Aunque parecía que la industria del juguete ahora sí habría empatado el partido y comenzaría a jugar bajo las mismas reglas que sus homólogos extranjeros, la realidad es que vuelve a quedar en desventaja por una tarjeta roja.
Se trata de una amonestación que el sector juguetero, vía la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju) que comanda Miguel Martín, busca revertir vía la Secretaría de Economía, al mando de Ildefonso Guajardo, incluso de ser necesario llegando a tocar base en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la tutela de Luis María Aguilar.
Resulta que en este cierre de año 75% de los insumos que necesitan los jugadores le dicen adiós al arancel de 350% que tuvieron por años y 25% de estos productos solo se quedan con un nivel de arancel de 15%, lo cual es por demás un movimiento estratégico que le permitirá estar al gremio mexicano en mejores circunstancias al producir a mejor precio y trasladar el beneficio al consumidor.
El gran “pero”, y por lo que se ensombreció el tema en este cierre de año, es la aplicación de una nueva Normatividad que interpuso la Secretaría de Salud, al mando de Mercedes Juan, la cual entra en vigor a partir de enero de 2016 e implicará para las empresas que fabriquen cualquier producto que tenga una luz, por mínima que esta sea, someterse a una norma que determine que “no es dañino para la salud de un niño”, ni que ello implica una descarga eléctrica para el usuario.
La norma parece salir sobrando, ya que productos, juguetes, ropa o incluso zapatos que usan luces no deben, debido a normas internacionales vigentes, superar los 24 voltios, lo cual no causa problema alguno porque el efecto más grande es igual a un pequeño pellizco.
De ahí que el gremio, vía la Amiju, se encuentra en diálogo con el titular de la Secretaría de Economía en busca de que haya un revés a dicha NOM, la cual implicaría para los jugueteros miles de dólares en estudios con laboratorios y que, se asegura, salen sobrando.
Además, dicha NOM se convertiría en una nueva traba para competir en igualdad de circunstancias con el mercado internacional.
De ahí que en caso de que la Amiju no llegue a un acuerdo con la Secretaría de Economía buscarán revertir esta norma tocando a la puerta de la SCJN con el objetivo de que este gremio, que cuenta con 300 mil empleados, 220 empresas y genera ventas anuales de 300 millones de dólares, continúe dando pasos hacia adelante.
Sagarpa, por blindar 2016
Vaya que cuando se buscan hacer las cosas y se tiene voluntad política, estas suceden. Resulta que la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), bajo la tutela de José Eduardo Calzada, está por garantizar que los productores agrícolas mexicanos vendan en 2016 sus productos en los precios en los que se tienen proyectados, sin que ello represente que salgan regateados.
Me explico. A través de la Dirección de Apoyos y Servicios a la Comercialización de Mercados Agropecuarios (Aserca), que dirige Alejandro Vázquez Salido, se trabaja por ampliar la cartera de operadores para la contratación de coberturas financieras para el campo mexicano, al cual se destinan cinco mil millones de pesos, algo así como lo que hoy se tiene en coberturas petroleras, lo que permitirá a los productores que su mercancía se sostenga, digamos, en un precio de diez pesos pese a la variación, pues aunque bajara a siete pesos la Sagarpa compensaría el faltante a los campesinos.
El esquema estaría por concretarse y con ello Aserca lograría poner en marcha esta nueva estrategia que forma parte del paquete de reingeniería que el nuevo director en jefe, Alejandro Vázquez Salido, implementa en la dependencia.
Ello con el objetivo de lograr disminuir el costo de contratación de las coberturas que se solicitan a corredurías como JP Morgan, BNP Paribas y FCStone, así como generar mayor competencia y mejores ofertas para la contratación de las mismas, esquemas a los que han necesitado recurrir los productores para asegurar sus ingresos.