La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló por mayoría de votos la reforma estatutaria con la que el Consejo Político Nacional (CPN) del PRI extendió la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, hasta 2024.
En el camino se quedaron los reclamos de legisladores, expresidentes del partido y militantes que exigieron a las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, anular la ampliación del mandato por considerarla ilegal.
Si bien ya no existen más vías para impedir que el presidente nacional priista permanezca en el cargo hasta 2024, lo cierto es que serán los resultados electorales los que den o no la razón a sus críticos, quienes hasta ahora, a juzgar por las constantes derrotas, tienen fundamentada su exigencia de que renuncie.
Perdedor
En las elecciones federales y locales concurrentes del 6 de junio de 2021 estuvieron en juego, entre otros cargos, 500 diputaciones federales y 15 gubernaturas, ocho de las cuales (Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, Campeche, Tlaxcala y Colima) encabezaba el PRI, ya entonces dirigido por Alito.
Al no ganar una sola gubernatura los priistas pasaron de ser la primera fuerza partidista a nivel local —porque gobernaban el mayor número de entidades (doce) y a 42 millones de mexicanos—, a quedar con apenas cuatro gobiernos estatales: Oaxaca, Coahuila, Estado de México e Hidalgo.
Y de las 500 curules en disputa solo consiguieron 69 (30 de mayoría relativa y 39 de representación proporcional).
“Ese año (2021) se recordará en la historia como aquel en que el PRI sufrió la más humillante de sus derrotas”, afirmó el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien junto con otros priistas denunció que “Alito concentró el poder y el control del partido en su propio beneficio”.
Ruiz le envió también un mensaje a Moreno Cárdenas y al comité nacional: “¡Renuncia!”, “¡Váyanse ya!”
Legisladores, expresidentes nacionales y militantes se sumaron a la exigencia de que renunciara a la dirigencia del partido. No hizo caso y llegó la elección de 2022, en la que estuvieron en juego seis gubernaturas y en ellas perdió Oaxaca e Hidalgo, entidades que gobernaba, así como también fue derrotado en Tamaulipas y Quintana Roo.
De nuevo diversos personajes del tricolor lo calificaron de “perdedor” y le exigieron que dimitiera.
Agandalle
Moreno no solo ignoró los reclamos de quienes exigían su renuncia, sino que amplió su mandato al frente del partido. En diciembre pasado el CPN del PRI aprobó una reforma a los estatutos partidistas que le permitió extender su mandato un año más y así mantenerse en el cargo hasta que concluyan los procesos electorales federal y 32 locales concurrentes de 2024.
Para los críticos, dentro y fuera del partido, quedó claro que el objetivo del priista es controlar la designación de candidatos y los acuerdos de alianzas para los procesos del próximo año.
El dirigente priista consiguió que se aprobaran las modificaciones en una reunión a “puerta cerrada” del consejo, cuyos integrantes en su gran mayoría le son afines, le reprocharon.
Asimismo, el “albazo” recibió severas críticas de cuadros priistas que consideraron que la reforma estatutaria no corresponde al CPN, sino a una Asamblea Nacional, el máximo órgano de decisión de ese partido.
La senadora priista Claudia Ruiz Massieu expresó: “Como Alejandro Moreno sabe que se quedaría sin cargo y sin poder para postular candidatos, impulsó una reforma estatutaria a modo”.
Con ella coincidieron numerosos legisladores, exdirigentes y militantes. Acudieron entonces ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que en un principio parecía haber dado la razón a los quejosos, pero al final fue el TEPJF el que resolvió de fondo y en definitiva el asunto.
Se queda
La Sala Superior del TEPJF resolvió por mayoría de votos declarar la procedencia de las reformas aprobadas por el CPN toda vez que ejerció “su facultad de prorrogar el cargo de la dirigencia nacional”.
El tribunal recordó que “la controversia se originó cuando el CPN del PRI convocó a una sesión extraordinaria para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de su normativa interna”.
Aquello, como ya se señaló, motivó que un grupo de militantes presentara una impugnación ante el Tribunal Electoral. La Sala Superior, a propuesta del magistrado José Luis Vargas Valdez y con los votos en contra de la magistrada Janine Otálora Malassis y del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, reconoció que ampliar la permanencia del presidente nacional “es una facultad que ya se encontraba prevista antes de la modificación de los estatutos”.
Consideró además que “la militancia ya tenía conocimiento de la posibilidad de que se prorrogaría la dirigencia con motivo de la proximidad de los procesos electivos”.
El tribunal también reconoció que “la modificación se hizo por el CPN, órgano legitimado para asumir de forma extraordinaria la facultad de reformar los estatutos a través del procedimiento previsto”.
De cualquier forma, tanto los priistas como la opinión pública saben que existe una serie de audios en los que presuntamente se revelan actos de corrupción del presidente nacional priista.
Pero sobre todo la sociedad y sus aliados que conforman la coalición opositora Va por México saben que existen carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra Moreno “por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal”.
Los resultados electorales en los comicios del Estado de México y Coahuila este año y sobre todo en la elección federal y 32 locales de 2024 dejarán en claro si Alejandro Moreno tenía o no que irse.
Hasta ahora las derrotas priistas hablan mucho de la necesidad de renovar la dirigencia nacional del PRI.