De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es responsable de encabezar una red delictiva que desvió al menos 439 millones de pesos provenientes del erario público, dinero que se entregó a empresas fantasma que a su vez lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres.
La indagatoria del Ministerio Público, que contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, indica que entre 2012 y 2013, a través de las secretarías de Educación y Salud de Veracruz, se concedieron contratos a las compañías Evolución de Diseños, Farmacias Genéricos, Solaris Technologies, Gali Textil y Aglomerados de Concreto del Papaloapan, empresas fachada creadas para recibir y repartir 223 millones de pesos de recursos públicos, razón por la que se concedió la orden de aprehensión contra Duarte el 13 de octubre de 2016.
La PGR documentó la ruta que siguió el dinero a través de transferencias electrónicas (SPEI), donde descubrió que los recursos fueron traspasados a por lo menos a otras nueve empresas: Edifica México, Benfa Inmobiliaria, Diseño Arquitectónico Malva, Diseños Arquitectónicos Aylin, Sacmet Inmobiliaria, Agatone Advisor, Medical Health Services H2S, Anivis International y grupo Inmobiliario Boing.
Con el apoyo de la Secretaría de Hacienda se detectó que todas ellas traspasaron el dinero a una empresa de tercer nivel denominada Consorcio Brames, que simuló la compra de terrenos ejidales con sobreprecio en Campeche, los cuales eran propiedad de presuntos prestanombres de Duarte que fingieron ser ejidatarios, entre ellos el empresario Moisés Mansur y el abogado José Juan Janeiro Rodríguez.
La PGR expuso ante el juez que el dinero, ya en poder de los presuntos prestanombres, se usó con diversos fines, entre ellos la compra de un rancho de lujo en el Estado de México, un yate, joyas y la inversión en diversas propiedades en Guerrero, Ciudad de México, Veracruz, así como Texas y Florida, en Estados Unidos.
Además de este proceso, la PGR integra dos investigaciones más relacionadas con movimientos a través de empresas fantasma en Veracruz. Una por 200 millones de pesos que empresas contratistas entregaron a una compañía de nombre Inmobiliaria Terra; la otra por el caso de 20 compañías fantasma que también recibieron recursos públicos: en total 215 millones 861 mil pesos.
De regreso
En la primera comparecencia de Javier Duarte en México luego de su extradición desde Guatemala, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la CDMX, Gerardo Moreno García, dictó prisión preventiva al ex gobernador de Veracruz por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, promovidos por el gobierno federal.
En la audiencia el grupo de abogados del ex mandatario comenzó a mover sus piezas legales en busca de echar abajo los delitos imputados a su cliente.
La audiencia estuvo marcada por cuestionamientos de la defensa y del propio ex gobernador hacia los fiscales de la PGR que expusieron el expediente en su contra: de los 439 millones de pesos de recursos federales presuntamente desviados por Duarte, solo pudieron acreditar en primera instancia 38.5 millones de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Ante ello, el juez Moreno García puso en duda la labor de los agentes del Ministerio Público federal encargados del proceso: Pedro Guevara, Martha Esthela Ramos y Nely Nabor.
“Los números no cuadran, eso está claro”, señaló el juez, y acusó a los fiscales de exponer datos “incongruentes” e incluso les hizo ver que las cifras se contradecían directamente con las que la propia PGR le había dado hace unos meses, cuando se le solicitó la orden de aprehensión.
El juez Moreno García advirtió inclusive que era la tercera vez que la PGR presentaba diferentes agentes del Ministerio Público en audiencias relacionadas con esta causa penal. “Es la primera vez que yo los veo a ustedes. Este caso ya lo conozco, puesto que también vinculé y sentencié a dos personas detenidas con anterioridad (las hermanas Nadia y Eva Arzate Peralta). La defensa ha hecho preguntas muy simples y ustedes no pueden forzar las respuestas. Es evidente la dificultad para encontrar los datos que les están siendo requeridos”, sentenció.
A pesar de las imprecisiones de los fiscales de la PGR, el juez del Reclusorio Norte negó a Duarte la posibilidad de seguir su proceso en libertad, debido a que el delito de delincuencia organizada no permite la libertad bajo fianza.
“Está claro que el caso se está desmoronando”, aseveró por su parte el abogado de Javier Duarte, Marco del Toro.
Reacciones
De manera inmediata la actuación de los funcionarios de la PGR durante la audiencia de Javier Duarte generó sospechas entre la clase política sobre un posible pacto para que se dicte una sentencia reducida o sea absuelto de las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero.
“De no realizar la PGR una investigación profunda y hacer justicia a los veracruzanos, el caso Duarte se entendería como un chivo expiatorio temporal, como un acuerdo político para dejarlo salir en poco tiempo”, advirtió, por ejemplo, la coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna.
Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional del PAN, exigió por su parte al gobierno federal aplicar sin pactos todo el peso de la ley contra Duarte. “Todos los que integran su red de complicidades deben ser investigados, devolver lo que se robaron y pagar sus delitos con prisión. No queremos pactos de impunidad”, externó.
El senador Miguel Barbosa, de Morena, afirmó en tanto que todo apunta a que las carpetas de investigación en contra de ex gobernadores están construidas con deficiencias para que ellos ganen.
Mientras, las bancadas del PAN, PRD y Morena en la Cámara de Diputados acusaron a la PGR de armar deliberadamente un caso mal sustentado contra Javier Duarte a fin de que el ex gobernador purgue una condena menor.
El coordinador de la bancada perredista en la cámara baja, Francisco Martínez Neri, dijo que “hay gente de carrera en la PGR que tiene ahí muchos años, por lo que es inconcebible que puedan cometer pifias, sobre todo cuando es un problema tan grande que requiere de una instrumentación para que no haya falla alguna en el proceso”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso de Veracruz, Juan Manuel de Unanue Abascal, urgió a integrar correctamente las denuncias en contra de Duarte, por lo que habrán de estar muy pendientes de la forma en que la PGR sostiene el caso ante el juez.
“El Congreso local solicitaría que le impute cargos por desvío de recursos del erario al ex gobernador y se debe hacer un exhorto desde el Poder Legislativo para que la Federación amplíe los cargos contra el ex mandatario”, puntualizó De Unanue.
Paciencia
Ante la oleada de críticas y desconfianza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, pidió esperar el resultado del proceso que realiza la PGR contra el ex gobernador de Veracruz y advirtió que no debe haber impunidad en ningún caso.
“La PGR ha estado haciendo su trabajo; lo ha hecho bien; ha estado informando. Es un proceso que hay que vigilar, cuidar, llevar… Y la PGR es una institución en la que, más allá de los que estén al frente, hay hombres y mujeres que vienen haciendo su trabajo durante muchos años”, expuso.
Osorio agregó que hay que tener fe en la institución, “en el trabajo que van a realizar y esperar a que el proceso siga; y, derivado de ello, entonces el juez a quien toque el tema lo pueda resolver conforme a la ley”.
De tal suerte, remarcó, que la institución habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la propia ciudadanía.
Osorio comentó que el asunto apenas inicia y “hay que darle tiempo”.
Cabe señalar que las acusaciones federales contra Duarte están sustentadas por la PGR en documentos de las empresas y las compras presuntamente involucradas en el esquema de corrupción vinculado con el ex gobernador, así como en entrevistas con sus presuntos cómplices.
Otros pendientes
Por su parte el secretario de Salud federal, José Narro Robles, expuso que la dependencia a su cargo ha interpuesto 23 denuncias penales para que se investigue el probable desvío de 650 millones de pesos de recursos destinados a salud durante el mandato de Javier Duarte de Ochoa.
Narro Robles lamentó que los recursos públicos se hayan desviado y aseveró que “la gente por supuesto tiene un gran dolor cuando se desvían recursos públicos, cuando no se utilizan para lo que son, en un acto desdeñable. Pero cuando además se trata del área de la salud esto es todavía más duro y sensible y provoca más molestia, más encono, más irritación con absoluta razón”.
Por otra parte, es necesario recordar que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investiga a Duarte de Ochoa por presunto desvío de recursos públicos a campañas priistas por mil 300 millones de pesos, por lo que ejecutaría orden de captura contra Duarte tras ser extraditado, ya que la legislación de Guatemala no prevé delitos electorales.
Además de este proceso penal Duarte tiene pendiente su defensa ante las autoridades de Veracruz, donde el gobierno estatal presentó causas penales en su contra por abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición en agravio del servicio público, relacionados con el uso indebido de una aeronave y por el desvío de 220 millones de pesos.
Seguimiento
Los próximos meses serán clave para el proceso que se seguirá contra el ex gobernador de Veracruz.
De inicio, el 3 de agosto se llevará a cabo la audiencia constitucional en la que se determinará si concede suspensión definitiva o se niega el amparo al ex mandatario veracruzano luego de que la juez primera de distrito en materia de amparo con sede en la Ciudad de México, Sandra Robledo Magaña, concedió una suspensión provisional contra cinco delitos del fuero común: peculado, tráfico de influencias, incumplimiento del deber legal, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, promovidos por la Fiscalía General de Veracruz.
El siguiente paso será que el juez defina los plazos para que ambas partes recaben pruebas, que deberá ser de hasta seis meses pero con la posibilidad de ser prorrogado si hay justificación para ello.
Aparte de los procesos abiertos en los fueros federal y estatal, las autoridades de ambos niveles pueden presentar nuevos cargos, previa solicitud de autorización a Guatemala, al ser el país que entregó a Duarte, de acuerdo con el tratado de extradición entre ambas naciones, ya que en las indagatorias la PGR identificó cuentas bancarias ligadas a presuntas operaciones de lavado de dinero del ex gobernador de Veracruz en Suiza, ligadas a los propietarios de la empresa Consorcio Brames.
Sin embargo, la PGR informó que no ha podido acceder a las cuentas para conocer los montos y movimientos realizados, por lo que se pedirán seis meses más al juez para completar las investigaciones.
Asimismo, indicó que solicitó asistencia internacional para conocer el flujo de recursos hacia esas cuentas.
Suiza es el tercer país al cual la dependencia federal ha solicitado colaboración internacional en la investigación contra el ex gobernador, ya que anteriormente se solicitó la ayuda de Estados Unidos y España para rastrear varias propiedades ligadas a Duarte y su círculo familiar y de amigos.
Por lo pronto, Javier Duarte de Ochoa duerme ya tras las rejas en territorio mexicano.