Los trabajos de senadores y diputados respecto de iniciativas como la de reforma electoral y la de seguridad pública destacan sin duda entre los más relevantes del recién concluido periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.
El Poder Legislativo federal concluyó su periodo ordinario con la aprobación de una serie de reformas que a decir de sus promotores responden fundamentalmente a demandas de la sociedad en materia de seguridad pública, democracia, economía y mejores condiciones de trabajo.
Sin duda sobresale la reforma constitucional por medio de la cual se extendió el periodo de permanencia de los elementos de las Fuerzas Armadas en apoyo a las tareas de seguridad en el territorio nacional.
Mención destacada merecen las reformas a leyes secundarias en materia electoral que aprobó la mayoría que conforman Morena, PVEM y PT, partidos que cuentan con los votos suficientes para hacer dichos cambios.
En este tema solo se presentó una modificación de último momento en San Lázaro, misma que tendrá que analizar y aprobar el Senado, pero una vez que inicie el próximo periodo ordinario o se convoque a un extraordinario.
La reforma electoral, tal como fue enviada originalmente por el Ejecutivo federal, quedó firme y ahora tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva si es o no constitucional.
Otros importantes cambios acordados en el actual periodo se llevaron a cabo con el fin de mejorar el marco jurídico en áreas como salud, economía, sistema de justicia, educación y agricultura, por ejemplo.
A esperar
En días pasados la mayoría de Morena, PT y PVEM en la cámara baja aprobó una iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo federal, la cual reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), además de que expide una nueva Ley de Medios de Impugnación.
Al aprobarla, los partidos argumentaron que los cambios tienen por objeto restablecer libertades al “garantizar el efectivo ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía”, expidiendo una nueva Ley de Medios de Impugnación a fin de “evitar abusos por parte de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales”.
También aseveraron que las modificaciones buscan reducir el gasto electoral con “la eficaz ejecución y administración de los recursos de las instituciones”, fundamentalmente con la reducción de personal en los institutos y tribunales electorales tanto a nivel federal como local.
Los cambios planteados recibieron críticas de manera general por los partidos de oposición, que de hecho votaron en contra.
De manera particular la oposición criticó una cláusula propuesta en la Cámara de Diputados por el PVEM —ajena a la iniciativa del gobierno federal— y que permitiría a partidos pactar la distribución de votos en coalición o candidatura común, previo a una elección, para que precisamente ningún partido de una coalición pierda el registro en caso de no obtener como mínimo 3% de la votación válida emitida.
Sin hacer caso a las críticas los partidos oficialistas aprobaron la reforma y la remitieron así al Senado, donde Morena y aliados también votaron a favor, con algunos cambios, pero dejando esa cláusula que impulsó el PVEM y que los medios bautizaron como “cláusula de vida eterna”.
Después de aprobar el dictamen, el Senado lo devolvió a la cámara baja para concluir el proceso legislativo, pero entonces llegó la descalificación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se dijo inconforme con lo planteado por los verdes y advirtió que consideraría vetar la reforma si se mantenía la citada cláusula.
Los diputados de Morena y aliados acordaron aprobar la reforma con los cambios que hicieron los senadores, pero a diferencia de estos decidieron eliminar finalmente la “cláusula de vida eterna”, por lo que la iniciativa debió regresar al Senado, donde los trabajos del periodo ordinario ya concluyeron.
El hecho es que la reforma electoral tal como fue enviada por el Ejecutivo federal ya quedó aprobada y ahora será la SCJN la que resuelva si es o no constitucional.
Como bien sabemos, cualquier modificación en materia electoral debe aprobarse al menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral federal y esto ocurrirá en la primera semana de septiembre de 2023; es decir, la reforma electoral debe quedar lista antes del 1 de junio de ese año.
Seguridad
El gran debate legislativo sobre seguridad concluyó cuando el 18 de noviembre el DOF publicó la reforma al artículo quinto transitorio del decreto constitucional en materia de Guardia Nacional (GN), mismo que extiende hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Entre las modificaciones a la propuesta sobresalen las que realizó el Senado en octubre para la incorporación de mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de seguridad pública que realicen las Fuerzas Armadas.
Además, el senador morenista Ricardo Monreal incorporó una propuesta para que, a partir de la entrada en vigor del decreto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine el grado de avance en el diagnóstico y los programas en materia de GN, en lugar del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad.
Nuevamente en la cámara baja, esas modificaciones se aprobaron tras ocho horas de discusión en la madrugada del 13 de octubre.
Las reformas al artículo quinto transitorio incluyen que la participación de las Fuerzas Armadas sea extraordinaria, es decir, cuando exista la absoluta necesidad de la misma; que sea temporal y solicitada de manera justificada por la autoridad civil; que sea regulada, de modo que se apegue de manera estricta al orden jurídico previsto en la Constitución y en los tratados internacionales; y que sea fiscalizada, lo que significa que será constantemente revisada y supervisada a través de la rendición de cuentas para comprobar su funcionamiento institucional.
Asimismo, las Fuerzas Armadas tendrán que realizar las tareas de seguridad pública con su organización y sus medios, pero deberán capacitarse en materia de policía civil, según la doctrina establecida en el artículo 21 de la Constitución. Ahora bien, dicha capacitación no significa una sustitución de las autoridades civiles de los demás órdenes de gobierno, ni mucho menos exime a dichas autoridades de sus responsabilidades.
Los mecanismos de control parlamentario agregados por el Senado se establecen a través de una Comisión Bicameral que analizará los informes que el Ejecutivo federal presente semestralmente. En dichos informes, deberá incluir indicadores cuantificables y verificables de los resultados de la participación de las Fuerzas Armadas y corroborar que durante las acciones efectuadas se hayan respetado de manera cabal los derechos humanos y los de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanos.
Bienestar
Muchas de las iniciativas aprobadas durante el periodo legislativo atienden al bienestar y las condiciones laborales de las personas. Tan solo la eliminación del Horario de verano, que se hizo oficial en octubre, se justificó con los daños que produce al bienestar biológico y sicológico de la población.
En materia de personas trabajadoras del hogar, el 17 de noviembre entraron en vigor diversas modificaciones a la Ley del Seguro Social. El dictamen votado y aprobado por el Congreso garantiza a las y los trabajadores del hogar el acceso al IMSS y los servicios de que dispone, incluyendo atención médica, farmacéutica y hospitalaria. Previo a la discusión, el acceso a estos beneficios dependía de la voluntad de los empleadores.
En el primer trimestre del año se reportaron más de dos millones de personas en el trabajo doméstico, de las que 99% no posee contrato escrito, según informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), durante la prueba piloto que se realizó entre 2019 y 2022 se registraron ante el IMSS 53 mil 755 personas que se dedican a labores domésticas; 67% del total son mujeres y perciben un sueldo de 232.5 pesos diarios.
El tema de acceso a créditos de vivienda otorgados por el Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) aún está a discusión en el Congreso.
Por si fuera poco, se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año, en el que se proyecta un gasto de 8.3 billones de pesos y que entra en vigor el 1 de enero.
El presupuesto aumentó más de 30% para programas y proyectos prioritarios que abogan por el bienestar de la gente. En total, contarán con más de 770 mil millones de pesos, lo que equivale a 9.3% de todo el PEF 2023.
El programa que más dinero tendrá será el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM), puesto que se le aumentó 34% de su partida con relación a 2022. El programa concentra 4% del gasto neto total, con 335 mil 499.4 millones de pesos. Esto se relaciona con el aumento de la propia pensión, ya que el próximo año los beneficiarios cobrarán cuatro mil 812 pesos, 25% más que los tres mil 825 que ahora reciben.
Pendientes
Aunque el Congreso no ha abierto un periodo extraordinario de sesiones, ya hay pendientes que se discutirán cuando se retomen las actividades, además del broche final al tema de la reforma electoral.
Por falta de tiempo para analizar la minuta enviada por la cámara baja, el Senado no dictaminó las reformas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). “No hay manera de que nosotros convoquemos ni tenemos las horas para convocar a una extraordinaria”, refirió la senadora Olga Sánchez Cordero.
La iniciativa la aprobó la Cámara de Diputados en su sesión del pasado jueves 8. Entre otras cosas, establece que las sesiones que realicen las Secciones deberán ser públicas: se levantará acta y se tomará versión estenográfica o grabación.
Además, estipula que el titular de la presidencia del Tribunal sea elegido de entre los magistrados de la Sala Superior y ordena la remoción de las personas que habiendo recibido un nombramiento de base, interino o de confianza directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate a cónyuges, concubinas, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.
Asimismo, el martes 13 se aprobó en San Lázaro la convocatoria para el proceso de elección de nuevos consejeros electorales del INE.
Del 9 al 20 de enero estará abierto el registro de aspirantes. En febrero se entrevistarán con el Comité Técnico de Evaluación y del 6 al 10 de marzo se seleccionará a los mejor evaluados, mismos que serán integrados a cuatro listas a más tardar el 22 del mismo mes. Luego se presentarán los candidatos y serán votados por el pleno a más tardar el 30 de ese mes.
Los seleccionados ocuparán cuatro cargos en el Consejo General para el periodo del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.
Además de los cargos en el INE hace falta designar a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); dos magistraturas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y otras tres del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
El próximo periodo ordinario de sesiones iniciará el 1 de febrero y finalizará el 30 de abril próximos. Hasta entonces, las Comisiones Permanentes de las dos Cámaras se encargarán de resolver los temas a través de sesiones extraordinarias en caso de ser necesario. En esta ocasión, y por primera vez en la historia, la Comisión Permanente del Senado se conforma por miembros de todos los grupos parlamentarios, dando espacio a la pluralidad de expresiones políticas.
Iniciativas presentadas en la LXV Legislatura
(del 01 de septiembre al 15 de diciembre de 2022)
Presentadores | Presentadas | Aprobadas y turnadas al Ejecutivo o Congresos locales | Aprobadas y turnadas a colegisladora | Desechadas | Retiradas |
PRI | 0 | ||||
PAN | |||||
PRD | 0 | 0 | 0 | ||
PVEM | 0 | 0 | |||
PT | 0 | ||||
PANAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 0 | 0 | 0 | ||
Morena | |||||
Encuentro Social | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sin Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poder Ejecutivo | 0 | 0 | |||
Comisiones Legislativas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cámara de Senadores | 0 | 0 | 0 | ||
Congresos Locales | 0 | 0 | 0 | ||
Varios | 0 | 0 | |||
TOTAL |
Fuente: Sistema de Información Legislativa y Segob
Guardia Nacional
La GN trabaja de manera conjunta con las Fuerzas Armadas en tareas que brindan mayor seguridad a los mexicanos.
En la actualidad la corporación cuenta con 113 mil 833 efectivos, de los que 73 mil 805 son personal asignado de la Sedena, más de 16 mil 790 de la Secretaría de Marina y 23 mil 236 de la extinta Policía Federal.
En 2024 alcanzará un estado de fuerza de 140 mil elementos desplegados en 266 coordinaciones regionales.
Horario de verano
La Ley de Husos Horarios de México se aprobó el 29 de septiembre en San Lázaro y el 26 de octubre en el Senado. Entró en vigor el 30 de octubre, cuando se realizó el cambio al horario de invierno. La iniciativa la presentó en julio el presidente López Obrador argumentando que el horario de verano produce pocos resultados en términos de ahorro de energía y, por el contrario, tiene efectos nocivos en el comportamiento y la salud de las personas.
No obstante, algunos municipios de la frontera norte mantendrán el horario de verano por la relación social, cultural y económica con Estados Unidos.
Así, esta apuesta por el bienestar biológico de la población no deja de lado la realidad económica de la zona fronteriza.