Mientras otros estados vecinos han logrado reglamentar el fenómeno de los automóviles de contrabando, la administración del gobernador César Duarte propone paliativos de carácter político-electoral sobre el problema
Contraviniendo las normas fiscales federales y las políticas jurídicas de la industria automotriz en México, el gobierno de Chihuahua, que encabeza César Duarte Jáquez, lanzó un desafío para censar y dar pauta a la “legalización” bajo actos poco claros de miles de vehículos de procedencia ilícita, lo que para directivos del sector se traduce en una clara postura de rentabilidad política y electoral por parte del mandatario, de cara a los comicios del próximo 5 de junio en la entidad.
Al respecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha tenido que salir al paso para tratar de echar abajo este programa de engomado de vehículos de procedencia extranjera sin placas, debido a que contraviene las normas establecidas en los acuerdos fiscales de índole federal.
Por su parte, los organismos cúpulas automotrices organizados, como las asociaciones Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) manifiestan en exclusiva a Vértigo que esta acción es ilegal.
Añaden que la decisión de Duarte Jáquez se traduce en un daño a la industria fabricante y a los vendedores, además de ser un riesgo de carácter ambiental y de seguridad.
Pero sobre todo, reconocen los empresarios, este intento de “legalización” conlleva un sentido a todas luces “político-electoral”.
Conflicto
De manera unilateral, y sin apoyo jurídico de por medio, el viernes 18 de marzo pasado el gobierno del estado de Chihuahua, liderado por César Duarte, anunció que ofrecería placas de plástico y engomados a vehículos usados e internados ilegalmente, también conocidos como chuecos o autos chocolate, que circulaban por esa entidad de manera irregular.
Ante ello, tanto la AMDA como la AMIA rechazaron de manera tajante esta medida y pidieron al Ejecutivo estatal cumplir con los compromisos que firmó en 2011 con el gobierno federal para acabar con este fenómeno ilegal.
Se trata de un acuerdo entre el estado y la Federación que nunca se cumplió por parte de la administración estatal.
Este consistía en aplicar las medidas necesarias y acabar con la circulación ilegal de este tipo de unidades. El pacto se estipuló desde 2011 y el plan administrativo se identificó como el Anexo 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF).
Ahora, desde el 18 de marzo pasado, el cometido de la decisión gubernamental —según la administración estatal— es realizar un programa de emplacado, enmicado o registro vehicular de autos que no acrediten su estancia o internación legal en la entidad… pasando por alto con ello toda jurisdicción federal y afectando severamente al nicho automotriz legalmente constituido.
La justificación es que la administración estatal posee facultades para hacerlo porque solo es con fines de seguridad, por lo que no requiere de la autorización federal… lo que no resulta del todo correcto.
Sin validez
Según el SAT, el programa de emplacamiento que Chihuahua pretende realizar para regular autos chocolate que han sido importados ilegalmente “no tendrá validez”.
En una reunión sostenida entre funcionarios de la SHCP y el titular de la Secretaría de Hacienda del estado, Jaime Herrera, el pasado 23 de marzo, se aclaró que no es legal el programa de emplacado, enmicado o registro vehicular de autos que no acrediten su estancia o internación legal en el país que pretende llevar a cabo la administración del estado.
Con base en datos de la AMDA y la AMIA se estima que en 1992 había entre 600 y 700 mil autos chocolate en el país, y para 2001 se incrementó la cifra hasta alcanzar 2.5 millones de vehículos.
Para 2015 la industria automotriz mexicana registró la venta de un millón 351 mil 648 vehículos nuevos, mientras que en aquel mismo año se registró una disminución histórica en la importación de automotores usados y solamente entraron a México 179 mil 577 unidades.
Otro indicador: en 2015, en Chihuahua solo 429 vehículos fueron embargados por medio del CCAMFF y, por el contrario, se especula que 150 autos ilegales entran semanalmente al estado y es en el noroeste de la entidad donde mejor nicho han encontrado.
También se calcula que en Chihuahua son 13 mil 400 vehículos los que entrarán en su fase de regularización, si se concretan las medidas anunciadas por la administración estatal.
Solución alterna
Pese a los argumentos del gobierno de Duarte Jáquez, otras entidades sí han logrado sortear el problema. Un ejemplo es Tamaulipas, especialmente sus municipios fronterizos, donde hasta algún tiempo ningún agente de tránsito podía detener e infraccionar si se circulaba con placas estadunidenses o de plano si ni matrículas portaban los vehículos.
De hecho en 2010, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, circulaban alrededor de un millón 70 mil unidades legalmente documentadas, junto con otras diez mil más que lo hacían de manera ilegal y servían en muchos casos para cometer ilícitos.
Es decir, aprovechando que los autos ilegales no eran infraccionados ni detenidos debido a huecos en la legislación, el crimen organizado utilizaba vehículos sin placas o de procedencia extranjera para sus delitos.
Ante ello, el Ejecutivo estatal determinó en 2010 presentar ante el Congreso del estado una iniciativa que reformó diversas disposiciones a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Tamaulipas.
Con esas modificaciones a la norma se redujeron los índices delictivos, no solo respecto del robo de unidades sino también en cuanto a delitos que se cometían a bordo de esas unidades.
Al aprobar el Congreso local estas reformas a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Tamaulipas, se ampliaron las facultades a las autoridades policiales y administrativas en la materia para retirar de circulación a todo vehículo que no contara con placas, carros extranjeros que no tenían documentación legal en el territorio y unidades que no comprobaran la legítima propiedad en la región tamaulipeca.
La reforma a la Ley de Tránsito en Tamaulipas señala que “cualquier autoridad comprendida entre las instituciones policiales, en términos del artículo 21 de la Constitución de la República, podrá requerir a los conductores de los vehículos automotores la presentación de los documentos inherentes a la identificación de este, así como los relativos a la identidad de su conductor”.
Añade que: “Es obligación de las autoridades de tránsito poner a disposición de la dependencia correspondiente todo vehículo automotor del que no se acredite la legítima propiedad”.
Al aprobar esta reforma se solucionó parte del problema que se consideraba “altamente importante” en Tamaulipas.
Con esta legislación ya se tienen políticas públicas que agilizan la verificación de las placas vehiculares para facilitar el trabajo de las instituciones en la prevención e investigación de posibles delitos en esa entidad.
Sector Pero en Chihuahua no se ha dado una solución semejante. Por el contrario: jurídicamente se enreda la problemática por las presuntas determinaciones de la administración estatal.
Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, en entrevista exclusiva con Vértigo advierte de los contratiempos suscitados por la propuesta del gobernador César Duarte.
Como preámbulo, dice que “es importante manifestar que la importación legal de vehículos usados está abierta para quienes tengan la disposición para cumplir con los requisitos de las secretarías de Hacienda y Economía. Lo pueden hacer sin poner en riesgo su patrimonio y haciendo uso de esta alternativa para allegarse de un vehículo”.
Ahora bien, agrega, “en contrario, la introducción de vehículos de contrabando que se hacen circular en el país sin cumplir con las formalidades de la importación legal, los convierten en una mercancía que está sujeta a las penalidades que su naturaleza de contrabando aplica”.
Desde este punto de vista, puntualiza Rosales, “lo que se ha querido poner sobre la mesa es un falso dilema en cuanto a que las personas que necesitan un vehículo y que no tienen posibilidad de adquirirlo de forma legal, se ven en la necesidad de allegarse de un auto chocolate… ¡Eso es una falsedad!”
Y determina: “Por lo tanto, todo se deriva de presiones políticas, en este caso de acciones del gobierno estatal, y quiere dársele una regularización a esos vehículos, pese a que todo ello está totalmente alejado de lo que es la conveniencia para el país, para los consumidores y, por supuesto, trae consigo una afectación económica en términos de una saturación de vehículos en el mercado”.
Por ello, explica Rosales, “rechazamos cualquier mecanismo por el que se intente llevar a cabo una regularización, aun con el pretexto de que se busca implementar un censo con motivo de seguridad pública y tener identificados a los propietarios de estos vehículos. Esto no es válido, sobre todo proviniendo de una acción de un gobierno legalmente constituido”.
—¿Cómo podría sintetizar esta determinación?
—En las últimas semanas hubo declaraciones en el estado de Chihuahua en el sentido de que el gobierno del estado está preparando una medida de esta naturaleza, ante lo cual la industria automotriz, la AMDA y la AMIA, manifestamos nuestra oposición determinante. Además hicimos un llamado al gobierno federal para que en el uso de las facultades que se tienen, dados los acuerdos de coordinación fiscal firmados por el gobierno estatal, se impida poner en marcha un proceso de regularización.
La SHCP y el SAT, añade, “han sido muy claros: hubo un pronunciamiento formal en el que se rechaza este tipo de medidas”.
—¿El gobernador Duarte ha cumplido con los acuerdos del Anexo 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal?
—En el estado de Chihuahua se firmó en 2011 y se ha venido ratificando hasta 2015. Sin embargo, solo ha habido un cumplimiento parcial, porque el gobierno del estado llevó operativos de control y hubo decomiso de unidades, pero los gobiernos municipales no han acompañado estas acciones; por el contrario, han sido omisos, como en el caso de Ciudad Cuauhtémoc. Hace falta por parte del gobierno del estado, en nuestra opinión, mantener la vigencia de estas operaciones de combate al contrabando realizando acciones muy concretas para prohibir e impedir la comercialización de vehículos ilegales. Lo que pedimos es claro: más que se decomisen los vehículos, que se prohíba la comercialización de esos autos… ¡Ese es un lucro indebido y es un delito!
Suspicacia
—El argumento que da el gobernador es que se busca bajar los índices delictivos que se realizan en esos vehículos…
—Es un falso argumento: está comprobado históricamente que cualquier acción que permita la circulación, que regularice, que cense e identifique a estos vehículos lo único que hace es establecer las bases para la introducción masiva de unidades de contrabando. Es un estímulo para que llegue una oleada aún mayor de los que ya lo hacen. No se está dando una respuesta contundente a la responsabilidad, tanto estatal como municipal, de impedir la comercialización, poner freno a la circulación y, sobre todo, tener un cumplimiento parejo de las normas establecidas.
—¿Ven rentabilidad política utilizando la estabilidad jurídica de la industria automotriz?
—Llevar a cabo este proceso de regularización, promoverlo y publicitarlo, sin duda tiene un componente político-electoral, máxime cuando se encuentra en medio de un proceso en el que están en juego la renovación del gobierno del estado, del Congreso estatal y el cambio de presidentes municipales. Por eso es benéfico que el gobierno federal haya intervenido. Sería muy favorecedor que el propio gobierno del estado acceda a no llevar a cabo esta acción y, por lo tanto, elimine la suspicacia de un interés electoral por parte del gobernador César Duarte.
También Eduardo Solís, presidente de la AMIA, advierte que el programa se impulsa precisamente en medio de un proceso electoral para renovar la gubernatura del estado, el Congreso local y los 67 ayuntamientos.
“De nueva cuenta se privilegia la rentabilidad política en contra del orden jurídico, la seguridad pública y el control de emisiones contaminantes”, acusa Solís.
La justificación del gobernador César Duarte, asevera, “es presuntamente identificar a los propietarios de vehículos ilegales para prevenir la comisión de delitos, pero es insostenible ante la evidente negligencia de las autoridades del estado y los municipios para impedir la comercialización de vehículos chuecos”.
De esta manera, la administración que encabeza Cesar Duarte no aplica medidas para que este dilema se afronte de fondo: el contrabando de vehículos y los delitos de alto impacto que se realizan en esas unidades únicamente lo han confrontado la Federación y los organismos cúpula de la industria… pero el problema sigue