La ambición de Alejando Moreno por aferrarse a la dirigencia nacional del PRI pone en riesgo a la alianza opositora y genera repudio entre los priistas: una vez más, militantes, líderes regionales y exgobernadores exigen su renuncia.
Su reputación como político y como dirigente partidista está por los suelos: a Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional priista, se le ha investigado por presunto tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal; hay audios donde se le involucra en supuestos casos de financiamiento ilegal de campañas y delitos electorales; utiliza la estructura de su partido para reformar estatutos a modo que le permitan mantener el control de candidaturas y coaliciones; sus atropellos incluyen traiciones a los aliados, a excompañeros de bancada y a militantes.
Ha causado la más grave pérdida de credibilidad y confianza hacia el Partido Revolucionario Institucional, que cuando él llegó a su dirigencia era primera fuerza partidista a nivel local y que llevó a un desplome que ahora lo ubica en el peor escenario electoral de su historia: bajo el liderazgo de Alito el PRI ha perdido diez gubernaturas, miles de militantes y simpatizantes, así como espacios políticos clave… y las cosas no pintan nada bien para 2023 y 2024.
Hoy se vale de nuevo de incondicionales en la cúpula priista para prolongar su mandato en la presidencia nacional del PRI, mientras a su alrededor todo es ruina, cascajo de un partido que parece vivir sus estertores finales.
Sigue la mata dando
El Consejo Político Nacional (CPN) del PRI aprobó el lunes 19 una reforma a los estatutos partidistas que permite a Moreno extender su mandato al frente de su partido hasta 2024.
Por segunda ocasión consecutiva sin convocar a una Asamblea Nacional, Alito propuso 52 modificaciones a los estatutos, entre ellos cambiar el plazo legal para que el CPN pudiera prolongar su mandato, con lo que intenta mantenerse en el cargo hasta que concluya el proceso electoral de 2024, cuando se renovarán la Presidencia de la República, las dos cámaras del Congreso de la Unión y cientos de cargos en todos los estados del país.
Según sus críticos, el objetivo de Alito es controlar la designación de candidatos y alianzas rumbo a ese proceso electoral, más con intereses personales que partidistas.
Moreno logró que se aprobaran las modificaciones mediante una aplanadora en el CPN que es fiel a su dirigencia y en un evento del que se ausentaron prominentes priistas, como los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, entre otros aspirantes a la candidatura presidencial.
Con las modificaciones estatutarias, insisten sus críticos, Alito Moreno se abroga el enorme poder de formar alianzas con otros partidos y definir las candidaturas que contenderán en el proceso electoral más grande en la historia de México.
A puerta cerrada
En reunión extraordinaria de consejeros, que se realizó a puerta cerrada el lunes 19, se avaló modificar la redacción del artículo 83, fracción XXXVII, que ahora establece “determinar la prórroga del periodo estatutario de la dirigencia nacional, en los casos en que la renovación concurra con un proceso electoral o dentro de los 90 días hábiles previos a este”, en lugar de “tres meses previos a este”, como era el término original.
Con ese solo cambio Moreno podrá prorrogar su periodo, debido a que el proceso electoral 2023-2024 arrancará en noviembre próximo, lo que cuadra con los 90 días hábiles que se prevén ahora entre el término del periodo estatutario y el inicio del proceso para renovar la Presidencia de la República, entre otros cargos de carácter federal.
La modificación al estatuto del PRI aprovecha un nuevo elemento de la ley que deriva del recién aprobado Plan B de la reforma electoral: el artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el inicio del proceso electoral se pase de septiembre a la tercera semana de noviembre del año previo al de los comicios. La reforma del Plan B implica pues que el inicio de la elección federal de 2024 se retrase dos meses.
Para salvar ese desfase Alito se cubrió las espaldas con la línea de los 90 días previos al inicio del proceso electoral. En los hechos, podrá permanecer en la dirigencia del PRI hasta finales de 2024.
Moreno anunció además que se emitirá la convocatoria para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 30 días antes de que termine el periodo estatutario, como lo marca la normatividad partidista, es decir, en la tercera semana de julio de 2023.
La reforma para Alito se aprobó con 458 votos a favor y cero en contra, una evocación al pasado del PRI, a la unanimidad de la mano alzada, a los tiempos del partido único.
Apenas horas antes de la sesión del CPN el líder priista afirmó en conferencia de prensa: “Jamás en el PRI, jamás, y soy un convencido de ello, haremos nada que vaya jurídicamente contra nuestros estatutos; nunca, nada; el Consejo Político jamás haría un aval de ello… Pero yo no puedo hablar por todos los consejeros políticos, que son más de 600 y tienen vida propia, tienen trayectoria”.
Descontento
El albazo recibió severas críticas de cuadros priistas que consideran que la reforma estatutaria no corresponde al CPN, sino a una Asamblea Nacional, el máximo órgano de decisión de ese partido.
Osorio Chong, por ejemplo, consideró que se trata de una “reforma a la medida” y anunció que la impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Hace unos meses Moreno aseguró a expresidentes y a la militancia que no buscaría prorrogar su dirigencia; hoy convoca al CPN para hacer lo contrario. Ahora que el inicio del proceso electoral pasará de septiembre a noviembre, pretende ampliar su periodo más allá del 18 de agosto de 2023”, aseveró el senador.
Advirtió además que la unidad partidista no se logra “con reformas a la medida de una persona”, sino con “inclusión y altura de miras”.
A su vez, la senadora Ruiz Massieu se unió a las voces en contra de Alito, a quien acusó de faltar a sus compromisos. Como sabe que sin la reforma “se quedaría sin cargo y sin poder para postular candidatos (…) impulsa una reforma estatutaria a modo”, aseveró.
Ruiz Massieu apuntó además que ella no asistió al CPN porque “no validaré jamás reformas a los estatutos del partido para satisfacer caprichos de una persona. Nos dijiste, Alito Moreno, que no te quedabas en la dirigencia del PRI más allá del 19 de agosto de 2023. ¿Vas a cumplir?”, cuestionó.
Por su lado, luego del cambio a los estatutos, Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, y Mario Moreno Arcos, excandidato al gobierno de ese estado, anunciaron su renuncia al PRI.
“No aprobé la reforma que prolonga el mandato del presidente del PRI, insulta a la historia del partido y a los miles de militantes de todo el país. Por dignidad no puede uno callar ante este abuso: presentaré mi renuncia al CPN”, dijo Astudillo, quien más tarde compartió su carta de dimisión.
Mario Moreno indicó en tanto que “mis convicciones me impiden avalar la reforma que prolonga el mandato del presidente del PRI. Presentaré mi renuncia al CPN. El PRI no es de los dirigentes. No más imposiciones”.
También el exgobernador de Tabasco y exlíder priista Roberto Madrazo acusó que la permanencia de Moreno le permitirá designar candidatos para 2024, aunque con Alito el PRI ha perdido diez gubernaturas, recordó.
Fracasos electorales
En efecto, en las elecciones de 2021 el PRI pasó de ser la primera fuerza partidista a nivel local, que gobernaba el mayor número de entidades y a 42 millones de mexicanos, a vivir un desplome que lo ubica hoy en uno de los peores escenarios electorales en su historia.
La debacle del partido se hizo patente desde el año pasado con la pérdida de ocho de los doce estados donde era gobierno y que lo dejó al frente solo del Estado de México y Coahuila, ya que si bien gobernaba además en Hidalgo y Oaxaca, los perdió también un año después, en los comicios de 2022. La única victoria que obtuvo este año fue por la gubernatura de Durango.
Cabe recordar que si bien los triunfos obtenidos en los comicios locales de Coahuila e Hidalgo en octubre de 2020 mostraban que el tricolor conservaba una fuerza electoral sólida, que incluso llevó a Moreno a calificar los resultados como un “parteaguas” que garantizaban que el PRI se encontraba listo para las elecciones intermedias de 2021, ese optimismo desbordado del líder priista no se materializó.
Por el contrario, se convirtió el año pasado en un amargo despertar: el Revolucionario Institucional perdió en 2021 cerca de un millón de votos en la elección de diputados federales respecto del proceso anterior; en la alianza Va por México, establecida con el PAN y el PRD en 219 distritos federales, postuló candidatos en 77 de los cuales ganó únicamente en once y apenas logró mantener su hegemonía en el Edomex y Coahuila.
Estos resultados ubicaron a ese partido en una situación comprometida de cara a las elecciones de 2022 (cuando se disputaron seis gubernaturas, de las que no ganó ni retuvo ninguna) y con una clara desventaja hacia la presidencial de 2024, por lo que liderazgos estatales, militantes y exgobernadores exigieron la renuncia y el relevo de Alito por sus fracasos electorales.
Ya entonces militantes priistas le acusaron de modificar los estatutos para designar de manera discrecional y abusiva las candidaturas a cargos de elección popular.
Oídos sordos
En junio pasado algunos expresidentes del PRI solicitaron a Moreno una reunión, argumentando que el partido atravesaba por un “momento especialmente delicado, de cuya atención, evolución y solución dependerá su futuro”. La crisis refiere, naturalmente, a la pérdida de poder priista a lo largo del país.
Manlio Fabio Beltrones renunció a la dirigencia del PRI por mucho menos cuando durante el proceso electoral de 2015 perdió siete de las doce gubernaturas que tenían.
De hecho, Beltrones fue uno de los expresidentes que solicitó la reunión con Moreno. Con él firmaron la solicitud Ruiz Massieu, Carolina Monroy del Mazo, César Camacho Quiroz, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, Humberto Roque Villanueva y Osorio Chong.
En dicha junta, en la que también estuvieron Madrazo y Dulce María Sauri, los expresidentes consideraron la posibilidad de “una pronta renovación de la dirigencia actual”, es decir, pidieron la renuncia de Alito asumiendo que aún estaban a tiempo de prepararse de mejor manera para las elecciones de 2023, cuando se disputarán Coahuila y el Edomex. “Aún es tiempo de reposicionarnos para participar con activos suficientes, en alianza o coalición con otras fuerzas políticas, en la búsqueda de triunfos electorales y en la defensa de proyecto de nación que deseamos”, señalaron a través de una carta.
Al salir de la reunión, Sauri declaró que “se planteó la pertinencia de la conclusión o no de la actual dirigencia”, pero dijo que Moreno y la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, dejaron “claramente establecido que ellos concluirán su mandato estatutario el 19 de agosto de 2023. Ni un día más”.
Para Alito el encuentro, más que una demanda de su renuncia, fue un diálogo donde “no hubo ningún reclamo, lo que hubo fueron planteamientos, reflexiones, comentarios”.
¿Integridad?
Además de los conflictos que genera dentro de su partido, Alito ubica en la cuerda floja a la coalición Va por México, que conforman desde diciembre de 2020 PAN, PRI y PRD.
Ya en septiembre pasado la aprobación legislativa de una reforma para mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028, que presentó la diputada priista Yolanda de la Torre con anuencia de Alito, llevó a Marko Cortés, dirigente del PAN, y Jesús Zambrano, líder del PRD, a declarar una “suspensión temporal” en la alianza con el PRI debido a su desacuerdo con una propuesta que a su juicio militarizaba el país.
Para Alito retirar a las FA de las calles en 2024 como estipulaba la Constitución antes de dicha iniciativa suponía entregar el país al crimen organizado. “La gente nos reclama que haya paz. Propusimos ampliar por cuatro años el acompañamiento del Ejército a la Guardia Nacional (GN) para no dejar a las familias sin protección”, argumentó.
Los dirigentes del PAN y el PRD pidieron al PRI que retirase la iniciativa, amenazando con romper la coalición. Sin embargo, el partido se negó. Más aún, Moreno contestó diciendo que “el PRI no recibe ultimátum ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios”.
Por si fuera poco, Alito ha sido objeto de acusaciones que ensombrecen su reputación como político y como dirigente del PRI. En diversas ocasiones, por ejemplo, se difundieron audios donde se le involucra en supuestos casos de lavado de dinero, financiamiento ilegal de campañas, apropiación de terrenos, irregularidades fiscales y delitos electorales.
Mención especial merece un audio que se reveló en mayo pasado, donde Moreno denigra al gremio periodístico señalando que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá: hay que matarlos de hambre”.
En este sentido, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Moreno utilizó su influencia política y poder para presuntamente triangular dinero a través de la compra y venta de inmuebles, con el objetivo de no dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales ni ante la autoridad fiscal.
Además, el 4 de julio último agentes de la Fiscalía Estatal de Campeche realizaron el cateo de una propiedad a nombre del exgobernador. Encabezó el operativo el fiscal Renato Sales Heredia, quien señaló que se efectuó “en relación con la carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Moreno”.
Así, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió el 8 de julio una carpeta de investigación contra el dirigente del PRI, donde se le indaga “por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal”.
Las acusaciones han sido tales, que en agosto Sales presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio de procedencia para retirar el fuero a Alito y señaló que hay elementos sólidos para determinar que existe una desproporción entre las propiedades de Moreno y sus ingresos. Como ejemplo: solamente su mansión en el fraccionamiento Lomas del Castillo tiene un valor de 130 millones de pesos, con piezas de arte valuadas por otros 50 millones.
Para priistas como Osorio las filtraciones de audios y el trato que revelan hacia compañeros de su partido, periodistas y empresarios, ponen en tela de juicio no solo la imagen de Alito sino la de todo el PRI. “Si a esto se suma su desprestigio personal, no quiero que arrastre a mi partido. Por eso he venido planteando su salida”, aseguró en días pasados.
Traiciones
Cuando el domingo 11 de agosto de 2019 los priistas realizaron la elección de su actual dirigencia nacional lo hicieron conscientes de que su partido pasaba por uno de los peores momentos de su historia: venía de una grave derrota electoral en los comicios presidenciales de 2018, vivía una fuerte disputa interna y no tenía una visión definida del rumbo a seguir, puesto que carecía de propuestas claras que le permitieran recobrar la confianza de la mayoría de los ciudadanos en un futuro inmediato.
El PRI), que dominó la vida política y electoral de México durante casi 70 años en el siglo XX y recién había cumplido 90 años de existencia (se fundó en 1929 como Partido Nacional Revolucionario), a juicio de muchos de sus militantes y la mayoría de los analistas políticos se hallaba prácticamente entre la refundación y el ocaso.
¿Su mayor desafío? Mantener la frágil unidad que aún conservaba, evitar una fractura mayor entre los distintos grupos e impedir que se agudizara el abandono de militantes, así como emprender una renovación que le permitiera ser una opción electoral competitiva en los próximos comicios.
Pero ¿qué sucedió entonces? Que aquella elección, que se realizó mediante voto directo de sus militantes y no por delegados, la ganó Alito Moreno, quien al paso de los días se encargó de hacer exactamente lo contrario.
En la búsqueda por la dirigencia nacional del tricolor, el entonces gobernador con licencia de Campeche afirmaba que de ganar la elección su misión al frente del PRI sería promover un desarrollo sustentable para todos.
Aseguraba que el país requería un partido unido para “saciar el hambre y sed de justicia de México” y que “la lucha por la soberanía nacional, la democracia, la igualdad sustantiva y la justicia social” eran coincidentes “con nuestros principios”.
Y subrayaba que su apuesta no era a la división o al encono, sino que se enfocaba en el entendimiento, la colaboración y la solidaridad entre todos.
Hoy está claro que traicionó cada una de esas propuestas para favorecer sus propios intereses, esos mismos por los que ahora se aferra a la dirigencia nacional de PRI aun cuando ello signifique hundir a su partido, atizar la renuncia de militantes a las filas priistas y poner en riesgo la alianza opositora.
Voces
Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo (…) no podría continuar Va por México, ni en lo legislativo ni mucho menos en lo electoral.
Marko Cortés / Dirigente nacional del PAN
No se debe poner en riesgo la posibilidad de una alternativa electoral rumbo a 2024; sería una irresponsabilidad ante los ciudadanos y ante las próximas generaciones.
Jesús Zambrano / Dirigente nacional del PRD
Esa alianza se estableció con instituciones, PAN, PRD y PRI, no con una persona. La dirigencia priista rompió los compromisos, faltó a su palabra.
Mauricio Kuri / Gobernador panista de Querétaro
Por dignidad no puede uno callar ante este abuso: presentaré mi renuncia al CPN.
Héctor Astudillo / Exgobernador de Guerrero
Hago un llamado a los priistas a alzar la voz contra este atropello. Y a que, todas y todos, rescatemos y reconstruyamos al PRI.
Miguel Ángel Osorio / Senador del PRI
No validaré jamás reformas a los estatutos del partido para satisfacer caprichos de una persona.
Claudia Ruiz Massieu / Senadora del PRI
Tenemos la obligación de hacer un litigio estratégico en el PRI para reencauzar la vida institucional del partido.
Dulce María Sauri / Expresidente nacional del PRI