Ciudad de México, México, 24 de febrero. El fiscal general mexicano Alejandro Gertz Manero negó que las acusaciones de corrupción contra el gobernador del estado de Tamaulipas, un opositor al gobierno, obedezcan a motivos políticos, pero no aclaró cuál es el fundamento del caso.
La fiscalía pidió al Congreso el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza De Vaca, acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. García ha rechazado las acusaciones, que según él obedecen a motivos políticos.
La prensa local ha informado que algunas de las acusaciones están relacionadas con movimientos de millones de dólares entre empresas que sirven de fachada. Otras acusaciones estarían relacionadas con presuntos sobornos a legisladores en 2013 para aprobar una reforma del sector energético a la que se opone el presidente Andrés Manuel López Obrador. García Cabeza De Vaca era senador ese año.
Pero Gertz Manero no confirmó estas versiones. “No podrá darse ningún caso de que ésta sea una venganza ni una cosa de tipo político de ninguna naturaleza”, afirmó Gertz Manero. Sostuvo que se presentarán pruebas contra el gobernador para que los legisladores puedan determinar si las acusaciones tienen mérito como para llevarlo a juicio.
López Obrador dijo por su parte: “Nosotros no perseguimos a nadie”.
García, del opositor Partido Acción Nacional, reiteró en un tuit su inocencia y sostuvo que era un ataque político.
En su cuenta de Twitter, rechazó el “nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política”.
“Nunca he violado la ley”, acotó.
García Cabeza De Vaca gobierna el estado limítrofe con Texas desde 2016. La delincuencia organizada está muy arraigada en Tamaulipas y muchos políticos locales se han visto implicados en relaciones con ellos.
El ex gobernador Tomás Yarrington, del Partido Revolucionario Institucional, fue extraditado a Estados Unidos desde Italia en 2018 para responder a cargos de narcotráfico. Estados Unidos también ha tratado de obtener la extradición del sucesor de Yarrington, Eugenio Hernández, al que acusan de lavado de dinero.
El principal candidato para suceder a Hernández en 2011, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado durante la campaña.