La aprobación de las leyes secundarias que reglamentarán la reforma educativa en la Cámara de Diputados molestó a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tanto que entraron por la fuerza al Palacio Legislativo de San Lázaro la noche del pasado lunes. Pero, ¿qué fue lo que enardeció a los profesores?
- Evaluaciones obligatorias: Aplicará para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente. De los 75,517 aspirantes que participaron en el Concurso Nacional de Plazas Docentes de este año, el 2.8% no alcanzó el puntaje mínimo en la prueba para poder estar frente a un grupo, a pesar de que el rango inferior es una aprobación de por sí reprobatoria.
- Tres años de prueba: Los maestros que consigan ingresar al servicio serán evaluados cada año. Si pasan todas las evaluaciones recibirán el nombramiento definitivo. Los maestros que fallen en las tres oportunidades, pese a cursar un programa de regularización, serán “separados del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado”, de acuerdo al artículo 20 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
- Retiro voluntario si no pasan las pruebas: Los maestros que ya se encuentran en el servicio serán sometidos a los mismos procesos de evaluación que los de nuevo ingreso. Si no tienen el nivel suficiente para ejercer trabajo docente, serán reasignados a otra área, o podrán incorporarse a un programa de retiro.
- Directivos también serán evaluados: En educación básica, la promoción a puestos directivos será también con un periodo de prueba, en este caso de dos años, durante los cuales deberá cursar programas de liderazgo y gestión escolar. Si la persona no tiene el nivel suficiente, volverá a su plaza de docente.
- No más plazas heredadas o vendidas: El artículo 22 establece que el ingreso al servicio profesional docente sólo puede ser por medio de concurso, y que “quienes se beneficien, participen, autoricen, efectúen algún pago u otro tipo de contraprestación” se harán acreedores a sanciones.
En el sexenio pasado, el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) firmaron un acuerdo para aplicar una evaluación a docentes y directivos de educación básica, sin embargo los resultados no se dieron a conocer, pues esta información sería clasificada como reservada por un periodo de tres años.
A principios de agosto, sin embargo, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) pidió a la SEP que diera a conocer estos datos, pues tienen relevancia pública.
Dato Clave
De acuerdo a una encuesta de Parametría, el 88% de los mexicanos está de acuerdo con que los docentes sean sometidos a evaluación, y el 85% considera que los profesores deben ser sancionados si se niegan a la evaluación.