EU vs. Acuerdo de París

La salida del pacto global de lucha contra el cambio climático no sería en ningún caso inmediata

Redacción
Política
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Acuerdo parís-EU
AP

El anuncio sorpresivo de retirada del Acuerdo de París, que 195 países adoptaron en la capital francesa en 2015 y que al día de hoy ya está en vigor con la ratificación de 147 Estados, incluido Estados Unidos, puede dar lugar a que en su propio país alguna organización, estado o ciudadano recurra a la decisión y los jueces decidan paralizar su orden ejecutiva.

Esta opción “es más que probable en un país en el que 70% de los ciudadanos quiere que Estados Unidos permanezca en el Acuerdo, y en términos judiciales ya tiene precedentes en sus órdenes en materia de inmigración”, señaló a EFE Manuel Pulgar, portavoz de cambio climático de WWF Internacional.

Al margen de una potencial paralización judicial, la salida del pacto global de lucha contra el cambio climático no sería en ningún caso inmediata, ya que el antecesor de Donald Trump y uno de los mayores artífices del Acuerdo de París, Barack Obama, se ocupó de que se incluyera un artículo en el mismo que lo salvaguardara de un posible intento de salida de una administración republicana.

De este modo, el punto 28 del Acuerdo de París indica que cualquier país que haya ratificado el acuerdo solo podrá solicitar su salida del mismo tres años después de su entrada en vigor, esto es, el 4 de noviembre de 2019.

“Surtirá efecto”

Una vez hecha esa petición, la salida “surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el depositario haya recibido la notificación correspondiente”, por lo que Estados Unidos no tendría más remedio que seguir perteneciendo al mismo hasta el 4 de noviembre de 2020, curiosamente, un día después de las siguientes elecciones presidenciales norteamericanas.

La opción más rápida para un presidente que ha calificado de “un mal acuerdo” el pacto de París, es salirse de la “casa madre del acuerdo”: la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, a cuya creación y entrada de Estados Unidos como parte, en 1992, contribuyó precisamente un presidente republicano, George Bush padre.

Dejar la convención llevaría un año desde la fecha en la que se notifique, y con ello Estados Unidos perdería su silla en el foro donde se toman las decisiones sobre todo tipo de asuntos paralelos relacionados con el clima, como la captura y secuestro de carbono, que tanto interesa a la industria del carbón y que Trump utiliza como argumento para rechazar el Acuerdo de París.

Perdería con ello todo el capital construido por Obama en decenas de acuerdos bilaterales —solo con China hay media docena— relacionados con la transición hacia un mundo bajo en carbono, y cedería influencia estratégica a otras potencias que están esperando asumir el liderazgo en la materia: la propia China, India y la Unión Europea, explicó Lara Lázaro, portavoz de cambio climático del Instituto Elcano.

Frente a estas alianzas, Estados Unidos sería el tercer integrante del club de los países que no han firmado París: Siria, que está en guerra, y Nicaragua, que lo considera poco ambicioso.

Nada que ganar

Expertos consultados por EFE consideran que Estados Unidos “no tiene absolutamente nada que ganar y sí mucho que perder” si sale del Acuerdo de París que, entre otras cosas, es de cumplimiento voluntario y sus compromisos de reducción de emisiones no arrancan hasta 2020.

Además, de las pérdidas en los puestos de trabajo que más crecen (los asociados a las renovables y las tecnologías limpias) y en competitividad, Estados Unidos se estaría sumiendo en el “aislacionismo” frente al multilateralismo existente desde la Segunda Guerra Mundial, subrayó la directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales, Teresa Ribera.

Si a Trump no le gusta el Acuerdo de París le bastaría con no preparar el terreno para cumplir con el objetivo al que Estados Unidos se había comprometido para 2025: una reducción de las emisiones de entre 26 y 28% en relación a las cifras de 2005.

Independientemente de todo ello, 37 estados y más de 400 ciudades norteamericanas cuentan con regulación propia para impulsar las energías renovables y con metas de reducción de emisiones por lo que el impacto a corto plazo no sería notable en materia de mitigación, sí en la financiación climática que Estados Unidos aporta a los países en desarrollo.