El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), cuyo objetivo será garantizar la libre competencia y concurrencia y con ello combatir los monopolios en el sector de telecomunicaciones, así como fomentar el desarrollo eficiente del sector energético.
El nuevo organismo fusionaría a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), evitando así duplicidad de funciones de estos órganos reguladores y al mismo tiempo fortaleciendo sus resoluciones, pero sobre todo generando ahorros al erario público del orden de los 500 millones de pesos anuales.
Además indicó Monreal que se debe tomar en cuenta que su propuesta no es nueva, toda vez que en España desde 2013 los órganos reguladores ahí existentes fueron sustituidos por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia con resultados muy favorables.
El también coordinador de Morena en el Senado invitó a todos los sectores involucrados a participar en un amplio debate para analizar y enriquecer su iniciativa.
Por lo pronto, es un hecho que su propuesta cuenta con un amplio respaldo de la sociedad, que desde hace años exige que los órganos autónomos dejen de representar un excesivo costo de operación, sobre todo por los “abusivos” salarios de sus funcionarios, quienes por cierto hoy defienden sus excesivos ingresos sin mostrar empatía alguna con los millones de trabajadores y sus familias que se han quedado sin sustento a causa de la pandemia.
Compromiso
En la exposición de motivos de su iniciativa Ricardo Monreal plantea que el régimen actual se caracteriza por llevar a cabo una política de austeridad y “hoy más que nunca se requiere que todos los poderes y órganos del Estado mexicano coadyuven con el ineludible compromiso de reducir el gasto que representa su operación”.
Señala que una buena oportunidad para lograr lo anterior “es que algunos órganos reguladores del Estado que comparten ciertas características en cuanto a la naturaleza de sus facultades y competencias puedan integrarse en uno solo, disminuyendo así la pesada carga que hoy representa cada uno de ellos para el pueblo de México, sin que eso signifique prevaricar al cumplimiento de las funciones y atribuciones que actualmente desarrollan”.
Asimismo el coordinador de Morena refiere que “en España se creó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a partir de la integración de las ahora extintas Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria”.
Este organismo, agrega, “garantiza, preserva y promueve el correcto funcionamiento de los sectores económicos que regula, además de ser la autoridad única de competencia económica en España, por lo que busca promover y preservar la competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de consumidores y usuarios”.
Tomando en consideración la experiencia internacional, dice Monreal, “se propone la integración regulatoria de los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y energía, además de la implementación de la política de competencia económica a través de la misma autoridad; es decir, se propone la integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica en un solo organismo regulador”.
El coordinador de los senadores morenistas indica que también “se debe tomar en cuenta que este tipo de organismos en muchas ocasiones están sujetos a fuertes presiones por parte de los grandes corporativos que tienen poderosos intereses económicos. Por ello la creación de un nuevo organismo tendrá como uno de sus objetivos centrales el fortalecimiento de la autonomía para blindar a las instituciones de los intereses privados que menoscaban el bienestar de la sociedad y el desarrollo económico equitativo”.
Precisa que su iniciativa plantea reformar el artículo 28 de la Constitución para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar como un órgano constitucional autónomo cuyos objetivos serán: “Uno, integrar a órganos reguladores del Estado mexicano que comparten características; y, dos, establecer un solo regulador de competencia económica en los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y energético”.
En consecuencia, precisa, se fusionarían —no desaparecerían— el IFT, la Cofece y la CRE.
Por otro lado, los comisionados (siete por cada órgano) dejarán de ejercer el cargo una vez que sea publicado el respectivo decreto de reforma.
Para la designación de los consejeros del Inmecob el Senado emitirá la convocatoria correspondiente y “de entre los aspirantes propondrá al titular del Poder Ejecutivo una lista, aprobada por mayoría calificada (dos terceras partes de los presentes), de entre tres y cinco candidatos para cada vacante, a fin de que haga la designación del consejero respectivo”.
Duplicidad de funciones y de gastos
El senador Ricardo Monreal explica que para dar sentido a la fusión de Cofece, IFT y CRE es necesario entender que existen elementos técnicos comunes en los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y energía: “Infraestructura de redes, externalidades, existencia de insumos esenciales, necesidad de acceso a instalaciones de los operadores históricos, cadenas de producción complejas, complementariedad, compatibilidad y estándares, mercados de pocos competidores”.
Asegura que dada “la existencia de funciones, procedimientos, metodologías y conocimientos compartidos, bien podrían ejercerse y ser correctamente aplicados por un solo órgano regulador integrado con un mayor potencial de eficiencia en la toma de decisiones regulatorias en cada sector”.
Sobre algunas de las características del nuevo organismo revela: “No estará supeditado a ningún otro órgano del Estado, pero sí estará sujeto a un régimen de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo; contará con autonomía e independencia técnica, funcional y financiera; se sujetará a la política de austeridad republicana”.
Y acerca de sus atribuciones destaca que unas de las principales será “garantizar y promover la libre concurrencia y competencia económica en México; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas”.
El senador morenista resume: “Con el Inmecob se facilitarán, entre otros asuntos, el fomento y el desarrollo eficiente del sector energético al brindarle confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Además tendrá por objetivo el desarrollo efectivo de la radiodifusión y las telecomunicaciones”.
Un punto de la iniciativa que el senador destaca de manera particular es que fusionar tres órganos reguladores en uno solo permitiría generar ahorros.
Por ejemplo, expresa, “se podría generar una estructura orgánica que optimice recursos y atienda el principio de austeridad; específicamente se observaría que con un menor número de personal especializado y de gastos operativos asociados a estos se podría alcanzar la misma capacidad institucional que tienen actualmente los tres órganos reguladores por separado”.
Otros ahorros, comenta, serían producto de que el personal podría ocupar menos inmuebles de los que actualmente utilizan los tres organismos, es decir, se dejarían de arrendar edificios y otras instalaciones.
Actualmente el presupuesto global de Cofece, IFT y CRE es de dos mil 375 millones 356 mil 400 pesos, en tanto que el presupuesto total de Inmecob requerido para operar sería de alrededor de mil 875 millones 356 mil 400 pesos; esto significa que se obtendría un ahorro de 500 millones de pesos anuales al crear el nuevo órgano regulador.
“Trabajo para los amigos”
Al referirse a la iniciativa del senador Monreal, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que está de acuerdo con ella si ayuda a reducir los gastos, “porque hubo muchos excesos en la creación de organismos, muchos innecesarios y casi todos muy costosos”.
El primer mandatario agregó: “No hay que olvidar que el presupuesto (de los organismos) es dinero del pueblo. Y se les hizo fácil crear aparatos supuestamente autónomos, supuestamente independientes”.
Al referirse al amparo conseguido recientemente por —entre otros— los funcionarios de la Cofece, que encabeza Alejandra Palacios, el presidente aseveró: “Y todavía se enojan porque no pueden ganar más de lo que recibe el presidente de la República y presentan amparos. Era un exceso: llegaban a ganar hasta 600 mil pesos mensuales los altos funcionarios públicos”.
Igualmente reprochó la creación de diversos órganos reguladores: “Solo en el sector energético crearon como cinco o seis organismos: la CRE, la de hidrocarburos, hubo otra para administrar los fondos derivados del petróleo; en la industria eléctrica lo mismo. Como cinco o seis. ¿Y qué hacían? Pues autorizar todas las operaciones fraudulentas”.
También se refirió a lo que coloquialmente se conoce como amiguismo o compadrazgo: “Ojalá y se queden los (organismos) indispensables, los que ayuden al bienestar del pueblo; (no aquellos) para darle trabajo a los amigos, a los familiares, a los compañeros de universidad. Todos estos organismos llenos de profesionales surgidos de las universidades que estaban de moda. Recordemos quiénes trabajaban ahí: la mayor parte puro recomendado de los altos funcionarios públicos”.
De acuerdo con el presidente López Obrador los funcionarios de los órganos reguladores y en general de los organismos autónomos incurrían en actos de corrupción: “Los consejeros aprobaban todo: el fraude, el saqueo. Y otra cosa que se estableció: la duración en el cargo: son inamovibles, para doce o 15 años y con buenos sueldos”.
Cofece: abusos
Morena en ambas cámaras ha dado la batalla por imponer la austeridad en los órganos reguladores y en general los organismos autónomos. Por ejemplo Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena, impulsó una iniciativa para reducir el presupuesto de diversas instituciones, entre ellas, la Cofece.
“Hemos considerado que los organismos constitucionales autónomos son los que más se han resistido a la austeridad. El mandato de la ciudadanía en 2018 fue para que todo el Estado mexicano sea austero”, aseveró el legislador morenista.
Su iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados, planteó recortar partidas para seguros de vida y médicos, telefonía celular, arrendamiento de vehículos, asesorías externas, pasajes aéreos internacionales, productos alimenticios para animales (sic), aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos, y viáticos en el extranjero.
Como recordamos la presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, fue señalada en febrero de 2019 por pagar con recursos públicos 250 mil pesos un viaje —realizado del 2 al 11 de junio de 2018— a París, Francia. Al ser cuestionada sobre el costo del pasaje de dicho viaje, que ascendió a 163 mil pesos, respondió: “No puse atención al costo del boleto de avión”.
En la Cofece, por ejemplo, la presidenta, seis comisionados, 13 directores generales y 45 directores ejecutivos perciben sueldos mensuales que van de los 102 mil a los 144 mil pesos, es decir, similares o superiores al que percibe el presidente de la República.
Además las resoluciones de la Cofece han sido motivo de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que en más de una ocasión ha otorgado amparos a quienes vieron vulneradas sus garantías individuales con las resoluciones de este órgano regulador.
Hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió en noviembre de 2018 una recomendación a los comisionados al comprobar que violaron los derechos humanos de un numeroso grupo de notarios.
A su vez María de los Ángeles Huerta del Río, diputada federal de Morena, expuso: “De los diez órganos constitucionales autónomos que tenemos —a dos décadas de la creación de los primeros— podemos decir que los resultados son variopintos debido sobre todo a su discontinua relación de sometimiento-autonomía con el poder”.
Agregó: “Desafortunadamente no se puede negar que con el tiempo algunas de estas autónomas instancias se han ido pervirtiendo en sus funciones. Hay casos emblemáticos como el del Instituto Nacional Electoral, que tiene consejeros asignados al modo de las cuotas partidistas; o el del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ha estado dominado por las ideas que dictan los preponderantes en el sector; o el de la Comisión Federal de Competencia Económica, que ha tenido una presidenta que ha dejado de ser una funcionaria imparcial”.
La legisladora morenista también señaló que “uno de los temas más problemáticos en cuanto a la asignación presupuestal a estos organismos es el que corresponde al capítulo 1000, relacionado con los sueldos y prestaciones”.
Explicó que en la Comisión Federal de Competencia Económica, con un presupuesto de más de 580 millones de pesos, alrededor de 400 millones de pesos se usan en pagos a salarios de sus 451 empleados, es decir, que el promedio anual por empleado es de casi 900 mil pesos.
La diputada Huerta del Río indicó: “Hemos avanzado en la lucha para desmantelar una estructura diseñada para favorecer a la burocracia dorada y sus amigos vividores del erario. Hemos hecho importantes esfuerzos en el proyecto de reformar y desaparecer estructuras gubernamentales duplicadas o que no responden a intereses genuinos del pueblo. Pero en materia de órganos autónomos aún nos falta mucho por hacer”.
Los impuestos “deben servir para el bienestar y el desarrollo del pueblo y no para perpetuar burocracias doradas e impunes”, concluyó.
Camino legislativo
La iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal seguirá el siguiente proceso legislativo.
La Mesa Directiva la turna a la comisión —o comisiones— respectiva, la cual elabora un anteproyecto para su aprobación al interior de la misma y la presenta ante el pleno.
El pleno la discute y, en su caso, la aprueba. Por tratarse de una reforma constitucional debe ser aprobada por dos terceras partes de los integrantes presentes en el pleno.
Se turna a la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, aprobación (por dos terceras partes de los integrantes presentes). Esta instancia legislativa la regresa al Senado, que a su vez la enviará a las legislaturas locales para que sea aprobada por la mayoría absoluta, es decir, la mitad más una.
Con el respaldo de la mayoría (17) de los congresos locales el Senado envía el respectivo decreto para que sea publicado por el Ejecutivo federal en el Diario Oficial de la Federación.
Cabe señalar que todos los actos jurídicos emitidos por el IFT, la Cofece y la CRE previamente a la integración del Inmecob conservarán su validez en tanto el Congreso de la Unión realice las adecuaciones legislativas que correspondan; para esto último contará con un plazo máximo de 180 días naturales.
Una vez que en su caso se cumpla el proceso legislativo, ¡hola Inmecob, adiós Cofece, IFT y CRE!