En el Poder Legislativo la polémica en torno de la consulta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) trascendió el tema de los resultados de la consulta en cuanto a cifras de votos y la determinación final que tomará el próximo gobierno: en el Congreso se discutió más bien sobre la legalidad, la ilegalidad o la alegalidad del proceso.
Fue en esta coyuntura que en el Senado de la República se presentaron un par de iniciativas en busca de modificar o reglamentar esta clase de consultas en el futuro inmediato.
Una de ellas, presentada en voz de la senadora Mónica Fernández, del grupo parlamentario de Morena, plantea adiciones a las fracciones IX y X del artículo 35 constitucional para establecer las figuras de plebiscito y referéndum a fin de que los ciudadanos opinen y participen de manera directa sobre la política oficial del gobierno federal y en la aprobación de textos legales o constitucionales por parte del Congreso de la Unión.
Práctica recurrente
La legisladora fundamentó la propuesta al señalar que desde hace varios años la mayoría de ordenamientos jurídicos occidentales establecen la regulación y práctica de la democracia participativa, como son los casos de Reino Unido, Francia y Finlandia, países con tres tradiciones jurídicas distintas y que adoptaron este modelo como una nueva forma de gobernar, corrigiendo y mejorando constantemente su marco jurídico.
En América Latina, agregó, la democracia participativa mediante consultas populares está prevista en 17 países.
Recordó que diversos instrumentos jurídicos internacionales de los que México forma parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos —también conocida como Pacto de San José— y la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, reconocen el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones públicas de sus naciones.
Señaló que la democracia participativa debe entenderse como un instrumento estrictamente ciudadano, del pueblo para el pueblo: “Cada día nuestro país tiene ciudadanos más demandantes y con mayor frecuencia quieren explicaciones y respuestas del acontecer nacional”.
Explicó que la iniciativa considera al referéndum como un procedimiento jurídico para consultar a la ciudadanía sobre la abrogación o derogación de disposiciones legales y constitucionales, así como de decretos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general expedidos por el Poder Legislativo.
Y añadió que el plebiscito se define a su vez como un instrumento de consulta directa sobre algún asunto de excepcional importancia en la vida colectiva que, por comprometer el destino nacional, requiera el expreso consentimiento de los ciudadanos.
“Estos mecanismos de la democracia representativa garantizarán que los ciudadanos participen de manera activa y proactiva para instaurar un Estado de Derecho con un andamiaje legal y con estructuras sólidas que contribuyan a la composición de un país más democrático e incluyente, donde se tome en cuenta a todos por igual y no solo a aquellos sectores de la sociedad que representen intereses específicos con capacidad de influir en la opinión pública”, puntualizó ante el pleno la senadora Fernández.
Oposición
Por su parte el grupo parlamentario del PRI —que expresó abiertamente su rechazo a la consulta sobre el NAIM por considerar que carece de constitucionalidad y transparencia— presentó una iniciativa de reforma al artículo 35 de la Constitución para establecer que no puedan ser objeto de consulta popular los proyectos de obras de infraestructura pública de carácter federal.
Al argumentar la propuesta la senadora Claudia Ruiz Massieu indicó a nombre de su bancada que ya en 2012 se legisló la figura de consulta a la ciudadanía, con lo que se fortaleció la democracia al involucrar a la sociedad en la toma de decisiones legislativas y de gobierno.
“Es ahí donde se plantea incluir las obras de infraestructura pública de carácter federal a fin de evitar riesgos de que se cancele un proyecto fundamental para el desarrollo nacional”, subrayó la legisladora priista.
Este punto se uniría a los que existen en la fracción VIII, numeral tercero, del artículo 35 constitucional y que especifican que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, así como la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
“Lamentablemente hoy se corre el riesgo de desacreditar los mecanismos de democracia participativa a partir de un ejercicio mal planeado y peor implementado. Se trata, desde nuestro punto de vista, de una maniobra política y una falsa democracia”, sentenció la senadora.
La iniciativa obtuvo apoyo de los coordinadores de las bancadas de PRD, PAN y PVEM.
Equilibrio
Uno de los aspectos que prevaleció en la semana en el ámbito legislativo es el de la paridad de género. Al respecto, senadoras del PAN propusieron un punto de acuerdo por el que exhortan al presidente Enrique Peña Nieto para que en el marco de la terna de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplique la paridad de género.
La senadora Indira Rosales explicó que se propone al Ejecutivo que en la próxima terna que presente los tres posibles postulantes para el puesto de ministro de SCJN sean mujeres.
Agregó que la representación de las mujeres en la SCJN es únicamente de 18%, por lo que consideró como “desafortunado que a pesar de ser el máximo órgano de justicia en nuestro país de los once ministros solo dos son mujeres”.
Por separado en la Cámara de Diputados el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, de la fracción de Morena, presentó una iniciativa de reforma constitucional para alcanzar la paridad de género en la función pública, autonomía reproductiva, erradicación de la violencia, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva, todo con un enfoque de derechos humanos.
Muñoz Ledo informó al pleno de San Lázaro que el objetivo es actualizar el marco jurídico en estos temas para garantizar esos derechos en el ámbito civil, social, laboral y educativo.
La iniciativa también prohíbe la discriminación motivada por origen étnico o nacional y toca elementos de la vida laboral, así como un mecanismo para alcanzar la paridad entre ministros de la Suprema Corte.
Muñoz Ledo expresó que de aprobarse la iniciativa en menos de una década habría igualdad sustantiva y paridad en todas las funciones públicas y privadas.
El presidente de la Cámara de Diputados destacó que el actual Congreso de la Unión es el que cuenta con más presencia de mujeres; sin embargo, reconoció, “aún hay un enorme déficit en la paridad de los cargos públicos. De los once integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, únicamente se cuenta con dos ministras; hay solo tres gobernadoras; apenas 24% de ayuntamientos lo encabezan mujeres; en las Fuerzas Armadas existen tres generalas; la presencia femenina es escasa en puestos de dirigencia sindical y consejos empresariales y en la Iglesia, ni hablar”.
Muñoz Ledo precisó que en un transitorio se pretende establecer que para el nombramiento de los ministros de la SCJN el presidente de la República someta a consideración del Senado únicamente ternas compuestas por mujeres hasta lograr la paridad de género en su integración.
Aborto
En el mismo tenor de los derechos de las mujeres la diputada morenista Lorena Villavicencio presentó una iniciativa para que a nivel nacional se despenalice el aborto durante las primeras doce semanas de embarazo.
Con reformas a la Constitución y al Código Penal federal se busca reconocer el derecho de las mujeres a abortar sin que haya sanción de por medio, así como al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía reproductiva de las mujeres.
La iniciativa de la diputada Villavicencio propone eliminar del Código Penal federal la sanción por el delito de aborto antes de las doce semanas de gestación y establece que ninguna legislación local podrá restringir el derecho al aborto ni tipificarlo como un delito que amerite una pena privativa de la libertad.
Arely Gómez González
En el marco de la glosa del VI Informe de Gobierno la secretaria de la Función Pública se presentó ante las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la cámara baja. Los diputados la cuestionaron sobre los casos Odebrecht y sus filiales, el socavón del Paso Exprés y la transparencia en programas gubernamentales, entre otras cosas. La funcionaria respondió que la dependencia a su cargo investiga diversos casos, como el patrimonio de la titular de la Sedatu, Rosario Robles, y del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Añadió que estas indagatorias están en etapa de derecho de audiencia.
Ildefonso Guajardo Villarreal
Al secretario de Economía le tocó esta semana acudir ante las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad e Infraestructura en la cámara baja, donde los diputados le cuestionaron la renegociación del TLCAN, el subsidio a gasolinas y los salarios. En alusión a su declaración previa en el Senado en el sentido de que “los pobres no comen gasolina: comen tortilla”, Guajardo puntualizó que al gobierno no le estorban los pobres, al contrario, son el objetivo del trabajo de la administración actual.
Eviel Pérez Magaña
Senadores de la República recibieron al secretario de Desarrollo Social en el pleno. De manera inevitable el tema crucial fueron los casos de corrupción en los que se vincula a la Sedesol, con asuntos como la llamada Estafa maestra. Al respecto, Pérez Magaña refirió que en la Auditoría Superior de la Federación, la PGR y la Secretaría de la Función Pública siguen los procedimientos abiertos. “Tenemos en este momento más de 500 denuncias penales, todas ellas en proceso”.
Gerardo Ruiz Esparza
Diputados de todas las fracciones parlamentarias solicitaron al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) explicaciones sobre el socavón del Paso Exprés, la construcción de trenes, la Red Compartida, el nuevo aeropuerto, la participación de asociaciones público-privadas y la infraestructura en telecomunicaciones. En su comparecencia el titular de la SCT señaló que ya se indemnizó a las familias de las víctimas en el Paso Exprés y comentó que, después de este hecho, han sucedido 40 socavones más en diferentes ciudades.