Se acumulan temas, se legisla poco
Más de 30 asuntos “relevantes” han sido puestos en la mesa de debates para este cuatrimestre de trabajos en el Congreso de la Unión.
“Prometer no empobrece” dice el refrán popular, que parece hecho a la medida para el virtual festín de propuestas legislativas presentadas para el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, donde de los 30 asuntos de relevancia planteados solo siete tienen posibilidades reales de salir adelante, debido sobre todo a la constante descalificación y el encono entre los principales partidos políticos representados en el Poder Legislativo.
Como ya es costumbre, decenas de proyectos legislativos emanaron de las diversas plenarias del PAN, PRD y PRI, que las proponen para que se analicen y debatan en este periodo ordinario de sesiones que comenzó el pasado 1 de septiembre.
Sin embargo los expertos prevén que la mayoría de esas propuestas terminarán en la congeladora parlamentaria, pues las consideran “simples postulados improvisados para rellenar el trabajo en comisiones y que nunca verán su dictamen, ni mucho menos se someterán a votación en el pleno”.
Para los especialistas consultados la “danza de las propuestas solo atiza el fuego amigo” entre las diversas fracciones parlamentarias, ya que cada una de ellas posee su peculiar manera de ver el desarrollo del país y, por consiguiente, no se visualiza un plan estratégico parlamentario para lanzar propuestas comunes que incentiven de manera estratégica el desarrollo económico, social y político nacional, que tanta falta hace en estos momentos de transformaciones a nivel global.
De acuerdo con estos analistas y politólogos en la esfera del Congreso de la Unión no se ha podido erradicar el frenesí que tradicionalmente se traduce en mucha propuesta pero escasa legislación, por lo que aporta muy poco al urgente desarrollo de México.
Por lo pronto a las propuestas torales de reformas en materia financiera, hacendaria, energética, política, electoral, el nuevo Código Único de Procedimientos Penales y la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se sumará un compendio de temas que, dicen los expertos, solo enrarecerán el ambiente legislativo.
Condicionados
Es así que el PRI tiene claro que enfrentará negociaciones difíciles en sus intentos por impulsar iniciativas clave para su proyecto sexenal de gobierno y promueve por ello el principio de que ninguna de las reformas debe condicionar a otra… aunque la realidad es muy distinta.
A pesar de que la agenda comprende al menos tres decenas de asuntos, son siete las iniciativas que consideran realmente importantes todos los grupos parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados para ser procesadas durante el periodo ordinario que comenzó el domingo pasado.
Por ejemplo los planteamientos en materia energética, financiera, hacendaria, político-electoral y la Ley General del Servicio Profesional Docente son parte de las agendas que PRI, PAN y PRD aprobaron como temas relevantes durante la última semana previa al arranque del segundo año de trabajo de la LXII Legislatura.
Todas ellas, sin embargo, enfrentan oposiciones férreas dentro y fuera de los recintos parlamentarios, e incluso varias están sujetas a condicionamientos por parte de alguna de las fuerzas políticas.
Muchas se encuentran de hecho en el centro de la confrontación: los senadores y los diputados federales del PAN, por ejemplo, acordaron que si el PRI no aprueba la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, la reelección legislativa consecutiva, la ratificación de los secretarios de Estado por parte del Senado y la creación del Instituto Nacional de Elecciones, como parte de las reformas político-electorales, no van a votar ninguna de las reformas económicas, como son la energética y la hacendaria.
En tanto, los congresistas del PRD están decididos a no permitir que PAN y PRI aprueben una reforma energética que abra la puerta a la inversión privada y, ante la carencia de votos para frenarlos en el Legislativo, han tomado una contundente determinación: salir a la plaza pública para que sea la movilización social la que obligue a no concretar tal reforma.
Mientras, la fracción parlamentaria del PAN en el Senado condicionó su voto a favor de las reformas financieras a que primero se legisle y vote una reforma político- electoral.
Y es que luego de que la cámara alta recibió el dictamen de reforma financiera aprobado por los diputados, la comisión de Hacienda senatorial sostuvo una reunión para determinar la ruta y tiempo en el que se analizará, misma en la que el senador panista Francisco Domínguez formuló dicho “condicionamiento”.
Por su parte los legisladores del partido del sol azteca Dolores Padierna y Armando Ríos Piter solicitaron definir el tiempo para analizar la reforma financiera: la senadora pidió tres semanas para revisar los 13 apartados y las 34 modificaciones a ordenamientos jurídicos.
Por si fuera poco el presidente de la comisión de Hacienda en el Senado, el priista Francisco Yunes, explicó que la reforma financiera debe quedar aprobada antes del 31 de octubre, ante lo que los congresistas de Acción Nacional Martín Orozco y Carlos Mendoza manifestaron su preocupación por que se pueda encimar el análisis de la reforma financiera con las propuestas hacendaria y energética planteadas por el Ejecutivo federal.
Agendas dispares
A la par de las reformas que se tocarán de forma irreversible por ser propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo y que se ensalzan al interior del Pacto por México, una variada gama de planeamientos legislativos invadirá el ambiente parlamentario o de plano pasará sin pena ni gloria al reducirse a meras intenciones.
Así, en la acera de Acción Nacional se expone una variada y nutrida lista de tópicos parlamentarios que trabajaron durante los pasados meses.
Destacan, por ejemplo, la revisión a fondo de la estructura de la Ley de Coordinación Fiscal, reformas secundarias en materia de telecomunicaciones, revisar la Ley Federal de Competencia y modernizar la Ley Federal del Trabajo.
Incluso plantean crear un organismo anticorrupción, presentar la Ley de Evaluación del Desempeño de los Representantes de Elección Popular, crear el Tribunal Federal de Rendición de Cuentas, impulsar la minuta del Senado relativa a la expedición del Código Único de Procedimientos Penales, así como presentar las leyes Integral de Seguridad Nacional y del Congreso de la Unión.
Por su parte, la agenda legislativa del sol azteca prevé la defensa del petróleo y el rechazo total a cambios constitucionales en materia energética y al IVA en alimentos, medicinas y libros.
Plantea también un cambio de régimen político que fortalezca el equilibrio entre los poderes y que le confiera mayores facultades de fiscalización al Legislativo, así como una legislación secundaria en materia de participación ciudadana y consulta popular, impulsando además una reforma electoral que implique reformas a los órganos del sector.
Los perredistas planean defender la reforma política del DF para que se le reconozca el carácter de autonomía y el principio de capitalidad, para que se le permita aprobar su propia Constitución, en la perspectiva de convertirse en una ciudad capital con derechos plenos y con la posibilidad del goce de prerrogativas de las que goza el resto de las entidades federativas.
Los perredistas ofrecen, asimismo, impulsar una reforma hacendaria y fiscal que reforme y eleve los ingresos del Estado para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones básicas, en especial de los derechos sociales y del crecimiento económico sostenido.
También advierten que defenderán su iniciativa de reforma energética para la modernización de Petróleos Mexicanos, preservando la propiedad y la rectoría del Estado sobre los hidrocarburos, oponiéndose a cualquier iniciativa que pretenda cambiar la Constitución.
Por tal motivo, prevén convocar a la movilización social para que la lucha del sector energético se dé en todos los espacios de la sociedad, tanto en las cámaras del Congreso de la Unión como fuera de ellas.
Finalmente, postulan la defensa de la reforma financiera, el fortalecimiento sobre todo a las bancas de desarrollo y social, así como los créditos a medianas, pequeñas y microempresas. Los perredistas también intentarán que se fijen criterios más claros de protección para los usuarios de los servicios financieros, garantizando una debida protección legal de todas y todos los que utilicen este tipo de instituciones.
Por su parte,el PRI trae bajo el brazo el respaldo para aprobar las reformas energética, financiera y la Ley General del Servicio Profesional Docente —ya aprobada.
También sobresalen en la agenda priista la reforma en materia de transparencia, es decir, los cambios al IFAI —ya aprobada por los diputados—; la reforma política, con temas como la iniciativa ciudadana, ley de partidos políticos y la consulta popular.
Prevén la expedición del Código Único de Procedimientos Penales, de la Ley General de la Juventud, de la Ley en Materia de Seguridad Alimentaria y de la Ley General de Prevención y Tratamiento de Adicciones.
Detonante
El estira y afloja entre los partidos comenzó una vez que el paquete de reformas al sistema financiero se aprobó en la Cámara de Diputados por 383 votos a favor, 63 en contra y 14 abstenciones: su ratificación en el Senado de inmediato fue condicionada por la oposición política a la aprobación de iniciativas de su propio interés.
Esta reforma tiene como objetivo ampliar la colocación de créditos, agilizar la recuperación de garantías para quienes no pagan y evitar abusos de las instituciones financieras mediante los productos y servicios que ofrecen al público.
Pero ya en el Senado las cosas cambiarían y de inmediato se estableció la ruta crítica para abordarla: se acordó citar al titular de la Secretaría de Hacienda, al gobernador del Banco de México, al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a directores de la banca privada, para conocer los alcances de esta reforma.
De entrada, la fracción parlamentaria del PAN reiteró que no aprobará este ordenamiento —ni la reforma hacendaria— en tanto no se vote la reforma político-electoral, afirmó el senador Francisco Domínguez.
Al mismo tiempo, el PRD pidió tiempo para analizar el documento. La senadora Padierna precisó que esta reforma financiera la integran 13 paquetes de leyes. “No es una reforma chiquita, ni sencilla. Se requiere, además de la explicación y exposición de algunos de sus autores, una metodología que nos permita atinar a la comprensión”, dijo.
Coincidió con la senadora priista Blanca Alcalá Ruiz en destacar la necesidad de establecer un método para que los integrantes de la comisión de Hacienda hablen con sus respectivos grupos parlamentarios sobre los avances de las negociaciones internas.
De esta manera, en el seno de la comisión de Hacienda de la cámara alta se acordó un plazo de tres semanas para reunirse con el titular de las finanzas nacionales, Luis Videgaray, y los demás actores del sector, para evaluar la aprobación del ordenamiento de ley.
Y la energética…
Otro tema que genera división es el concerniente a la reforma energética. Los senadores David Penchyna, presidente de la comisión de Energía, y Enrique Burgos, que preside la comisión de Puntos Constitucionales, comienzan también el proceso para la discusión de la reforma constitucional en materia de energía, con base solo en las propuestas del Poder Ejecutivo y el PAN, mientras que las del partido del sol azteca no han sido incorporadas.
Ambas fuerzas políticas tienen dos puntos principales de disenso: el PAN quiere que haya concesiones a empresas particulares y se quiten del Consejo de Administración de Pemex los cinco asientos que tiene el sindicato petrolero y que este compromiso se incluya en los transitorios de la reforma constitucional, mientras que los priistas no quieren otorgar concesiones y todavía no fijan su posición respecto al Consejo de Administración.
El PRD tiene su propia ruta: la movilización social y, en el plano legislativo, una rotunda oposición a todo cambio a la Carta Magna, para más bien privilegiar una solución que pase por la modificación de leyes secundarias.
Así, PRI, PAN y PRD se encuentran totalmente en desacuerdo en cuanto a la manera en que debe transformarse al sector energético.
Confrontados
Al respecto, el senador Jorge Lavalle Maury expuso que “los legisladores del PAN estamos conscientes de la importancia y relevancia que tendrá la reforma energética para las presentes y también futuras generaciones. Es una reforma que estamos tomando con muchísima seriedad, con mucha responsabilidad, y no es un tema de prisas, que debe salir en septiembre o en octubre: lo que necesitamos es que salga la reforma que el país necesita”.
También integrante de la comisión de Energía, aseveró que la reforma que plantea su partido es más adecuada a la realidad, a los retos y al potencial energético de México: “No estamos hablando de una reforma que reproduzca letra por letra un discurso de hace 75 años, donde era otra la realidad del país, como tampoco de una reforma que por una cuestión de idiosincrasia vaya a limitar la enorme posibilidad que tenemos los mexicanos de darle un giro a nuestra economía, a nuestra sociedad y a nuestra seguridad energética, derivada de las características que hoy en día tenemos en nuestro país”.
A su vez, la senadora priista Lilia Merodio admitió que “iniciamos un periodo ordinario de sesiones complicado, complejo, con una amplia agenda de temas y con la convicción de concretar las que son tal vez las dos más importantes del sexenio y que pueden marcar el rumbo del país: la energética y la hacendaria”.
La también priista Verónica Martínez reconoció por su parte que será un periodo “complicado, incluso bajo presión”, no sólo por temas como el energético y el fiscal, sino también por la reforma política, las candidaturas ciudadanas y la forma en que se tendrá que legislar en el tema de los recursos y la equidad de género.
“El gran reto del Congreso de la Unión será escuchar todas las voces y procesar las demandas sociales en temas como las reformas educativa y energética, pero finalmente legislar sin que las presiones sean la divisa que marque el destino de las reformas, sino los cambios que permitan reactivar la economía, generar empleo y revertir la inseguridad”, opinó.
El coordinador perredista, Miguel Barbosa, puntualizó en tanto que en este periodo de sesiones lo que está en juego son el petróleo y los impuestos. “Es una situación económica restrictiva, ante disputas políticas mayores sobre el petróleo y los impuestos con un calendario apremiante, por lo que es importante hacer prevalecer el diálogo entre poderes y evitar el clima de confrontación social”.
Mientras, el vicecoordinador del PAN, Jesús María Martínez, planteó que lo que estará en juego es “o ir por las reformas de gran calado que requiere el país y consolidar la reforma educativa con la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, o dejar que sólo sean cambios cosméticos y descafeínados”.
El legislador consideró que no se pueden seguir aplazando la reforma política ni los cambios en seguridad y justicia: “Urgen reformas reales y de fondo, atajar realmente el problema de la inseguridad y también se está tornando urgente tomar medidas concretas para reactivar la economía. Y ni el mejor de los spots será capaz de remediar estos problemas estructurales, si no nos ponemos todos realmente a hacer política y lograr acuerdos”.
Mucho ruido…
De esta manera, señalan los expertos, en la palestra legislativa se encuentran muchos asuntos planteados por los diversos partidos políticos, pero en realidad se carece de consenso para que deriven en verdaderos cambios de fondo para el país.
Los analistas son tajantes al señalar que mientras naciones emergentes han logrado consensuar reformas estructurales para desarrollar sus economías, en México el Congreso parece legislar sin una orientación concreta, más bien sujeta a los diversos intereses de los partidos políticos y no con base en los beneficios que demandan millones de ciudadanos.