Retoma el Estado el control de la educación

Después de un proceso colmado de complicaciones, el Senado de la República aprobó la última de las tres leyes secundarias de la reforma educativa, con lo que concluyó por el bien de México un ríspido y conflictivo proceso legislativo desarrollado en un ambiente de plantones, movilizaciones y rechazo por parte de miles de profesores de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes durante cuatro semanas desquiciaron al Distrito Federal para tratar de impedir que diputados y senadores procesaran y avalaran una de las reformas más importantes del actual gobierno federal.

Pese a la férrea oposición de la llamada disidencia magisterial, proveniente sobre todo de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, el Congreso de la Unión avaló el nuevo marco legal de la educación en México, que permitirá al sistema contar con instrumentos para la evaluación del desempeño de los maestros en el aula, con mediciones diferenciadas, ya que no es lo mismo el trabajo de un profesor en el sudeste que en el norte del país, como reconocieron las propias autoridades educativas y los legisladores.

También establece plazos para la evaluación de los profesores, que será obligatoria y prevé sanciones en caso de que un mentor se niegue a la evaluación, aunque los maestros tendrán varias oportunidades de ser evaluados sin que pierdan sus derechos y, en los casos en que se dé la terminación laboral, los mentores podrán impugnar su cese ante las autoridades laborales.

Los plazos para la entrada en vigor de los distintos aspectos de la reforma —una vez que el presidente de la República la promulgue— van de dos meses a dos años, tiempo en que se tendrán que elaborar los indicadores y parámetros para la evaluación, elaboración de los concursos de oposición para el ingreso y promoción, crear programas, armonizar las leyes con la nueva normatividad, entre un gran número de modificaciones que deberán realizarse para que los cambios puedan ser aplicados.

El primer proceso de evaluación para los docentes se realizará en julio de 2014.

Retoma el control

Con la reforma educativa, que permitirá al Estado mexicano recuperar el control de la educación —como afirmó el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, una vez que los senadores concluyeron el proceso legislativo—, se terminará con prácticas discrecionales del magisterio, como la facultad que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de asignar 50% de las plazas vacantes o de nuevo ingreso, y desaparecerá el programa de Carrera Magisterial al que tienen acceso solo los profesores afiliados al sindicato y que perciben mejores salarios respecto de los no agremiados.

Pese a que los mentores afiliados a la CNTE calificaron como “una traición” el que diputados y senadores aprobaran la Ley General del Servicio Profesional Docente —la única que faltaba, pues ya habían sido avaladas las que dan nuevas atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educativa (INEE) y la General de Educación—, de acuerdo con analistas, legisladores y autoridades educativas se logró un equilibrio en la reforma, ya que las movilizaciones y protestas propiciaron negociaciones con los inconformes, por lo que al final se introdujeron cambios que evitan que las evaluaciones sean estandarizadas o haya despidos masivos, como temen los mentores.

Derechos y obligaciones

La nueva norma aprobada tiene como finalidad regular el servicio profesional docente en la Educación Básica y Media Superior, así como establecer perfiles, parámetros e indicadores, además de regular derechos, obligaciones y transparencia del servicio de los docentes.

Considerada como la parte medular de la reforma educativa, la Ley General del Servicio Profesional Docente regulará el desempeño de poco más de un millón 300 mil profesores, quienes tendrán que recibir cursos de capacitación y actualización de conocimientos relacionados con el servicio público educativo y de práctica pedagógica.

En su nueva estructura y atribuciones, al INEE le corresponderá definir los procesos de evaluación a los que deberán someterse los profesores, así como establecer, en coordinación con las autoridades educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo, mediante los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación.

También le corresponderá expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas, así como los organismos descentralizados que impartan educación media superior para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente, en la educación obligatoria en la evaluación para el ingreso al servicio docente, así como para la promoción a cargos de funciones de dirección y supervisión, mediante concursos de oposición que garanticen los conocimientos y capacidades ideales que correspondan.

Evaluación permanente

A la Secretaría de Educación Pública (SEP) le corresponderá participar con el INEE en la elaboración del programa anual conforme al cual se llevarán a cabo los procesos de evaluación, para lo que deberá considerar las propuestas que reciba de las autoridades educativas locales.

Determinará los perfiles y los requisitos mínimos que deberán reunirse para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio en la educación básica, y participará en las etapas del procedimiento para la propuesta y definición de los parámetros e indicadores de los pasos anteriores.

Además, propondrá al INEE las etapas, aspectos y métodos que comprenderán los procesos de evaluación obligatorios para la educación básica y media superior.

La evaluación a la que habrán de someterse los maestros de acuerdo con la ley aprobada deberá ser una actividad permanente, de carácter formativo y tendiente al mejoramiento de la práctica profesional de los docentes y al avance continuo de la escuela y la zona escolar.

En cuanto al ingreso al servicio en la educación básica y media superior se llevará a cabo mediante concursos de oposición, de preferencia anuales, que garanticen conocimientos y capacidades ideales necesarias, que deberán sujetarse a una serie de criterios como el que los concursos serán públicos y objetos de convocatorias expedidas por las autoridades educativas.

Las convocatorias tendrán que describir el perfil que deberán reunir los aspirantes, las plazas sujetas a concursos, los requisitos, términos y fechas de registro, las etapas, los aspectos y los métodos que comprenderá la evaluación, así como la publicación de resultados, amén de los criterios para la asignación de las plazas.

Estos son algunos de los aspectos de la Ley del Servicio Profesional Docente que aprobaron los senadores en la madrugada del martes 3 de septiembre —un día antes, también en la madrugada, lo hicieron los diputados—, como primer y urgente tema al inicio de los trabajos del periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicios de la LXII Legislatura, luego de que fracasó el intento de aprobación de las tres leyes reglamentarias de la reforma educativa durante el periodo extraordinario de sesiones, cuando fue bajada de último momento en la Cámara de Diputados en medio de las protestas, movilizaciones y bloqueo del recinto legislativo por miles de profesores de la CNTE.

Evitar discrecionalidad

El titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, afirmó que con la aprobación de la ley por parte del Senado de la República se completa la reforma educativa avalada el 26 de febrero del presente año, con lo que se rescata la rectoría del Estado en materia educativa.

Chuayffet reconoció que había muchos temas en materia educativa en los que el Estado mexicano fue dejando de ejercer en plenitud, uno de los cuales era el del servicio profesional docente, con lo que se regulará con reglas claras el ingreso, la promoción, los beneficios, las recompensas y los estímulos para los maestros dentro de una normatividad que, por un lado, evitará la discrecionalidad “venga de donde venga” de las corrientes sindicales o de la autoridad y, por otro, permitirá que sean los méritos los que lleven al maestro a las posiciones de dirección, supervisión o asesoría técnica pedagógica.

Rechazó que se vayan a dar despidos masivos de profesores con la reforma, porque “se trata de estimular al maestro para que reconozca sus fortalezas y sus fallas. La inmensa mayoría de nuestros maestros son buenos, pertenezcan a la corriente que pertenezcan; lo que tenemos que hacer es estimularlos”.

Chuayffet negó también que se trate de una reforma laboral, como afirman los maestros inconformes. Aunque admite que contiene factores parcialmente laborales, recalca que es sobre todo y fundamentalmente educativa, ya que disposiciones como la de diagnosticar el sistema de educación normal y reformarlo, no tienen nada de laborales y son una exigencia que deberán cumplir, por lo que “esto apenas comienza, y nos queda mucho trabajo por hacer”.

El presidente Enrique Peña Nieto, a través de un mensaje en Twitter, pidió a su vez hacer realidad, en cada escuela, los importantes cambios aprobados por el Congreso en materia educativa.

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