Ciudad de México, a 21 de febrero. El Instituto Nacional de Migración (INM) debe entregar diversos contenidos de información relacionados con la protección de datos personales de personas migrantes en la aplicación del Memorándum de Entendimiento con el Instituto Guatemalteco de Migración, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Decidí exponer públicamente y separar del bloque de mis recursos (…) este recurso porque, a pesar de ser el resultado de una solicitud de acceso a la información, pone como siempre, en el centro de la discusión, la importancia de la protección de datos personales de un grupo en situación de vulnerabilidad: la población migrante, y la importancia de que puedan acceder a un correcto resguardo de su información privada, a fin de que sus derechos humanos no sean vulnerados”, subrayó la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas.
Al presentar el asunto ante el Pleno, la Comisionada Del Río advirtió que los acuerdos migratorios que desarrollan las autoridades requieren no solo transparentarse, sino que deben exponerse ante la sociedad con una máxima publicidad sobre su utilidad y sus beneficios.
En el caso, un particular solicitó al INM, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), diversos contenidos de información relacionados con la aplicación del Memorándum de Entendimiento firmado con el Instituto Guatemalteco de Migración.
Es importante destacar que dicho Memorándum de Entendimiento en Materia de Intercambio de Información, se firmó el 25 de agosto de 2022 entre representantes de los gobiernos de Guatemala y México, para fortalecer la gestión y promover una migración segura y ordenada.
En su respuesta, el Instituto Nacional de Migración informó que se están sincronizando agendas entre las partes para llevar a cabo reuniones de trabajo relacionadas con la implementación del memorándum referido.
El solicitante impugnó ante el INAI la entrega de información que no corresponde. “Como vemos, la persona ahora recurrente hizo una extensa solicitud de información relacionada en varios puntos con la protección de datos personales de las personas migrantes, cuestión que no fue atendida por el Instituto de Migración”, expuso.
En alegatos, el Instituto Nacional de Migración reiteró su respuesta inicial.
En el análisis a cargo de la ponencia de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas se concluyó que el agravio de la persona recurrente es fundado, toda vez que el sujeto obligado no dio una interpretación a la solicitud, pues solo se limitó a referir que se encuentra sincronizando reuniones para la implementación del Memorándum -que fue firmado hace ya ocho meses-, y omitió pronunciarse sobre cada uno de los puntos de la solicitud, “por lo cual no se tiene certeza de que efectivamente hubiera realizado la búsqueda de lo requerido”, apuntó.
Del Río Venegas mencionó que, históricamente, la frontera entre México y Guatemala ha registrado una dinámica intensa que ha cambiado a lo largo del tiempo, en el marco de una serie de desigualdades estructurales y que la solicitud de información en cuestión evidencia la inexistencia de una ley de datos personales en Guatemala; además de una nueva crisis humanitaria sin precedente en la frontera sur.
Además, añadió que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), en 2022, 106 mil 8 migrantes extranjeros fueron devueltos por autoridades mexicanas a sus naciones de origen; de este total, 44 mil 559 eran personas originarias de Guatemala, mientras que 40 mil 700 eran hondureños.
Con frecuencia, dijo la Comisionada Del Río, las y los migrantes se ven obligados a abandonar sus lugares de origen por la falta de oportunidades de desarrollo, por la violencia a la que se están enfrentando sus ciudades y también orillados por desastres naturales.
“En este escenario, es tarea de todas las instituciones que conformamos el Estado realizar nuestras funciones con la mayor diligencia y pulcritud para reducir al mínimo los riesgos y vulnerabilidades para la corrupción y para la violación de sus derechos humanos. Así pues, la protección de los datos personales (…) es un derecho llave y, en el caso de las personas migrantes, es esencial para hacer posible el respeto a su dignidad y su integridad”, concluyó.
Por unanimidad de votos, el pleno del INAI revocó la respuesta del Instituto Nacional de Migración y le instruyó turnar la solicitud a todas sus unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Oficina del Sub Comisionado Jurídico y la Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación, con la finalidad de que realice una nueva, amplia y exhaustiva búsqueda de la información sobre el Memorándum de Entendimiento firmado entre México y Guatemala.