El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que son inválidas las modificaciones a los estatutos del PRI por medio de los cuales Alejandro Moreno Cárdenas pretendía prolongar su estancia en la dirigencia nacional de ese partido hasta 2024, esto es, un año adicional al periodo para el que fue electo.
Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, que ya analiza una impugnación a dichas modificaciones de los estatutos) resuelve en el mismo sentido que el órgano electoral el dirigente priista tendrá que convocar a elección de presidente nacional del partido en las próximas semanas y dejar el cargo en agosto.
De esa manera exdirigentes y exgobernadores priistas, así como un importante grupo de legisladores y líderes de corrientes internas e incluso integrantes de la Coalición Va por México y representantes de organizaciones ciudadanas que apoyan la alianza opositora, conseguirán lo que desde 2021 exigen: “¡Que se largue Alito!”
Para muchos priistas, así como para dirigentes opositores y organizaciones civiles críticas del régimen morenista, es un hecho que Moreno Cárdenas se ha convertido en un “lastre” que impide la cohesión de la oposición.
Algunos lo acusan de “traidor”, otros de “cometer abusos” y unos más de ser un “corrupto”.
El perdedor
En las elecciones federales y locales concurrentes del 6 de junio de 2021 estuvieron en juego, entre otros cargos, 500 diputaciones federales y 15 gubernaturas, ocho de las cuales (Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, Campeche, Tlaxcala y Colima) eran encabezadas por el PRI, ya entonces dirigido por Moreno.
Al no ganar una sola gubernatura, los priistas pasaron de ser la primera fuerza partidista a nivel local —porque gobernaban el mayor número de entidades (doce) y a 42 millones de mexicanos—, a quedar con apenas cuatro gobiernos estatales: Oaxaca, Coahuila, Estado de México e Hidalgo.
Y de las 500 curules en disputa solo consiguió 69 (30 de mayoría relativa y 39 de representación proporcional).
“Ese año (2021) se recordará en la historia como aquel en que el PRI sufrió la más humillante de sus derrotas”, afirmó el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien junto con otros priistas denunció que “Alito concentró el poder y el control del partido en su propio beneficio”.
Ruiz le envió también un mensaje a Moreno Cárdenas y al comité nacional: “¡Renuncia!”, “¡Váyanse ya!”
En ese contexto, un grupo de 15 exgobernadores priistas se sumó a los expresidentes del PRI que exigieron la renuncia de Moreno. En una carta pública los exmandatarios estatales expresaron su “profunda preocupación por lo que sucede en el PRI y los resultados de las elecciones de estos últimos años, que lo han llevado a perder gubernaturas y posiciones importantes de representación popular a nivel federal y local”.
Llegó la elección de 2022, en la que estuvieron en juego seis gubernaturas, y en ellas Alito perdió Oaxaca e Hidalgo, entidades que gobernaba, así como también fue derrotado en Tamaulipas y Quintana Roo.
De nuevo, diversos personajes del tricolor lo calificaron de “perdedor” y le exigieron que renunciara ante los resultados adversos en los comicios.
Sin palabra de honor
En diciembre de 2020 las dirigencias nacionales de PAN, PRI y PRD conformaron la coalición Va por México de cara a los comicios de 2021. Una vez pasadas las elecciones integraron un frente opositor en la Cámara de Diputados y se comprometieron a impulsar una agenda legislativa común.
En los primeros meses de la actual LXV Legislatura la coalición expresó su rechazo a la propuesta del Ejecutivo federal para que las Fuerzas Armadas prolongaran hasta 2028 su presencia en tareas de seguridad.
Sin embargo, el grupo parlamentario del PRI en San Lázaro presentó una iniciativa en el mismo sentido que la propuesta del Ejecutivo, es decir, para prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, misma que apoyaron por mayoría Morena y sus aliados.
En respuesta, Marko Cortés y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales del PAN y el PRD, emitieron un mensaje para expresar su “sorpresa y profunda incomodidad” con la iniciativa de los priistas. Al mismo tiempo solicitaron a la dirigencia del tricolor que “valore y honre” la plataforma electoral que tenían acordada en conjunto.
Asimismo, acusaron al dirigente nacional priista de poner en riesgo las futuras coaliciones electorales.
En tanto, el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, pidió a su partido abandonar la alianza con los priistas: “La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían. Faltó a su palabra”.
El corrupto
La carrera política de Alejandro Moreno ha estado envuelta en una serie de irregularidades, desprestigio y señalamientos de corrupción, por lo que incluso pesan sobre él diversas acusaciones por parte de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGEC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Mención aparte merece la serie de audios difundidos durante 2022 por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, mismos que supuestamente revelan un cuestionado actuar de Alitocomo servidor público e incluso como persona.
De acuerdo con lo dicho por la gobernadora los audios involucran a Alejandro Moreno con supuestos casos de lavado de dinero, financiamiento ilegal de campañas, apropiación de terrenos, irregularidades fiscales y delitos electorales, así como ofensas que denigran al gremio periodístico.
Más allá de la difusión de los audios y las acusaciones hay acciones ministeriales concretas contra Moreno. El 4 de julio pasado agentes de la fiscalía estatal realizaron un operativo en la zona residencial de Lomas del Castillo, en Campeche, donde catearon un inmueble propiedad de Alito, exgobernador de la entidad.
El operativo lo encabezó el fiscal Renato Sales Heredia. Con un ariete, los agentes rompieron la puerta principal de la vivienda para realizar investigaciones por el presunto enriquecimiento ilícito.
Sales Heredia mencionó al respecto: “Este operativo se dio en cumplimiento de una orden de cateo expedida por una autoridad judicial en relación con la carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Alejandro Moreno”.
El 8 de julio pasado la FGR inició una carpeta de investigación contra el dirigente priista, en la que se le indaga por la presunta comisión de cinco delitos. La Fiscalía precisó: “Por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, la FGR inició una carpeta de investigación contra el exgobernador de Campeche y actual líder nacional del PRI”.
Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, afirmó entonces: “Desde hace varios meses he estado comentando que él no puede ya seguir al frente del partido. Y que en un acto de seriedad política debería estar dejando la dirigencia, atender los temas personales y dejar una nueva dirigencia que permita democratizar todas las decisiones que ahora están centralizadas y muchas otras cosas que hay que hacer en favor del partido”.
Por otro lado, Andrea Chávez, diputada federal de Morena, consideró inaudito lo que ocurre con Moreno. “Desde hace un par de meses han sido expuestos diversos audios en que se da cuenta de los actos delincuenciales a los que estaba acostumbrado el diputado Moreno: lavado de dinero y apropiación ilegal de terrenos, estafas a proveedores de campaña, sobornos con recursos provenientes de empresas privadas, contrabandeo de medicamentos, entre otros delitos”.
Añadió: “No terminaríamos de mencionar las fechorías de las que con toda razón se le acusan, pero lo cierto es que Alito se aferra a un cargo en el que ya ni su propio partido lo quiere. Y de cara a las elecciones de 2023 todo parece advertir que acabará sepultando al históricamente partido hegemónico”.
Agandalle
En diciembre pasado el Consejo Político Nacional (CPN) del PRI aprobó una reforma a los estatutos partidistas que permite a Moreno Cárdenas extender su mandato un año más y así mantenerse en el cargo hasta que concluyan los procesos electorales federal y 32 locales concurrentes de 2024.
Para los críticos, dentro y fuera del partido, está claro que el objetivo de Moreno es controlar la designación de candidatos y los acuerdos de alianzas para los procesos del próximo año.
El dirigente priista consiguió que se aprobaran las modificaciones en una reunión a “puerta cerrada” del CPN, cuyos integrantes en su gran mayoría le son afines. El “albazo” recibió severas críticas de cuadros priistas que consideraron que la reforma estatutaria no corresponde al CPN, sino a una Asamblea Nacional, el máximo órgano de decisión de ese partido.
Osorio Chong, por ejemplo, consideró que se trata de una “reforma a la medida” y añadió: “Hace unos meses Moreno aseguró a expresidentes y a la militancia que no buscaría prorrogar su dirigencia y luego convocó al CPN para hacer lo contrario”.
El senador advirtió además que “la unidad partidista no se logra con reformas a la medida de una persona sino con inclusión y altura de miras”.
A su vez, la también senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu expresó: “Como Alejandro Moreno sabe que se quedaría sin cargo y sin poder para postular candidatos, impulsó una reforma estatutaria a modo”.
Explicó que ella no asistió a la reunión del CPN en la que se modificaron los estatutos porque “no validaré jamás reformas del partido para satisfacer caprichos de una persona”.
Asimismo, la legisladora le envió un mensaje al dirigente priista: “Nos dijiste, Alito Moreno, que no te quedabas en la dirigencia del PRI más allá del 19 de agosto de 2023. ¿Vas a cumplir?”
Luego del cambio a los estatutos Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, y Mario Moreno Arcos, excandidato al gobierno de ese estado, anunciaron su renuncia al tricolor: “No aprobé la reforma que prolonga el mandato del presidente del PRI, insulta a la historia del partido y a los miles de militantes de todo el país. Por dignidad no puede uno callar ante este abuso. Presentaré mi renuncia al CPN”, dijo Astudillo.
Moreno aseveró: “Mis convicciones me impiden avalar la reforma que prolonga el mandato del presidente del PRI. Presentaré mi renuncia al CPN. El PRI no es de los dirigentes. No más imposiciones”.
Incumplimiento
Osorio Chong y Ruiz Massieu, además de Astudillo, presentaron de hecho ante el TEPJF un recurso de impugnación (SUP-JE336/2022 y SUP-JDC-1483/2022 acumulados) para denunciar, entre otras cosas, la “ilegalidad de la convocatoria a la celebración de la LXII sesión extraordinaria del CPN y de sus actos derivados”, así como la “violación a los principios rectores de certeza y legalidad relacionados con el órgano facultado para modificar la normativa interna del partido”.
Los quejosos también criticaron que el dirigente priista usó el argumento de la “armonización de la normativa interna debido a la reforma a las leyes electorales”, para a su vez utilizar “la facultad excepcional del CPN con el fin de modificar los estatutos del partido”.
El CPN “excedió esta facultad excepcional al haber modificado disposiciones de los estatutos”, explicaron los quejosos.
La referida queja de Osorio, Ruiz Massieu y Astudillo fue también analizada por el Consejo General del INE que el 27 de febrero resolvió: “En virtud de lo expuesto, se advierte que el PRI no dio cumplimiento a las disposiciones estatutarias aplicables (…) ya que para llevar a cabo la aprobación de las modificaciones a sus estatutos debió fundar y motivar su competencia en un caso debidamente justificado”.
De esta manera, dado que el Consejo del INE observó que el procedimiento estatutario carece de validez, concluyó lo siguiente: “No se acredita la competencia del CPN para llevar a cabo la aprobación de la modificación de estatutos en la LXII sesión extraordinaria del CPN, toda vez que no fundó y motivó el caso debidamente justificado que le facultara para ello”.
Lo anterior “deja sin validez dicha modificación, así como aquellos actos vinculados a esta”.
Por tanto, “esta autoridad (Consejo General del INE) considera inválidas las modificaciones a los estatutos aprobadas durante la LXII sesión extraordinaria del CPN, celebrada el 19 de diciembre de 2022”.
“¡Que se vaya!”
A casi dos años de que comenzaron las exigencias de renuncia de Alito el tema regresa al ambiente político luego de la resolución de la autoridad electoral.
Dulce María Sauri, exgobernadora de Yucatán y expresidenta del PRI, aseveró: “Considero que la decisión de invalidar las reformas del Consejo Político Nacional es correcta. La facultad de modificar los estatutos la tiene exclusivamente la Asamblea Nacional”.
Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, afirmó que “no abandonará” su lucha para que Moreno deje la dirigencia del partido. De hecho, dijo, ya se debería estar convocando al proceso para la renovación de la presidencia nacional del tricolor.
La exigencia de que Moreno renuncie suma cada vez más voces. La senadora priista Claudia Anaya, excandidata al gobierno de Zacatecas, acusó a Alito de haber pactado con Morena su derrota: “Yo no perdí, me entregaron”.
Al respecto, abundó: “Por lo que exhiben los audios expuestos por la gobernadora de Campeche, lo único que le importaba a Moreno Cárdenas es que Morena ganara la elección en Zacatecas. Eso significa una gran traición a la militancia de un partido, una traición a la coalición y a la democracia. Alejandro Moreno Cárdenas no solamente debe estar fuera de la presidencia de un partido político: debe estar fuera de la política”.
Otro caso más. La secretaria general del comité del PRI en Tamaulipas, Mayra Ojeda Chávez, denunció hace unos días ante el TEPJF a Moreno Cárdenas por violencia de género, después de que el comité nacional le pidiera su renuncia y no respetara su “incapacidad” por embarazo.
“A partir de que solicité una incapacidad para atender mi embarazo, el comité nacional de mi partido, el PRI, encabezado por Alejandro Moreno, aprovechó la situación para solicitarme, de una manera arbitraria, la renuncia en la primera quincena de diciembre del año pasado”.
“Insulta a la historia del priismo y a los miles de militantes”.
Ojeda afirmó que el comité nacional priista le pidió su renuncia debido a que “no iba a atender las obligaciones partidistas” y agregó que “el PRI tomó su embarazo como pretexto para que ella no pueda asumir la dirigencia del partido en Tamaulipas como marcan los estatutos”.
Explicó que a ella le corresponde asumir la dirigencia estatal del PRI luego de la renuncia de Aida Zulema: “Los estatutos establecen que cuando renuncie el dirigente, quien ocupa el cargo de secretaria general (una servidora) asume la presidencia del partido, situación que es evidentemente notoria que no sucedió, porque tomaron la licencia de maternidad como un pretexto. Exigimos justicia y a las autoridades competentes que inhabiliten al diputado federal (Alejandro Moreno), porque lo que está haciendo es un delito y él lo sabe”.
Por otro lado, Francisco Labastida, excandidato presidencial priista, aseveró que Moreno Cárdenas debe renunciar porque está “vendiendo” al PRI “al servicio” del Ejecutivo federal.
Da vergüenza
Germán Martínez Cázares, integrante del denominado Grupo Plural del Senado, acusó a Moreno de ser un “sirviente”: “Él es un presunto responsable de delitos; y que me desmienta el procurador Renato Sales, es un presunto ladrón. Segundo: él votó a favor de la militarización. Y tercero: sus diputados hicieron la reforma energética que aplaudió el presidente y que votó Morena. Él es un sirviente del presidente”. Y afirmó que “es muy difícil” confiar en el dirigente priista.
Vicente Fox, expresidente de la República, acusó a Moreno de “pactar en lo oscurito” iniciativas con el gobierno federal y en este sentido publicó una serie de mensajes en sus redes sociales: “Alito, el Judas de los tiempos turbulentos en nuestro país”. Uno más: “Alito ‘Kaput’. Se lleva a Va por México entre las patas. ¡Qué espécimen! ¡Esto no se le hace a México, no es de mexicanos!”
A finales del año pasado Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, dijo que con Moreno “se ha roto la confianza” y explicó que esto es consecuencia de que “no cumplió con los acuerdos que tenía” con la coalición Va por México.
En la marcha del pasado 13 de noviembre en la Ciudad de México para defender al INE un grupo de ciudadanos encaró a Moreno Cárdenas en un restaurante y le reclamó: “Seguramente vas apoyar a Morena”.
Moreno dijo a los ciudadanos que “estaban equivocados”, a lo que estos le respondieron: “Eso dices ahorita, pero cuando hay que salvar el pellejo… La verdad, avergüenzas a tu partido”.
Negocios familiares
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche y líder nacional del PRI, utilizó su influencia política y poder para triangular dinero a través de la compra y venta de inmuebles con el objetivo de no dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales ni ante la autoridad fiscal.
Por otro lado, una investigación en expedientes del Registro Público de la Propiedad y del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral (Infocam) de Campeche revela que hasta abril de 2022 Alito, su hermano Emigdio Gabriel Moreno, su madre Yolanda Mercedes Cárdenas y Juan José Salazar Ferrer —identificado como su arquitecto de cabecera— son propietarios de 35 casas y terrenos en el estado.
Entre dichos inmuebles hay cuatro propiedades cedidas por Alejandro Moreno a su mamá. Estas fueron aseguradas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR el 18 de diciembre de 2019, como parte de una carpeta de investigación que se inició contra el exgobernador y en la que se le imputó haber cometido enriquecimiento ilícito. Así lo establecen las boletas de historiales registrales de los inmuebles.
No obstante, en septiembre de 2020 se cancelaron esas retenciones y las propiedades volvieron al poder del líder priista.