Mayor crecimiento económico y creación de empleos
La propuesta de reforma energética que envió al Senado, precisa el jefe del Ejecutivo, no significa privatizar ni a Pemex ni a la CFE, así como tampoco sustituir o restar al Estado su rectoría sobre la explotación de los hidrocarburos.
A. Rodríguez / N. Vázquez
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En cumplimiento de lo que fue parte de su discurso de toma de posesión como jefe del Ejecutivo federal el 1 de diciembre de 2012, respecto de que “el país necesita urgentemente una reforma energética para que cada uno de los mexicanos se vea beneficiado”, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el pasado lunes 12 la iniciativa que representaría la transformación más grande del sector desde 1938, año de la expropiación de la industria petrolera, y del decreto sobre la materia de 1940, ambos a cargo del entonces mandatario Lázaro Cárdenas del Río.
Con ello, por primera vez en 53 años un presidente de la República propone al Congreso de la Unión modificar la Constitución para que se pueda invertir capital privado en el sector energético.
Con esta reforma, Pemex y la CFE se mantienen como empresas 100% propiedad de la nación. Pemex y CFE, lo digo y afirmo categóricamente, no se venden ni se privatizan”, señaló Peña.
Los cambios
La iniciativa del presidente Peña Nieto propone modificar los artículos 27 (relativo a los hidrocarburos) y 28 (sobre energía) de la Constitución, con la finalidad de modernizar el sector, dijo, y acercarlo a los estándares internacionales por medio de la participación de capital privado en Pemex para explorar aguas profundas y otros yacimientos.
Respecto del primero de ellos, la reforma muestra que al sexto párrafo del artículo 27 constitucional se le agregó la disposición de que “no se otorgarán concesiones ni contratos respecto de minerales radioactivos”.
Además, regresa a la redacción original del texto constitucional de 1940 para prohibir concesiones en la industria petrolera, pero abre la vía para los contratos con el sector privado.
De igual forma, deja en claro que “corresponde exclusivamente a la nación el control del sistema eléctrico nacional”, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
En dichas actividades no se otorgarán concesiones, precisa, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrá participar en las demás actividades de la industria eléctrica.
En el artículo 28 constitucional, la iniciativa presidencial retira al petróleo, los demás hidrocarburos y la petroquímica básica de la categoría de áreas estratégicas y añade que “tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos se estará a los dispuesto por el artículo 27 párrafo sexto de esta Constitución”. Con ello se fomentaría la participación del capital social y privado en la generación de las energías alternas.
La reforma constitucional en materia de energía permitirá a Pemex asociarse con quien quiera, para el proyecto que quiera, en los montos y proporciones que mejor convengan a su estrategia de negocios, pero sin ceder la propiedad de los hidrocarburos a los particulares, con base en el modelo de contratos de producción compartida.
Es decir, la apertura del sector energético propuesta por el primer mandatario sería acotada: prohíbe los contratos de riesgo, pero impulsa convenios en los que se garantiza que el Estado no pierda recursos, pues será la iniciativa privada la que asuma el costo del eventual fracaso en la exploración petrolera.
Mensaje de Enrique Peña Nieto a la nación respecto a la reforma energética
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