Por: Aleida Jaramillo
Diversas comunidades de Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí protagonizan conflictos, incluso violentos, debido a problemas de suministro de agua: el temor a la escasez del vital líquido, que muchos aún califican de exagerado, poco a poco se cristaliza en esas y otras entidades, caracterizadas por su aridez y su alto nivel de desarrollo.
La explotación excesiva e ilegal del agua subterránea ha sido permanente, sobre todo en el norte del país, al amparo de la escasa capacidad de vigilancia y sanción de las autoridades federales, pero las voces contra los excesos hasta hoy sólo surgen de grupos ambientalistas que advierten sobre el peligro en que está el agua dulce en el área.
Hoy el agua se termina y todos se acusan. Lo grave es que ninguno acepta que usa el agua de manera irracional o que la extrae de manera ilegal.
En las regiones de México donde se ubican los 101 acuíferos sobreexplotados, todos exigen que se clausuren pozos… pero nadie se muestra dispuesto a usar el agua de manera sustentable o extraer únicamente la que le corresponde. Menos aún aceptan que se cierren sus pozos, aunque no tengan permiso.
Chihuahua
En Chihuahua, por ejemplo, persisten conflictos entre agricultores integrantes de El Barzón y comunidades menonitas.
Ambos grupos, como muchos otros en México, han recurrido durante décadas a la explotación ilegal de acuíferos mediante la perforación de pozos sin permisos o extrayendo más agua de lo que tienen permitido.
Esto generó que personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hiciera, tan sólo en agosto de 2012, 150 clausuras de aprovechamientos que carecían de autorización o medidor en la región.
Aunque los barzonistas exigen que se clausuren los pozos de los menonitas —a quienes acusan de recurrir a la falsificación de permisos para perforar y de extraer agua en demasía—, también en agosto de este año ellos mismos amenazaron, atacaron y hasta retuvieron a personal de la Conagua para evitar que hicieran 124 inspecciones que, de tener el apoyo de alguna corporación policiaca, hubieran generado clausuras, como ha reconocido el personal de la dependencia reiteradamente.
Sonora
En Sonora, las rencillas se desarrollan en un ámbito legal: por un lado, en medio de un pleito iniciado en 2010 ante los tribunales de Ciudad Obregón por quienes ahora integran el Movimiento Ciudadano por el Agua, las autoridades del estado inauguraron un acueducto para abastecer a Hermosillo con agua proveniente de la región Yaqui, cuyos agricultores —que dicen tener el apoyo de la tribu Yaqui— se niegan a sufrir lo que califican de despojo, pues afirman que en la región el agua es apenas suficiente para el riego de sus cultivos.
Así, en esa entidad se desarrolla una lucha jurídica. En un lado están quienes defienden el derecho de que 800 mil sonorenses tengan agua suficiente; y, en el otro, 22 mil productores de trigo, maíz, frijol, uva, cítricos, nogal y alfalfa que reclaman el agua para sus cultivos, que ocupan 11% del territorio estatal.
Nuevo León-Tamaulipas
Otro ejemplo de los problemas que genera la baja disponibilidad de agua es Nuevo León, que tiene que compartir con Tamaulipas el agua de una de sus presas, las cuales se hallan casi secas.
Desde luego, esta situación provoca enojo entre varios sectores neoleoneses que reclaman el agua de la región.
También hay enojo entre los agricultores y ciudadanía en general de Nuevo León, quienes expresan su rechazo a que se lleven agua de la presa El Cuchillo para abastecer a Tamaulipas, como establece un acuerdo firmado desde 1966.
Más aún: ante la insuficiencia del agua que obtienen desde Nuevo León, las autoridades de Tamaulipas también quieren obtener agua de presas de Coahuila y Chihuahua para sembrar 200 mil hectáreas de granos, según ha informado Jorge Reyes Moreno, secretario de Desarrollo Rural estatal. El problema es que a esas dos entidades tampoco les sobra agua.
Y no es de extrañar: luego de que en 2011 México viviera una de las sequías más severas de su historia, las presas no recuperaron sus niveles promedio de almacenamiento y están 6% debajo de lo que acumulan normalmente en esta época del año.
A pesar de ello, al embalse El Cuchillo se le quitará 57% de lo que actualmente almacena.
San Luis Potosí
Pero el abastecimiento de los regios también provoca molestias: el gobierno de Nuevo León construye un proyecto para sacar agua de la cuenca del Río Pánuco y con ella abastecer a los regiomontanos, hecho que causa disgusto de la población y productores agropecuarios de los municipios potosinos de Tamuin, Ebano y San Vicente, quienes advierten que buscarán un amparo judicial contra el proyecto.
Y es que hay un temor creciente de que los planes de Nuevo León afecten de manera directa a los sectores ganadero y agrícola de San Luis Potosí.
Aunque parece que este asunto terminará con el acuerdo de que el agua no se tomará del Río Tampaón, sino del Pánuco —como establecieron las autoridades de ambos estados el pasado 6 de diciembre—, en realidad el conflicto no se resuelve de fondo, pues el agua del Pánuco tampoco es infinita.
México-EU
Los habitantes del norte del país, en general, también expresan molestia por la forma en que México y Estados Unidos se distribuyen el agua de las cuencas de los ríos Colorado y Bravo, con base en un acuerdo de 1944.
Recientemente, de hecho, se dio a conocer que ambos países acordaron, en el seno de la Comisión Interamericana de Límites y Aguas —entidad encargada de cumplir ese acuerdo binacional—, que el vecino del norte permitiría a México almacenar en el Lago Mead, ubicado en Nevada, el agua que no utiliza en el riego del Valle de Mexicali. Ello debido a que el gobierno mexicano todavía no reconstruye los sistemas de riego dañados durante el sismo del 4 de abril de 2010.
Según los acuerdos recientes, la parte del agua que no se puede almacenar y que México no utiliza, se dejará correr por el Río Colorado, donde se podrán recuperar algunos ecosistemas a los que, desde hace años, no les llega el agua, pues es captada antes de llegar al Golfo de California.
De acuerdo con el tratado, México recibirá inversiones de Estados Unidos para diversas acciones que ayuden a hacer un mejor uso del agua.
Sin embargo, la versión de las autoridades de Arizona, California y Nevada es que ya compraron esa agua que México no usará y la destinarán a abastecer a sus poblaciones. Es aquí donde comienza el tema ético del agua como mercancía.
Así, resulta paradójico que, mientras se “vende” agua a Estados Unidos y en el Río Colorado simplemente se dejará correr o se venderá a los vecinos del norte, México aún no se recupera de la sequía que las mismas autoridades califican como desastrosa.
Jalisco
Así, es fácil darse cuenta de que aparecerán muchos otros conflictos en el norte de México, pues la problemática parece más que compleja: mientras no se tiene la infraestructura para almacenar agua de lluvia, ni se destinan inversiones suficientes, cada vez que se quiere construir una presa crecen las protestas sociales y los movimientos internacionales contra los desplazamientos de los pueblos y los daños ambientales que generan esas obras.
Una muestra clara de ello es el conflicto vivido en Jalisco, donde la presa El Zapotillo inundará los pueblos Acasico, Palmarejo y Temacapulín, y donde el Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos perdió una férrea batalla contra el gobierno estatal y la pasada administración federal.
Cambio climático
El reto ahora es mucho más agudo, debido a un factor que antes no se tomó en cuenta: el cambio climático.
En este sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU) advierte que el calentamiento global genera grandes desafíos en materia de recursos hídricos, debido a que aumenta la temperatura y la evaporación e incrementa o reduce las lluvias, con la consiguiente modificación en lagos, ríos y lagunas, así como la alteración en la disponibilidad y la calidad del agua.
Este mismo fenómeno provocará el ascenso de los niveles del mar, lo que en algunos casos causará la filtración de agua salada a los acuíferos costeros, con lo que la disponibilidad de agua dulce será aún menor.
Al mismo tiempo, los fenómenos extremos de sequías y desertificación tendrán repercusiones muy relevantes en la calidad y cantidad del agua, así como en la producción de alimentos, lo que impactará de manera directa en la calidad de vida de la población y, de manera indirecta, agravará los conflictos por el vital líquido.
Antes de que esos problemas se agraven y el agua dulce de México se siga agotando, se requiere que los gobiernos —tanto federal como estatales y municipales— equilibren los intereses económicos con los derechos ambientales y sociales, para lograr el uso del agua de lluvia y permitir la recuperación del ciclo natural del agua.
Para ello es fundamental que se tomen acciones coordinadas y se incluya a la sociedad civil, pues es esta, principalmente, la que sentirá las consecuencias de una falta grave de visión ambiental.
Con estas y otras recomendaciones coincide el Tribunal Latinoamericano del Agua —instancia de la sociedad civil y de carácter ético— que, además, reconoce “el creciente deterioro del derecho humano al agua en la República mexicana y la insuficiencia de mecanismos jurídico-políticos para detenerlos” y alerta a los tres órdenes de gobierno de México sobre “los niveles de conflictividad social y la ausencia de instrumentos de participación ciudadana para canalizarla”.