Los focos rojos se han encendido y el robo de agua se convierte en uno de los delitos medioambientales y sociales con mayor impunidad en México: un fenómeno delictivo que afecta de manera directa a millones de personas que ven violentados sus derechos humanos básicos al carecer de acceso al vital líquido porque grupos criminales organizados lo extraen y usufructúan de manera ilegal.
El problema queda de manifiesto a lo largo y ancho del país, dicen expertos, puesto que en numerosos municipios se denuncia este delito realizado mediante diversos métodos, principalmente tomas clandestinas en las redes de distribución, pozos operados de manera ilegal e ilícita extracción en ríos y lagunas.
Para las autoridades federales, estatales y municipales el problema se ha vuelto un asunto que comienza a tener tintes preocupantes por la planeación estratégica con que operan los delincuentes, aseguran especialistas.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los organismos estatales del agua no se dan abasto para identificar cientos de tomas clandestinas de complejos habitacionales y colonias populares, pedir operativos de seguridad para resguardar la distribución de agua en pipas, frenar el robo del líquido en tomas primarias que luego se vende a la comunidad e incluso echar mano de la Guardia Nacional (GN) para frenar la extracción de agua en ríos y lagunas.
Para diversos expertos, la pandemia de Covid-19 alentó el fenómeno de la sustracción ilegal de agua y su venta irregular, lo que genera un mercado ilegal que afecta de manera considerable a muchas comunidades, tanto rurales como urbanas, las cuales se ven obligadas a pagar más por el ansiado líquido.
Casos
Mientras el robo del agua prolifera, las sanciones por este ilícito son diversas y no se tiene un esquema homogéneo para frenar el delito debido a la ambigüedad de jurisdicción en aguas nacionales y estatales.
Solamente algunos Congresos locales han legislado al respecto e incluso algunos presidentes municipales han tenido que recurrir al bando municipal para intentar detener el robo de agua con castigos mediáticos.
El informe Corrupción en el sector del agua: ¿quién es responsable de la crisis? establece que entre 2012 y 2018 la Conagua detectó dos mil 280 tomas clandestinas de agua en México.
Para los siguientes años este ilícito proliferó a nivel nacional y los ejemplos son innumerables.
Desde 2020 integrantes de los 20 módulos de riego que hay en la Comarca Lagunera, en la cuenca Nazas-Aguanaval, en Coahuila, conformaron el Frente en Defensa del Agua y de la Tierra para exigir un freno al “huachicoleo de agua”.
El Instituto del Agua del Estado de Nuevo León reportó que en 2021 el número de tomas clandestinas de agua en la entidad se disparó 107%, al pasar de 505 entre enero y julio de 2019 a mil 47 en 2021, la cifra más alta para este periodo en los últimos cuatro años.
El año pasado el director de Obras Públicas del Ayuntamiento en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, Alberto Machuca, denunció que se descubrieron seis tomas clandestinas de robo de agua por parte de algunos ganaderos y cañeros que tienen ranchos en la región para mantener sus presas con suficiente agua.
De manera reciente Rigoberto Campos, activista social en Mexicali, se plantó en el Congreso de Baja California a describir que hay huachicoleo de agua en el Valle de Mexicali. Reveló a los legisladores locales que en todos los distritos de riego se ha detectado que extraen agua en pipas desde los canales para venderla de manera ilegal.
De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), en la Alcaldía Magdalena Contreras, por ejemplo, han surgido grupos organizados que roban agua, los cuales extraen de forma irregular el líquido de los manantiales del área de conservación de los Dinamos y el Ajusco.
Incluso el robo de cuello blanco se está dando: el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos Torreón-Matamoros, de Coahuila, un organismo independiente de las autoridades gubernamentales, advirtió de un plan estratégico de combate al huachicoleo del agua luego de detectar alrededor de 30 tomas clandestinas de agua potable cada mes en zonas residenciales y comercios como plantas purificadoras, auto lavados y balnearios.
Hace unos días autoridades del municipio de Ecatepec presentaron una denuncia por robo de agua ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, luego de que al hurtar el líquido los delincuentes provocaran una fuga.
Según las carpetas de investigación NIC CAJ/AEC/00/UAI/154/00206/22/01 y NUC ECA/CAJ/AEC/034/016370/22/01 por delitos contra el servicio público y distribución de agua, “se hacen estas denuncias penales contra presuntos delincuentes, por lo cual se aporta información relevante a esta Fiscalía del Estado de México para lograr la captura de los responsables”.
En la frontera norte del país hay casos semejantes. Felipe de Jesús Chiw, director de Cuenca Golfo Norte de la Conagua, señaló que el robo de agua de los ríos es una actividad que se empezó a dar en Tamaulipas, donde dueños de ranchos la utilizan para actividades agrícolas.
El funcionario dijo que este tipo de ilícitos ocasiona que algunas comunidades, sobre todo del sur del estado, se queden sin el vital líquido, por lo que han solicitado el apoyo de la GN.
Legislación
Por el momento, en la Cámara de Diputados existen diversas iniciativas para modificar la Ley Nacional de Aguas con la finalidad de establecer medidas de saneamiento, optimizar su uso, además de sancionar su contaminación y el robo.
Sin embargo, no hay una legislación federal que tipifique el robo del agua con una homologación para todo el país.
En diversos Congresos estatales la legislación para sancionar estos ilícitos es diversa y con variados enfoques.
Por ejemplo, para combatir el robo de agua en Nuevo León la bancada de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Agua Potable y Saneamiento del estado.
Con una adición al artículo 375 del Código Penal y reformas a los artículos 21, 32, 34, 57 y 58 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento se busca sancionar con penas de dos a siete años de cárcel a quien sustraiga, comercialice, altere medidores, realice instalaciones sin autorización, para obtener agua o hacer mal uso de la infraestructura de agua para beneficio personal sin contar con los permisos correspondientes.
En el Estado de México el diputado local Daniel Andrés Sibaja propuso reformas al Código Penal para sancionar con penas de dos a seis años de prisión a quien sin causa justificada impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro de los usuarios.
Esta propuesta establece que podrían ser hasta ocho años de cárcel contra quien explote o comercialice el agua de manera ilegal.
La iniciativa busca combatir el robo de agua especialmente en municipios donde su disposición es limitada, como Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan.
En la Ciudad de México, por otra parte, para este año el gobierno capitalino endurecerá sanciones a quien se conecte de manera ilegal a la red de agua potable, manipule medidores, utilice mecanismos para succionar el líquido de las tuberías o la comercialice sin contar con autorización.
Así lo establece la reforma al artículo 480 del Código Fiscal correspondiente a 2022. De acuerdo con el documento, por emplear mecanismos para succionar agua de las tuberías de distribución, tratándose de tomas de uso no doméstico, se aplicarán multas de entre 145 mil y 290 mil pesos.
Uno de los municipios del país que más problemas tiene con el robo de agua es Ecatepec. Al respecto, hace unos días el gobierno municipal informó que aplicará arrestos inconmutables de diez a 36 horas a aquellos ciudadanos que sustraigan agua potable de manera irregular de las redes de distribución del municipio.
El presidente municipal, Fernando Vilchis, informó que la medida fue establecida en el bando municipal para sancionar a quienes huachicolean con el vital líquido para venderlo.
Vilchis explicó que esta norma prevé adiciones en su artículo 149, el cual establece que todo ciudadano que sea sorprendido extrayendo agua potable de algún registro abierto o clandestino en cantidades de 30 a 200 litros será acreedor a un arresto inconmutable de diez a 36 horas.
Para los especialistas consultados la poca vigilancia, la nula claridad en las sanciones, así como el incumplimiento del Estado de Derecho son los ingredientes clave que generan la existencia de pozos irregulares, tomas clandestinas, robo a pipas y la extracción en ríos y lagunas.
Los afectados son miles de personas que ven alterado su derecho humano al agua.
Nula supervisión
En 2019 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que de los 531 mil 357 títulos de concesión, asignaciones y permisos en el Registro Público de Derechos del Agua solo se efectuaron dos mil 697 (0.5%) visitas de inspección por parte de Conagua y órganos estatales, lo que genera un problema de conexión ilegal a las redes municipales de agua potable en todos los estados de la República. Se reveló que los organismos operadores del agua tuvieron una pérdida de alrededor de 44 mil millones de pesos, es decir, que sus gastos e inversiones fueron superiores a sus ingresos.
Falta de claridad jurisdiccional
De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución existen dos tipos de agua: las nacionales y las estatales. Las primeras son responsabilidad del gobierno federal, que tiene el deber de generar su administración y asegurar su conservación. Las segundas son todas aquellas competencia de las entidades federativas. Esto dificulta definir las sanciones para los que roban agua, ya que no existen claras atribuciones sobre quién es responsable de su vigilancia.