LA REFORMA POLÍTICA QUE VIENE (I/III)

Solamente quienes protegen intereses inconfesables no quieren reforma.

Antonio Caporal
Política
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Foto: Especial
Notimex

La Cámara de Diputados inicia la discusión sobre una nueva reforma política electoral y algunas de las propuestas que mayor polémica ocasionan son la de eliminar los institutos y tribunales electorales locales, así como la de reducir el número de consejeros y gastos del Instituto Nacional Electoral (INE).

En 2018 el costo del sistema electoral —que incluye organismos electorales federales y locales, así como prerrogativas de los partidos nacionales y locales— fue cercano a los 44 mil millones de pesos. Y en este 2019, incluso sin elecciones federales y con apenas seis procesos locales (con solamente dos gubernaturas disputadas), el costo será de casi 30 mil millones de pesos.

Morena y sus aliados se muestran ahora decididos a llevar la política de austeridad de la Cuarta Transformación hacia todo el sistema electoral y critican a sus autoridades por oponerse a reducir los cuantiosos gastos que representan, precisamente, los institutos y tribunales electorales.

A su vez los partidos de oposición advierten que no avalarán dichos cambios porque consideran que el gobierno federal y su partido buscan controlar la organización de los procesos electorales, en tanto que los propios consejeros y magistrados electorales argumentan que las modificaciones que impulsa el morenismo representan un retroceso en el sistema democrático.

Cambio total

Desde el inicio de su administración el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que su política de austeridad buscaría reducir los que a su juicio son gastos innecesarios o dispendiosos en las instituciones del Estado mexicano; entre ellos lo erogado en la organización de los procesos electorales en el país.

“No puede ser que tengamos un organismo para organizar elecciones que es el más caro del mundo. ¿Es que es tan complicado organizar una elección limpia y libre? Vamos ventilando todos estos asuntos”, aseveró en su momento el primer mandatario.

En este contexto en marzo pasado el diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, presentó una iniciativa en la que propuso desaparecer los 32 institutos electorales locales, cuya actividad —la organización de comicios para gobernadores, presidentes municipales y diputados locales— pasaría a ser facultad del INE.

“Nuestra propuesta estriba en prescindir de los OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales) para que sea el INE el que desarrolle las actividades de aquellos respecto de los procesos electorales locales. Consideramos que sí es posible que el INE asuma la función que actualmente desarrollan los OPLE. El INE cuenta con la estructura, los recursos humanos y financieros para continuar haciéndose cargo de las funciones con las que hasta el momento tiene”, indica.

A decir del legislador morenista dichos organismos “han resultado muy costosos para la función que realizan”. Y agrega: “No queremos aparatos burocráticos que despilfarren dinero”.

Además Gutiérrez Luna asegura que la desaparición de los OPLE “representaría un ahorro de entre siete mil y nueve mil millones de pesos en un año sin procesos electorales”.

La iniciativa no alcanzó a ser dictaminada en el pasado periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y Morena decidió que antes de presentarla de nuevo en el próximo periodo, que inicia en septiembre, organizaría una serie de foros de Parlamento Abierto para el análisis y discusión de la reforma electoral, con la participación de expertos, autoridades de organismos electorales y legisladores.

Previo al inicio de los foros para analizar la reforma electoral Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que su partido propondría sustituir a todo el Consejo General del INE, además de reducirlo de once a siete consejeros.

Al respecto aclaró: “Morena no quiere controlar a los órganos electorales ni quiere imponer a nadie. Morena no quiere poner a las autoridades electorales pero tampoco quiere que otros partidos lo sigan haciendo”. Señaló que su propuesta sería “cambiar todo el andamiaje y cambiar los métodos”.

Asimismo el diputado morenista ratificó que impulsarían la desaparición de los institutos electorales locales: “No tiene sentido su existencia, porque la Constitución indica que el INE tiene las facultades para hacer esa tarea”. Y consideró que tanto el INE como otros organismos autónomos deben bajar sus gastos, porque hasta hoy “se han servido con el cucharón”.

Adiós a los OPLE

Los foros iniciaron hace unos días y desde su inauguración Morena hizo saber a las autoridades, expertos y legisladores de oposición participantes que no modificaría sus propuestas; y en esto encontraría algunos importantes aliados.

En su participación Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se pronuncia en favor de una centralización de las funciones electorales, desapareciendo tanto a los institutos electorales como a los tribunales electorales locales.

“Hay que desaparecerlos porque los gobernadores siguen manteniendo un control muy importante sobre ellos, a menos de que se garantice la plena independencia de los OPLE y de los tribunales. La reforma electoral que se propone implica establecer un nuevo método de nombramiento de consejeros y de magistrados, donde prevalezca el criterio del mérito y de elección ciudadana”, explica.

El también ex consejero electoral del INE afirma que no se sostiene el argumento de que dicha decisión atenta contra el federalismo: “El federalismo en México es una ficción y existen graves problemas, como la utilización indiscriminada de leyes generales y la coordinación fiscal ya que entre 97 y 98% del presupuesto de una entidad proviene de las participaciones y aportaciones federales. El Congreso de la Unión aprueba leyes generales para quitarles pedazos de autonomía o de soberanía local”.

A su vez el consejero del INE José Roberto Ruiz Saldaña considera necesaria una reforma electoral “atrevida”.

En referencia a quienes critican la propuesta de desaparecer los OPLE, Ruiz Saldaña expresa: “Condeno la falsa retórica y el falso debate entre reforma electoral o incertidumbre electoral, o la amenaza de que si hay cambios llegará el caos”.

Y hasta se lanza contra la propuesta del presidente del INE, Lorenzo Córdova, relativa a instaurar la urna electrónica como método de ahorro: “Y no nos equivoquemos, la urna electrónica no garantiza la transparencia para constatar procesos y resultados”.

Resalta que una reforma electoral debe prever la extinción de los OPLE y al respecto explica que “disminuir el costo del sistema electoral pasa necesariamente por contar con autoridades administrativas y jurisdiccionales únicas”.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, señala en tanto que la reforma electoral busca hacer más eficiente el uso de los recursos públicos sin poner en riesgo la actuación y certeza de los órganos electorales.

Abunda: “No podemos quedarnos de brazos cruzados frente al hecho de que somos la democracia más cara del mundo. La austeridad debe llegar a todos: a los partidos y también a los órganos electorales”.

Privilegios en el INE

El consejero Ruiz Saldaña llama particularmente la atención con su exposición porque es hasta ahora el único funcionario electoral que se pronuncia por reducir el gasto en los comicios y, sobre todo, por acabar con los excesos en el INE.

Sostiene que si bien es cierto que el actual sistema ha permitido las alternancias, “eso no significa que el modelo electoral en sí mismo esté bien. Es ante todo un modelo para organizar elecciones demasiado exigente en recursos financieros. Si a ello sumamos una falta de ética pública, una incultura de privilegios y dispendios de, por ejemplo, quienes se sienten dueños del INE, no hay presupuesto que alcance”.

En este sentido indica que la actual Legislatura “está llamada a darle al pueblo un sistema electoral sencillo que no lastime tanto las finanzas públicas”.

Y en clara alusión a algunos de sus compañeros consejeros, Ruiz Saldaña asegura que “solamente quienes protegen intereses inconfesables y privilegios no quieren reforma electoral que salga de su control; porque saben que los cambios pueden alcanzar al INE y demoler intereses y privilegios; saben que una reforma puede significar el fin de tantos comités técnicos de expertos, que resultan innecesarios toda vez que existen precisamente áreas del INE con expertos”.

Además, dice, “saben que una reforma electoral puede democratizar y transparentar el ejercicio de los recursos públicos, hoy en manos de únicamente dos personas. Saben que una reforma electoral podría poner candados a tantas subcontrataciones. Saben que los cambios pueden llegar incluso al diseño institucional del propio INE y terminar con áreas duplicadas y sobrantes. Saben, en suma, que una reforma electoral que quite el esoterismo dejará un sistema y un modelo para organizar elecciones con el cual no podrán justificar más sus excesos y privilegios”.

En este sentido asevera que nuestros enormes niveles de pobreza y desigualdad no permiten que los funcionarios electorales se den lujos: “No regateemos liberar recursos para el desarrollo y la prosperidad de nuestros hermanos mexicanos en condiciones lacerantes”.

Si algo queda claro es que Roberto Ruiz Saldaña desde hace tiempo impulsa que se termine con los excesos en el instituto por parte de varios de los funcionarios. Apenas en mayo pasado, al constituirse la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, el consejero reprochó las conductas de algunos de sus pares en el Consejo General: “Desde su creación se sienten dueños del INE los consejeros electorales Marco Antonio Baños y Ciro Murayama. Por sexta ocasión, es decir, de forma ininterrumpida integrarán la Comisión Temporal de Presupuesto. Pero no debiera preocuparnos el acaparamiento de las comisiones permanentes ni, como ahora, de una las comisiones temporales; tampoco debiera preocuparnos la grandísima incongruencia de predicar hacia afuera lo que no hacen adentro. Así son, así han sido y seguramente así seguirán siendo”.

Precisó Ruiz Saldaña: “Lo que debe preocuparnos y llamar la atención de la opinión pública son las motivaciones que han de tener para mantenerme excluido de la comisión que habrá de evaluar el presupuesto aprobado para 2019 y efectuar la programación y presupuestación para 2020. Seguramente no quieren que como integrante de esa comisión ponga a discusión que otro presupuesto y otro INE son posibles”.

No han de querer reconocer, añadió, que “hay un abuso de viajes al extranjero, comenzando por los que realiza el amparado consejero presidente (tramitó un amparo para que no le reduzcan su salario); les ha de molestar que vaya a proponer, como integrante de esa comisión, que lleguen ustedes al trabajo por sus propios medios: consejeros electorales Marco Antonio Baños y Ciro Murayama, el pueblo mexicano no tiene por qué pagar el costo de vehículos para que lleguen a trabajar. ¡Basta de privilegios! ¿Cuántos mexicanos no llegan por sus propios medios al trabajo? Nada justifica ese privilegio que ustedes se autoasignan”.

Asimismo lanzó una serie de cuestionamientos a sus compañeros consejeros: “Les pregunto: ¿Van a mantener el seguro de separación individualizada para la alta burocracia? ¿Van a permitir que el pueblo mexicano tenga que poner un peso por cada peso que ustedes ahorran? ¿Van a mantener ese privilegio sabedores que hay compañeros que no ganan ni cuatro mil pesos a la quincena?”

Y siguió: “¿Revisarán el pago de membresías del INE a organismos internacionales? ¿Nos darán cuenta de cómo hay un contrato multimillonario de servicios de comedor en oficinas centrales, no obstante la muy mala calidad de los alimentos? ¿Seguirán presupuestando un contrato multimillonario de servicios de limpieza también en oficinas centrales, no obstante la precariedad laboral en la que están los trabajadores? ¿Continuarán presupuestando recursos para tanta subcontratación a pesar de que hay áreas en el INE que pueden y deben realizar esos trabajos? Es momento de empezar a ver las cosas distintas en términos de presupuesto”.

Advertencias

En las discusiones sobre la reforma electoral el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que el organismo no podría hacerse cargo de todas las elecciones del país: “En las condiciones actuales no puede organizarlas todas. Habría que refundar al INE y eso significa tener una institución mucho más grande, porque tendrá nuevas atribuciones, y mucho más presupuesto del que se le destina”.

Sostuvo que el sistema electoral del país funciona bien y es perfectible; sin embargo advirtió que “cambios mal planeados, mal procesados o malintencionados pueden implicar una regresión en la democracia”.

Córdova también afirmó que si desaparecen los OPLE se provocaría una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral.

Asimismo propuso implementar la urna electrónica para reducir los costos del sistema electoral. Con esta medida, dijo, “solamente en elecciones federales habría ahorros de cuatro mil 500 millones de pesos”.

También planteó que se modifique la Ley General de Partidos Políticos para reducir las prerrogativas que se otorgan a las fuerzas políticas locales: “Con esto se reducirían en el plano local casi dos mil 500 millones de pesos al año”.

En consecuencia, precisó, con estas dos propuestas se podrían ahorrar casi siete mil millones de pesos.

También Jesús Zamora, contralor del INE, afirmó que si desaparecen los OPLE el INE debe ser dotado de mayores recursos.

En tanto José Fernando Ojesto, ex magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), expresó que una reforma electoral asociada al federalismo no es viable y señaló que tampoco es indicado desaparecer los organismos locales.

En este sentido criticó que se utilicen argumentos economicistas de tinte neoliberal para justificar el cuidado del dinero destinado a asuntos electorales: “Hay que reformar porque sale muy caro. ¡Ah, pues ahora somos neoliberales, ahora andamos buscando el cuidado de los dineros y a ver!”

Con el ex magistrado coincidió el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Luis Eduardo Medina, quien advirtió que sustentar una reforma electoral en el argumento de la austeridad no es viable.

Bloque opositor

Los dirigentes nacionales de PAN, PRI, MC y PRD rechazaron las propuestas de Morena para construir una nueva reforma electoral toda vez que, aseguran, carece de consensos, vulnera la autonomía de organismos y debilita la democracia.

La discusión continuará en el Congreso de la Unión durante las próximas semanas y será en el próximo periodo ordinario de sesiones cuando se vote por una nueva reforma, una que busque reducir el costo del sistema electoral con medidas como, por ejemplo, frenar los excesos y privilegios de los funcionarios del INE.

Costo del sistema electoral

Año

INE

Partidos nacionales

TEPJF

Total

*2018

17,512,354,635

6,702,973,351

3,893,200,000

28,108,527,986

**2019

10,397,209,394

4,965,828,351

2,606,400,000

17,969,437,745

*Con elecciones federales

**Sin elecciones federales

Fuentes: INE y TEPJF

Año

Institutos locales

Partidos locales

Tribunales locales

Total

*2018

8,642,044,152

5,621,784,863

1,527,799,381

15,791,628,396

**2019

4,674,090,838

4,598,202,939

1,482,767,604

10,755,061,381

*Con elecciones en 30 entidades

**Con elecciones solo en seis entidades

Fuentes: Institutos y tribunales electorales locales

Los gastos del INE

En 2019 el INE y los partidos nacionales, sin que se celebren comicios federales, tendrán un presupuesto de 15 mil 363 millones 37 mil 745 pesos.

El gasto de operación del instituto es de diez mil 397 millones 209 mil 394 pesos.

Los siguientes son algunos de los rubros de gasto que tiene el INE.

Presidencia del Consejo General $53,020,610

Consejeros Electorales $180,186,475

Secretaría Ejecutiva $42,704,763

Comunicación Social $74,183,028

Juntas Locales Ejecutivas (32)$1,424,135,310

Juntas Distritales Ejecutivas (300)$4,583,777,853

Pago de estímulos a servidores públicos $767,307,556

Alimentos y utensilios $22,597,348

Servicios de arrendamiento $1,259,213,390

Servicios de comunicación y publicidad $46,048,406

Ayudas sociales $123,894,972

Fuente: Presupuesto de Egresos del INE 2019