La mayoría de Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes secundarias en materia electoral, cambios que a decir de estos partidos tienen por objetivo restablecer libertades al “garantizar el efectivo ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía”.
También buscan reducir el gasto electoral con “la eficaz ejecución y administración de los recursos de las instituciones electorales”, así como evitar abusos al impedir “la discrecionalidad de las autoridades electorales y su actuación al margen de la ley vigente”.
A juicio del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, en las modificaciones que aprobaron en San Lázaro los legisladores oficialistas “no hay ninguna inconstitucionalidad, porque se respetó estrictamente” lo que mandata la Carta Magna.
Multitudinarias marchas ciudadanas en las principales ciudades del país a favor y en contra de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal, así como un intenso y largo debate en la Cámara de Diputados, cierran apenas la primera etapa legislativa de la reforma, toda vez que aún faltan la aprobación del Senado y la resolución de las ya anunciadas controversias constitucionales que interpondrán los partidos de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo cierto es que se ve lejos todavía la verdadera resolución de los problemas que genera la reforma electoral aprobada en 2007 y que fundamentalmente son: uno, gasto excesivo de los órganos electorales por la cantidad de tareas y facultades que les confirieron los partidos políticos; dos, la sobrerregulación de los procesos electorales por la cultura de fraude de los partidos; y tres, la cancelación de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información por el temor de los partidos a las opiniones de los ciudadanos.
Cabe resaltar que ese conjunto de vicios en la normatividad electoral fueron impulsados por el PRD, partido del que formaron parte una considerable cantidad de legisladores que hoy pertenecen a Morena y funcionarios del actual régimen, precisamente los que hoy se quejan de las “arbitrariedades” de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de las “prohibiciones a la libertad de expresión” que establecen la Constitución y múltiples leyes secundarias.
Derechos políticos
La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP). Dichos cambios se subdividen en tres apartados.
El primero se denomina Derechos Político-Electorales. Uno de los cambios de este apartado establece un criterio y número específico de candidaturas provenientes de grupos vulnerables: “Para ello se propone que los partidos políticos y las coaliciones garanticen la postulación de fórmulas de candidaturas, tanto de representación proporcional como de mayoría, al Senado y a la Cámara de Diputados, en las que se garantice la participación de personas con discapacidad, afromexicanas, jóvenes, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero”.
Además, la reforma indica que “el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero se realice únicamente por internet. Para facilitar el ejercicio del derecho a votar desde el exterior se permitirá presentar tanto la credencial para votar como el pasaporte y la matrícula consular”.
Igualmente, se reforma la LGIPE para establecer el derecho a votar de las personas que se encuentran en prisión preventiva.
Por otra parte, se instauran limitaciones al ejercicio indebidamente discrecional que realizan las autoridades administrativa y jurisdiccional en materia electoral: “Se restringe la facultad de sanción del INE sobre conductas cuya facultad corresponda a otras autoridades, fiscales o administrativas y su posibilidad de vincularlas con conductas electorales. También se establece que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales —INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF)— no pueden condicionar el ejercicio de los derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía solicitando requisitos adicionales a los que expresamente determinan la Constitución y la ley, por ejemplo, para el registro de candidaturas”.
Se establece que las personas legisladoras y servidoras públicas que deseen buscar su reelección deberán separarse del cargo hasta un día antes del inicio de las campañas electorales.
Sistema Nacional Electoral
En otro apartado la iniciativa presidencial prevé reformar la estructura del INE, ya que considera que la creación de este organismo —al igual que otras instituciones autónomas— sirvió “para otorgar cuotas a grupos de interés”.
Asimismo, el documento elaborado por el Ejecutivo federal señala que “el costo de operación de los procesos electorales en México creció de manera descomunal en los últimos 20 años. Mientras que en 1999 se asignó un presupuesto de 13 mil 400 millones de pesos al entonces Instituto Federal Electoral y los institutos electorales locales, para 2018 estos recibieron en conjunto más de 68 mil 300 millones de pesos, lo que representó un crecimiento presupuestal de 409%. El aumento no fue proporcional al crecimiento de la población”.
En la iniciativa se expone también que “la conformación de una élite burocrática es uno de los grandes lastres de nuestro sistema electoral. El personal del INE se integra por un total de 17 mil 569 personas trabajadoras. En el portal del propio INE se reporta que al menos 123 de sus funcionarios ganan salarios más altos que el del presidente de la República”.
Asimismo, “su estructura contiene duplicidad de funciones, posee áreas sin trabajo durante varios meses en el año, se despilfarran recursos mediante el pago de rentas, hay compra permanente de material para urnas de mala calidad, se realizan gastos suntuosos, pago de comidas, viáticos, seguros médicos privados, compra de papelería a precios por arriba del mercado, pago de servicio de software injustificados, contratación de edecanes, arrendamiento de automóviles, etcétera. Las últimas reformas electorales complicaron todavía más esta situación”.
En este sentido, la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados establece compactar las estructuras tanto del INE como de los institutos electorales locales.
Además, suprime la prerrogativa de la franquicia telegráfica, “toda vez que se encuentra en desuso desde 2008”.
Por otro lado, la iniciativa indica que se eliminan “los fondos y fideicomisos del INE que han sido creados al margen de la ley, mediante el depósito de recursos que debieron haber sido reintegrados al presupuesto federal”, por ejemplo el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del instituto.
También se establece que las remuneraciones que reciban los consejeros electorales no podrán ser superiores al salario del presidente de la República.
De acuerdo con la iniciativa los cambios en la estructura de los órganos electorales y la reducción de tiempos en diversas funciones de los procesos electorales generarán un ahorro de alrededor de tres mil 605 millones de pesos.
Justicia electoral
En un tercer apartado de la iniciativa se expone que “los criterios de interpretación del TEPJF respecto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) han provocado arbitrariedades de juzgadores y han potenciado negociaciones políticas ilícitas”.
Añade: “Ello ha generado una impartición de justicia facciosa e ineficaz por parte del Tribunal”.
Por lo anterior, la iniciativa establece una nueva ley de impugnaciones que “prohíbe imponer, por analogía, y aún por mayoría de razón, sanción alguna que no esté decretada por una ley que sea exactamente aplicable a la conducta infractora de que se trate”.
Por otra parte, la iniciativa también establece una compactación y/o desaparición de determinadas salas y áreas que conforman el TEPJF.
Posiciones en San Lázaro
Las movilizaciones ciudadanas que días antes protagonizaron los ciudadanos al manifestarse a favor y en contra de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal fueron el preámbulo de la discusión que se presentó en la Cámara de Diputados el martes 6.
Jesús Velázquez, del PRD, consideró “lamentable lo que el partido oficialista y su coalición hacen para tratar de tener el control del INE”.
Olga Espinosa, también del PRD, advirtió: “No vamos a permitir que en un día se destruya la democracia de nuestro país”.
De MC, Amalia García subrayó que “regresar facultades electorales a la Secretaría de Gobernación será un retroceso inaceptable”.
Benjamín Robles, del PT, indicó que las reformas aprobadas “limpiarán al INE y rediseñarán el sistema democrático”.
El diputado Carlos Puente, del PVEM, resaltó que las reformas a las leyes secundarias “reconocen los derechos de personas con discapacidad, personas presuntamente inocentes privadas de su libertad y personas migrantes”.
Del PRI, Karla Ayala aseveró que “estas reformas fomentan un serio retroceso en los avances en materia electoral. Es increíble que solo se apoye la voluntad de un hombre. No se puede ser juez y parte en los procesos, la democracia no se toca”.
Del PAN, la diputada Alejandra Felipe Torres afirmó que el régimen “no piensa en fortalecer a las instituciones ni en consolidar la democracia, sino en el interés de perpetuarse en el poder”.
Jorge Triana, también del PAN, subrayó que “con la legitimidad de haber obtenido 23 millones de votos en las elecciones de 2021 —dos millones más que la coalición del régimen—, la oposición defenderá a la democracia. Es un mandato que tuvimos en las urnas por parte de los ciudadanos”.
De Morena, el diputado Leonel Godoy aseguró que las reformas fueron “cuidadosamente elaboradas y no buscan ninguna violación a la Constitución. Son reformas administrativas que permitirán ahorrar tres mil 500 millones de pesos al Estado mexicano. Es por el bien de la democracia y del pueblo de México”.
Pendientes
Si bien es cierto que las reformas aprobadas a leyes secundarias permitirían ahorros en el sistema electoral, se debe tomar en cuenta que ellas solo plantean reducción de personal y áreas en los institutos y tribunales electorales, no así en las tareas que desarrollan; y es precisamente la cantidad de tareas las que exigen un aparato burocrático tan grande.
Por ejemplo, el INE tiene que monitorear los cientos de canales de televisión y estaciones de radio todos los días del año —sobre todo en periodos de campañas— para constatar que los concesionarios transmitan los spots que se les regala a los partidos. Y si detecta que alguno no se transmitió debe iniciar procesos contra los medios.
El INE también debe fiscalizar los miles de reportes de egresos e ingresos que presentan los partidos y sus cientos de candidatos durante los procesos electorales nacionales y locales.
Otras tareas del INE e igual del TEPJF son recibir y analizar quejas que constantemente presentan los partidos políticos contra otros partidos o bien contra funcionarios públicos por presuntos “actos anticipados de campaña” o “promoción personal con fines proselitistas”.
Llama la atención que los legisladores no promovieron la desaparición de las referidas funciones fiscalizadoras y censoras, siendo que estas son las que más recursos financieros requieren para ser cumplidas; y son también las que más críticas reciben de los funcionarios por inhibir las opiniones de índole política o electoral. De hecho, apenas hace unos días la jefa de Gobierno de la Ciudad de México criticó al INE por prohibirle ciertas expresiones en materia electoral o política.
Y por supuesto, otro gran pendiente es la eliminación del llamado modelo de comunicación política que prohíbe a los ciudadanos contratar espacios en canales de televisión o estaciones de radio para manifestar sus puntos de vista en temas políticos o electorales.
Además, dicho modelo representa la entrega gratuita de alrededor de 60 millones de spots a los partidos políticos durante los procesos electorales federales, lo que genera una constante molestia a los televidentes y radioescuchas, un daño económico a los trabajadores y concesionarios de los medios (radio y televisión con señal abierta) y ni siquiera fomenta la participación ciudadana.
Los expertos se preguntan por qué los legisladores del régimen no promovieron los cambios que exige la sociedad y, sobre todo, por qué el morenismo exige cambios en leyes de un sistema normativo en materia electoral que es producto de sus presiones y chantajes (cuando eran del PRD), que a su vez dieron origen a la reforma electoral de 2007.
“Algo es algo”
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con lo aprobado en la Cámara de Diputados será posible reducir el gasto del INE: “En general, se logró un ahorro como de tres mil 500 millones de pesos, algo es algo. Con la reforma a la Constitución el ahorro hubiese llegado hasta los 15 mil millones”.
El mandatario también reconoció que aún falta que el Senado de la República respalde las leyes aprobadas en San Lázaro y luego que la SCJN resuelva las controversias constitucionales que interpondrán los partidos de oposición: “Esto apenas comienza”.
Los coordinadores del PAN, PRI, PRD y MC en el Senado informaron de manera conjunta su decisión de “no acompañar la dispensa de trámites” de las reformas a leyes secundarias en materia electoral que aprobaron los diputados.
En este sentido, Julen Rementería, Miguel Ángel Osorio, Miguel Ángel Mancera y Clemente Castañeda exigieron llevar a cabo un proceso de “análisis y discusión de manera seria”.
Precisaron también que no avalarán un periodo extraordinario para aprobar dichas reformas “porque se requiere el tiempo suficiente para que se analice la minuta de más de 300 páginas”. El senador Rementería expresó: “No lo haremos de manera obediente en 24 horas”.
Osorio recordó por su lado a los senadores morenistas que ellos “durante muchos años lucharon por un país democrático” y por eso deben analizar con detalle las reformas que aprobaron “con una venda” en los ojos los diputados de su partido.
Mancera señaló en tanto que “ni siquiera conocen la minuta”, mientras Castañeda comentó que el Senado “no puede tener un desfiguro similar al de la Cámara de Diputados” y en ese sentido sugirió organizar un Parlamento Abierto para analizar la reforma electoral.
Al referirse a la iniciativa que recibió de los diputados, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, expresó: “Es menester que los senadores dispongan de tiempo suficiente para su análisis”.
Beneficios
De acuerdo con la Presidencia de la República, la reforma:
Garantiza el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva.
Facilita el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, mediante el uso del internet.
Garantiza el voto de las personas con discapacidad en estado de postración.
Establece límites para acciones arbitrarias tanto del INE como del TEPJF.
Garantiza la representación de grupos vulnerables en el Congreso de la Unión.
Obliga a los legisladores que pretendan reelegirse a separarse de su cargo para hacer campaña.
Obliga al INE a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de dos fideicomisos constituidos para retener recursos públicos.
Compacta la estructura orgánica de los institutos y tribunales electorales.
Suprime la franquicia telegráfica de los partidos políticos.
Establece que ningún funcionario de los órganos electorales podrá ganar más que el presidente de la República.
Establece que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, no pueden condicionar el ejercicio de los derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía al solicitar requisitos adicionales a los que expresamente determinan la Constitución y la ley.
¿Qué se reforma?
Modifica 315 de los 493 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Reforma 59 de los 97 artículos de Ley General de Partidos Políticos.
Modifica 13 artículos de los 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Crea 70 artículos de una nueva Ley General de Medios de Impugnación.