Los grupos parlamentarios de contención publicaron un documento en el que dan a conocer su postura sobre una iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde los legisladores autoricen a la Secretaría de Hacienda reorientar el Presupuesto de Egresos, en caso de “emergencias económicas”.
Conforme a esa ley, es la Cámara de Diputados la que tiene la atribución de autorizar la reasignación del Presupuesto. En su propuesta, el mandatario planteó que los recursos puedan ser destinados a mantener la ejecución de los proyectos prioritarios del gobierno federal, fomentar la actividad económica, atender emergencias de salud y programas sociales. Diversos pPartidos de oposición señalaron que en el marco de la crisis por el nuevo coronavirus, el presidente busca realizar por si sólo reasignaciones al gasto sin control ni fiscalización.
Aquí el texto:
GRUPOS PARLAMENTARIOS DE CONTENCIÓN CONTRA INICIATIVAS QUE VULNEREN ORDEN CONSTITUCIONAL
a) emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha puesto a prueba a los gobiernos de todo el mundo, así como sus capacidades de respuesta ante una crisis sin precedentes.
En el marco de esta pandemia, el 23 de abril de 2020, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados un proyecto de iniciativa para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se propone:
a) Autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en caso de una emergencia económica, pueda reorientar los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a fin de “destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”; y
b) Reorientar los recursos asignados al Fondo Metropolitano (3,300 millones de pesos aprobados en el PEF 2020) para destinarlos a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad, con base en las decisiones de servidores públicos del gobierno federal.
Frente a esta propuesta, las y los legisladores de los grupos parlamentarios de contención representados en la Comisión Permanente, expresamos lo siguiente:
• Han resultado infructuosos todos los llamados -desde todos los ámbitos de la Nación- al Ejecutivo Federal para el diálogo, el entendimiento y la adopción de acuerdos indispensables para la atención de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales.
• La iniciativa es innecesaria: Las disposiciones vigentes de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sustentan la posibilidad de la adecuación del PEF ante el escenario de una disminución de los ingresos fiscales aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, hoy estimado en un escenario optimista en un -5.4%; ésta adecuación se realizaría a propuesta del Ejecutivo Federal y sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
• La iniciativa busca legitimar acciones inconstitucionales: La propuesta enviada por el Ejecutivo busca dar sustento al Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el propio 23 de abril de este año, por el cual unilateralmente se establecieron determinaciones sobre el ejercicio del PEF 2020 que violan la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, específicamente porque posponen toda acción y gasto gubernamental, salvo 38 programas que el Presidente califica de prioritarios. También pretende establecer previsiones particulares para eludir el sistema de rendición de cuentas.
• La iniciativa promueve la opacidad: El Decreto que le da origen no establece la naturaleza y características de la emergencia económica derivada de la pandemia y sus efectos en las finanzas públicas, el sustento para la determinación de las actividades y los programas prioritarios o los criterios para la reorientación del gasto público para la atención de lo prioritario, particularmente con respecto a los derechos de las personas y los servicios que la administración debe proveer. Tampoco establece un límite a los recursos que se pueden reasignar. Aunado a esto y profundizando el centralismo, se pretende desaparecer el Fondo Metropolitano para el año 2020, recursos destinados para inversión pública que ahora pretenden orientar a la discrecionalidad del gobierno central.
La propuesta legislativa atenta contra una de las facultades legislativas más importantes: la de decidir y supervisar, como representantes de la ciudadanía, la asignación y el ejercicio del presupuesto de la Nación. Además, no propone ninguna medida dirigida a contener la grave caída de los ingresos presupuestarios, los cuales podrían disminuir por más de 700 mil millones de pesos.
Ante la profunda crisis de salud y económica que se avecina, la iniciativa plantea una propuesta que vulnera el orden constitucional y los principios de división de poderes, de gasto con criterios federalistas, de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y de rendición de cuentas con base en autorizaciones sujetas al control de la gestión gubernamental.
Nos resulta evidente que en la emergencia presente las prioridades son esencialmente la vida y la salud de la población, los ingresos de las familias y la preservación de las capacidades para reactivar la economía y no el otorgamiento de poderes extraordinarios al Presidente de la República para la disposición y la asignación de los recursos públicos de la Federación.
Insistimos, una vez más, en que es urgente un Acuerdo Nacional que congregue los esfuerzos de todos los sectores y de toda la ciudadanía. Esta crisis se resolverá sólo con la participación de todos y con gobernanza, diagnósticos precisos, propuestas estratégicas, respuestas tangibles y evaluables, transparencia y rendición de cuentas.
Es por ello que las legisladoras y legisladoras de los grupos parlamentarios de contención que formamos parte de la Comisión Permanente no apoyaremos la celebración de sesiones extraordinarias que tengan como objetivo preconcebido la aprobación de esta iniciativa de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Aprobarla representaría un claro retroceso en nuestro orden jurídico, no sería un acto de responsabilidad ante las generaciones presente y venideras y significaría regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado democrático de derecho.
México necesita que los Poderes de la Unión, junto con la sociedad a la que servimos, trabajemos con base en el diálogo constructivo y propositivo para hacer frente a los grandes retos que ha develado esta pandemia. Reiteramos el llamado a actuar con responsabilidad y dejar a un lado los cálculos políticos y los intereses particulares, apegados al orden constitucional que nos rige. Nuestro objetivo común debe ser enfrentar esta crisis sanitaria y económica con unidad, inteligencia, responsabilidad y colaboración.
Ciudad de México, 30 de abril de 2020.
Firman:
Dip. Juan Carlos Romero Hicks González
Sen. Mauricio Kuri González
Sen. Alejandra Reynoso Sánchez
Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba
Dip. Carlos Alberto Valenzuela González
Sen. Guadalupe Murguía Gutiérrez
Sen. Indira Rosales San Román
Dip. Josefina Salazar Báez
Sen. Julen Rementería del Puerto
Dip. Laura Rojas Hernández
Dip. Martha Estela Romo Cuéllar
Sen. Nadia Navarro Acevedo
Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz
Dip. René Juárez Cisneros
Sen. Miguel Ángel Osorio Chong
Sen. Beatriz Paredes Rangel
Sen. Claudia Ruíz Massieu Salinas
Dip. Dulce María Sauri Riancho
Sen. Manuel Añorve Baños
Dip. Norma Guel Saldívar
Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez
Dip. Tonatiuh Bravo Padilla
Sen. Dante Delgado Rannauro
Sen. José Ramón Enríquez Herrera
Dip. Mario Alberto Rodríguez Carrillo
Dip. Martha Tagle Martínez
Sen. Verónica Delgadillo García
Dip. Verónica Juárez Piña
Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa
Sen. Antonio García Conejo