Sin freno, la inseguridad pública en Guerrero

Muchas fueron las promesas que lanzó Héctor Astudillo que ahora se traduce en un lastres de ingobernabilidad para la sociedad guerrerense

Norberto Vázquez
Política
Héctor Astudillo.
Foto: Cuarto Oscuro

Diversas fueron las propuestas de campaña del actual gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para acabar con la inseguridad pública en el estado, pero hasta el momento todo queda en promesas incumplidas mientras que médicos, ganaderos, pequeños comerciantes, grandes empresarios turísticos y la sociedad en general alzan ya sus voces para exigir que la actual administración estatal haga algo para frenar los flagelos delictivos que avasallan a la entidad.

Para los habitantes de Guerrero el azote de inseguridad que impera en el estado se traduce en robos, secuestros, extorsiones, abigeato, asesinatos, desapariciones forzadas y demás ilícitos que tienen a la sociedad guerrerense sumida en una de las peores crisis de desarrollo social que se recuerde en los más recientes años.

Es precisamente debido al incumplimiento de las promesas de campaña que en su momento hizo Astudillo Flores en el sentido de que frenaría la impunidad delictiva, que hoy diversas organizaciones del sector privado de Guerrero dicen que su hartazgo por la inseguridad alcanza tal grado, que para proteger sus bienes y propiedades evalúan la posibilidad de “armar su seguridad personal”, lo que se traduce en una situación desesperada ante la poca efectividad del gobierno estatal.

Cifras

La información más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), señala que durante el primer semestre de 2016 se registraron en Guerrero mil 52 homicidios dolosos, colocando al estado en el segundo lugar nacional.

En 2015 fueron 943 los casos registrados en el mismo periodo, lo que representa una diferencia de 109 asesinatos, que en términos comparativos muestra un incremento de 11.5% para el primer semestre del año.

Cabe señalar que Acapulco mantiene desde hace tres años el índice más alto de asesinatos en el estado y en este primer semestre de 2016 tiene un promedio diario de 2.6, cifras poco alentadoras aunque Héctor Astudillo se comprometió firmemente a terminar con esa pesadumbre.

Alto a la inseguridad

Por tal situación de ingobernabilidad, diversos sectores de la entidad critican severamente a la administración de Astudillo Flores por sus promesas incumplidas.

Por ejemplo, médicos de hospitales públicos y privados manifiestan que varios de sus compañeros han sido asesinados este año, lo que provoca que especialistas y enfermeras huyan a otras ciudades e incluso al extranjero.

De manera reciente, en una conferencia en el zócalo de Chilpancingo, uno de los galenos denunciantes —quien apareció con un tapabocas para proteger su integridad— hizo revelaciones sorprendentes: “En Acapulco es donde ha habido más crímenes, secuestros y cobro de cuotas. Solo en el último mes fueron asesinados tres médicos y en Chilpancingo fue secuestrado un enfermero”, detalló.

Mencionó que el gremio se encuentra bajo asedio: “Ya pedimos la intervención del gobierno para que brinden seguridad y hagan justicia a los familiares de las víctimas”. Asimismo, propuso que los heridos durante enfrentamientos sean llevados a hospitales militares, ya que el personal civil de hospitales públicos y privados está expuesto cuando los pistoleros llegan “a rematarlos”.

Al mismo tiempo, comerciantes, académicos e integrantes de la Iglesia católica de la capital del estado anunciaron el proyecto ciudadano Levantemos Chilpancingo, con el objetivo de superar los bajos niveles de gobernabilidad que muestra la administración de Héctor Astudillo y que se traducen en múltiples actos de violencia en Guerrero.

Los guerrerenses aglutinados en torno del proyecto Levantemos Chilpancingo plantean nueve ejes de acción que incluyen reconstrucción del tejido social, seguridad y prevención social del delito, protección civil, desarrollo económico, medio ambiente, derechos humanos, medición, evaluación y estadística, transparencia y contraloría social, y desarrollo urbano.

Ellos insisten en señalar que se necesita una auténtica reconstrucción de Chilpancingo, y de la entidad en general, con acciones que fortalezcan el Estado de Derecho, la seguridad, la eficiencia y la eficacia del gobierno y el combate a la pobreza.

Otro sector que se ha inconformado por los altos índices de inseguridad es el empresarial. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, advierte que los empresarios de Acapulco recurren ya a una estrategia que consiste en armarse para defenderse de la delincuencia.

Ello “debe preocupar a todos, porque puede generar una mayor crispación social y violencia”, alerta Barrera.
El defensor de los derechos humanos agrega que esa vía “es sumamente preocupante porque da señales a la sociedad de que se está desbordando el margen de gobernabilidad que debe prevalecer en el estado”.

Barrera pone como muestra el caso de un cirujano dentista de Acapulco que mató a un presunto delincuente que iba a cobrarle una extorsión: “Es un claro ejemplo de que se está alentando la justicia por mano propia. Se está dando pie para que cada quien busque la manera de asegurar su vida y sus bienes. Y eso es alarmante”.
Añade que el gobierno estatal debe ser autocrítico y reconocer que no está funcionando su estrategia de seguridad, porque es la sociedad la que está buscando sus propias medidas de “autoprotección”.

El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Acapulco, Roberto Jacinto de la Cruz, destaca en tanto que 400 de sus afiliados están interesados en armarse. Explica que “esto es un síntoma de que el esquema de seguridad que se implementó desde el principio de la administración del gobernador Héctor Astudillo no es el más adecuado”.

El líder de los comerciantes subraya que esa seguridad no está pensada en beneficio del ciudadano de a pie, en el comerciante, en el ganadero, en la persona que vive en las colonias ni en las comunidades indígenas. “El gobernador debería responder qué está pasando en Guerrero, porque la violencia y la inseguridad sigue cobrando más vidas cada día que avanza su gobierno y en lugar de que baje el índice de asesinatos, está aumentando y se está expandiendo”.

Abigeato

El diputado local perredista Isidro Duarte Cabrera, a su vez, denuncia que la falta de seguridad en la región de Tierra Caliente ha mermado considerablemente al sector ganadero de la zona.

El legislador señala la grave situación que atraviesa la ganadería por la actividad de abigeato que se registra en esa zona: “Pido a las autoridades estatales que establezcan las medidas de seguridad necesarias para que los productores podamos trabajar sin miedo y que la única preocupación que sintamos sea el obtener un mejor rendimiento en nuestra producción”.

Duarte Cabrera sostiene que es preocupante que las actividades cotidianas “se estén convirtiendo en actividades con muchos riesgos”, como lo es la producción ganadera.

“Una de las actividades económicas y que por cierto reditúan de manera considerable al Producto Interno Bruto de la entidad es la pecuaria, cuyos registros han mantenido un inventario importante, lo que ha permitido llegar al lugar doce a nivel nacional en bovinos”, concluye el legislador local.

De esta manera, las promesas incumplidas por parte de Héctor Astudillo Flores se traduce ya en una desesperante situación para la sociedad guerrerense, que ve con dolor cómo su vida diaria está sujeta a un panorama de inseguridad nunca antes visto en la entidad.