desarrollo. Los primeros años de vida resultan cruciales en la sobrevivencia del niño, por lo que cumplir los cinco años es un logro importante, sobre todo para aquellos que enfrentan un contexto de pobreza, desnutrición y un medio ambiente poco adecuado para su salud.
Después de esa edad, asistir a la escuela y recibir una educación de calidad resulta esencial para desarrollar sus potencialidades y ampliar las oportunidades que permitan mejorar su calidad de vida.
Datos de la Encuesta Intercensal 2015 indican que el número de niños menores de cinco años asciende a 10.5 millones, 22.2 millones se encuentran en edad escolar (de cinco a 14 años), en tanto que 6.4 millones son adolescentes de 15 a 17 años, quienes requieren de atención integral en materia de educación, salud e integración social, para cumplir demandas específicas de este grupo, que se prepara para integrarse a la vida adulta.
Es importante señalar, apunta el INEGI, que en todas estas etapas se pueden presentar aspectos que vulneren su desarrollo: pobreza, marginación, discapacidad, violencia intrafamiliar o trabajo infantil.
Estos contextos se pueden dar de forma aislada o bien coexistir de manera conjunta, y quien lo experimenta tiene pocas oportunidades de mejorar su nivel de vida, si sociedad y Estado no generan mecanismos jurídicos y asistenciales para hacer cumplir sus derechos.
Balance
Y si bien son muchos los avances logrados en los últimos 40 años en materia de derechos de la infancia en el país, sin duda son también de gran calibre los retos y pendientes que tenemos por delante.
“No es exactamente un día de celebración ni tampoco podemos decir que tengamos buenas cuentas, porque de estos casi 40 millones de menores del país por lo menos 52%, es decir, 22 millones, viven en pobreza y 4.7 millones en pobreza extrema”, dice a Vértigo el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.
Añade que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en materia de niños indígenas la cifra se eleva porque ocho de cada diez son pobres.
“Estamos hablando de que nuestro país es una de las economías más fuertes del mundo, es la número once de la OCDE, pero nuestros niveles de desigualdad y de pobreza son ofensivos y quienes se ven más afectados en este escenario son los niños, niñas y adolescentes”, advierte Pérez García.
Agrega que hay que tener presente que la desigualad económica, el trato diferenciado que recibe esta población por ser niños y niñas los coloca en desventaja, sobre todo en cuanto a su derecho a un proyecto de vida. Por ejemplo: existe cobertura de 96 o 97% de la población en educación básica, alrededor de 28 millones de menores, pero tenemos a seis millones fuera de la escuela y ocho de cada diez no estudian y no tienen actividad económica; la mayoría son mujeres.
“Con ello estamos claramente identificando factores de trabajo doméstico, embarazo temprano y matrimonio infantil, desigualdad que coloca a estas menores en riesgo”.
Por otra parte, expresa, los varones también se encuentran en una situación difícil por la violencia en el país y señala, por ejemplo, que un adolescente de 15 años tiene 30% más posibilidades de ser asesinado en México que uno mayor de edad.
Este escenario se asocia también a las necesidades que tiene el Estado mexicano para realizar una inversión apropiada y equitativa para revertir los rezagos: no se invierte lo mismo en el sur de México que en el centro o en el norte del país.
Sin embargo, Pérez García reconoce que también hay avances recientes, entre ellos la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que entre otras características mandata la creación del Sistema de Protección Integral (Sipinna), que confiere responsabilidades al presidente, a los gobernadores y a las secretarías de Estado para articular una política pública transversal y eficiente.
“Todavía no se ven sus primeros resultados, pero es buena noticia que se empiece a instrumentar. Sin embargo, hay un problema muy importante: el Sipinna carece de un presupuesto apropiado y para 2017 la Secretaría Ejecutiva, que es la encargada de articular que el sistema abarque a los 32 estados y los dos mil 467 municipios, solo obtuvo un presupuesto de 56 millones de pesos”, comenta el directivo de Redim.
Añade que en materia presupuestaria la atención a la niñez cuenta con alrededor de 780 mil millones de pesos, que es una cantidad importante, “pero no hay transparencia en la ejecución de ese recurso. Aunque se destina un presupuesto importante para la niñez su implementación está fragmentada; la mayor parte se va a las dependencias de salud, educación y desarrollo social, pero no se articulan y tenemos en muchas ocasiones acciones duplicadas o acciones que no se complementan”.
Dinámica familiar
Sair Pinilla, asesor de abogacía de Aldeas Infantiles SOS, dice a su vez que en nuestro país se destina más o menos ente 4 y 5% del PIB para la infancia y de esa fracción se destina 1% para su protección y el resto para otros rubros como educación y salud.
“Estamos ante una situación dispar: las necesidades de atención son muy altas y la capacidad de respuesta del Estado es reducida. Es necesario primero que los presupuestos sean transparentes, que exista incluso una contraloría ciudadana para la asignación de los recursos, pero al mimo tiempo que se mida y evalúe el impacto de la inversión del trabajo que se realiza, para garantizar los derechos de los menores”.
Otro aspecto importante que es necesario atender, indican los especialistas, es que culturalmente en nuestro país se sigue pensando que los niños son propiedad familiar: ese es el primer obstáculo para que los menores participen en su entorno y en los temas que afectan la construcción de ciudadanía.
En otras palabras, afirman, estamos construyendo futuros adultos que no saben tomar decisiones y tienen miedo a expresar su opinión, por ser maltratados o no tener estos espacios en la dinámica familiar y comunitaria.
“Para permear una cultura de participación y protección de derechos, así como fortalecer las capacidades de las instituciones para poder enfrentar todos los retos que tenemos, se necesita un Estado fortalecido, donde participen la sociedad civil y las instituciones de gobierno, juntas, fortalecidas y con capacidades ampliadas”, dice Pinilla.
Futuro y presente
En este sentido Jorge Vidal, director de programas de Save the Children México, considera que la inversión en primera infancia es importante pero también lo es la atención afectiva de los niños y las niñas: “Nosotros hablamos de una crianza con ternura, una disciplina positiva, y es fundamental saber cómo es el acercamiento para el desarrollo de los elementos socioemocionales, adicionalmente al desarrollo cognitivo o físico”.
Otra condición que preocupa mucho, menciona Vidal, es la falta de oportunidades, que para los niños y niñas se vuelven en muchas ocasiones de alto nivel de riesgo.
Y explica: “Debemos considerar cómo empezamos en casa, cómo tratamos a nuestros niños —aunque también está en manos de los propios chavos— para abrirles espacios, que es otro pendiente muy grande del Estado: no hay espacios de participación, no se incluye la voz de los niños y las niñas aunque el futuro, y el presente también, está en sus manos”.
Por su parte, la maestra Lourdes Zariñán, coordinadora del programa de asuntos de la niñez y la familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que en la última encuesta del UNICEF y el Instituto Nacional de Salud (en 2015) se evidencia que 63% de la población de entre uno y 14 años fue sometida a alguna forma de maltrato físico o sicológico por parte de algún integrante adulto de su familia.
“Ha sido muy difícil cambiar esta idea de que las hijas y los hijos ‘son de mi propiedad’ y ‘puedo hacer con ellos lo que quiera’, idea que todavía permea en muchas entidades del país”, comenta Zariñán.
Respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el doctor Daniel Márquez Gómez, catedrático e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expresa que para que una persona sea sujeto de derechos basta un compromiso entre quien ejerce una autoridad y quien se acerque a esa autoridad: “Basta con que el que está enfrente me reconozca como un sujeto de derechos, para que a veces se hagan efectivos mis derechos; pero si la autoridad me ve desde la dimensión de la soberbia, desde la dimensión del ‘yo tengo el poder o yo soy alguien superior a ti’, evidentemente que se fractura cualquier posibilidad de hacer efectivos mis derechos”.
Señala que en su opinión los menores son titulares de los derechos humanos que contienen las constituciones federal y locales y los diversos instrumentos internacionales firmados por México.
No obstante, puntualiza Márquez, no se puede negar la “paradoja de la institucionalización: por un lado, los niños son objeto de todos los discursos afectivos; y, por otro, parecen ser la fuente de las más graves violaciones a derechos humanos, golpes, humillaciones, pederastia, violaciones, etcétera”.
En este sentido, David Guerrero Flores, director de difusión y divulgación del INEHRM, expresa que a lo largo de la historia los menores han vivido sujetos a la autoridad por grupos de adultos que han definido su vida, sus modelos de formación, sus modelos de castigo.
“Tal vez con la ley sea una forma de visibilizar que este grupo de edad tiene derechos particulares que deben ser respetados frente a la larga historia de abuso, maltrato, explotación y degradación. Estamos hablando de los derechos de un tercio de la población de este país. No es poca cosa, no es una minoría: tres de cada diez personas son menores de 15 años. Estamos hablando de un sector importante, cuando menos en términos demográficos y como futuro para este país”, dice Guerrero.
Y sobre la Ley General de Derechos, Márquez Gómez se pregunta: “¿Es a partir de la emisión de esa norma cuando los niños empiezan a ser seres humanos? En el artículo 13 la ley destaca esos derechos, pero todos ellos los tenemos ya en la Constitución Política, como miembros del Estado mexicano. ¿Entonces para qué necesitamos hacer esa diferenciación?”
Al final, anota Márquez Gómez, la Constitución es un instrumento que tiene diversas formas de entenderse, pero lo verdaderamente trascendente es la eficacia y la eficiencia de la norma constitucional: “Que las niñas, niños y adolescentes no solo sean titulares de los derechos de papel sino que exista una verdadera aplicación de esos derechos. La pregunta es: ¿un niño en condición de calle importa? O, ¿de quién son los niños? Nosotros afirmamos que pertenecen a sus padres, pero en realidad hay un problema de identidad social.
Al respecto, la maestra Zariñán recuerda que LGDNNA ha sido reconocida por el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra. Agrega que no es que antes no hubiera el reconocimiento a esos derechos: “Desde luego que sí, sobre todo a partir de la consolidación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la suscripción de México de ese tratado”.
Hoy podemos tener, indica Zariñán, “un andamiaje institucional que en dos años y cuatro meses ha tenido avances significativos; y baste destacar como ejemplo el hecho de ver la atención de una manera transversal, donde sociedad, familias y desde luego autoridades tenemos obligaciones importantísimas”.
Por su parte, el magistrado Mario Ernesto Pfeiffer, presidente de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo, señala que la LGDNNA nos permite tener un piso mínimo de derechos y justicia: “Pero no es solo reconocer que los menores tienen derechos, sino el tema es cómo se aplican estos derechos. Por ejemplo, cuando se habla del interés superior de la niñez hay que escuchar a los niños, saber escuchar cómo transmitir el mensaje y el entendimiento de los derechos; y que se vea reflejado en las resoluciones”.
Pero más allá de la legislación, concluye, es importante la actitud y la buena disposición de las autoridades, de la familia, de las instituciones educativas y, en general, de la comunidad para que se cumplan estos derechos. “Tenemos muchas asignaturas pendientes con nuestros niños y jóvenes. Y hacer un análisis y una reflexión es importante, pero también desde nuestra trinchera empezar a hacer algo por ellos: ahí están las oportunidades”.