En 2013 un grupo de ciudadanos, académicos y organizaciones civiles y campesinas agrupados en la Colectividad en Defensa del Maíz presentaron una demanda en la que argumentan que la siembra en el país de maíz transgénico vulnera derechos de los mexicanos, como utilizar las razas nativas y la diversidad biológica, así como la salud y la alimentación, incluida la comida nacional que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Luego de 21 meses de proceso legal y más de 91 apelaciones e impugnaciones de la parte demandada —Semarnat, Sagarpa y empresas comercializadoras de transgénicos en el país: Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience y Pioneer—, el Poder Judicial Federal aceptó iniciar un juicio contra la siembra de maíz transgénico en México.
Se espera que los tribunales definan si el cultivo de maíz genéticamente modificado dañará el derecho humano a la diversidad de maíces nativos; también determinarán si mantienen la suspensión del cultivo, pues en tres millones de hectáreas hay 83 solicitudes detenidas de las empresas comercializadoras de transgénicos.
Hasta hoy las partes mantienen sus posiciones y advierten que el proceso judicial puede durar años; sin embargo, coinciden en que el campo mexicano vive grandes contradicciones, además de que afronta una de sus más grandes y profundas crisis.
Las empresas dicen…
Monsanto informó que en el proceso jurídico que inició el 5 de julio de 2013 en su contra el Poder Judicial de la Federación aún no emite ninguna sentencia que defina el futuro de la siembra del Maíz Genéticamente Modificado (MGM) en México.
La empresa de biotecnología agrícola destacó a través de un comunicado que al haberse admitido la demanda está por iniciar la etapa de pruebas que considera el análisis de los argumentos y las pruebas planteados en dicha acción colectiva, así como de los contra argumentos y pruebas presentadas por las partes demandadas.
El pasado 17 de abril Monsanto presentó al juez los argumentos, estudios y datos científicos que respaldan el uso seguro de la biotecnología en la agricultura y la inocuidad del MGM, con lo que pretenden combatir los argumentos sobre daños al medio ambiente.
“Nuestro sector es y continuará siendo muy respetuoso de las decisiones de las autoridades administrativas y judiciales y de los tiempos que les tome resolver esta situación. En este sentido, con ese mismo respeto, confiamos en que el proceso legal que hoy se presenta al final tendrá que resolverse con la evidencia científica por un lado y con la estricta aplicación de la ley por el otro”, señala en entrevista Alejandro Monteagudo, director general de AgroBIO México, organización que agrupa a las principales empresas desarrolladoras de la biotecnología agrícola en el país.
Indica que el sector está convencido de que la resolución final será favorable para poder continuar con la siembra, tanto la experimental como la piloto y comercial.
Actualmente la siembra comercial de maíz genéticamente modificado se lleva a cabo en 28 países en el mundo, mientras que la producción se consume en 59.
En México la fase experimental y piloto de MGM se lleva a cabo en algunas regiones de Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Sonora y Chihuahua.
Monteagudo hace énfasis en señalar que la demanda no solo afecta a las etapas de la siembra de MGM, que son las que prevé la Ley de Bioseguridad, sino también a los productores nacionales de semillas así como a los investigadores mexicanos.
“Lo único que pedimos a la autoridad, tanto administrativa como judicial, es que se valore toda esta información, que se conozca esta otra parte de la historia, que se sepan sobre las historias de éxito relacionadas con la biotecnología, que se sepa de la Ley de Bioseguridad, de lo estricta y rigurosa que es, que se sepa que un permiso de liberación llega a tener más de 70 medidas de bioseguridad, es decir, que son de estricto y obligatorio cumplimiento y en caso de no hacerse así se puede sancionar o incluso hasta se puede revocar el permiso en el momento en que la autoridad lo desee”, explica.
Monteagudo señala que la mesa está puesta y “lo único que hace falta es la liberación del MGM. Entonces hagámoslo, obviamente de manera responsable, para que sea algo sustentable y sin excluir otras formas de producción; pero démosle una oportunidad a la biotecnología agrícola y sobre todo a los productores, que son ellos al final quienes tendrán que decidir si les funciona o no”.
Dependencia
En el periodo 2013-2014 México importó 13 millones 766 mil toneladas de productos agrícolas transgénicos. De ese total, 56.7% fue maíz; también importamos tres millones 450 mil toneladas de soya, un millón 480 mil toneladas de canola y un millón 36 mil toneladas de algodón, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
El director de AgroBIO México señala que el campo mexicano se encuentra en un momento de crisis debido, por una parte, a la dependencia en las importaciones de granos, y, por otra, al azote de plagas, cambio climático y variaciones meteorológicas que repercuten en las distintas etapas de la siembra. “Todo eso obliga a los productores a usar la tecnología y es ahí donde la biotecnología agrícola es una opción, no es la única pero sí una opción”.
De acuerdo con Syngenta, firma suiza especializada en protección de cultivos, México importa 45% de los productos agropecuarios para abastecer la demanda interna de alimentos, mientras que la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que los países deben contar con una autosuficiencia alimentaria de 75 por ciento.
Apunta que el hecho de que se otorguen permisos no obliga a nadie a adquirir esa tecnología.
“Nadie está obligado a nada, más que a los titulares de los permisos a cumplir con lo que la ley les impone. Pero desde hace dos décadas se les está negando a los productores mexicanos que lo deseen el derecho de poder optar por ella”.
Alejandro Monteagudo añade que México tiene una situación particular por ser centro y origen de la diversidad genética del maíz, “pero lo que no se dice es que hay muchas maneras de conservar esa diversidad genética y no es precisamente prohibiendo el acceso a una tecnología como lo vamos a lograr”.
Biotecnología mexicana
Luis Herrera Estrella, director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, señala en entrevista que desde hace un par de décadas las semillas mejoradas, certificadas e híbridas están en manos principalmente de tres empresas: Syngenta, Pioneer y Monsanto (esta última con el porcentaje más alto del mercado).
El integrante de la Academia Mexicana de Ciencias asegura que es un error pensar que con la demanda contra la siembra de MGM se frene de alguna manera el monopolio, pues Monsanto sigue con sus programas de mejoramiento genético en sus laboratorios en Estados Unidos, Europa y otros países, mientras que en México la investigación continúa detenida.
“Los investigadores nacionales no podemos sacar nuestras líneas de estudios para los productores nacionales porque la ley nos lo impide. Entonces el efecto es más bien negativo para la ciencia nacional que para estas empresas, que tarde o temprano entrarán a todo el mercado”, comenta.
Ante este escenario el investigador, pionero en el mundo en ingeniería genética, propone como alternativa a nuestra dependencia alimentaria que “apoyemos los programas nacionales para que tengamos nuestras empresas productoras y distribuidoras. Tenemos que fortalecer a los productores nacionales de semilla que tiene a la fecha 7% del mercado total, mientras que las transnacionales tienen 93 por ciento”.
Con respecto de la demanda contra la siembra de MGM, el director del Langebio destaca que para presentar una demanda colectiva de este tipo se deben presentar argumentos técnicos y científicos sólidos que permitan sostener el litigo.
“Me gustaría ver qué pruebas tiene esta gente para demostrar que hay un riesgo a la salud, a los derechos humanos de acceso a las razas criollas de maíz, a la biodiversidad, cuando en realidad no hay ninguna evidencia de que esto suceda sino todo lo contrario: hay evidencias bastante sólidas de que las plantas genéticamente modificadas no causan ni daños al medio ambiente ni daños a la salud y que en todo caso son una alternativa mejor a lo que tradicionalmente se utiliza en la agricultura comercial”.
Herrera Estrella asegura que las consecuencias de esta demanda son retrasar el avance de una tecnología que puede ser de gran importancia para nuestro país y que obedecen a razones más bien políticas que a proteger a la sociedad mexicana.
Los activistas dicen…
En contraparte Antonio Turrent Fernández, miembro del Consejo Directivo de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), señala a Vértigo que fue a partir de la de la firma del TLCAN que se dejó paulatinamente de apoyar el campo.
El agrónomo integrante de la Colectividad en Defensa del Maíz explica que fue después de varias décadas que la llamada revolución verde se ocupó de convertir a la mayor parte de los agricultores mexicanos en consumidores dependientes de insumos agroquímicos y en la actualidad los campesinos pagan 63% más del valor de las semillas y 57% más por los fertilizantes.
Turrent explica que sin duda la biodiversidad del maíz es un derecho humano amenazado. “México es centro indivisible de origen y biodiversidad del maíz y sus parientes silvestres, pero se ha encontrado contaminación moderada de ADN transgénico en maíces nativos de 14 estados; una autorización de maíz transgénico en el norte del país acarrearía inevitablemente la contaminación masiva de los maíces nativos, con posible reducción de la biodiversidad a mediano plazo”, explica.
Por otra parte, Turrent señala que existe una incompatibilidad entre la genética de los maíces transgénicos y la diversidad de la comida pluricultural mexicana.
“Con el maíz transgénico no se pueden elaborar tlayudas, totopos, pinole, atoles, tlacoyos y toda la variedad de tamales que existen, entre otros muchos productos, pues todos estos requieren de una raza nativa especializada. Lo que sí se puede elaborar con el MGM es la tortilla industrial de baja calidad nutritiva, a la que la población urbana se ha tenido que adaptar. Es increíble, pero hay niños y jóvenes que no saben a qué sabe una tlayuda, por ejemplo”.
En cuanto a los efectos en la salud, Turrent Fernández añade que recientemente se presentó evidencia de que el maíz consumido como grano (MON NK603) lejos de ser inocuo para la salud se asocia con daño crónico en ratas de laboratorio y que el herbicida glifosato acompañante se asocia con malformaciones fetales humanas, entre otros daños.
“La evidencia es clara: comparado con el maíz común mejorado, el transgénico que vende la industria multinacional no incrementa el rendimiento, no es más amigable con la ecología ni tampoco da respuesta a la mitigación del daño por sequía”.
El ex presidente de la UCCS señala que el campo mexicano cuenta con reservas de tierra de labor, agua y clima invernal benigno en ocho estados del sudeste suficientes para recuperar la autosuficiencia de maíz, a pesar de la precariedad que reina sobre él y de los efectos del cambio climático.