La serie de reformas político-electorales del último cuarto del siglo pasado fortalecieron la democracia en diversos sentidos. Por ejemplo, quitaron la organización y conteo de los votos a la Secretaría de Gobernación y crearon un organismo electoral autónomo que capacita a ciudadanos seleccionados aleatoriamente para contar los sufragios en los comicios.
Siendo los ciudadanos —nuestros vecinos y familiares— quienes cuentan los votos, fue posible tener alternancia en la Presidencia de la República y en 30 de las 32 entidades del país; además, al contrario de lo que sucedía antes, ahora contamos con un Congreso de la Unión y Congresos locales plurales.
Sin embargo, las reformas electorales de 2007 y 2014 significaron un retroceso para la democracia al establecer la prohibición de que los ciudadanos comunes expresen sus opiniones políticas en radio y televisión, además de cancelar el derecho a la información: excepto los partidos políticos, nadie puede hablar de temas electorales en dichos medios de comunicación.
Por ello ahora que la Cámara de Diputados inició el proceso para analizar y en su caso aprobar una nueva reforma electoral, los expertos consideran que esta es una oportunidad para que la sociedad exija a los legisladores restituir los derechos ciudadanos que se cancelaron en pasados cambios constitucionales.
Asimismo, señalan que se debe demandar a los diputados y senadores que eliminen la spotiza y reduzcan el presupuesto destinado a partidos políticos e institutos electorales; y que simplifiquen la normatividad electoral para evitar la litigiosidad en los procesos, así como la judicialización de los mismos.
Igual recalcan la importancia de que una nueva reforma garantice elecciones transparentes y con certeza en sus resultados, así como debe fortalecer la autonomía del árbitro electoral, impidiendo que el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean encabezados por consejeros y magistrados al servicio de algún gobierno o partido político.
Libertad en radio y televisión
Los ciudadanos comunes y las organizaciones sociales no cuentan con recursos públicos ni con espacios regalados en radio y televisión. Además, se les prohíbe contratar tiempo en estos medios electrónicos. Esto porque la ley electoral está hecha por los partidos políticos que se autoasignan tiempos en medios electrónicos y dinero y al mismo tiempo bloquean la participación ciudadana activa en los procesos electorales, limitándola al solo acto de emitir su voto.
Por ello una de las demandas más sentidas de la sociedad es exigir la restitución de la libertad de expresión, de acceder a los medios electrónicos y de emitir opiniones sobre los problemas nacionales, así como críticas a los partidos y candidatos. De hecho, no piden tiempo gratis: solamente que se les permita contratar espacios en radio y televisión.
José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), participó en uno de los foros del Parlamento Abierto para analizar las propuestas de reforma electoral en la Cámara de Diputados y propuso dar paso a una nueva ley que garantice la libertad de expresión, así como también elimine la regulación excesiva que se aplica precisamente a la radio y televisión mexicanas.
Asimismo, reprochó que sean la radio y televisión mexicana los únicos medios censurados por las leyes electorales. Con él coincidió un grupo de expertos que participaron en dicho foro y que de igual forma criticaron el modelo de comunicación política que restringe el acceso de los ciudadanos comunes a radio y televisión.
En este sentido, agregó: “Nosotros como medios tradicionales somos los que más regulación tenemos. Existen demasiadas restricciones para poder ejercer nuestro compromiso de orientar e informar a la población en materia electoral, por todas las prohibiciones y restricciones que tenemos y que terminan siendo censura”.
Subrayó su deseo de “que nuestros legisladores nos escuchen y comprendan que es necesario modificar la comunicación política en beneficio de la democracia”.
También sobre el tema del modelo de comunicación política los expertos afirmaron que es necesario discutir el tema de los millones de spots de los partidos políticos que los concesionarios de radio y televisión están obligados a transmitir de manera gratuita: “Lo que podemos afirmar es que la saturación de spots no funciona. La misma Organización de Estados Americanos (OEA) se ha manifestado diciendo que no hay comunicación; la audiencia que está frente a diez spots seguidos simplemente le cambia al canal o estación de radio, no los escucha; y esto se debe en buena medida a que la calidad de spots de los partidos es deficiente, se trata de puros ataques, son una novela de terror”, señaló el presidente de la CIRT.
Con él coincidió otro experto, el periodista Poncho Gutiérrez, quien indicó que una futura reforma electoral es “un área de oportunidad gigante” no solo para los temas con relación a la competencia política, sino también para fortalecer “los espacios de democracia en los medios de comunicación y redes sociales”.
Y esto tiene mucho que ver, dijo, con los spots: “No funciona ya ese tipo de propaganda de los spots donde se atacan unos a otros; eso no es informar; tampoco son viables los debates de media hora entre nuestra programación”.
Asimismo, el empresario García Herrera explicó que la obligación de transmitir los spots de los partidos de manera gratuita es un impuesto —en especie— que no debería existir porque ellos ya pagan al Estado mexicano por el uso de las frecuencias.
Una propuesta concreta de los concesionarios para la reforma electoral es que se permita a los partidos políticos y candidatos adquirir espacios en radio y televisión: “En cualquier tiempo los partidos políticos podrán contratar o adquirir, a través del instituto electoral y con cargo a sus respectivas prerrogativas, tiempos en cualquier modalidad en radio y televisión”.
Veda y judicialización
Otra propuesta formulada por la CIRT es la relativa a la desaparición de la llamada “veda electoral”, esto es, la prohibición que establecen las leyes para que los servidores públicos hablen sobre temas electorales y también para que los medios de comunicación electrónicos reproduzcan los dichos o hechos de gobernantes o legisladores durante el desarrollo de los procesos electorales.
“Esto de la veda nos ha afectado durante tantos años… y es una figura que no debería existir. O al menos, consideramos, deberíamos contar con criterios precisos para determinar lo que es contenido informativo y lo que es propaganda electoral. ¿Qué pasa con la actual ley? Pues todo mundo quiere sancionarnos a los medios de comunicación porque damos cobertura a lo que dicen o hacen los gobernantes, legisladores y candidatos. Cuando difundimos la información sucede que dichos personajes acuden ante el INE a denunciarnos con el argumento de que dimos cuenta de asuntos que son propaganda electoral”, señala el organismo.
Y puntualiza: “Nos la pasamos en los tribunales electorales en cada proceso e incluso dos años después de haber concluido nosotros seguimos defendiéndonos. Al final, resulta que las demandas no tenían sustento y solo formaron parte de las estrategias de los partidos o los candidatos”.
En este sentido, la CIRT propone que la reforma incluya mecanismos para garantizar que el órgano electoral, “mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, desechará quejas frívolas por no contar con elementos probatorios fehacientes o que considere falsos o inexactos”.
Recursos ofensivos
También en los foros de discusión sobre la reforma electoral los expertos y legisladores se pronunciaron en el sentido de disminuir el costo de operación de los organismos electorales.
El diputado Hamlet García Almaguer, de Morena, aseguró que “miles de ciudadanos consideran que el INE carece de legitimidad democrática y que los recursos que solicita cada año son excesivos”.
Aseveró que a la mayoría de la población “le resulta ofensivo el despilfarro económico que existe en el INE y sus salarios altísimos que vulneran los límites constitucionales”.
Se afirmó que también se debe disminuir el financiamiento público a los partidos políticos.
Eurípides Flores, representante de Morena, señaló: “El presupuesto que se asigna a los partidos políticos es un golpe a la voluntad popular, que exige acabar con los lujos y privilegios de los partidos y destinar esos recursos a la atención de necesidades urgentes para la ciudadanía”.
Elena Sarayth de León Cardona, fiscal especializada para la Atención de Delitos Electorales en la Ciudad de México, planteó que en la actualidad “el flujo de dinero para cubrir gastos de campaña muchas veces se utiliza para las llamadas actividades de campo que envuelven la denominada operación política: compra de votos, traslado de votantes, pago de operadores y movilizadores, grupos de choque, representantes generales y de casilla, y muchos otros gastos que la fiscalización no detecta y que no son tan sencillos de acreditar como ilícitos electorales”.
Autonomía
Un tema en particular que no cuenta con el consenso de los partidos es el relativo a que sea la ciudadanía la que elija, por medio de voto directo, a los consejeros y magistrados del INE y del TEPJF.
José Woldenberg, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, consideró que la proposición del Ejecutivo en el sentido de que la ciudadanía elija a las autoridades electorales “es la peor propuesta de los últimos 30 o 40 años”, toda vez que existe la posibilidad de que resulten electos los aspirantes propuestos por el presidente y ahí “¿qué autonomía habrá?”
La consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Carolina del Ángel Cruz, dijo que “hace mucho ruido que se considere elegir a los árbitros electorales a partir de un proceso electoral. No encuentra mucha lógica porque es un órgano constitucional autónomo que apoya al equilibrio entre los poderes. Es de suma importancia mantener la autonomía y evitar que alguno de los tres poderes pueda sentirse tentado a intervenir en la autoridad electoral”.
Señaló que “es un despropósito ver a las autoridades electorales haciendo campañas; tal situación abonaría a quitarles lo ciudadano, cuando la tendencia tendría que orientarse a la menor intervención de los órganos de poder”.
Son varios los expertos en la materia que plantean dudas: ¿Será el propio INE el que organice las elecciones? ¿La popularidad será más importante que la capacidad? ¿Los candidatos a consejeros tendrán dinero público para hacer campañas? ¿Cómo se garantizará que las estructuras partidistas, los sindicatos, las iglesias y los propios gobiernos no promuevan a sus candidatos a consejeros?
“Lo importante y lo que se debe cuidar es la jornada electoral: la recepción, el conteo y registro de los votos debe seguir en manos de los ciudadanos”, afirmó el director de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Roberto Heycher Cardiel.
Sin embargo, es un hecho que la sociedad aspira a que el instituto tenga consejeros que no estén al servicio de los partidos políticos.
José Antonio Carrera, especialista en sistemas electorales, llamó a “despartidizar y despolitizar el nombramiento de los consejeros”.
La defensora de derechos humanos Marcia Itzel Checa, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, aseveró que “el proceso para la elección de consejeros del INE carece de controles y da pauta a la discrecionalidad de quien propone la terna y el proceso”; y esto es lo que se debe corregir.
Rafael Estrada Michel, catedrático de la UNAM, planteó: “Nos preocupamos demasiado por los mecanismos de designación de los árbitros electorales; y no digo que no sea importante, pero es mucho más importante sujetarlos a un mecanismo efectivo de rendición de cuentas, de que nos digan por vía del Parlamento cómo actúan, cómo aplican los recursos, qué tanta es su imparcialidad, cómo cumplen los principios y valores constitucionales”.
Finalmente, Francisco Guerrero, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, sostuvo que la independencia y la autonomía de los órganos electorales es la garantía con la que cuentan los ciudadanos para mantener la estabilidad del sistema democrático.
Respuestas
Carlos González Martínez, integrante del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, sostuvo que la reforma es necesaria en México para fortalecer la democracia, en razón de varios motivos: “Una enorme desconfianza y desafección política de la ciudadanía. Una profundización de la crisis de los partidos políticos y de los sistemas de representación. Un sistema institucional electoral que está bajo una enorme tensión en torno del desempeño, la confianza y la credibilidad en el órgano electoral”.
Salvador Romero Ballivián, quien fuera el primer director del Instituto Nacional Demócrata de Honduras, destacó los que a su juicio son elementos que favorecen el éxito de alguna reforma: “Una reforma electoral exitosa será aquella que cuente con acuerdos mínimos entre el oficialismo y la oposición, mejor si estos acuerdos pueden ampliarse a un consenso social. Que la reforma sea la respuesta a problemas verdaderos y que no se ejecute teniendo sesgos a favor o en contra de ningún actor político”.
Dijo que “también es importante considerar el tiempo adecuado para una reforma electoral, pues esta se debe dar a un tiempo prudente de las siguientes citas electorales. Cuando las reformas se ejecutan muy cerca de un proceso electoral, ciertamente, los actores pueden calcular cuáles pueden ser sus resultados electorales y tratar de adecuar las normas a esa expectativa de resultados, sean buenos o sean negativos”.
Angélica Bernal Olarte, catedrática universitaria e integrante de la Red de Politólogas de Colombia, señaló que se debe tomar en cuenta que la ciudadanía quiere “elecciones democráticas, transparentes, donde los resultados provengan directamente de la voluntad popular, sin ningún tipo de sesgo por parte del sistema de conteo”.
Asimismo, planteó que es necesaria una reforma política-electoral que no permita que el poder político esté concentrado en una sola persona o partido político y en cambio propicie el equilibrio entre los Poderes.
Todos los expertos y buena parte de los legisladores aceptaron que la sociedad exige a los partidos que la reforma electoral garantice derechos ciudadanos.
Comenzaron
El martes 25 de octubre las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados iniciaron los trabajos sobre el diseño y puesta en marcha de la ruta legislativa para el análisis de iniciativas en materia político electoral.
La Junta de Coordinación Política informó que tienen 51 iniciativas de reformas constitucionales de los diferentes grupos parlamentarios y 57 iniciativas de reformas a las seis leyes vinculadas a procesos político-electorales.
El diputado Salvador Caro Cabrera, de MC, adelantó que su partido no participará, en tanto que PAN, PRI y PRD advirtieron que no avalarán una reforma electoral que “dañe al INE o al TEPJF”.
Morena, a su vez, insistió en impulsar una reforma que disminuya el costo de los procesos electorales y establezca que los consejeros y magistrados electorales sean electos con el voto universal y directo de la sociedad.
Las referidas comisiones legislativas acordaron integrar un grupo de trabajo que analice las reformas en materia político electoral, el cual se compondrá de 21 diputados —siete integrantes de cada comisión—, quienes presentarán ante la Jucopo un programa que garantice un análisis amplio. El objetivo, señaló el coordinador de Morena, es que la reforma se someta a votación antes de que concluya el actual periodo de sesiones, el 15 de diciembre.
El futuro de la reforma electoral, por ahora, es incierto…