Naciones Unidas, Nueva York, 26 de octubre. La enviada especial de Naciones Unidas para Myanmar advirtió que la crisis humanitaria, política y de derechos humanos en el país del sureste asiático, gobernado por militares, va en aumento y se cobra “un precio catastrófico sobre la gente”.
Más de 13.2 millones de personas no tienen suficiente para comer, 1.3 millones están desplazadas y el ejército mantiene operaciones que emplean una fuerza desproporcionada, como bombas, quema de viviendas y otros edificios y asesinatos de civiles, dijo Noeleen Heyzer al comité de derechos humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Era el primer reporte de Heyzer ante la ONU en Nueva York desde que visitó Myanmar en agosto y se reunió con el líder del gobierno militar, el general Min Aung Hlaing.
La reunión “formaba parte de esfuerzos más amplios de Naciones Unidas para respaldar un regreso al régimen civil”, señaló. La enviada recalcó que “hay una nueva realidad política en Myanmar: un pueblo que exige cambios, que ya no está dispuesto a aceptar el régimen militar”.
Heyzer indicó que durante su encuentro con el comandante en jefe del ejército había hecho seis peticiones: el fin de los bombardeos aéreos y la quema de infraestructura civil; la entrega de ayuda humanitaria sin discriminación; la liberación de todos los niños y prisioneros políticos; una moratoria a las ejecuciones; asegurar el bienestar y permitir reuniones con la encarcelada exlíder del país Aung San Suu Kyi y crear condiciones para el regreso voluntario y seguro de aproximadamente un millón de refugiados rohinya que huyeron a Bangladesh para huir de la represión militar.
Myanmar pasó cinco décadas bajo un estricto gobierno militar que provocó sanciones y aislamiento internacional. Los generales fueron perdiendo el control, lo que culminó con la llegada al gobierno de Suu Kyi tras las elecciones de 2015, y la comunidad internacional respondió levantando la mayoría de las sanciones e invirtiendo en el país.
Eso terminó con el golpe militar del 1 de febrero de 2021 tras los comicios de noviembre de 2020, en los que la Liga Nacional por la Democracia ganó por abrumadora mayoría, y que el ejército tachó de fraudulentos.
El golpe fue recibido con una enorme oposición pública que después se ha convertido en resistencia armada que algunos expertos de Naciones Unidas, incluida la predecesora de Heyzer, Christine Schraner Burgener, han descrito como una guerra civil.
Buena parte de la comunidad internacional, incluidos los socios de Myanmar en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, han expresado su frustración por la dura estrategia que han seguido los generales en su resistencia a las reformas. Los gobernantes de Myanmar aceptaron un plan de cinco puntos de la ASEAN en abril de 2021 para restaurar la paz y la estabilidad en el país, pero los militares han hecho pocos esfuerzos por aplicar el plan.
La hoja de ruta contempla un cese inmediato de la violencia, diálogo entre todas las partes, una mediación de las conversaciones ejercida por un enviado especial de la ASEAN, entrega de ayuda humanitaria a través de canales de la organización regional y una visita a Myanmar del enviado especial del grupo para reunirse con todas las partes implicadas. Tanto Heyzer como el enviado especial de ASEAN, Prak Sokhonn, un ministro camboyano, han visitado el país pero no se permitió que ninguno se reuniera con Suu Kyi.