Con la entrada en vigor de la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México (CDMX) las miles de personas que con alguna discapacidad recorren esta urbe tendrán más y mejores formas de transitar e ingresar a lugares como edificios públicos y privados, ya que ordena que la administración pública y los particulares realicen los ajustes necesarios en sus instalaciones para que cada persona con capacidades diferentes pueda utilizar sin obstáculos cada uno de los espacios de esta ciudad.
A partir del 12 de enero, fecha en que se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX, todas las edificaciones públicas y privadas que se construyan deberán ajustarse a las normas que señala esta ley en beneficio de un sector de la población que representa 5.46% del total de los habitantes de la capital.
Y en los inmuebles existentes deberán realizarse ajustes y adaptaciones, considerando la aplicación de criterios de accesibilidad de manera progresiva.
La ley pone de manifiesto la implementación de lo que denomina “ruta accesible”, la cual define como un diseño de infraestructura que se realiza para permitir a los ciudadanos con discapacidad una circulación fácil, continua y sin obstáculos —o al menos la menor cantidad posible de estos—, con la combinación de elementos construidos, accesorios y señalización que garanticen a las personas entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo del entorno físico, ya sea en edificios, espacios públicos o transportes.
Con esto, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, catapulta a la ciudad como una de las más vanguardistas de América Latina en la protección de su calidad de vida de este sector importante para el desarrollo del país.
Problemática
De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) casi 500 mil personas con discapacidad viven en la CDMX, donde enfrentan diferentes dificultades para entrar a diversos lugares, una situación que refleja problemas de accesibilidad y discriminación.
El INEGI establece que estas personas con discapacidad representan 5.46% del total de habitantes; 56.9% son mujeres y 43.1% hombres.
La posibilidad de padecer alguna limitación física o mental se incrementa con la edad: la población menor a 15 años con alguna discapacidad es de 1.8%; entre 15 y 29 años de 1.9%; de 30 a 59, de 4.5%; entre 60 y 84, de 19.9%, y para la de mayores de 84 años de 54.2 por ciento.
Agrega el organismo que por condición de limitación, la de movilidad es la más frecuente, representando 60.2%. Le siguen problemas con la vista —aun usando lentes—, con 15%; para escuchar, con 8.8%; mental, 9%; y para hablar y comunicarse, con 7%, entre las más importantes.
De este medio millón de personas 85.4% tiene solo una limitación; 9.8% tiene dos; 2.9% tiene tres, y 1.9% tiene cuatro o más limitaciones.
Un dato relevante: la primera causa de limitación en la actividad de las personas con discapacidad fue una enfermedad (39.0%), la segunda la edad avanzada (23.6%), la tercera por accidentes (16.2%), y la cuarta por nacimiento y otras causas (15.6%). Aclara el INEGI que la suma de los porcentajes puede ser mayor a 100%, debido a la población que tiene más de una limitación.
Según esta información, 29% de las personas con discapacidad no son derechohabientes a ningún servicio de salud, por lo que las condiciones de vulnerabilidad de este segmento son mayores, en el entendido de que no se trata solo de lo relacionado con su discapacidad sino de la carencia de servicios integrales de salud.
En junio de 2013 se realizó la primera Encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México, con la cual se buscó conocer la percepción de la discriminación en la capital del país según quienes viven y transitan en ella.
Los datos revelaron que tener una discapacidad fue la sexta causa más común de discriminación, según las personas encuestadas: burlas (17.4%), rechazo (5.6%), menosprecio (17.7%), vulneración al derecho al trabajo y derechos humanos laborales de las personas con discapacidad (16.7%), derecho a la accesibilidad (21.5%), agresiones (8.5%), y negación de servicios 12.6 por ciento.
Estas fueron las expresiones de discriminación hacia las personas con discapacidad que fueron mayormente reportadas por los encuestados.
Legislación
El pasado 12 de enero entró por ello en vigor el decreto con el que se expide la Ley de Accesibilidad para la CDMX, la cual establece una reforma integral de construcción para inmuebles públicos y privados, a fin de que atiendan cuestiones de índole administrativa, recreación, académica, diversión y espectáculos, entre otras.
En su artículo 1 señala que “la presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto que en la Ciudad de México se garantice el derecho a la accesibilidad al entorno físico, las edificaciones, los espacios públicos, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y el transporte, especialmente para las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, asegurando el ejercicio de sus derechos, eliminando cualquier forma de discriminación y promoviendo la igualdad”.
Otro apartado importante es el 14, que a la letra señala: “Todas las edificaciones públicas y de uso al público deberán mostrar a las y los usuarios, de forma visible, el Símbolo Internacional de Accesibilidad, lo anterior con el objeto de informarles las condiciones de accesibilidad existentes, mismo que será utilizado con base en lo dispuesto por la normatividad aplicable”.
Aquí se identificarán como mínimo los siguientes elementos: rutas accesibles; puertas de entrada y salida; sanitarios accesibles, y cajones de estacionamiento exclusivo o preferente.
De igual forma, en su artículo 15, plantea que “todas las edificaciones públicas y de uso público deberán mostrar, de forma visible, a las y los usuarios la señalización visual, táctil, tacto visual y auditiva, mismas que deberán utilizarse para identificar lugares específicos tales como directorios; planos de localización; sanitarios accesibles; elevadores, escaleras o rampas de acceso e información general”.
Lo anterior con el objetivo de que las personas con discapacidad y con movilidad limitada puedan identificar los espacios destinados para ellas y el acceso a la información que requiera.
Otro mandato de la norma es que “los espacios públicos destinados a la recreación, paseos, jardines, parques públicos y demás de naturaleza análoga, deberán contar con rutas accesibles para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad y con movilidad limitada”.
Además, “todos los establecimientos mercantiles en la Ciudad de México deberán contar con espacios accesibles para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas”.
Y finalmente:“En todo espacio público y privado de la Ciudad de México, principalmente en aquellos que se encuentren abiertos al público en general, se deberá permitir en todo momento el acceso de los perros guía que acompañen a las personas con discapacidad visual”.
En marcha
El director general del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Fidel Pérez de León, dice que “la inclusión social no es una dádiva para nadie sino la voluntad de todos de sumar sin discriminación”.
El funcionario manifiesta que “las personas con alguna discapacidad, como cualquier ciudadano, quieren estudiar, trabajar y tener una familia, para lo cual se necesita darles oportunidades sin restricción alguna”.
Destaca que el Gobierno de la Ciudad de México ofrece trabajo a cerca de 800 personas con discapacidad. “La ALDF tiene el reto de que en cada presupuesto anual de la Ciudad de México debe tomar en cuenta a este sector de la población: si se otorgan recursos para un parque, por ejemplo, pensar en que se necesitan rampas y apoyos”.
Y pone en claro Pérez de León: “Somos iguales que cualquier otra persona; tenemos una condición de vida que nos hace un poco diferentes; requerimos ajustes razonables para poder estar en condiciones de realizar nuestras actividades… la discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”.
Asambleístas
El presidente de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias de la ALDF, José Manuel Ballesteros López, expresa por su parte que es primordial reconocer los derechos plenos de las personas con discapacidad.
Sobre la publicación de la Ley de Accesibilidad de la CDMX —el promovente— Manuel Ballesteros asevera que “es el resultado de la voluntad política de todos y cada uno de los diferentes grupos parlamentarios de este órgano colegiado e instituciones del gobierno”.
Cabe señalar que la iniciativa se presentó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables el 15 de abril de 2016 y la aprobó el pleno de la Asamblea Legislativa el 18 de octubre pasado.
El diputado local del PRD indica que con la nueva ley las personas de este grupo de población tendrán más y mejores formas de transitar e ingresar a lugares públicos y privados. “El DIF-CDMX y el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, en colaboración con los entes de gobierno locales, darán promoción a campañas y acciones de sensibilización mediante foros, talleres, exposiciones, cursos, entre otras actividades, fomentando el respeto a los derechos de las personas con discapacidad”, relata.
Reconoce los trabajos de la ALDF en coordinación con la administración capitalina en favor de la población y para que la Ciudad de México siga siendo un referente trascendental en la elaboración de leyes progresistas, que han sido punta de lanza no solo a nivel nacional sino incluso internacional.