La producción de alimentos es para la mayoría de los países un aspecto central para su desarrollo debido a las implicaciones sociales y económicas que trae aparejada, ya que una nación que no produce lo que consume pierde su soberanía alimentaria y se expone a escasez, dependencia y altos precios de los productos que requiere su población para el consumo.
Los expertos advierten que garantizar el suministro de víveres no es suficiente en un entorno de pobreza —sobre todo en el — y de hambre en amplias regiones, a lo que hay que sumar factores como el cambio climático, que conlleva sequías en diversas regiones del planeta, así como lluvias torrenciales que causan graves daños a la agricultura y a la población.
Por ello el gobierno de México y el Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) crearonun frente común para hacer encarar esos retos y “democratizar” la producción alimentaria de todos los involucrados en el sector mediante métodos sustentables que conserven el medio ambiente.
Contexto
En nuestro país la producción de alimentos, si bien cuenta con una sólida industria de exportación, enfrenta graves problemas por la falta de producción en el po, entre otros factores por la fragmentación de la tierra de cultivo que genera cosechas magras, hambre y pobreza extrema de los campesinos.
De ahí que para analistas el convenio suscrito sea una oportunidad para empezar a revertir los rezagos que enfrentan los productores del campo y dar un impulso para generar una mayor producción de alimentos para el consumo interno que evita una mayor dependencia alimentaria y reduzca los niveles de subsistencia y pobreza entre los campesinos mexicanos.
Mediante la experiencia internacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la FAO acordaron el establecimiento de mecanismos para aumentar la productividad rural, reducción de pobreza y manejo sostenible de los recursos naturales, con un enfoque puesto en la pequeña agricultura.
Especialistas en alimentación y funcionarios federales coincidieron en que la productividad es una de las principales prioridades de las políticas públicas en el campo mexicano, con la que se busca una producción más rentable que a su vez permitiría la reducción de la pobreza.
Para Fernando Soto Baquero, representante de la FAO en México, “el desafío fundamental es producir más alimentos para más personas con menos recursos, frenando el deterioro de los recursos naturales: suelos, agua y biodiversidad. Esto conduce a que los aumentos de la productividad deban lograrse con estrategias integrales de intensificación sostenible”.
Por ello resalta que frente a ese desafío todos los actores públicos y privados involucrados en el sistema alimentario tienen responsabilidades: los productores de alimentos, la ciencia, tecnología e innovación, la industria alimentaria, el gobierno, el Poder Legislativo y las organizaciones de productores.
Añade que el desafío mundial es producir más alimentos con menos recursos (tierra, agua y biodiversidad). Y de ahí la importancia de fortalecer las políticas públicas globales de manera integral a efecto de proveer a los pequeños productores de tecnologías e innovación, toda vez que se trata de un sector estratégico para garantizar la seguridad alimentaria.
El titular de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, destaca por su parte la necesidad de la agricultura familiar para contribuir a una mayor producción de alimentos y señala que el gobierno federal desarrolla políticas públicas enfocadas a intensificar el desarrollo de buenas prácticas en la producción agroalimentaria y a fortalecer la agricultura familiar y pequeñas unidades productivas, mediante la vinculación de la investigación e innovación, así como una estrategia en la inclusión y la democratización de la productividad en el campo.
Martínez reconoce que, aun cuando hay avances, falta mucho por trabajar para lograr contrarrestar la pobreza en el ámbito rural con agricultores de autoconsumo, sector al cual están dirigidos programas y acciones para promover su integración a las cadenas de valor y los mercados locales y regionales por medio de la asociatividad y la aplicación de incentivos a la productividad.
Relegada
En el campo mexicano predomina la pequeña unidad campesina, pues de las cuatro millones 69 mil 938 Unidades de Producción (UP) con actividad agropecuaria o forestal 70% son menores o iguales a cinco hectáreas.
De acuerdo con la iniciativa Valor al campesino, promovida por Organizaciones No Gubernamentales, centros de investigación del campo mexicano y especialistas en la producción de alimentos, no obstante las condiciones precarias para producir y la falta de apoyos económicos gubernamentales la pequeña unidad campesina genera 40% de la producción agropecuaria nacional y cuenta con un elevado potencial productivo por desarrollar.
El reporte resalta que siete de cada diez de estas UP son productoras de maíz blanco y amarillo y seis de cada diez de frijol; la pequeña unidad genera 60% del empleo agropecuario familiar y contratado; además de que mantiene la diversidad biológica, de manera destaca la del maíz, la base de la alimentación de los mexicanos.
También resguarda los recursos naturales y es una importante abastecedora de la agroindustria nacional.
Todo lo anterior, subraya el informe, “lo hace en solo 17% de la superficie laborable de nuestro país, en su mayoría con condiciones de temporal y escasos apoyos públicos de fomento productivo”.
Y pese a su importancia en la producción de alimentos y en la generación de empleos en el campo, lo que los hace sujetos productivos indispensables para el desarrollo del campo y para garantizar el abasto de alimentos, la iniciativa expone que la agricultura campesina ha sido relegada en las últimas tres décadas, propiciando que la economía rural se haya estancado y no crezca a más de 2% anual.
Además se dejaron de crear empleos en el campo, se disparó la pobreza y la migración, por lo que México comenzó a transformarse en un país dependiente alimentariamente y en crisis nutricional.
La iniciativa Valor al campesino afirma que es vital para el país valorar y apoyar a ese sector, sus medios y modos de vida, producción y cultura, para lo cual es necesario mantener la propiedad social de la tierra y el agua como base de la producción campesina de alimentos y como bienes básico para la producción social y la plena realización de los derechos a la alimentación, el agua y a la vida.
Resalta que hoy es indispensable revalorar y fomentar el potencial productivo de las y los pequeños productores agrícolas, así como hacer justos, progresivos y eficientes los programas dirigidos a este sector, al igual que los apoyos técnicos y económicos, ya que mejorar sus condiciones productivas redundará en beneficios para toda la sociedad.
Fortalecimiento
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Víctor Suárez Carrera, asegura en tanto que el sector de pequeños y medianos productores ha estado excluido en los últimos 30 años y en el mejor de los casos se le ha tratado como un sector de pobres al que se canaliza ayuda asistencialista.
En su opinión, en ese periodo no se ha sacado de la pobreza a la población rural y, por el contrario, se ha generado un deterioro de la cultura productiva en el campo y un uso político-electoral de los programas gubernamentales.
El experto hace énfasis en señalar la necesidad urgente de cambiar esta situación “para considerar a este sector de 85% de pequeños y medianos productores de sujetos productivos con un alto potencial de crecimiento, que requiere de parte del gobierno federal una política integral de apoyos”.
Suárez Carrera dice que el acuerdo de la FAO y el gobierno federal debe poner en el centro a este sector y establecer políticas, programas y presupuesto a fin de potencializarlo para aumentar la producción de alimentos, evitar las importaciones, generar empleos y reactivar la economía de las familias y comunidades de pequeños y medianos productores.
Lo anterior, subraya, junto con el aumento del consumo local y con una organización productiva que permita una agricultura más resistente frente a los cambios climáticos, con la disminución de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
“La finalidad de la política alimentaria del gobierno mexicano debe ser fortalecer a la agricultura para la alimentación de la población, tener una producción para el mercado interno, porque la dependencia alimentaria es altamente riesgosa: genera vulnerabilidad frente a situaciones políticas externas y se está expuesto a la volatilidad de los mercados agrícolas internacionales, que provoca altos precios de los alimentos lo que afecta la economía popular”, subraya.
El analista agrega que el acuerdo requiere sobre todo de reorganizar la actual situación en el campo mexicano y asignar presupuesto suficiente para apoyar a los programas de fomento a la producción alimentaria, así como una readecuación de la investigación y la educación para que estén vinculadas a las necesidades de un fomento productivo integral del pequeño productor y sus familias.
Y concluye que es necesario hacer un cambio de políticas de apoyo de manera radical para contar con un financiamiento apropiado, precios remunerativos y un sistema de certidumbre de la comercialización de las cosechas, y con ello revertir la actual situación de los pequeños y medianos productores del país.
