El anuncio hecho hace un par de semanas por el secretario del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh Johnson, de que será aplicada una nueva “campaña” para la frontera sur con el propósito de tener un control fronterizo más efectivo, representa un viraje de gran trascendencia de una política denunciada y criticada por México y la comunidad internacional.
Durante un discurso pronunciado en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales con sede en Washington, capital de Estados Unidos, Johnson expuso un nuevo plan para la frontera con México con el propósito de unificar los esfuerzos del gobierno federal para hacer más efectivo el control fronterizo.
El alto mando militar expuso entonces que la estrategia suma los recursos de diferentes instancias gubernamentales como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Guardia Costera, así como la creación de tres fuerzas de tarea para coordinar el nuevo plan.
Explicó que este nuevo esfuerzo conjunto de varias agencias de seguridad parte de la noción de que las bardas no resolverán los problemas de la frontera y lo que se requiere es una estrategia diversa sustentada en el análisis de riesgo, con el objetivo de concentrar recursos donde sea mayor la amenaza.
El alto mando reconoció que “construir más bardas no es la respuesta. Hoy tenemos la capacidad de inteligencia, equipo y tecnología para hacer más. Mucho de esto ya está desplegado en la frontera. Necesitamos avanzar más en esa dirección”.
Reforma condicionada
El tema del reforzamiento de la seguridad fronteriza ha sido una de las condiciones que se han puesto sobre la mesa legislativa en la negociación de proyectos para una reforma migratoria integral en la Unión Americana.
Y volvió a quedar patente en el proyecto de Ley S744 que una comisión bipartidista de ocho senadores aprobó en abril de 2013 para permitir la naturalización de casi 11 millones de indocumentados, pero quedó condicionado a un mayor reforzamiento de la seguridad en la frontera con México.
El proyecto de Ley S744 prevé:
- Construcción de otros 563 kilómetros más de barda a lo largo de la frontera común, la mayor parte de la cual estaría entre Texas y Tamaulipas
- Instalación de modernos sistemas de monitoreo e incremento de la presencia de agentes migratorios.
- Aumentar la Patrulla Fronteriza a poco más de 38,000 elementos, en tanto que el personal de Migración y Aduanas distribuido en los cruces internacionales aumentaría a más de 3,500.
- Elevar hasta en 90% la efectividad de aprehensiones en cada uno de los sectores en los que se divide la vigilancia a lo largo de la frontera.
- Para los puertos de entrada ubicados en el área en cuestión se prevé adquirir una torre de vigilancia, 87 sistemas de cámaras de seguridad con capacidad de cambiar de ubicación, 27 equipos portátiles de vigilancia en video, 716 sensores terrestres con capacidad de captar señales sísmicas, infrarrojas y de imagen.
- Destinar al valle del sur de Texas cuatro aviones no tripulados, seis equipos de radar tipo Vader, 17 helicópteros UH-1N, ocho helicópteros tipo AS-350, 15 naves tipo Blackhawk y 30 embarcaciones.
Polémica
Uno de los aspectos más polémicos del proyecto de Ley S744 es la Estrategia de bardeado de la frontera sur, que iniciaría 180 días después de autorizado el proyecto de legislación, pues prevé la construcción de otro muro de 562 kilómetros de extensión y 6 metros de altura en la frontera con México, el cual contaría con bardas de dos capas y tecnología de detección de personas.
Pero si bien el proyecto incluye consultas ciudadanas, creación de comités y otras estrategias encaminadas a minimizar el impacto en el medio ambiente, cultura, comercio y calidad de vida de las comunidades en los sitios cercanos a donde la barda será construida, lo cierto es que en varias áreas del sur de Texas hay grupos que no están de acuerdo con la construcción de más bardas.
Por ello estos proyectos y propuestas legislativas reciben fuertes críticas tanto de movimientos a favor de los inmigrantes como de aquellos que no los aceptan, por las grandes cantidades de recursos humanos y económicos que representan para las finanzas de ese país y, por ende, de los contribuyentes estadunidenses.
Así, por ejemplo, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos en América Latina, ha documentado que un mayor aumento de recursos en la frontera produce rendimientos decrecientes y efectos secundarios graves para la seguridad de los migrantes.
WOLA es categórica al afirmar que el proyecto de Ley S744 es tan ambicioso, que de hecho establece un estándar de seguridad fronteriza “que puede ser casi imposible en la realidad”.