Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF), denunció que hasta 70% de la madera que se comercializa en México es de origen ilegal, lo cual representa un volumen de 15 millones de metros cúbicos del recurso y tiene graves implicaciones para la conservación y el manejo sustentable de los bosques mexicanos.
En el marco de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), expuso que es necesario impulsar una estrategia integral para fortalecer la legalidad en el mercado de la madera y los recursos forestales en México y presentó la propuesta que han elaborado las organizaciones comunitarias que forman parte del Consejo Nacional Forestal (Conaf).
Sánchez Valle precisó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acaba de emitir un comunicado, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, donde expresa su preocupación por el agotamiento de los recursos naturales a causa de la tala ilegal y el aprovechamiento ilícito e irracional de la biodiversidad, lo cual, dijo, es una evidencia del alarmante nivel de ilegalidad al que estamos llegando en México.
Comentó que la política vigente en la materia se limita a perseguir la ilegalidad en el monte, con muy poco éxito, y deja sin inspección y vigilancia los eslabones siguientes de la cadena productiva de la madera, permitiendo la transportación, transformación y comercialización de madera de origen ilícito. Con la esta estrategia los decomisos de madera son prácticamente simbólicos dejando operar a toda una cadena de lavado de madera ilegal.
La subsecretaria de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Mely Romero Celis, coincidió en señalar la importancia que tiene el tema de la legalidad forestal e invitó a las comisiones que conforman el CMDRS a profundizar en el tema del aprovechamiento forestal sustentable para impulsar el desarrollo de las comunidades rurales.
Por su parte, Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), propuso trabajar en mecanismos para que el gobierno se comprometa a comprar y solicitar a sus proveedores la adquisición de madera de origen legal, preferentemente certificada.