Arrancan los trabajos en el Congreso en medio de un gran debate nacional sobre la urgencia de modernizar un sistema electoral lleno de excesos, costos, censura y despilfarros.
La Cámara de Diputados conformó un grupo de trabajo para analizar una serie de iniciativas en el tema político-electoral con la intención de proponer en el actual periodo de sesiones reformas en la materia.
A juzgar por los expertos, es evidente que algunos partidos impulsan cambios legales que les ofrecerían ventajas en la contienda electoral, mientras que otros apuntan a mantener privilegios como los recursos públicos y los espacios gratuitos en radio y televisión.
Frente a esta situación diversos grupos de la sociedad, especialistas en materia electoral, cámaras empresariales, hombres de negocios, activistas y periodistas alzan la voz para exponer lo que realmente interesa a la ciudadanía: reducir el alto costo de los partidos políticos y los organismos electorales; libertad de expresión y de participación a la sociedad en los procesos electorales; y un organismo electoral independiente de los partidos y del gobierno.
Todos coinciden en una idea: la inminente reforma política-electoral es algo tan importante, que no se debe dejar solamente en manos de los partidos políticos, puesto que estos en los últimos 15 años solo han impulsado reformas electorales que fortalecen la partidocracia y marginan a los ciudadanos, contrario a las reformas aprobadas en las décadas de 1970, 1980 y 1990, cuando se logró avanzar en el sistema democrático.
Ley partidocrática
El actual marco normativo que rige los procesos electorales se caracteriza porque destina alrededor de 50 mil millones de pesos anuales a los partidos políticos y organismos electorales nacionales y locales; restringe la libertad de expresión y el derecho a la información; prohíbe la participación de la sociedad en radio y televisión; y al mismo tiempo obliga a los concesionarios de estos medios a regalar tiempo a los partidos.
Otras características son: garantiza a los partidos representados en el Congreso el control de las autoridades electorales, ya que estos los designan sin participación de la sociedad y sin transparencia; establece disposiciones prácticamente imposibles de cumplir para que un ciudadano común pueda ser candidato o bien para formar partidos políticos.
Asimismo, el actual marco ofrece a los partidos incentivos para promover investigaciones y juicios sin sustento con una doble intención: ganar notoriedad mediática en la contienda electoral o bien ganar en los tribunales lo que no consiguieron en las urnas. Esto se llama “litigiosidad” y “judicialización”.
En consecuencia, las exigencias de la ciudadanía son en el sentido de acabar con todos estos vicios del actual sistema.
Recursos
Un tema planteado en la propuesta de Morena es la disminución de los costos del sistema electoral en su conjunto.
En el caso de los partidos políticos estos expresan que están de acuerdo, pero cuando hace un par de años tuvieron la oportunidad de votar por la disminución de hasta 50% en las prerrogativas para gastos ordinarios no se lograron los votos necesarios en la Cámara de Diputados.
La propuesta de reducir el financiamiento continúa e incluso el Morena plantea disminuir por completo el financiamiento para gastos ordinarios durante los años en los que no hay comicios. La oposición, el PAN por ejemplo, podría acompañar esta propuesta a cambio de que se acepte que los partidos reciban financiamiento privado y en ello no parecen estar muy de acuerdo el gobierno ni su partido.
En todo caso, mientras hay analistas y organizaciones que proponen una disminución total del financiamiento público, otros expertos consideran que este no debe desaparecer con el fin de evitar que los partidos sean financiados por grupos con intereses ajenos a la sociedad e incluso por organizaciones del crimen organizado.
Además, señalan, el financiamiento público permitió que los partidos fueran competitivos, avanzaran en la conquista de espacios de poder y, en consecuencia, se formara en México un sistema político plural, con contrapesos.
Para los analistas la pluralidad y la distribución del poder —Presidencia, gubernaturas, Congresos, alcaldías— evita la concentración de las decisiones en un solo partido e incluso en una sola persona.
Les queda claro que entre las principales fortalezas del sistema democrático están precisamente la pluralidad, los contrapesos, la rendición de cuentas y la competencia política; es decir, que ningún partido esté seguro de que nunca perderá el poder.
Y justo por esto último los analistas e incluso las fuerzas políticas minoritarias se pronuncian contra la propuesta de Morena en el sentido de disminuir el número de diputados federales y senadores plurinominales.
Señalan los expertos que reducir sustancialmente la representación plurinominal crearía “mayorías ficticias”. Esto es, un partido político podría contar con 60 o 70% de los legisladores en el Congreso, cuando su votación a nivel nacional no fuera superior a 50%. Esto lo hacía el régimen del PRI y justamente la oposición (PAN y PRD, este último es de donde salieron los principales cuadros de Morena, incluido el primer mandatario) logró cambiarlo.
Sin embargo, los expertos dejan en claro que si bien es importante el financiamiento público a los partidos este no debe ser excesivo y deben existir rendición de cuentas y fiscalización de gastos.
En el caso de los recursos para los organismos electorales es un hecho que se les destinan cuantiosas partidas anuales, haya o no celebración de comicios.
Lo cierto es que los organismos tienen una serie de responsabilidades que les asignaron los partidos: monitorear los 365 días del año cientos de canales de televisión y estaciones de radio para verificar la transmisión de spots gratuitos de los partidos; fiscalizar miles de reportes de ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos a cargos de representación popular a nivel federal, estatal y municipal; distribuir las prerrogativas de los partidos; resolver miles de quejas que en todo momento presentan los partidos unos contra otros.
Si los partidos no tuvieran spots gratuitos, fueran honestos y respetaran la ley, los organismos electorales tendrían mucho menos trabajo y podrían funcionar con mucho menos recursos.
Por otro lado, si la celebración de los comicios tiene altos costos es por la cantidad de medidas de seguridad que tienen las boletas para votar y otros gastos como tinta indeleble, instrumentos diseñados para combatir partidos y ciudadanos deshonestos que incurren en prácticas ilegales.
Una solución: el voto electrónico. Y mejor aún, el voto vía internet. Este último se puede realizar desde computadoras e incluso desde teléfonos inteligentes. La tecnología garantiza que el voto se emita de manera segura, que no se pueda alterar y que los resultados se obtengan con mayor prontitud.
Mención aparte son los recursos destinados a la emisión de la credencial para votar con fotografía. En general, los expertos y la sociedad consideran que debe seguir siendo el INE el que administre y resguarde el Padrón Electoral (con nuestros datos personales, incluidos los biométricos) y emita el principal documento de identificación de los mexicanos, por lo que se le debe seguir asignando el presupuesto suficiente para esa tarea.
Libertades ciudadanas
Los ciudadanos comunes y las organizaciones de la sociedad no cuentan con recursos públicos ni con espacios regalados en radio y televisión que les permitan expresar sus puntos de vista sobre temas políticos; por ejemplo, elecciones, partidos, candidatos y, en general, sobre problemas sociales.
En cambio los partidos políticos cuentan con 48 minutos diarios en la totalidad de los canales de televisión con señal abierta y las estaciones de radio durante los procesos electorales, abarcando los periodos de precampaña, intercampaña y campaña. Durante un proceso federal, cada tres años, las fuerzas políticas y autoridades electorales transmiten alrededor de 60 millones de spots gratuitos.
En tanto, a los ciudadanos se les prohíbe contratar tiempo en dichos medios electrónicos porque la ley electoral está hecha por los partidos políticos, que se autoasignan tiempos en radio y televisión y al mismo tiempo bloquean la participación ciudadana activa en los procesos electorales, limitándola al mero acto de emitir su voto.
La propuesta de Morena plantea reducir de 48 a 30 minutos al día el tiempo de transmisión gratuita en canales de televisión y estaciones de radio, pero eso es considerado insuficiente por expertos periodistas, ciudadanos y concesionarios: para la sociedad no es solo un tema de tiempos, sino de libertades.
Por ello una de las demandas sociales más sentidas es la restitución de la libertad de expresión, con el fin de acceder a los medios electrónicos y emitir opiniones sobre los problemas nacionales, así como críticas a partidos y candidatos.
José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), propuso dar paso a una nueva ley que garantice la libertad de expresión y elimine la regulación excesiva que se aplica precisamente a la radio y televisión mexicanas.
Concretamente la CIRT propone que los partidos puedan contratar espacios en radio y televisión a través del INE y con cargo a sus prerrogativas.
También sobre el tema del modelo de comunicación política los expertos afirman que se requiere disminuir los millones de spots de los partidos políticos.
Otra propuesta formulada por la CIRT es la relativa a la desaparición de la llamada “veda electoral”, esto es, la prohibición a los servidores públicos para hablar sobre temas electorales y a los medios de comunicación electrónicos para reproducir los dichos o hechos de gobernantes o legisladores durante el desarrollo de los procesos electorales.
Cabe señalar que hasta el momento no se conoce una postura firme ni de Morena ni de la oposición sobre su rechazo a la veda electoral, aunque todos se quejan de ella durante los procesos electorales.
Autonomía
En el marco de la discusión de la nueva reforma política-electoral uno de los principales temas es el de los órganos electorales, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): su autonomía, sus facultades, la forma en que se integran, su costo, su utilidad para brindar certeza e imparcialidad en los comicios.
Primero, su autonomía. La ciudadanía, los expertos y todas las fuerzas políticas coinciden en que es necesario un organismo cuyos integrantes se conduzcan con independencia de los Poderes de la Unión a fin de garantizar elecciones imparciales, transparentes y que brinden certeza tanto en el recuento de votos como en la calificación de sus resultados y la resolución de quejas.
En el caso del INE se estableció que el nombramiento de los consejeros esté a cargo de la Cámara de Diputados pensando en que este sería producto de un “acuerdo” entre los partidos y por lo tanto dichos funcionarios tendrían la confianza de todos los contendientes.
Los expertos concluyen que poco a poco el “acuerdo” se convirtió en una burda “negociación” y “reparto de cuotas” de consejeros, es decir, cada consejero era impulsado por una fuerza política en particular. El problema radica en que varios consejeros se comportan, en efecto, como representantes de los partidos; prueba de ello es que hay varios exconsejeros que terminan como legisladores de alguna fuerza política o funcionarios públicos, además de que en las votaciones sobre resolución de denuncias o investigaciones de ciertos asuntos tienen claros sesgos para favorecer o no a determinado partido.
En consecuencia, sí es necesario que se garantice la imparcialidad de los consejeros, pero de ninguna manera, señalan los expertos, esa garantía se obtendrá si los consejeros son designados con el voto universal y directo porque ello los convertiría en representantes populares y no en funcionarios profesionales con formación técnica al servicio del Estado. Veamos algunas ideas.
José Woldenberg, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral, considera que la propuesta en el sentido de que la ciudadanía elija a las autoridades electorales “es la peor de los últimos 30 o 40 años”, toda vez que existe la posibilidad de que resulten electos los aspirantes propuestos por el presidente y ahí “¿qué autonomía habrá?”, cuestionó.
La consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Carolina del Ángel Cruz, dice que “es un despropósito ver a las autoridades electorales haciendo campañas; tal situación abonaría a quitarles lo ciudadano”.
No son pocos quienes plantean dudas: ¿Será el propio INE el que organice las elecciones? ¿La popularidad será más importante que la capacidad? ¿Los candidatos a consejeros tendrán dinero público para hacer campañas? ¿Cómo se garantizará que estructuras partidistas, sindicatos, iglesias y los propios gobiernos no promuevan a sus candidatos a consejeros?
Lo importante y lo que se debe cuidar es que la jornada electoral —la recepción, el conteo y registro de los votos— siga en manos de los ciudadanos, afirma el director de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Roberto Heycher Cardiel.
José Antonio Carrera, especialista en sistemas electorales, llama a “despartidizar y despolitizar el nombramiento de los consejeros”.
La defensora de derechos humanos Marcia Itzel Checa, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, asevera que “el proceso para la elección de consejeros del INE carece de controles y da pauta a la discrecionalidad de quien propone la terna y el proceso” y esto es lo que se debe corregir.
Rafael Estrada Michel, catedrático de la UNAM, plantea: “Nos preocupamos demasiado por los mecanismos de designación de los árbitros electorales; y no digo que no sea importante, pero es mucho más importante sujetarlos a un mecanismo efectivo de rendición de cuentas, de que nos digan por vía del Parlamento cómo están actuando, cómo aplican los recursos, qué tanta ha sido su imparcialidad, cómo cumplen los principios y valores constitucionales”.
De esta forma, el primer paso es un Consejo General integrado por consejeros independientes de los partidos a través de un nuevo arreglo social; con leyes más sencillas y que se enfoque en asuntos estrictamente electorales; sujeto a contrapesos de la sociedad; que garantice derechos ciudadanos; con un presupuesto adecuado a las carencias del país.
El segundo paso es que las elecciones sigan en manos de los ciudadanos. Las nuevas generaciones quizá no conozcan que hasta antes de 1990 las elecciones las organizaba el Ejecutivo federal a través de la Comisión Electoral cuyo presidente era el titular de la Secretaría de Gobernación. Esta instancia gubernamental decidía quiénes serían los funcionarios de casilla y en consecuencia quienes contarían y registrarían los votos. Generalmente eran empleados del gobierno los encargados de esta función.
Los especialistas aseguran que es precisamente a ese pasado al que nadie quiere regresar, pues fueron muchos años de lucha, movilizaciones, encarcelamientos e incluso vidas lo que costó tener un organismo electoral que no está controlado por el Ejecutivo y que sean los ciudadanos —nuestros vecinos y familiares seleccionados aleatoriamente y capacitados por el INE— quienes cuenten y registren los votos; y que no regresen los conflictos postelectorales, que muchas veces significaron bloqueos, enfrentamientos, muertos y renuncia de autoridades electas.
¿Qué se busca? Mantener elecciones con certeza y credibilidad. Y eso lo tenemos. Ejemplo de ello es la alternancia en la Presidencia de la República: del PRI al PAN en 2000, del PAN al PRI en 2012 y del PRI a Morena en 2018. Además del cambio de poder en 30 de las 32 entidades del país y, algo muy importante, la pluralidad en el Congreso de la Unión y los Congresos locales.
Finalmente, la gran mayoría de los mexicanos está a gusto con el hecho de que sea un organismo autónomo el que controle el Padrón Electoral y el que expida la credencial de elector, el principal instrumento de identificación con que cuentan los mexicanos y sin duda el más confiables.
Calificación de elecciones
Otro de los temas planteados por la propuesta de Morena es que los magistrados del TEPJF también sean electos por el voto universal y directo de la ciudadanía. Y de nuevo la crítica de los expertos es en el sentido de que no se puede garantizar un buen desempeño si dichos funcionarios son, en los hechos, representantes populares y no servidores públicos con la debida formación técnica.
En las tres últimas décadas, el TEPJF (antes Tribunal Federal Electoral) ha calificado las elecciones para presidente de la República y una buena cantidad de comicios para gubernaturas, presidencias municipales, senadurías y diputaciones.
Cabe señalar que los que se quejan siempre son los que pierden una elección, tengan o no elementos que sustenten sus denuncias.
Y cuando han existido elementos el Tribunal llegó a cancelar elecciones de presidencias municipales e incluso de gobernador; por ejemplo, la gubernatura de Tabasco en 2000, así como la de Colima en 2003 y luego en 2015. Al final, todos los actores políticos terminan por acatar las resoluciones del TEPJF.
Por otro lado, las críticas hacia los magistrados son producto de las miles de quejas que presentan los partidos, que a su vez cuentan con incentivos para quejarse, a decir de especialistas que califican estas prácticas como “litigiosidad”. En este sentido, consideran necesario simplificar la normatividad para evitarla.
Asimismo, señalan que son los partidos lo que tienen la solución a los problemas: si no están de acuerdo con las leyes porque las consideran engorrosas y prohibicionistas, que las simplifiquen y en su caso eliminen.
Debate
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informó que tienen 51 iniciativas de reformas constitucionales de los diferentes grupos parlamentarios y 57 iniciativas de reformas a las seis leyes vinculadas a procesos político-electorales, mismas que ya analiza un grupo de legisladores.
Lo que más llama la atención es que en esta ocasión es el propio partido Morena, que ganó las elecciones federales, el que impulsa la reforma, siendo que anteriormente la oposición al régimen promovía los cambios para buscar mayor equidad en la contienda.
Por cierto, la reforma propuesta por el régimen es rechazada por la oposición en su conjunto, diversas cámaras empresariales, académicos, expertos en materia, la Iglesia católica e incluso organismos internacionales como la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, que integran expertos independientes de 61 países.
Y si hay una premisa indispensable es que una reforma política-electoral se debe aprobar por consenso de los partidos e involucrando a la sociedad.
Todos quieren elecciones libres, creíbles, una democracia sólida y transiciones pacíficas del poder. Y lo más importante: todos quieren libertad para opinar, criticar y defender a sus partidos y candidatos. Sin libertad no hay democracia.
Evolución e involución del sistema electoral
1946 Se permite la formación de confederaciones nacionales de partidos y de candidaturas comunes mediante coaliciones de dos o más partidos.
1951 Se establece que la Comisión Federal Electoral tiene como función coordinar y vigilar las elecciones federales. La conforman un comisionado del Poder Ejecutivo (secretario de Gobernación), dos del Poder Legislativo (un diputado y un senador), y tres de partidos políticos.
1953 Se otorga a las mujeres el derecho a votar y ser votadas.
1969 Disminuye la edad para votar a 18 años.
1977 Se crean los diputados de representación proporcional en la cámara baja; además de los 300 de mayoría se agregan 100 plurinominales.
1986 Crece a 200 el número de diputados de representación proporcional, por lo que la cámara baja se integra con 300 legisladores de mayoría y 200 plurinominales.
1990 Nace el Instituto Federal Electoral (IFE). Organismo autónomo con personalidad jurídica y bienes propios. Responsable de organizar las elecciones para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo. Entre sus principales atribuciones está crear el Padrón Electoral y expedir la credencial para votar con fotografía.
1990 Nace el Tribunal Federal Electoral (Trife) para resolver quejas en la materia.
1990 Se establece el financiamiento público a los partidos políticos.
1993 Crece el número de integrantes del Senado: pasa de 64 a 128.
1996 Se establece que ningún partido podrá tener más de 300 diputados por ambos principios, es decir, de mayoría y plurinominales.
2007 Se establece que ningún partido ni ciudadano podrá contratar espacios en radio y televisión para hablar de temas políticos o electorales. Se obliga a los concesionarios de radio y televisión a regalar a los partidos políticos 48 minutos diarios (en horarios establecidos por la ley) en sus estaciones y canales durante los periodos de precampaña, intercampaña y campaña.
2014 El Instituto Nacional Electoral (INE) sustituye al IFE.
“De pena ajena”
El INE solicitó a una empresa realizar una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la reforma electoral propuesta por Morena.
El ejercicio consistió en preguntar vía telefónica a un universo de 400 personas.
93% está a favor de disminuir los recursos a los partidos.
87% aprueba disminuir el número de senadores y diputados federales.
74% está a favor de reducir los recursos al INE.
78% aprueba que a los magistrados y consejeros electorales los elija la ciudadanía.
68% está a favor del voto electrónico.
53% aprueba desaparecer los tribunales e institutos electorales locales.
53% está a favor del sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), para que este organice todos las elecciones del país.
Lo viejo…
Según analistas y estudiosos del tema las razones que llevan a proponer la desaparición del INE son las siguientes.
El instituto se encuentra bajo estricto control de los partidos políticos; protege intereses oscuros; no es democrático ni representa los intereses ciudadanos.
Los partidos que controlan al INE no ofrecen una representación real de la sociedad y solo buscan proteger sus canonjías, superiores a los siete mil millones de pesos anuales.
A los consejeros electorales los eligen los mismos partidos que mantienen un sistema donde la democracia se maneja mediante negociaciones políticas y no conforme a la voluntad manifiesta de los ciudadanos.
La normatividad del INE lo vuelve un aparato burocrático que asume tareas ajenas a su misión fundamental, que es organizar y supervisar los procesos electorales y que incluyen otorgar de manera gratuita tiempos en radio y televisión a los partidos, aprobar los spots, vigilar las campañas electorales y/o validar procesos internos de los institutos políticos.
Debido al modelo de comunicación política, el INE funge como el mayor censor en el país: coarta la libertad de expresión de la sociedad, los candidatos, los funcionarios los medios de comunicación.
El instituto electoral gasta para esas tareas millones de pesos anuales, que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos.
Contrario a lo que ocurre en los países con democracias avanzadas, el instituto no impulsa la modernización del costoso sistema de votación presencial, que urge con métodos de consulta y voto por la vía electrónica, lo que agilizaría los procesos electorales.
El INE se ha vuelto incapaz de garantizar que la imparcialidad en los comicios impida la judicialización de los procesos electorales.
Y, finalmente, se ha vuelto un instituto politizado, caro, obsoleto y sin representación real de los intereses ciudadanos.
…y lo nuevo
Para los expertos en la materia es necesario sustituir al INE por un nuevo organismo que cumpla con las condiciones siguientes.
Que garantice una verdadera democracia y sea funcional, legítimo, tecnológicamente adecuado y sobre todo creíble.
Un nuevo instituto requiere normas sencillas, transparentes claras y aplicables al país.
Que esté sujeto a contrapesos de la sociedad.
Debe tener un perfil estrictamente ciudadano.
Se necesita un organismo electoral por completo autónomo e independiente de los partidos políticos.
Su marco legal debe facultarlo para enfocarse en asuntos estrictamente electorales.
Y, por último, debe contar con recursos presupuestarios que tomen en cuenta nuestra realidad social.