Durante las tres últimas décadas los partidos políticos entraron en una dinámica de “reformismo” del sistema electoral que ha dado origen a siete reformas constitucionales. El argumento fue quitar al gobierno federal la facultad de organizar y calificar las elecciones para equilibrar la competencia por los cargos de representación popular.
Con el gobierno federal fuera de la organización de los comicios los cambios permitieron, a la fecha, tres alternancias de fuerzas políticas en la Presidencia de la República, así como la alternancia en 30 de 32 entidades del país.
Sin embargo, los partidos excluyeron a la sociedad de los beneficios de las reformas, puesto que son ellos los que ponen las reglas para hacer campañas, seleccionar candidatos, establecer sanciones a ellos mismos y a particulares, designar a las autoridades de las instituciones electorales, etcétera.
Además las fuerzas políticas se reservan para sí mismas el derecho a transmitir mensajes políticos en radio y televisión; también se asignaron la facultad de —a través de los órganos electorales— prohibir el derecho a la información y la libertad de expresión.
Por supuesto, los partidos igual se ocuparon en asignar cuantiosos recursos presupuestales para ellos y los órganos electorales (aproximadamente 50 mil millones de pesos en años con comicios federales).
En términos generales los partidos siempre han estado inconformes con sus reformas, con las autoridades electorales que ellos mismos designan y con la normatividad que se aplica en las contiendas —que ellos mismos aprobaron— y en consecuencia promueven constantemente nuevos cambios a la Constitución.
Por lo regular son los perdedores de las elecciones los que exigen las modificaciones alegando que fueron víctimas del fraude (así lo hizo el PRD en 2006), pero en este momento el que promueve los cambios es Morena, el partido en la Presidencia, que además encabeza 22 gubernaturas y cuenta con mayoría simple en el Congreso de la Unión.
Es Morena el que busca cambios y para ello impulsó y concretó la organización del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para discutir la reforma político-electoral.
El morenismo pretende modificaciones a la Constitución con las que no están de acuerdo los partidos de oposición y sin ellos simplemente no hay manera de que puedan aprobarse.
De esta manera, el parlamento inició con un futuro incierto que solo da pie a que los especialistas especulen qué podrá pasar.
En este sentido, consideran que podrían darse: 1. Cambios a las leyes secundarias, que terminarán siendo impugnadas ante el Poder Judicial; 2. Parálisis legislativa; 3. Desobediencia de las leyes; y, 4. Debilitamiento de los órganos electorales a través de la reducción de sus presupuestos o bien afectando su operación.
Terminar con abusos
En materia político-electoral Morena y la Presidencia de la República pretenden reformar la Constitución para que no sean la Cámara de Diputados y el Senado los que designen a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respectivamente.
Su propuesta es que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial propongan a un grupo de candidatos a ocupar los cargos de consejeros y de magistrados; y que sea la ciudadanía, a través del voto universal, libre y secreto, la que los elija.
La iniciativa de la Presidencia y respaldada por Morena contendría un artículo transitorio que prevea la destitución de los actuales consejeros y magistrados electorales.
Por otro lado, la propuesta de la Presidencia y su partido también busca reducir el número de diputados federales y de senadores, así como disminuir los recursos públicos que se entregan a los partidos políticos e instituciones electorales.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la cámara baja, convocó a las fuerzas políticas a debatir en el Parlamento Abierto las iniciativas que durante la pasada y actual legislaturas han presentado los grupos parlamentarios en materia político-electoral.
“Habrá exposición, argumentación y debate con relación a las diferentes iniciativas que se agrupan en cuatro ejes temáticos: Sistema de partidos políticos, Instituciones electorales, Sistema electoral e Inclusión y diversidad”, puntualizó.
Indicó que existen 49 iniciativas relativas a una reforma político-electoral presentadas por diputados de la LXIV y la LXV legislaturas, así como el Ejecutivo federal.
Dijo que “las conclusiones y el informe final por parte de la Junta de Coordinación Política se realizará entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre, para luego ser remitidas a las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral y de Puntos Constitucionales”.
Asimismo, el coordinador de Morena expresó que es importante una reforma política-electoral para que las instituciones electorales ni los funcionarios caigan en excesos: “Hemos sostenido que es necesario una revisión a profundidad, que no queden lagunas para que los consejeros del INE o los magistrados del TEPJF cometan excesos que afecten los intereses y los derechos de particulares”.
Por su lado, el presidente de la cámara baja, Sergio Gutiérrez Luna, recordó que “parte esencial de la necesidad de reformar el sistema electoral es la demanda de un árbitro imparcial, objetivo y que garantice igualdad de condiciones para los contendientes; además, evitar el dispendio de los recursos de los mexicanos en aparatos burocráticos costosos y en ocasiones inoperantes”.
En uno de los primeros foros de análisis de la reforma electoral en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Jaime Castañeda Salas, asesor de Morena, aseveró que el INE “tiene muchas áreas de oportunidad que permitirían generar ahorros y bajar el costo de los procesos electorales”.
Al respecto abundó: “Podría haber ahorros en la reducción de los salarios, en los costos agregados, en la forma en que se hacen las contrataciones, en las capacitaciones electorales, entre otros; solo falta voluntad”.
Desacuerdo
Los partidos integrantes de la coalición legislativa Va por México (PAN, PRI y PRD) reiteraron su “compromiso de cuidar la Constitución, la libertad y la democracia” y en consecuencia adelantaron que no aprobarán “ninguna reforma constitucional que debilite al INE y al TEPJF”.
Así lo expresaron tanto los dirigentes nacionales de los referidos partidos como sus coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Jorge Romero del PAN, Rubén Moreira del PRI y Luis Espinosa Cházaro del PRD.
El coordinador panista dijo que “nosotros vamos a honrar el mandato popular de los mexicanos depositado en las urnas en 2021 y que consiste en ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país”.
Añadió Romero que “nuestro voto será contra cualquier reforma electoral que ponga en riesgo a nuestra democracia”.
El también diputado panista Jorge Triana manifestó: “Vamos a participar en los foros de Parlamento Abierto. El problema es que ellos ven el todo o el nada y si no están dispuestos a que se le mueva ni una coma, como pasó con la reforma eléctrica, pues por supuesto que no vamos a ir con esta reforma. No convalidaremos ningún sueño o capricho electoral”.
Sobre la posibilidad de que no se avale esta reforma constitucional y Morena y sus aliados busquen modificar las leyes secundarias en la materia, el panista indicó que están en su derecho y es algo que la oposición ya tiene previsto. Sin embargo, “el PAN se reserva su derecho de presentar cualquier tipo de impugnación si no está de acuerdo con el resultado y se violenta el proceso legislativo”.
El hecho es que panistas, priistas y perredistas afirman que sí buscan cambios en la Constitución en materia político-electoral, pero estos son de un orden diferente al que impulsa el morenismo.
Estos grupos parlamentarios proponen que el candidato presidencial de las coaliciones sea producto de una elección previa, es decir, “una elección primaria en la que participen los ciudadanos interesados”.
Otro tema que impulsan es que la Constitución establezca la figura de gobierno de coalición, en el que se apunte cómo se integraría el gabinete de un presidente que ganó representando a una coalición de partidos, así como las políticas públicas que impulsarían.
También proponen la segunda vuelta en la elección presidencial, eliminar la sobrerrepresentación legislativa y que “sea causal de nulidad absoluta y automática de cualquier elección el más mínimo indicio de la participación de delincuencia organizada en unos comicios”.
Finalmente, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), que coordina Jorge Álvarez Máynez, afirmó a su vez que “los temas urgentes que debe discutir la Cámara de Diputados son en materia económica y de seguridad pública, y no la reforma política-electoral”.
MC reiteró “nuestro rechazo a la realización del Parlamento Abierto de la reforma electoral. Centrar la discusión en este tema es una irresponsabilidad frente a los graves problemas que atraviesa el país”.
Gasto
El presupuesto para realizar el Parlamento Abierto es de alrededor de 20 millones de pesos, con cargo a la cámara baja, monto similar al que tuvo el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica.
Sin embargo, a juzgar por las posiciones expresadas por los grupos parlamentarios, es evidente que no existe algún punto de coincidencia. Si no hay coincidencias, las votaciones serán divididas… al igual que sucedió en la votación de la reforma eléctrica.
De hecho, el artículo 135 constitucional establece: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada (…) Se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados”.
En el supuesto de que a la votación de la reforma política-electoral asistan los 500 legisladores, se requieren 334 votos para aprobarla; pero resulta que Morena y sus aliados en San Lázaro (PT y PVEM) suman 276, por lo que no alcanzarían la cantidad requerida.
En la votación de la reforma eléctrica en abril pasado el morenismo consiguió 275 votos y no fue posible concretar los cambios a la Constitución impulsados por la Presidencia.
Al revisar las propuestas que impulsan unos y otros es notable que todas requieren de un cambio constitucional: nuevo mecanismo para elegir consejeros y magistrados electorales, reducir el número de legisladores, disminuir los recursos a los partidos políticos; o bien, segunda vuelta en la elección presidencial, conformación de gobiernos de coalición y posibilidad de anular resultados si se detecta la participación de la delincuencia organizada en los procesos electorales.
Hasta el momento ningún grupo parlamentario ha propuesto modificaciones a las leyes secundarias. Los expertos sostienen que no se imaginan cómo se puede modificar una ley secundaria que permita, por ejemplo, cambiar el mecanismo para designar consejeros electorales, reducir el número de legisladores o establecer la segunda vuelta en la elección presidencial.
En el supuesto caso de haber modificaciones a las secundarias, será la Suprema Corte de Justicia de la Unión (SCJN) la que en su momento analizará y resolverá si dichos cambios son o no constitucionalmente válidos.
Otro camino que ven los analistas es que se busquen vías para conseguir ciertos objetivos. Por ejemplo, para disminuir los recursos del INE Morena y aliados podrían simplemente asignarle un presupuesto menor.
En lo que se refiere al INE, cabe señalar que la disputa por este organismo comenzará en octubre próximo, cuando se debe publicar la convocatoria para designar al nuevo presidente del Consejo General del instituto, así como a tres nuevos consejeros; el periodo de estos cuatro funcionarios concluye el 3 de abril de 2023.
Hay quienes estiman que Morena podría llegar al extremo de buscar ahorros postergando hasta donde sea posible el nombramiento de los cuatro nuevos consejeros.
El hecho es que las posiciones de los grupos parlamentarios en el marco del inicio del Parlamento Abierto para analizar la reforma política-electoral dejan una serie de dudas que los mismos legisladores irán contestando en la medida que se acerque el nuevo periodo ordinario de sesiones en septiembre próximo.
¿Conseguirá Morena los 334 votos que requiere para aprobar su reforma “sin cambiarle ni una coma”?
¿Persistirá la moratoria constitucional legislativa de la oposición?
¿Morena cambiará leyes secundarias en materia electoral, llevando a la oposición a la ruta de la controversia constitucional para al final dejarle la responsabilidad a la SCJN?
Y lo más importante: ¿algún partido tomará en cuenta lo que realmente quiere la ciudadanía en materia electoral; por ejemplo, menos gasto en los comicios, autoridades electorales realmente autónomas y sobre todo libertad de expresión?
1. Sistema electoral
Foro 1 Integración de ayuntamientos municipales (26 de julio).
Foro 2 Segunda vuelta en elección de titulares de poderes ejecutivos (28 julio).
Foro 3 Urna electrónica (1 de agosto).
Foro 4 Gobierno de coalición (1 de agosto).
Foro 5 Creación de la figura de vicepresidencia federal (2 de agosto).
Foro 6 Sobre y subrepresentación electoral (9 de agosto).
Foro 7 Integración de cámaras legislativas, federales y locales (15 de agosto).
2. Sistema de partidos
Foro 1 Comunicación, medios digitales y redes sociales (4 de agosto).
Foro 2 Financiamiento público para las campañas electorales (11 de agosto).
Foro 3 Seguridad, combate a la violencia, prevención de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y nulidad de las elecciones (11 de agosto).
Foro 4 Elecciones primarias y métodos de selección de candidatos (15 de agosto).
Foro 5 Medios de financiamiento para actividades ordinarias (16 de agosto).
Foro 6 Asignación y distribución de tiempos oficiales por proceso electoral (16 de agosto).
Foro 7 Prohibición de propaganda gubernamental y veda electoral (18 de agosto).
3. Instituciones electorales
Foro 1 Modificaciones a la estructura orgánica del TEPJF (8 de agosto).
Foro 2 Proceso para la designación de consejerías y magistraturas (8 de agosto).
Foro 3 Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (18 de agosto).
4. Inclusión y diversidad electoral
Foro 1 Tratamiento a candidaturas independientes y derechos de minorías (9 de agosto).