Ciudad de México, México, 7 de abril. Amnistía Internacional (AI) presentó su “Informe 2020/2021 La situación de los Derechos Humanos en el Mundo” en el cual señaló que en Méxicó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha terminado por saldar graves adeudos en materia de violaciones a Derechos Humanos, al contrario, como representante del Estado mexicano contribuyó en descalificar movimientos feministas, vulneró la libertad de expresión y agentes federales a su mando quebrantaron garantías de migrantes
En México, indica el documento, en 2020, las denuncias de violencia contra las mujeres aumentaron, las fuerzas de seguridad continuaron realizando detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos y el Presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó a activistas a la vez que incrementó sustantivamente la militarización, señaló un informe de derechos humanos.
El informe de Amnistía Internacional publicado este día, afirma además que en la pandemia de Covid-19, el personal sanitario en México denunció escasez de material de protección personal y que el Gobierno federal reaccionó al brote con recortes de gasto público.
De acuerdo con el documento, algunas violaciones a las libertades siguen siendo arrastradas sin obtener reparación ni justicia plena. Además, los sospechosos de desapariciones forzadas se encuentran en una impunidad casi absoluta.
Concentrado en once apartados, las referencias sobre México incluyen eventos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, homicidios ilegítimos, ataques contra los defensores de derechos humanos y periodistas, además de protocolos y programas que no han dado resultados o faltan por implementarse.
“El presidente de la República seguía minimizando el problema de la violencia contra las mujeres, cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios”, aseveró el reporte.
Hasta diciembre de 2020, las llamadas al 911 para denunciar actos de violencia contra las mujeres aumentaron hasta 260 mil 067, cifra alarmante si se toma en cuenta que en el mismo periodo de 2019 fueron 197 mil 693. En mayo de 2015, López Obrador indicó de forma errónea que el 90% de esas marcaciones eran falsas.
En su informe por 100 días del 2021, López Obrador reconoció que los feminicidios aumentaron durante su administración, cuando menos en un 8.5%. Con la imprecisa justificación de que antes, este delito se clasificaba como homicidio doloso hasta su arribo al poder; no obstante que el Código Penal Federal contempla la agravante desde 2012.
En cuanto a la libertad de expresión en el país, el documento de Amnistía Internacional indica que siguieron las amenazas y ataques contra la prensa. Al menos 19 periodistas fueron asesinados en 2020, la mayor cifra de la década.
AI agregó que en septiembre, una carta firmada por 650 periodistas e intelectuales acusó al presidente de actuaciones que afectaban a la libertad de expresión, incluidas una serie de declaraciones públicas que debilitaban a la prensa al favorecer un entorno propicio a la censura, sanciones administrativas y el uso indebido de la ley para intimidar a la prensa.
Al respecto, Amnistía Internacional retomó el caso Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano que está en huelga. A mediados de año, la dependencia dirigida por Sanjuana Martínez estaba involucrada en una campaña intimidatoria contra periodistas y medios de comunicación, cuyos contenidos eran críticos al gobierno de López Obrador. La estrategia, apuntó AI, Incluía una red de programas robot y cuentas falsas en las redes sociales que, supuestamente, fueron financiados con recursos públicos.
La organización internacional también repara en la militarización del país, el uso excesivo de la fuerza por parte de soldados, así como de agentes de la Guardia Nacional. El presidente ha reiterado que en su administración los castrenses ya no violan las garantías individuales pese a que, registra Amnistía Internacional, mantiene un despliegue de más efectivos de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública que aquellos dispuestos con los dos ex presidentes anteriores, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Los integrantes del Ejército apoyarán en esa tarea hasta marzo de 2024.
Amnistía Internacional denunció además que como parte de su respuesta de austeridad ante el Covid-19, el Gobierno eliminó fondos que eran prioritarios.
“En abril, el Gobierno aplicó políticas de austeridad a través de un decreto que recortaba el gasto público salvo en programas que se consideraban prioritarios, como varios proyectos importantes de infraestructura”, dijo el reporte.
“En septiembre, el Congreso de la Unión disolvió varios fideicomisos públicos, entre ellos los establecidos para apoyar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos, y para abordar el cambio climático”.
Por último, la organización contabilizó al menos a dos mil 397 profesionales de la Salud que fallecieron por Covid-19 en el país. Varios médicos y enfermeras se manifestaron por la falta de equipo y protección, pues hubo varias agresiones derivadas del estigma por su propagación del contagio al operar en hospitales. Algunos como Jorge Pérez de 70 años, empleado de limpieza de un hospital público, fueron despedidos por exigir mejoras laborales.