Llamado a la legalidad

Ciudad de México, 29 de enero. La explosión que dejó un centenar de muertos y otros tantos heridos en una toma clandestina de combustible en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, puso en claro para la gran mayoría de la sociedad que el robo de hidrocarburos no es únicamente un delito que perjudica a la nación sino que además resulta uno de los ilícitos más peligrosos hoy para el país: perturba el orden social, trastoca las relaciones productivas de una comunidad y cobra impunemente vidas inocentes.

Frente al hecho el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, detalla que las investigaciones comenzaron de inmediato y el Ministerio Público federal no descansará hasta revelar los motivos de la explosión y los probables culpables, al mismo tiempo que anuncia una cruzada de extinción de dominio contra propiedades vinculadas a organizaciones criminales que detentan el mercado negro del llamado huachicoleo.

Y si bien es de lamentar la pérdida de vidas humanas en los hechos del pasado viernes 18 de enero en Hidalgo también es cierto que no por ello se frena el combate al huachicol sino que se comprende todavía más que todo acto irresponsable que afecte a la sociedad en su conjunto o rompa la legalidad y el Estado de Derecho siempre tendrá consecuencias.

Frente a ello el gobierno federal refuerza su programa de combate contra el robo de combustibles y ofrece a las comunidades cooptadas por los huachicoleros alternativas de progreso mediante diversos apoyos para generar productividad en esas áreas de la geografía nacional.

Tanto autoridades como expertos consultados son muy claros: la victimización de la pobreza no debe traducirse en actos de impunidad, robo, rapiña, corrupción y sucesos que transgredan la ley, que simplemente se vuelvan en hechos antisociales que evidencian la falta de valores, educación y civilidad al interior de un país que inicia otra etapa gubernamental pero donde también la sociedad debe aportar su responsabilidad ética en la creación del armazón de un nuevo tejido social.

El evento suscitado en Hidalgo, agregan los especialistas, pone de manifiesto que la incorporación al desarrollo social de aquellos que se han sentido desplazados del progreso económico no puede pasar por el quebrantamiento de las normas sociales, ni es la ruta para alcanzar bienestar para sus familias su afiliación a organizaciones delictivas, que como en el caso de los huachicoleros dejaron sin control la perforación de un ducto, lo que se tradujo en luto y muerte para decenas de hogares de la colonia El Pedregal y sus alrededores.

Al mismo tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona que su administración no “bajará la guardia” ante este fenómeno delictivo que por décadas se dejó crecer y, por el contrario, anunció un plan de apoyos gubernamentales para pobladores aledaños a los principales municipios y estados del país que surcan los ductos donde se detecta con mayor frecuencia la perforación de estas tuberías que transportan gasolinas.

Luego de este lamentable accidente, determinan los expertos, la legalidad no debe vulnerarse bajo ninguna circunstancia: la incesante inseguridad que permea la vida cotidiana de millones de mexicanos no debe ser alimentada por otro sector de la misma sociedad que delinque justificando sus actos en la carencia laboral y la falta de oportunidades.

En este sentido anotan que la cultura del esfuerzo ha sido por años el engranaje de la construcción económica y social de México, mientras que la transgresión a las reglas ha traído siempre lamentables consecuencias como ocurrió en Tlahuelilpan.

Itinerario

En la tarjeta informativa confidencial —en poder de Vértigo— de la Dirección General del Centro de Alertas y Atención de Riesgos de la Policía Federal con título Incidencias Pemex y con número PE/DGCAAR/IE0118/2019, fechada el 18 de enero de 2019, se describen los siguientes hechos y tiempos respecto de lo ocurrido.

A las 13:30 horas personal de Seguridad Física de Pemex detectó una fuga de hidrocarburo en el km 224+000 en el poliducto de 14 pulgadas Tuxpan-Poza Rica-Tula con una fuga bastante considerable en inmediaciones de la colonia El Pedregal, Primera Sección.

Horas más tarde, a las 17:00, personal de Sedena, Policía Militar y Gendarmería arribó al lugar encontrando a 300 personas aproximadamente, a quienes se trató de persuadir para que se retiraran del lugar, pero hicieron caso omiso y se tornaron agresivos hacia el personal de seguridad.

Personal de Ductos de Pemex informó que ya habían cerrado las válvulas de presión del ducto pero tardaría un promedio de tres a cuatro horas en liberar la presión totalmente.

A las 18:50 horas el Comité Nacional de Emergencias informó de una explosión e incendio en dicha toma clandestina, por lo que se activó el Plan DN-III. Al lugar acudieron elementos de Policía Federal, Cruz Roja y autoridades estatales.

Eran las 19:50 horas cuando se activó la Sala de Crisis de la División de Inteligencia de la Policía Federal para atender la emergencia.

A las 20:30 horas personal de la Policía Federal desplegado en el lugar informó de aproximadamente 65 lesionados por quemaduras y 15 cuerpos calcinados, además continuaba el fuego con una altura de 20 metros aproximadamente, lo que no permitía acercarse al sitio.

Siendo las 20:40 horas la Dirección General de Riesgos de la Secretaría de Salud informó que desplegó ambulancias y personal médico al lugar de los hechos con capacidad de atender a 100 personas lesionadas por quemaduras.

A las 21:20 horas personal de Pemex informó que este incidente no afectaría el suministro de gasolina en la Ciudad de México. A las 21:50 horas sobrevolaban el lugar dos helicópteros Black Hawk. Se actualizó el saldo a 71 heridos y 20 fallecidos.

Eran las 22:16 cuando se informó que el fuego alcanzaba una altura de dos metros por 20 metros lineales. A las 22:35 horas personal de Cenapred informó que el incendio fue controlado.

Y a las 22:39 horas se abrió la carpeta FED/HDG/TULA/000228/2019 de investigación por la explosión de la toma clandestina en Tlahuelilpan, denuncia que realizó personal de Pemex.

Antecedentes

La tragedia de Tlahuelilpan no constituye un hecho aislado en el país: ya en 2010 se registró un incidente similar en Texmelucan,Puebla, que dejó al menos 28 personas fallecidas, más de 80 viviendas dañadas y 200 personas más desalojadas de sus domicilios.

En 2014 hubo un derrame de petróleo por una toma clandestina en Cadereyta, Nuevo León, que afectó 23 kilómetros del río San Juan, lo que provocó daños ambientales al torrente del que dependen varias comunidades aledañas.

En el municipio de Huimanguillo, Tabasco, hubo un sabotaje en la ruta de los camiones distribuidores para robar el combustible, lo que estimuló la explosión de una pipa en 2015, misma que dejó un saldo de 14 muertos.

Un derrame en 2017 de 147 mil litros de gasolina en Tlajomulco, Jalisco, dejó más de nueve mil 500 metros cuadrados contaminados y tres mil personas evacuadas.

Y en 2018, en el municipio de Villagrán, Guanajuato, una toma clandestina en el ducto de Salamanca originó un incendio que provocó la evacuación de 60 familias.

Mafias

Los reportes de inteligencia gubernamentales evidencian que el negocio del robo de combustible es uno de los más importantes por el volumen de las ganancias que genera, orquestado por grupos delictivos, funcionarios públicos y autoridades policiacas.

Diversos análisis de Pemex, de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda apuntan en la dirección de ubicarlo, incluso, como la segunda mayor fuente de ingresos del crimen organizado después del tráfico de estupefacientes.

Según datos de estas instituciones en 2014 se localizaron un total de tres mil 635 tomas clandestinas; un año después se detectaron cinco mil 252; para 2016 la cifra escaló a seis mil 873; en 2017 las tomas alcanzaron diez mil 363 y para el año pasado sumaron doce mil 581, apunta el Reporte de tomas clandestinas de Pemex 2018.

En términos monetarios las ganancias ilícitas de autoridades corruptas y de las mafias huachicoleras ligadas al crimen organizado con las que se coluden se duplican año con año: en 2016 se calcularon en 20 mil millones de pesos, en 2017 subieron a 30 mil millones y en 2018 llegaron a 60 mil millones de pesos, según estimaciones del actual gobierno federal: la cifra representa una fuga de recursos públicos que serían suficientes para capitalizar por un año, por ejemplo, a las 19 secretarías de Estado y los diez principales organismo autónomos del país.

Al cierre de esta edición la cifra de víctimas mortales por la explosión en Tlahuelilpan sumaba ya 109 y 40 personas todavía hospitalizadas, muchas de ellas con quemaduras de muy alto riesgo, quienes son intervenidas quirúrgicamente para salvarles la vida en nosocomios especializados de Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Estados Unidos.

Programa

López Obrador puntualizó el martes 22 que busca acabar con estas tomas clandestinas en los ductos de Pemex “porque el huachicoleo es un gran riesgo para la población, como ocurrió en Tlahuelilpan”.

El presidente presentó ese día el Plan de Desarrollo para el Bienestar en Comunidades por donde pasan ductos de Pemex, por lo que inició recorridos en las regiones en que se registran ordeñas a la red de ductos, arrancando en Acambay, Estado de México.

Dicho programa comprenderá seis acciones que beneficiarán a un millón 688 mil 447 personas con una inversión de tres mil 487 millones: “Esta primera etapa estará iniciada y consolidada en febrero”, refirió el mandatario.

El foco de atención son 91 municipios con mayores índices de robo de combustible: dos alcaldías de la CDMX; 16 municipios de Guanajuato; 23 en Hidalgo; doce en Jalisco; 16 en el Estado de México; cuatro en Michoacán; siete en Puebla; cuatro más en Querétaro, y finalmente siete en Veracruz.

El anuncio lo hizo en el Estado de México. “Aquí en Acambay iniciamos un programa muy especial para apoyar 91municipios por donde pasan los ductos de Pemex y que hace años comenzaron a ser una práctica ilegal al robar combustible, se pinchaban los ductos, ponían válvulas, pero los que más se benefician de ese negocio son unos pocos, y como el pueblo se abandonó y no tiene muchas alternativas se fue creando esta práctica del huachicol para obtener ingresos. Ya no queremos que eso siga pasando, porque como se vio en Hidalgo es un gran riesgo”, explicó AMLO.

La finalidad, señaló el presidente, “es que los pobladores no se vean orillados, por pobreza o necesidad, a llevar a cabo el llamado huachicoleo. El problema del robo de gasolina fue originado por el abandono al pueblo y a la corrupción. Se dedicaron a robar y saquear y le dieron la espalda a los más desprotegidos”.

Explicó que ahora habrá programas de bienestar para que nadie se vea obligado a cometer esos actos. “Con los programas a los que accederán los habitantes del municipio no habrá pretexto para que quienes estén involucrados en dicha actividad ilícita sigan en ella. No queremos ya esa actividad y estoy aquí para decirles que a todo aquel que por necesidad se dedicaba a esa actividad les garantizamos el derecho al trabajo, el derecho a un ingreso suficiente para vivir, para que no tengan necesidad de dedicarse a esas actividades ilícitas y peligrosas”, expuso.

Destacó que los jóvenes que no tengan trabajo serán contratados como aprendices en talleres, empresas, comercios, en el campo, en la ciudad, en los despachos, con un sueldo inicial de tres mil 600 pesos mensuales.

López Obrador añadió que “con este programa de bienestar se enfrentará la práctica lamentable de tener que recoger gasolina de zanjas, fugas o tomas clandestinas”.

Legalidad

A pesar de que un largo compendio de artículos (del 367 al 381) del Código Penal Federal determinan y ponen énfasis en las sanciones por robo en sus diversas modalidades, incluido el hurto de hidrocarburos, las penas no parecen inmutar a los delincuentes porque no son considerados delitos graves.

Por eso en el Congreso se propuso reformar el artículo 19 de la Carta Magna para tipificar como delito grave nueve crímenes que causan mucha problemática social debido a que los delincuentes, por no ser considerados infracciones de alto impacto, salen de la cárcel para seguir su proceso en libertad y continúan haciendo sus fechorías.

En la cámara baja la Comisión de Puntos Constitucionales dictaminó únicamente tres delitos originalmente propuestos por el presidente: corrupción, delitos electorales y robo de combustible.

Entretanto quedaron fuera del catálogo: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada y delitos en materia de armas de fuego y explosivos (como transporte o portación de armas).

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que existe un acuerdo entre las bancadas para votar la reforma que establecería prisión preventiva de oficio para casos de huachicoleo, corrupción y delitos electorales, durante la primera sesión ordinaria del próximo periodo, es decir, el martes 5 de febrero, pero los otros delitos no se han previsto.

Para los especialistas el suceso de Tlahuelilpan pone énfasis en que la violación constante a la legalidad y el Estado de Derecho en este país tiene consecuencias de carácter social, político y económico, al tiempo que destacan que justificar la marginación social para desarrollar actos de violencia como robo (personas, transporte, casa habitación), rapiña, extorsión, secuestro, tráfico de enervantes y por supuesto sustracción de combustibles es sinónimo de seguir victimizando a la pobreza.

El cambio, insisten, está en el gobierno pero también en la sociedad.

FGR

El fiscal general de la República, por su parte, Alejandro Gertz Manero, aseveró que como parte del combate al huachicol “trabajaremos mucho sobre un aspecto fundamental en materia procesal: la extinción de dominio de los predios que tengan alguna vinculación los delitos que provienen del robo de hidrocarburos”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional Gertz Manero expresó que “requeriremos a las instituciones que dependen del Ejecutivo la información necesaria para completar nuestras tareas, para tener la capacidad de que nuestras averiguaciones y nuestras carpetas vayan con toda la solidez que en este caso se necesita. Las denuncias y el apoyo ciudadanos son fundamentales y para eso daremos número y lugares de atención para recibir toda la información ciudadana”.

El fiscal general puntualizó que al solicitar el apoyo ciudadano “no queremos generarle problemas o situaciones de peligro a quienes quieren ayudar: de ninguna manera vamos a cometer ese error. Las personas que nos ayuden recibirán toda la protección y la secrecía necesarias. De otra manera los estaríamos poniendo en grave riesgo”.

Respecto de la posibilidad de señalar a quienes estaban en el área de la toma clandestina en Hidalgo al momento de la explosión como sujetos de alguna responsabilidad, Alejandro Gertz dijo que “no vamos a victimizar a las comunidades: vamos a buscar a los responsables de los actos que generaron esta gran tragedia”.

Seis programas de apoyo social contra huachicol

Fuente:Gobierno federal