DEMANDAN MENOS GASTO PARA PARTIDOS Y ORGANISMOS ELECTORALES

“El ejercicio tuvo un costo de 20 millones de pesos, con cargo a la cámara baja”.

Antonio Caporal
Política
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Aspectos de la sede central del INE, momentos antes de los resultados preliminares.
Rogelio Morales/Rogelio Morales

Durante un mes, del 26 de julio al 25 de agosto, la Cámara de Diputados llevó a cabo un ejercicio de Parlamento Abierto para analizar los cambios que se proponen para una nueva reforma electoral.

Los expertos e incluso varios legisladores coincidieron en que es necesario usar menos recursos para los partidos políticos y los organismos electorales; mantener un organismo electoral autónomo de los poderes; mayor libertad de expresión; desaparición de la spotiza durante las campañas proselitistas; conservar la pluralidad en el Congreso de la Unión e instrumentar el voto electrónico.

Otras propuestas, en cambio, prácticamente no recibieron respaldo, como la instrumentación de la segunda vuelta en la elección presidencial o bien que la ciudadanía elija con voto directo a los consejeros y magistrados del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente (TEPJF).

Por lo pronto los partidos políticos mantendrán para el año próximo sus prerrogativas, que serán del orden de los seis mil 233.5 millones de pesos, en tanto que el INE solicitará 14 mil 437.9 millones.

Además persistirá la spotiza en los procesos electorales locales de este año y se mantendrá la censura en materia político-electoral por parte de las autoridades electorales hacia la radio y la televisión mexicanas.

Los legisladores tienen nueve meses para ponerse de acuerdo respecto de los cambios que contendrá la nueva reforma electoral: después de mayo de 2023 no habrá posibilidad de hacer cambio alguno que pueda aplicarse en los procesos federales y 32 locales concurrentes de 2024.

Aquí presentamos un recuento de los temas de mayor interés para la ciudadanía, expertos, actores políticos y legisladores que se abordaron en el Parlamento Abierto sobre reforma electoral.

Recursos ofensivos

En el foro Sustitución del Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas buena parte de la discusión se centró en la demanda de algunos especialistas y legisladores en el sentido de disminuir el costo de operación de los organismos electorales.

Hamlet García Almaguer, diputado por Morena, aseguró que “miles de ciudadanos consideran que el INE carece de legitimidad democrática y que los recursos que solicita cada año son excesivos”.

Aseveró que a la mayoría de la población “le resulta ofensivo el despilfarro económico que existe en el INE y sus salarios altísimos que vulneran los límites constitucionales”.

También cuestionó “la falta de consistencia en sus decisiones, puesto que cambian el criterio de manera constante, de manera tal que generan un escenario de incertidumbre”.

Eduardo Huchim May, exconsejero del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, señaló en tanto que “el INE debe ser preservado, sobre todo en su autonomía, pero deben revisarse su presupuesto, sus funciones y su plantilla laboral”.

Justo hace unos días el Consejo General del INE aprobó por unanimidad el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 —año en que no habrá comicios federales— por un monto total de 14 mil 437 millones 935 mil 663 pesos.

Partidos ricos, pueblo pobre

Durante el desarrollo del foro Financiamiento público para las campañas electorales el representante de Morena, Eurípides Flores, recordó que su partido apoya la propuesta del presidente de la República para eliminar los recursos públicos a los institutos políticos en años en que no se celebren comicios.

“El presupuesto que se asigna a los partidos políticos es un golpe a la voluntad popular, que ha exigido de manera reiterada que es necesaria ya la austeridad republicana en el gobierno, que deben acabar los lujos y los privilegios para los de arriba y destinar esos recursos a la atención de las necesidades verdaderamente urgentes para la ciudadanía y para el pueblo”, puntualizó.

Elena Sarayth de León Cardona, fiscal especializada para la Atención de Delitos Electorales en la Ciudad de México, consideró a su vez que eliminar el financiamiento público para actividades ordinarias e incentivar que sean sus militantes quienes cubran sus gastos permitirá fortalecer a los partidos políticos.

“Fortalecerá su democracia interna y el vínculo militancia-dirigencia; generará auténticas escuelas de cuadros; facilitará la posibilidad de acceso a cargos públicos y partidarios; abolirá cúpulas anquilosadas; propiciará una participación auténtica; privilegiará la transparencia y la rendición de cuentas; optimizará gastos; obligará a una administración ordenada y eficiente; y desincentivará al partido como un negocio personal o de grupo porque el militante será su principal fuente de financiamiento”, aseveró.

Asimismo, planteó que en la actualidad “el flujo de dinero para cubrir gastos de campaña muchas veces se utiliza para las llamadas actividades de campo que envuelven la denominada operación política: ‘compra de votos’, ‘traslado de votantes’, ‘pago de operadores y movilizadores’, ‘grupos de choque’, representantes generales y de casilla y muchos otros gastos que la fiscalización no detecta y que no son tan sencillos de acreditar como ilícitos electorales”.

Cabe señalar que el Consejo General del INE recién aprobó el financiamiento de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2023, a partir de la fórmula establecida en la Constitución, por un importe de seis mil 233 millones 510 mil 798 pesos.

Fin a la spotiza

En el foro Comunicación, medios digitales y redes sociales la mayoría de los participantes coincidió en la necesidad de reducir la cantidad de spots que se transmiten durante los procesos electorales.

José Antonio García, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), afirmó que es necesario discutir en el marco de una nueva reforma el tema de los millones de spots de los partidos políticos que los concesionarios de radio y televisión están obligados a transmitir de manera gratuita.

“Lo que podemos afirmar es que la saturación de spots no funciona. La misma Organización de Estados Americanos (OEA) se ha manifestado diciendo que no hay comunicación, que la audiencia que está frente a diez spots seguidos simplemente le cambia al canal o estación de radio, no los escucha. Y esto se debe, en buena medida, a que la calidad de spots de los partidos es deficiente. Se trata de puros ataques, son una novela de terror”, aseveró García.

Con él coincidió el periodista Poncho Gutiérrez, quien también criticó el actual modelo de comunicación política: “No funciona ya ese tipo de propaganda de los spots donde se atacan unos a otros: eso no es informar”.

Hubo otro foro con una temática relacionada con el Modelo de Comunicación Política, el intitulado Asignación y distribución de tiempos oficiales por proceso electoral. En este, Félix Vidal Mena Tamayo, representante de la CIRT, pidió a la Cámara de Diputados eliminar los tiempos de Estado que se otorgan a partidos políticos y candidatos durante el desarrollo de los procesos electorales.

Al respecto, aseveró: “En el actual modelo de comunicación ya no importa la calidad de los mensajes; van millones y millones de spots; se incluyen, se transmiten y, la verdad, la gente a veces no pone atención a ellos. De hecho, la CIRT recibe quejas en la Defensoría de las Audiencias, donde la gente se queja de la excesiva transmisión de spots repetitivos y molestos”.

Sandra Edith Alcántara Mejía, asesora de Morena en materia electoral, habló de los ejes que contiene la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de tiempos del Estado: “Él propone la reducción de los tiempos: actualmente se cuentan con 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión; lo que sugiere la iniciativa es que se reduzcan a 30 minutos los tiempos para los partidos y candidaturas independientes”.

Explicó: “La reducción en los tiempos pretende crear un ambiente en el que la ciudadanía no se siente invadida por la lluvia de mensajes que se transmiten cada hora y que tenga una mejor recepción de las diversas propuestas políticas, así como una mejor continuidad y programación en los medios”.

Otro eje, comentó, propone la reducción de los tiempos fiscales en radio y televisión para periodo no electoral: “El decreto presidencial por el que se reducen los tiempos fiscales no trastoca los tiempos electorales, no hay una afectación a partidos políticos en la contienda electoral. Es por ello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reducción de los tiempos fiscales, toda vez que la Constitución hace una distinción entre tiempos fiscales para periodo electoral y para periodo no electoral”.

Agregó: “Esta reducción es una forma de apoyar a las concesionarias de radio y televisión, las cuales son fundamentales porque son medios masivos de información por excelencia. En este sentido, reducir el tiempo ordinario permite la difusión de contenido de entretenimiento, ya que frecuentemente después de un proceso electoral los ciudadanos llegan a encontrarse cansados de la publicidad de los diferentes partidos políticos, derivado de la llamada spotización”.

Modernidad

Un foro en el que también hubo coincidencia en las propuestas fue en el de Urna electrónica.

El exconsejero del INE Marco Antonio Baños dijo que el voto electrónico es viable si se aplica correctamente. Planteó analizar un diseño que aborde las mejores prácticas y no descartarse como opción para hacer más eficiente el ejercicio del voto ciudadano, para abatir los despliegues logísticos costosos por la impresión y distribución de millones de boletas.

Milagros Otero Parga, catedrática de Filosofía y Teoría del Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, afirmó que el voto electrónico es posible, pero para implementarlo se necesitan consensos políticos. Indicó que se debe contar con los medios que comprueben la identidad del votante, que el sufragio sea libre y una sola vez, y que cumpla con idénticos requisitos de fiabilidad que el voto manual actual.

Mónica Macías Guel, integrante de la Junta Local del INE en San Luis Potosí, comentó que entre las ventajas de utilizar urnas electrónicas están que facilitan el voto y agilizan el proceso de votación, no pueden hackearse, generan ahorros en el gasto de material electoral y son ecológicas.

Desacuerdos

Otros temas no tuvieron el apoyo de los participantes. Por ejemplo, el relativo a que sea la ciudadanía la que elija por medio del voto directo a los consejeros y magistrados del INE y el TEPJF.

En el foro Proceso para la designación de consejerías y magistraturas, José Woldenberg, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, consideró que la propuesta del Ejecutivo abre la posibilidad de que resulten electos los aspirantes propuestos por el mismo presidente de la República y ahí, cuestionó, “¿qué autonomía habrá?”

La consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Carolina del Ángel Cruz, dijo a su vez que “hace mucho ruido que se considere elegir a los árbitros electorales a partir de un proceso electoral. No encuentra mucha lógica porque es un órgano constitucional autónomo que apoya al equilibrio entre los poderes. Es de suma importancia mantener la autonomía y evitar que alguno de los tres poderes pueda sentirse tentado a intervenir en la autoridad electoral”.

Señaló que “es un despropósito ver a las autoridades electorales haciendo campañas; tal situación abonaría a quitarles lo ciudadano, cuando la tendencia tendría que orientarse a la menor intervención de los órganos de poder”.

José Antonio Carrera Barroso, especialista en sistemas electorales, llamó a “despartidizar y despolitizar el nombramiento de los consejeros”.

La defensora de derechos humanos Marcia Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, aseveró que “el proceso para la elección de consejeros del INE carece de controles y da pauta a la discrecionalidad de quien propone la terna y el proceso”; y esto es lo que se debe corregir.

Otros temas en los que no se encontró consenso fueron: segunda vuelta en la elección de titulares de poderes ejecutivos; candidaturas comunes; creación de la figura de vicepresidencia federal; y eliminación de institutos y tribunales electorales locales.

Problemas de fondo

Tomaron parte en el Parlamento Abierto sobre reforma electoral que organizó la Cámara de Diputados un centenar de ponentes: juristas, expertos en Derecho Constitucional, especialistas en procesos electorales, magistrados de tribunales electorales, consejeros de institutos electorales, fiscales especializados en delitos electorales, académicos, así como coordinadores e integrantes de los grupos parlamentarios representados en San Lázaro.

Este ejercicio de Parlamento Abierto tuvo un costo de 20 millones de pesos, con cargo al presupuesto de la cámara baja.

Ángel Eraña Sánchez, especialista en Derecho Constitucional e investigador de la Universidad Iberoamericana, concluyó: “Si solamente se analizará lo electoral, siempre queda una desazón porque nunca se acaba de discutir qué régimen político se quiere”.

Explicó: “Lo que no podemos hacer de cara a 2024 es cambiar las reglas. Ya estamos en etapa preelectoral y si los partidos son tan irresponsables para modificar la estructura integral-electoral, estamos hablando de que aquí hay otra cosa”.

Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, señaló que el sistema que se tiene es perfectible. Sin embargo, afirmó, “los grandes retos que enfrenta la materia electoral en nuestro país no se resuelven con una reforma electoral, tiene que ver con factores estructurales de pobreza, corrupción e impunidad que hay en México”.

Indicó que las elecciones sirven para darle paz y estabilidad social a los pueblos y lo que se tiene hasta ahora ha funcionado. Añadió que si los actores políticos del país no están de acuerdo con ello o llegan a esa conclusión es pertinente hacer cambios, por ejemplo, “en las reglas que tienen que ver con los tiempos para llevar a cabo proselitismo y las famosas reglas de precampaña que regulan y sancionan actos anticipados”.

Y concluyó: “Los hechos nos demuestran que la clase política en México no está de acuerdo con esas reglas, no lo dice en el discurso, pero lo demuestra. Entonces, al no estar de acuerdo con esas reglas y estarlas violentando de manera sistemática y recurrente no solamente tensan la relación con las instituciones electorales, sino que se corre además el riesgo de tener elecciones que no cumplan su propósito y puedan ser cuestionadas”.

Se prevé que los grupos parlamentarios analicen una vez más las propuestas y las discutan durante el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.

Foros del Parlamento Abierto sobre reforma electoral

TEMA 1. Sistema electoral

Foro 1 Integración de ayuntamientos municipales.

Foro 2 Segunda vuelta en elección de titulares de poderes ejecutivos.

Foro 3 Urna electrónica.

Foro 4 Gobierno de coalición.

Foro 5 Creación de la figura de vicepresidencia federal.

Foro 6 Sobre y subrepresentación electoral.

Foro 7 Integración de cámaras legislativas, federales y locales.

TEMA 2. Sistema de partidos

Foro 1 Comunicación, medios digitales y redes sociales.

Foro 2 Financiamiento público para las campañas electorales.

Foro 3 Seguridad, combate a la violencia, prevención de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y nulidad de las elecciones.

Foro 4 Elecciones primarias y métodos de selección de candidatos.

Foro 5 Medios de financiamiento para actividades ordinarias.

Foro 6 Asignación y distribución de tiempos oficiales por proceso electoral.

Foro 7 Prohibición de propaganda gubernamental y veda electoral.

TEMA 3. Instituciones electorales

Foro 1 Modificaciones a la estructura orgánica del TEPJF.

Foro 2 Proceso para la designación de consejerías y magistraturas.

Foro 3 Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

TEMA 4. Inclusión y diversidad electoral

Foro 1 Tratamiento a candidaturas independientes y derechos de minorías.