Uno de los proyectos estructurales más relevantes que hoy se discute en el país es sin duda la primera Constitución Política de la Ciudad de México (CDMX), cuya responsabilidad está en manos de la Asamblea Constituyente que revisará durante cuatro meses la propuesta enviada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, artífice central de un debate que tiene por objetivo garantizar a los mexicanos una capital moderna, plural, inclusiva y capaz de ofrecer a cada uno de sus habitantes o visitantes la oportunidad de construir historias de éxito.
En la propuesta de Mancera no solamente está de por medio un cambio social, político y administrativo, sino que también está a debate una metamorfosis de desarrollo financiero muy profunda en el aspecto productivo, dado el peso que tiene la capital en la materia, al generar 17% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que incide inevitablemente en el crecimiento económico nacional.
Para diversos asambleístas constituyentes, empresarios, representantes de organizaciones civiles y analistas consultados por Vértigo, el futuro progresista de la urbe dependerá por ello en mucho de los incentivos que se deriven del articulado que se aprueben en esta inédita Carta Magna.
Esos alicientes, coinciden, pueden promover conductas virtuosas para atraer, retener y desarrollar tanto inversiones como proyectos productivos y sociales, así como una mejor calidad de vida para millones de citadinos.
El proyecto de Constitución se conforma de 76 artículos y 21 transitorios, que incluyen diversos planteamientos de derechos constitucionales inalterables para los millones de habitantes y visitantes de la Ciudad de México.
Para los consultados por este semanario, es deseable que los asambleístas constituyentes, con gran sentido de prudencia, valoren si lo propuesto es pertinente o habrá que modificarlo para que la naciente Carta Magna no se convierta en letra muerta.
Agendas partidistas
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encabezado en la CDMX por Martí Batres, ha elaborado un grupo de propuestas —denominadas Sentimientos de la ciudad— en diferentes temas: algunas se enfocan fundamentalmente a garantizar el derecho de acceso a servicios básicos de calidad, como el de agua, en tanto que otras buscan darle mayor peso a la decisión ciudadana en la ejecución de obras o políticas públicas.
Batres detalla que el tema de su agenda será “el pugnar por implementar en la Constitución de la Ciudad de México el derecho a la ciudad, que implicará democratización del espacio público y el control del suelo”. Sobre esto último precisa que “se trata de establecer, por ejemplo, la prohibición de privatizar el espacio público o servicios básicos como el agua”.
Además, indica, Morena también buscará el establecimiento de una democracia participativa “que lleve hacia un nuevo poder, el poder ciudadano, además de dotar de autonomía a las futuras alcaldías”. Asimismo, prevé la revocación del mandato y el someter a consulta las políticas públicas.
Por otro lado, propondrá que se garantice “la libertad de manifestación” y que se prohíba “encapsular cualquier marcha”.
Además, busca que se establezca el derecho a la educación desde preescolar hasta nivel superior, “donde no habrá rechazados, y en cuanto a la evaluación docente, la harán los maestros, padres de familia y alumnos”.
Al respecto, el presidente del PRD en la capital del país, Raúl Flores, critica el documento Sentimientos de la ciudad presentado por Morena y asevera que este último partido no tiene “nada que proponer” a la redacción de la Constitución.
El perredista considera que el referido documento solo “es un listado de conceptos y lo único que resalta es la necesidad de los dirigentes de Morena de atarse en el pasado, al no tener prácticamente nada que proponer”.
Añade que la posición de Morena ante los debates será una muestra para la ciudadanía “de lo débil del partido, y les ayudará a darse cuenta de que lo que Morena llama propuestas aglutinadas en sentimientos, en realidad son como mandamientos que a la gente de Andrés Manuel López Obrador le gustaría aplicar a rajatabla, sin pedir la opinión de la ciudadanía”.
Raúl Flores asegura que su partido “toma en serio su participación en la Asamblea Constituyente”. En este sentido, señala que han presentado sus “puntos de vista, abordando los derechos de las personas, abordando los problemas de la ciudad, lo mismo el agua, el transporte, sobre el tema del desarrollo urbano, sus usos de suelo, reglamento territorial, lo que sigue para la ciudad en materia de desarrollo…”
Para el PAN, que en la Ciudad de México encabeza Mauricio Tabe, los temas que debe incluir la nueva Constitución —y que evidentemente se contraponen con otras propuestas— son, entre otros, la regulación de las marchas y “trasladar el programa del blanquiazul respecto del aborto”.
Consideran los panistas que “la Constitución debe tener un corte humanista, en el que todos los ciudadanos sean iguales a los demás y desde la que se destierren los poderes fácticos que dominan, por ejemplo, en el sector de la construcción”.
Señalan que si bien “la Constitución debe ser breve, y que toda su regulación se desarrolle en leyes secundarias, sí debe considerar la figura de la revocación del mandato para los gobernantes que no cumplan con su cometido y la vigilancia de los programas sociales, para que no se utilicen políticamente por las clientelas de los partidos en la capital”.
Otro punto de vista es el del PRI. “La Ciudad de México necesita hoy más que nunca transformarse, convertirse en una metrópoli del siglo XXI: integrada, sostenible, incluyente, plural y progresista”, señala Mariana Moguel, presidente del tricolor en la capital del país.
Para la dirigente priista, “cuando se habla de la ciudad hay que dejar de mirar hacia atrás, para empezar a construir su futuro”.
Asimismo, indica que es obligación de los constituyentes dar “a la ciudad un proyecto transformador, con un desarrollo incluyente, un mejor ordenamiento urbano, más transparencia y rendición de cuentas, mayor seguridad para las mujeres, espacios públicos dignos y accesibles para todos”.
Expresa que “la Constitución no solo será un instrumento dogmático ni orgánico”.
Panal: no a las mafias
Gabriel Quadri, dirigente del Partido Nueva Alianza (Panal) y miembro de la Asamblea Constituyente, señala que su instituto político está “realmente preocupado” por el contenido del anteproyecto de la Constitución: “Creemos que es algo que provocará muchos conflictos. Finalmente, es un proyecto totalmente ideológico, es un proyecto contrario a los intereses de la ciudad; alienará a la iniciativa privada y favorece a mafias como la del ambulantaje, a la que le entrega el espacio público”.
Asimismo, asegura que de ser aprobado dicho proyecto “pondrá a la ciudad en una ruta de bancarrota, porque es una Constitución que tiene los peores nichos del chavismo (de Venezuela), que intenta poner subsidios y derechos para todo el mundo, sin tener un mecanismo fiscal para financiarlos. Y eso quebrará las finanzas públicas de la ciudad”.
Por otro lado, para el Partido Verde es necesario impulsar “nuevas políticas públicas para privilegiar tecnologías eléctricas e híbridas en transporte público; reestructurar el tratamiento de residuos sólidos; así como establecer horarios escalonados y un día de trabajo en casa para reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México”.
El PVEM indica que se debe impulsar que la Constitución “reconozca el derecho a los animales a un trato y vida dignos”.
Movimiento Ciudadano en la capital se pronuncia, en tanto, por “establecer la educación sexual preventiva desde temprana edad”, pues sostiene que en la redacción de la Constitución habrá “voces conservadoras” en este tipo de temas “de avanzada y progresistas”.
Para el Partido Encuentro Social en la Ciudad de México uno de los principales objetivos a resaltar en la Constitución “es velar por los intereses que fomenten la integración familiar, proveyéndoles leyes que la garanticen como el eje rector para la transformación que requerimos como sociedad”.
Sugiere establecer en la Constitución la prohibición de la “compra del voto” vía los programas sociales, lo cual “se ha convertido en un método permanente de algunos grupos políticos”.
Empresarios: no sobrerregular
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sostiene a su vez que si bien la redacción de la Constitución representa “una oportunidad para avanzar en el desarrollo democrático de México, no podemos menospreciar los riesgos que existen en un proceso de esta magnitud”.
Explica que “como toda constitución de un estado, la de la Ciudad de México debe establecer directrices generales, los ejes y pilares fundamentales de la organización política para la convivencia social, pero no sobrerregular y constreñir la vida pública y su evolución, y menos aún la de los individuos y las organizaciones de carácter privado”.
En este sentido, Castañón sostiene que la nueva Carta Magna capitalina debe limitarse a tres factores: “Garantizar los derechos humanos judicialmente exigibles, organizar a los poderes públicos con sus respectivas competencias y definir la participación ciudadana en las elecciones y en toma de decisiones”.
Aclara que “al tratarse de un ordenamiento local, la de la Ciudad de México tiene que supeditarse a lo dictado por la Carta Magna de la nación, en la letra y en el espíritu”.
Pero además, indica el dirigente del organismo cúpula, “una Constitución como la de la Ciudad de México no es el instrumento idóneo para consignar aspiraciones, agendas y programas de los grupos y fuerzas partidistas involucrados en su redacción. Menos aún ante una realidad política, económica y social tan compleja y plural como la de la capital”.
Para él es importante insistir en que “la nueva Constitución no solo tiene que sujetarse a la de la República, sino a toda legislación y jurisprudencia de alcance federal y a los tratados internacionales suscritos por México. De no ser así, podría generar innumerables litigios y controversias que acabarán siendo resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
En representación de los agremiados al CCE, Juan Pablo Castañón hace “un llamado para que la nueva Constitución no se llene de disposiciones incumplibles, que ataría en la práctica los presupuestos, que primero hay que generarlos”.
Y concluye: “Este tipo de legislación es más útil para la demagogia y los intereses partidistas que para la gente. Pensemos en la gente y en el futuro de la ciudad, y después discutamos las posiciones partidistas. Por eso también es tan importante que haya un balance entre derechos y obligaciones”.
Gobernabilidad
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno, refiere por su parte que junto con otras organizaciones del sector empresarial conformarán “un robusto cuerpo de expertos que analizará las conclusiones que ponga a discusión la Asamblea Constituyente”.
Al respecto, agrega: “La capital es una entidad crucial y las decisiones que se toman en ella tienen un impacto en el entorno nacional. Por ello deseamos, como representantes del sector empresarial y sociedad civil, que la Asamblea Constituyente redacte una Constitución digna de resolver los desafíos de las exigencias actuales y futuras”.
También que “sea capaz de preservar y garantizar los derechos ciudadanos; que sea explícita para fomentar la gobernabilidad; que sea capaz de garantizar el desarrollo de la empresa y la sostenibilidad de la misma como la vía del progreso”.
Para Jesús Padilla “la Constitución de la Ciudad de México no debe ser plataforma de ningún partido político, ni de ideología alguna ni atender reclamos particulares del Poder Ejecutivo en turno o de algún grupo social”, puesto que ello “podría llevar al inmovilismo, la falta de consensos y el encono”.
Al referirse concretamente a la posibilidad de que el sector informal pueda legalizarse en la capital del país, Irma Cruz Davalillo, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México, comenta por separado que “es muy bueno que la búsqueda de beneficios para la ciudadanía se dé”.
Sin embargo, considera que “más que hacer un artículo en beneficio al sector informal se deben establecer parámetros y condiciones que un ciudadano deberá cumplir para recibir beneficios por parte del Estado. Uno de ellos es tener una actividad laboral o empresarial legal, que dé sustento, vía impuestos, a los beneficios que recibirá en su retiro o de otra forma no sería viable”.
Es más lógico, estima Cruz, “un apartado de la Constitución que establezca rutas y programas que permitan integrar a la formalidad a estas personas que están en el ambulantaje”.
Sobre el mismo tema de la informalidad Humberto Lozano, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de la Ciudad de México, comenta que “si el comercio en la vía pública está pensando en cumplir con todas las obligaciones patronales que tienen todos los que invierten en México, bienvenidos sean y entonces sí, todos los derechos”.
Canaco: productividad
A través de Humberto Lozano Avilés, el sector privado participa en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México con voz y voto. Él propone “nuevas medidas de regulación fiscal y administrativa y de combate a la corrupción para favorecer la economía y la productividad de la capital del país”.
Asimismo, el empresario pide “reconocer que toda persona tiene derecho individual y colectivo a participar y disfrutar del desarrollo económico, social y solidario”.
Plantea igualmente “crear condiciones para la generación de empleos permanentes, con seguridad social y prestaciones más allá del salario, con una distribución ordenada que posibilite la reducción de la movilidad de las personas hacia sus centros de trabajo”.
Respuestas
Manuel Granados, consejero jurídico y de servicios legales del Gobierno de la CDMX, dice que “el proyecto de Constitución fue redactado por un grupo de trabajo de ciudadanos que tienen una trayectoria amplia en cada uno de los temas y que fue respaldado por más de 480 mil personas a través de Change.org”.
Asegura que es una propuesta “que se logra en la administración del doctor Miguel Ángel Mancera y responde efectivamente en muchos rubros a lo que hoy la ciudadanía pide: transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, protección al medio ambiente, revocación del mandato… A lo que tiene que ver con esquemas muy claros de los procesos judiciales, con generar condiciones de mayor accesibilidad y combatir la impunidad”.
Ernesto Cordero, del PAN, asevera en cambio que los panistas “tenemos serias dudas de este proyecto. La verdad, pensamos que una Constitución debe ser breve, concisa, una norma que sea aplicable y debe ser consistente con la Constitución federal. Me parece que todas estas cosas faltan en el proyecto: no es ni precisa, no es clara, no es aplicable y tiene una serie de inconsistencias respecto de la Constitución del país”, lo que hace al documento susceptible de una “cirugía mayor”.
Raúl Cervantes, del PRI, puntualiza al respecto que “es un proyecto de Constitución con el que dio cumplimiento el jefe de Gobierno a la reforma constitucional. Tiene 76 artículos y 21 transitorios. Y lo primero que advierto es que este proyecto es hiperreglado… ¿Qué quiere decir esto? Que hay demasiadas reglas a nivel de Constitución, lo que lo hace muy lejano a la gente para que se entienda. Un elemento sustancial de la Constitución, y más de la Constitución del siglo XXI, es que tenemos que acercarla a la gente, que sea entendible y, por lo tanto, funcional para los ciudadanos de la Ciudad de México”.
Miguel Carbonell, investigador de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala en tanto que ve “luces y sombras en el proyecto. Luces porque tiene cosas buenas, atendibles, da cuenta de lo que se ha avanzado en la capital en derechos humanos; aquí hay temas que la gente siente como propios y respecto de los cuales la mayoría estaría de acuerdo en no dar marcha atrás. Sí hay ahí un tema de redacción: entiendo que desde el punto de vista técnico, muy debatible, no es comprensible, hace falta afinar la técnica legislativa”.
Alejandro Encinas asegura por su parte que es “un proyecto muy heterodoxo. Y qué bueno que genere esta polémica, porque se buscaba hacer una provocación para que saque de la clandestinidad justamente el debate en torno de la Constitución de la ciudad. Y por supuesto, aquí hay una visión diferente a las constituciones tradicionales, porque es una Constitución que busca garantizar los derechos. El eje rector no son las autoridades, no son los partidos políticos: es la ciudad y sus habitantes, son los derechos plenos que deben ejercer los ciudadanos; incluso los traunseúntes de la Ciudad de México, todas las personas, que vivan, residan trabajen, que transiten por esta ciudad para que tengan garantías en el ejercicio de sus derechos. Y por supuesto, hay que encontrar los mecanismos de ejercibilidad para que estos puedan ser viables en su cumplimiento”.
ONG
Laura Castellanos, presidenta de la organización CulturaDH, señala por su parte que la nueva Constitución debe impulsar el desarrollo pleno de las mujeres y reconocer sus vulnerabilidades para protegerlas de los embates de las posiciones sexistas, además de garantizar la laicidad del Estado para que grupos religiosos no impongan posturas morales que pongan en riesgo los derechos ganados, como el acceso a la interrupción legal del embarazo.
En tanto, Clara Jusidman, presidenta de Incide Social AC e integrante del grupo redactor de la Constitución, afirma que “los derechos humanos y la igualdad política de las y los capitalinos deben quedar plasmados en la Carta Magna local de manera transversal”.
Agrega que también “es fundamental incluir nuevos derechos vinculados a la vida en las ciudades, entre ellos el derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, a la ciencia y la tecnología, así como otros relacionados con el cuidado del medio ambiente”.
Martha Juárez, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, sostiene a su vez que un tema fundamental que debe ser incluido en la Constitución es el de la transparencia y la rendición de cuentas: “Es un asunto de vital importancia para la ciudadanía”.
Mientras, la Alianza Ciudadana LGBTTTI demanda que la Constitución garantice a los capitalinos “que tendrán acceso a los mismos derechos sin importar orientación, identidad y/o características sexuales”. También se pronuncia por “garantizar un mejor manejo presupuestal para la actualización de normas sanitarias de salud sexual y reproductiva”.
Expertos
El analista Sergio Sarmiento critica en tanto que el proyecto de Constitución pretenda establecer la distribución de la riqueza pero no se preocupe por primero generarla.
También señala que es incongruente proclamar por un lado la “universalidad de los derechos” y por otro crear derechos especiales para ciertos grupos sociales.
Sarmiento expone como una de sus principales preocupaciones que el proyecto deja inexistente el derecho a la propiedad privada ya que, por ejemplo, al reconocer “la función social del suelo y la propiedad” prácticamente faculta a la autoridad a despojar a personas y familias cuando lo quiera hacer.
Otra preocupación es que considera a la inversión y la actividad privada como un “peligro”, toda vez que establece que la autoridad podrá adoptar “las medidas necesarias para erradicar las desigualdades estructurales y la pobreza, revertir la inequitativa distribución de la riqueza y del ingreso” de las personas.
De aprobarse el proyecto de Constitución, asevera Sarmiento, esto representaría un enorme retroceso político y económico.
Por su parte, el politólogo Carlos Ramírez hace un balance de cómo se vislumbra el debate en la Asamblea Constituyente sobre el texto de Constitución para la Ciudad de México: “Para decirlo en pocas palabras: tortuoso y caótico”.
Sobre cuál debería ser el contenido esencial de esta Carta Magna local, Ramírez apunta que “hay dos contenidos: el que debe ser compatible con la Constitución federal en función de que la Ciudad de México es una entidad de la República y por tanto no puede ir más allá; y el caótico, de definir en primer lugar la forma de gobierno en la capital de la República, que no es estado, aunque funciona como tal; las delegaciones serán alcaldías, aunque sin la forma institucional; los cabildos carecen de funciones reales; la Asamblea es una Cámara de Diputados, aunque sin Legislatura local; y al final de cuentas seguirá dependiendo del presupuesto federal. Al final el proceso solo ha reproducido las contradicciones del federalismo caótico e ineficiente”.
El columnista Alberto Barranco dice que “el problema es que cada constituyente realmente es el reflejo de lo que representa a veces un gremio determinado o un interés de carácter ideológico”.
—¿Qué importancia debe tener el sector empresarial en el articulado?
—Hay un representante directo de los empresarios, concretamente de los comerciantes: el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Existen algunos otros que, sin estar en el Constituyente, han participado activamente, como por ejemplo la Coparmex de la Ciudad de México. Lo que yo sugeriría es que en el plano constitucional se coloque la facilidad para hacer negocios. Que de alguna forma se obligue al gobierno a dar respuesta a una solicitud para apertura de negocios. Esto evidentemente tendría la posibilidad de agilizar el nacimiento de negocios… No solamente comercios sino empresas industriales y de servicios, lo cual le daría movimiento económico a la capital del país.
—¿Se habrá de cuidar que las normas locales no se contrapongan a las federales para empresarios?
—Mira, hay reglamentos y leyes que tienen una antigüedad tremenda. Por ejemplo, el Código de Comercio, que data desde el siglo XIX, prácticamente no se ha modificado. Entonces, creo que son leyes que tienen que renovarse totalmente. Ahora, creo que los constituyentes están obligados de alguna forma a homologarse con leyes de avanzada que ya existen en materia de desarrollo empresarial en las leyes de carácter federal. Pero creo también que deben aportarse cosas nuevas, que los constituyentes tienen esa oportunidad de abrir un escenario de innovación realmente de vanguardia y eso podría ser adoptado en las diversas instancias federativas o incluso el propio legislador federal.
Sobre la esencia que debe tener esta Constitución, Barranco señala dos puntos: “En primer lugar deben consagrarse las libertades que se han ido ganando a lo largo de los años. La Ciudad de México es una entidad que respira libertad y eso se debe preservar. La otra cuestión es la inclinación social de los gobiernos. A partir de 1997 el gobierno de la ciudad tiene un espíritu, vamos a decirle de asistencia y colaboración con los sectores desprotegidos: creo que eso debe mantenerse en un escenario en que más que darles una ayuda hay que establecer artículos que les den la oportunidad de incorporarlos a la economía y desarrollo de la Ciudad de México”, concluye.