Ciudad de México, a 14 de abril. La diputada Lorena Villavicencio presentó ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo donde solicita respetuosamente a los gobiernos de las treinta y dos entidades de la república, para que por conducto de las fiscalías y/o procuradurías de justicia estatales hagan un informe publico, respecto al número de denuncias y casos en proceso de feminicidio y de violencia de género.
Así como el estado que guardan dichas carpetas de investigación, esto por el actual índice que México presenta en mujeres jóvenes y adultas, donde viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia, así mismo en el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución la diputada solicita a la Cámara de diputados exhortar al ejecutivo federal, a los gobiernos locales y a las fiscalías generales de las entidades federativas para atender de manera efectiva el llamado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace a los estados para incorporar la perspectiva de género especialmente en lo que hace a la violencia sexual y feminicida en la etapa de confinamiento.
Visibilizando que la violencia de género contra las mujeres que puede llegar hasta la muerte, la mayoría de las veces es cometida para conservar y reproducir el sometimiento y la subordinación de éstas derivados de relaciones de poder.
Lo anterior con objetivo de conocer las acciones emprendidas por las fiscalías y desde poder coadyuvar desde el poder legislativo fortaleciendo los mecanismos normativos para prevenir, combatir y sancionar de manera más eficaz y con mayor severidad el creciente fenómeno de homicidios en contra de las mujeres por razones de género.
Finalmente tal y como lo describe y solicita la CIDH, se exhorta al ejecutivo federal a los gobernadores, a la gobernadora y la jefa de gobierno así como a las fiscalías generales de las entidades federativas, para atender el llamado a incorporar la perspectiva de género en las acciones emprendidas por motivo de la pandemia de COVID19 priorizando la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes e implementando las siguientes medidas:
1. Incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta los distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres están expuestas, como la precariedad económica, la edad, la condición de migrante o desplazada, la condición de discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras.
2. Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta a la violencia de género, adoptando canales alternativos de comunicación bien como líneas de atención de emergencia, así como promover el fortalecimiento de redes comunitarias con el objeto de ampliar los medios de denuncia y órdenes de protección en el marco del periodo de confinamiento y restricciones de movilidad. Asimismo, asegurar la disponibilidad de casas de acogidas y albergues para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los cuales existan condiciones de adoptarse las medidas de prevención del contagio.
3. Desarrollar protocolos de atención y fortalecer la capacidad de los agentes de seguridad y actores de justicia involucrados en la investigación y sanción de hechos de violencia doméstica, así como llevar a cabo la distribución de materiales de orientación sobre el manejo de dichos casos en todas las instituciones estatales.
4. Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación sexual integral y de diseminación de información en medios accesibles y con lenguaje adecuado, con el objeto de alcanzar las mujeres en su diversidad.
5. Reforzar las políticas de seguridad alimentaria y redes de protección social con perspectiva de género, incluidas políticas de renta mínima y de oferta de atención médica enfocada a la necesidad específica de estas mujeres en el combate a la crisis generada por el COVID-19.