Si el Congreso estadounidense aprueba un proyecto de ley de reforma migratoria integral, probablemente incluirá la obligación de erigir vallas que envolverán con altas columnas de acero una mayor porción de la frontera de Estados Unidos con México de más de 3.200 kilómetros de longitud.
Sin embargo, el mandato haría necesario seguir una estrategia que la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no está segura de que funcionaría. Y la perspectiva de que el gobierno confisque más tierras indigna a muchos propietarios en el extremo sur de Texas, donde cientos de personas ya perdieron propiedades durante la última tanda de construcciones del muro fronterizo.
“Sigo en contra”, dijo Aleida García, uno de los residentes de Los Ébanos, en Texas, cuyas tierras fueron confiscadas en 2008, cuando este poblado rodeado por 3 lados por el fronterizo río Bravo fue seleccionado como candidato a que se construyera en él un segmento del muro fronterizo.
Si le dieran a escoger, García prefería tener a más agentes patrullando la zona. Al menos eso crearía algunos puestos de trabajo, agregó.
Los legisladores de la región parecen estar de acuerdo. 3 congresistas demócratas de Texas que apoyan la reforma de inmigración han anunciado que no apoyarán ningún proyecto de ley condicionado a la construcción de más cerca fronteriza.
Los partidarios de la valla dicen que es una solución de sentido común para evitar que las personas crucen la porosa frontera.