Reto del Congreso a su regreso a sesiones ordinarias: acordar los cambios legislativos que requiere el país.
El inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión el 1 de septiembre será la oportunidad para que los grupos parlamentarios hagan a un lado sus diferencias y traten de alcanzar acuerdos que les permitan sacar adelante temas fundamentales para el desarrollo del país.
La disposición de los partidos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, además de la defensa de los temas prioritarios de su agenda requerirá de sumar esfuerzos y apostar por lograr avances legislativos que abonen para hacer frente a retos como el aumento de la inflación, la necesidad de reforzar la seguridad pública y la de establecer condiciones presupuestarias para apuntalar el crecimiento económico y enfrentar la inestabilidad financiera internacional.
Entre los temas clave que los congresistas discutirán se encuentran la iniciativa de reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) y disminuir el número de diputados federales; la propuesta de reforma legal que enviará el 1 de septiembre como iniciativa preferente para que la Guardia Nacional (GN) pase a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); así como la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos para 2023.
Por el momento el reinicio del trabajo legislativo se encuentra condicionado por la moratoria constitucional que anunciaron a principios de julio PAN, PRI y PRD —que integran la coalición Va por México—, aunque los dirigentes nacionales y líderes de esos partidos manifiestan disposición al diálogo para alcanzar acuerdos y proponer iniciativas que no vayan en contra de la Constitución y beneficien al país.
Reforma electoral
Luego del receso legislativo iniciado el 29 de abril, los partidos realizaron sus reuniones plenarias para acordar los temas de su agenda legislativa. En el caso de Morena su prioridad será la iniciativa de reforma en materia electoral para transformar al INE.
En ella el presidente propone que el INE se transforme en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que estaría compuesto por siete en lugar de los actuales once consejeros electorales, quienes serían electos mediante voto ciudadano.
Prevé además la eliminación de 200 diputados federales y 32 senadores plurinominales, con lo cual las curules en la Cámara de Diputados pasarían de 500 a 300 y los escaños en el Senado de la República de 128 a 96.
También prevé la disminución de los diputados locales, el establecimiento del voto electrónico y la reducción al financiamiento para los partidos políticos.
El presidente asegura que con la propuesta de reforma electoral no se tiene la intención de imponer un partido único y “lo que queremos es que haya una auténtica y verdadera democracia en el país, que se termine con los fraudes electorales”.
Para poder sacar adelante esta reforma Morena requiere de una mayoría calificada (las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión) tanto en San Lázaro como en el Senado, la cual no alcanza con la suma de los votos de sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM).
Guardia Nacional
López Obrador anunció también que enviará un decreto al Congreso para que la GN pasé a formar parte de la Sedena, lo que genera una fuerte polémica entre los partidos de oposición y juristas porque la ley que dio origen a la nueva institución de seguridad establece que será encabezada por un mando civil.
Durante la tercera reunión plenaria de Morena el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que el presidente remitirá el 1 de septiembre una iniciativa preferente en materia de GN y seguridad pública que, precisó, no será constitucional sino legal.
Explicó que la iniciativa busca “garantizar que ese eje del proyecto de la transformación de este país, que es dotar a México de una institución que sea efectiva en los tiempos tan difíciles que enfrentamos, sea capaz de garantizar la seguridad de las personas y bienes de todos los ciudadanos”.
Rechazó que con la propuesta se vaya a militarizar al país, puesto que ese no es el objetivo de la iniciativa. “Si ese fuese el objetivo, en la pasada legislatura se pudo haber propuesto y se hubiera obtenido”, aseveró.
El secretario de Gobernación insistió en que el propósito es dotar a México de un cuerpo profesional que sea capaz de garantizar la seguridad de todos y aseguró que el Ejército, como el país, ha evolucionado y hoy es un ejército profesional que respeta sobre todo los derechos humanos.
La iniciativa preferente es una prerrogativa que tiene el Ejecutivo federal para que en la apertura de cada periodo ordinario de sesiones pueda presentar un proyecto de ley o decreto que considere primordial para la nación.
Por tratarse de una modificación a leyes secundarias, no es necesaria la mayoría calificada, por lo que Morena y sus aliados están en condiciones de alcanzar una mayoría simple (50% +1 de los legisladores presentes) y aprobar la iniciativa preferencial del presidente.
Otros temas que Morena considera prioritarios corresponden a política exterior, salud, y los que se relacionan con la consolidación del proyecto del actual gobierno federal.
Oposición
El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que no aprobará iniciativas nocivas para México y sobre todo aquellas en las que vengan con la instrucción de que no se les mueva una sola coma.
Jorge Romero, coordinador de la bancada panista en la cámara baja, expuso los temas prioritarios del partido para el próximo periodo ordinario de sesiones: avanzar en el camino de energías limpias en el país; impulsar un proceso de justicia para terminar con la impunidad, que a su consideración es el principal problema de seguridad; defensa de la democracia; mayor presupuesto para que no falten las medicinas en los hospitales, e impulsar medidas para que la inflación no golpee tan fuerte el bolsillo de los mexicanos.
Añadió que tratarán la propuesta de Ley de Seguridad Social para los cuerpos policiacos, poniendo énfasis en la prevención de la seguridad usando la tecnología, y abordarán el tema del Presupuesto de Egresos 2023 para que los contribuyentes opinen qué debe hacerse con el dinero que aportan.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene entre los temas prioritarios de su agenda legislativa los relacionados con desarrollo social, medio ambiente, salud, seguridad pública, el paquete fiscal del próximo año y el presupuesto, así como el campo y la educación.
Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas, dijo que en el próximo periodo ordinario de sesiones habrá diálogo con Morena porque su obligación como legisladores es proponer iniciativas y discutirlas con el resto de los grupos parlamentarios.
En tanto, los líderes del PRD anunciaron que en los trabajos legislativos harán una defensa del INE y se opondrán a la militarización del país.
Jesús Zambrano, dirigente nacional perredista, afirmó que su partido seguirá siendo una oposición propositiva, defenderá los contrapesos, la pluralidad y la vida democrática del país.
Por lo que hace a Movimiento Ciudadano, PT y PVEM, también discutieron los temas que formarán parte de su agenda para el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.
Rezago legislativo
En la Cámara de Diputados se encuentran rezagadas más de dos mil 300 iniciativas en las distintas comisiones, por lo que la Mesa Directiva autorizó una prórroga para que los legisladores que las integran dictaminen 331 iniciativas que no han avanzado tras el receso legislativo de finales de abril.
Datos del Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (Infopal) refieren que en los dos periodos de sesiones del primer año de la LXV Legislatura el pleno camaral aprobó 153 dictámenes, la mayoría de los cuales se habían acumulado desde la legislatura anterior.
Entre las iniciativas rezagadas está la que envió el Ejecutivo federal para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, que busca centralizar en la Secretaría de la Función Pública la política de contratación y darle participación en negociaciones internacionales relacionadas con compras del sector público.
También está pendiente una nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano para identificar, seguir e interceptar aviones que trafiquen con drogas y garantizar el dominio pleno sobre el espacio aéreo nacional.