En vísperas de iniciar el actual periodo de sesiones en el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentaría una iniciativa para incorporar a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Asimismo, planteó una reforma a la Constitución para que las Fuerzas Armadas pudieran permanecer en tareas de seguridad más allá de marzo de 2024, fecha prevista para que los elementos de las Fuerzas Armadas dejen de colaborar en dichas tareas: “Hay que prolongar más el mandato, lo que establece el transitorio. Una reforma constitucional, eso es lo ideal”.
Los presidentes del PAN y el PRD, así como sus respectivos coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, se pronunciaron contra la propuesta del Ejecutivo federal, mientras que el presidente del PRI mantuvo una postura ambigua.
El viernes 2 la diputada priista Yolanda de la Torre presentó una iniciativa en el sentido de que las Fuerzas Armadas puedan permanecer hasta 2028 en tareas de seguridad, por completo al margen de la supuesta coalición legislativa de Va por México.
Alejandro Moreno anunció que la dirigencia priista “respalda” la iniciativa de la legisladora De la Torre.
En respuesta, Marko Cortés y Jesús Zambrano emitieron un mensaje para expresar su “sorpresa y profunda incomodidad” con la iniciativa de la legisladora priista. Al mismo tiempo, solicitaron a la dirigencia del tricolor que “valore y honre” la plataforma electoral que tenían acordada en conjunto.
“Prorrogar la militarización del país es una irresponsabilidad y contraviene las leyes que los partidos de la oposición hemos votado”, indicaron. Asimismo, advirtieron que la ruptura de las relaciones se prolongará hasta que el PRI respete los acuerdos de la coalición.
Además, el panista y el perredista pidieron al dirigente tricolor que no pusiera en riesgo la posibilidad de conformar un bloque opositor para enfrentar a Morena en las elecciones de gobernador en el Estado de México y en Coahuila el próximo año, así como en las presidenciales de 2024.
De inmediato, Alejandro Moreno respondió: “El PRI no se va a quedar sentado contando muertos. Si con la iniciativa que presentamos se salva una vida, habrá valido la pena. Todos en México estamos cansados de la inseguridad. El PRI no recibe ultimátums, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México”.
Cortés y Zambrano volvieron a reunirse para expresar: “Ante dicha reforma constitucional que prolonga la militarización del país el PAN y el PRD anuncian la suspensión temporal de nuestra coalición legislativa y electoral, hasta en tanto el PRI no defina con claridad si habrá de honrar nuestra plataforma electoral común de la coalición Va por México que firmamos en 2021”.
En tanto, el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, pidió a su partido que abandone la alianza con los priistas: “La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían. Faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias es mi deber político y moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos”.
Añadió el mandatario estatal: “La alianza que México merece y a la que aspiramos la inmensa mayoría de los panistas es con lo mejor de la sociedad mexicana”.
La coalición se había quebrado.
En diciembre de 2020 las dirigencias nacionales de PAN, PRI y PRD conformaron la coalición Va por México de cara a los comicios para elegir 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 30 Congresos locales y mil 923 presidencias municipales. Su intención fue postular el mayor número posible de candidaturas comunes.
Los resultados que obtuvieron permitieron a dichas fuerzas políticas mejorar su presencia en la Cámara de Diputados, ganar tres gubernaturas y una buena cantidad de presidencias municipales, sobre todo en la Zona Metropolitana del Valle de México.
De esta manera tuvieron un buen estímulo para continuar con la alianza, así que los tres partidos conformaron una coalición legislativa en San Lázaro con el compromiso de impulsar iniciativas conjuntas.
También comenzaron a conformar candidaturas comunes para las gubernaturas que se disputaron este año y hasta plantearon la posibilidad de tener un candidato común para la elección presidencial de 2024.
Diversas asociaciones civiles, grupos empresariales y buena parte de los analistas políticos que escriben o comentan en medios de comunicación respaldaron de inmediato la coalición opositora.
Sin embargo, Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del PRI, fue el principal factor para deteriorar la relación al interior de Va por México: primero, por negarse a separarse de la dirigencia de su partido al ser acusado de actos de corrupción; y, segundo, por impulsar en el Congreso una iniciativa contraria a los acuerdos que dichos partidos habían asumido.
Hoy todos piden que “se vaya Alito”: PAN y PRD, empresarios, organizaciones de la sociedad y personalidades que respaldan la coalición, e incluso legisladores y dirigentes del PRI.
Pero Alito no se retira y la coalición Va por México, que levantó grandes expectativas, está por lo pronto en “pausa”, aunque no se sabe si esta es temporal o si bien habrá un rompimiento definitivo.
Días maravillosos
El 22 de diciembre de 2020 PAN, PRI y PRD conformaron la coalición Va por México e informaron que lo hacían “con el objetivo de construir un mejor futuro para los mexicanos, recuperando el crecimiento económico, el Estado de Derecho y el orden democrático”.
También expusieron que “ante la incertidumbre por la crisis social, económica, de seguridad, de salud y de instituciones Va por México propone un modelo de país regido por la ley, dinámico, moderno, innovador y competitivo, que apueste por las energías renovables, la economía social de mercado y que se conecte de manera provechosa con el mundo globalizado”.
La coalición quedó encabezada por los dirigentes partidistas Jesús Zambrano Grijalva, del PRD; Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI; y Marko Cortés Mendoza, del PAN.
Posteriormente la coalición se registró el 23 de diciembre ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para la contienda del 6 de junio de 2021, en la cual se eligieron 300 diputados de mayoría y 200 plurinominales. Las dirigencias nacionales concretaron acuerdos para competir con candidatos comunes en 196 de los 300 distritos uninominales del país.
Asimismo lograron acuerdos para contender con candidatos comunes en once de las 15 gubernaturas que estuvieron en disputa en 2021, por lo que hicieron el registro ante los respectivos institutos electorales estatales.
Sus dirigentes nacionales aparecían juntos en el mayor número posible de actos proselitistas: “Ante el colapso que vivimos en el sistema de salud, ante el año más violento del que se tenga memoria y ante la más grave crisis económica de los últimos 100 años PRD, PRI y PAN acordaron dejar de lado las naturales diferencias y concentrarse en las coincidencias para estar unidos por México”, decían.
En lo que respecta a las gubernaturas Va por México solo obtuvo dos triunfos, pero en la Cámara de Diputados sus resultados mejoraron con respecto de 2021, así que decidieron que se mantendrían juntos.
Los dirigentes nacionales anunciaron en junio de 2021 que conformarían la coalición legislativa Va por México: se comprometieron a presentar y defender una agenda legislativa común, así como oponerse “en bloque” a aquellas iniciativas emanadas de los partidos del régimen (Morena, PVEM, PT) o del Ejecutivo federal con las que no estuvieran de acuerdo.
“Ha sido un éxito; es potente y esta coalición sí tuvo éxito en 2021. Sin lugar a dudas, construyendo acuerdos paso a pasito, tendrá resultados en 2022, en 2023 y ¿por qué no?, en 2024”, aseveró entonces Alejandro Moreno.
A su vez, Jesús Zambrano señaló que los logros que irían obteniendo les darían “la confianza para llegar juntos también a 2024”.
En 2022 las tres dirigencias nacionales buscaron ir juntos en la contienda por las seis gubernaturas que se disputaron, pero solamente acordaron ir juntos en cuatro. Al final Va por México perdió dos y ganó dos.
Sin embargo, en dichos procesos fue evidente que Alejandro Moreno se opuso a ir en coalición en dos de las seis entidades, Oaxaca y Quintana Roo, mientras que en Hidalgo desatendió las recomendaciones que le hicieron los priistas locales.
Desprestigio
La carrera política de Alejandro Moreno está envuelta en una serie de irregularidades, desprestigio y señalamientos de corrupción, por lo que incluso pesan sobre él diversas acusaciones por parte de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGEC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Mención aparte merece la serie de audios que ha difundido la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, mismos que supuestamente revelan un cuestionado actuar de Alito como servidor público e incluso como persona.
De acuerdo con lo dicho por la gobernadora los audios involucran a Alejandro Moreno con supuestos casos de lavado de dinero, financiamiento ilegal de campañas, apropiación de terrenos, irregularidades fiscales y delitos electorales, así como ofensas que denigran al gremio periodístico.
Más allá de la difusión de audios y de las acusaciones hay acciones ministeriales concretas contra Alejandro Moreno. El 4 de julio pasado agentes de la fiscalía estatal realizaron un operativo en la zona residencial de Lomas del Castillo, en Campeche, donde catearon un inmueble propiedad del exgobernador de la entidad.
El operativo lo encabezó el fiscal Renato Sales Heredia. Con un ariete, los agentes rompieron la puerta principal de la vivienda para realizar investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.
Sales Heredia mencionó al respecto. “Este operativo fue por el cumplimiento de una orden de cateo expedida por una autoridad judicial en relación con la carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Alejandro Moreno”.
El 8 de julio la FGR inició una carpeta de investigación contra el dirigente priista en la que se le indaga por la presunta comisión de cinco delitos. El gobierno federal indicó: “Por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, la FGR inició una carpeta de investigación en contra del exgobernador de Campeche y actual líder nacional del PRI”.
De esta forma sabemos que existen dos pesquisas contra el diputado Moreno como presunto responsable de diversos delitos, entre ellos lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Por lo pronto, el 16 de agosto el fiscal Renato Sales presentó a la Cámara de Diputados la solicitud de juicio de procedencia para retirarle el fuero al dirigente priista por presunto enriquecimiento ilícito, delito que se castiga hasta con 25 años de prisión.
Ese día Sales sostuvo que a pesar de sus diferencias personales e históricas con Moreno la indagatoria “no es un acto político en función de un opositor; que tenga consecuencias políticas es diferente. La investigación es al margen de las diferencias que tengo con él”.
Sales Heredia añadió que hay elementos sólidos para determinar que existe una desproporción entre las propiedades de Moreno y sus ingresos. Puso como ejemplo que tan solo la mansión del dirigente priista en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo tiene un valor de 130 millones de pesos y hay piezas artísticas por otros 50 millones de pesos.
El fiscal refirió que también se investiga otra propiedad en la calle de Emerson, en la zona de Polanco en la Ciudad de México.
Con el antecedente de esa serie de acusaciones contra Alejandro Moreno, el 10 de agosto los 21 diputados de Morena, PVEM y PT en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados acordaron la destitución del priista como presidente de esa instancia legislativa.
Que rinda cuentas
La situación de Alito forma parte del debate en el ámbito político del país. Diversos personajes de relevancia han pedido que las acusaciones contra Alejandro Moreno no queden en la impunidad.
Así, por ejemplo, el 7 de julio un grupo de 15 exgobernadores priistas se sumó a los siete expresidentes del PRI que exigen la renuncia de Moreno y adelantar la renovación de la dirigencia del partido.
El desplegado lo firmaron los exgobernadores Jesús Aguilar Padilla, de Sinaloa; José Reyes Baeza, Fernando Baeza y Patricio Martínez, de Chihuahua; Miguel Borge Martín, de Quintana Roo; José Natividad González y Benjamín Clariond Reyes-Retana, de Nuevo León; Samuel Ocaña y Armando López Nogales, de Sonora; Rogelio Montemayor Seguy y Enrique Martínez y Martínez, de Coahuila; Marco Mena Rodríguez, de Tlaxcala; Guillermo Mercado Romero, de Baja California Sur; Rigoberto Ochoa Zaragoza, de Nayarit; y Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas.
En una carta pública expresaron su profunda preocupación por lo que sucede en el PRI y los resultados de las elecciones de estos últimos años, que lo han llevado a perder gubernaturas y posiciones importantes de representación popular a nivel federal y local.
Expusieron: “Antes el partido contaba con amplia presencia en el territorio nacional y con los liderazgos de sus gobernantes. Ahora que han cambiado las circunstancias la dirigencia nacional está más obligada que nunca a ejercer una dirección abierta, democrática, transparente, incluyente, que coloque el interés superior del partido por encima de personas o grupos y que genere amplios consensos”.
También de manera reciente el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio, urgió a la renuncia del dirigente de su partido: “Desde hace varios meses he estado comentando que él no puede ya seguir al frente del partido. Y que en un acto de seriedad política debería estar dejando la dirigencia, atender los temas personales y dejar una nueva dirigencia que permita democratizar, descentralizar todas las decisiones que ahora están centralizadas y muchas otras cosas que hay que hacer en favor del partido”.
Dijo el senador Osorio que las filtraciones que ha hecho la gobernadora Layda Sansores han provocado señalamientos que se deben aclarar y que afectan la imagen de su partido.
Fue más allá y estableció que el rompimiento de la alianza Va por México es la gota que derramó el vaso para la actual dirigencia que preside Moreno: “Es delicado lo que sucede, poniéndose en riesgo lo que tanto se defendía hasta hace un par de días, lo que defendían con todo los tres dirigentes y ahora se está rompiendo porque alguien (Alejandro Moreno) no cumple lo que planteó, a lo que se comprometió. Y eso es muy delicado para ser competitivos en un proceso electoral como el del Estado de México, el de Coahuila y, por supuesto, el de 2024”.
Lo que menos se ve “es la alianza, desafortunadamente; espero que se pueda hacer un acuerdo más allá de partidos para ser competitivos. Es delicado, unos ya están en campaña desde hace cuatro años y otros ni siquiera tienen candidato”, reflexionó Osorio.
Por otro lado, la diputada morenista Andrea Chávez dijo que es inaudito lo que ocurre con Alejandro Moreno. “Desde hace un par de meses han sido expuestos diversos audios en que se da cuenta de los actos delincuenciales a los que estaba acostumbrado el diputado Moreno: lavado de dinero y apropiación ilegal de terrenos, estafas a proveedores de campaña, sobornos con recursos provenientes de empresas privadas, contrabandeo de medicamentos, entre otros delitos”.
Por si no fuera suficiente, agregó: “También hemos escuchado la manera tan vulgar en la que se refiere a grupos a los que hipócritamente dice defender, como los periodistas y los empresarios. No terminaríamos de mencionar las fechorías de las que con toda razón se le acusan, pero lo cierto es que Alito se aferra a un cargo en el que ya ni su propio partido lo quiere, pues solo empeora la imagen del PRI ante el pueblo. Y de cara a las elecciones de 2023 todo parece advertir que acabarán sepultando al históricamente partido hegemónico”.
Impresentable
Para los expertos resulta aberrante que el diputado Moreno continúe en sus cargos como diputado y dirigente partidista como si nada pasara, a pesar de todas las pesquisas oficiales que lo muestran como un político corrupto.
Los analistas advierten que un personaje como Alito, que en sus conversaciones que se han hecho públicas expresa tanto odio hacia las mujeres, hacia los periodistas y hacia el pueblo de México no debe continuar impunemente en espacios trascendentes para la vida pública nacional.
Finalmente, agregan que Moreno se muestra precisamente como aquel político que la actual administración quiso desterrar, cargado de antecedentes de corrupción, de negocios al amparo del poder, de arreglos electorales en la clandestinidad, de extorsión a proveedores en su gobierno como gobernador y de sobajar a las personas como una forma rutinaria de hacer política…
Negocios familiares
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche y líder nacional del PRI, utilizó su influencia política y poder para triangular dinero a través de la compra y venta de inmuebles con el objetivo de no dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales ni ante la autoridad fiscal.
Por otro lado, una investigación en expedientes del Registro Público de la Propiedad y del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral (Infocam) de Campeche revela que a abril de 2022 Alito, su hermano Emigdio Gabriel Moreno, su madre Yolanda Mercedes Cárdenas y Juan José Salazar Ferrer —identificado como su arquitecto de cabecera— son propietarios de 35 casas y terrenos en el estado.
Entre dichos inmuebles hay cuatro propiedades cedidas por Alejandro Moreno a su mamá. Estas fueron aseguradas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR el 18 de diciembre de 2019 como parte de una carpeta de investigación que se inició contra el exgobernador y en la que se le imputó haber cometido enriquecimiento ilícito. Así lo establecen boletas de historiales registrales de los inmuebles.
No obstante, en septiembre de 2020 se cancelaron esas retenciones y las propiedades volvieron al poder del líder priista.