Desde la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el titular de la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, llamó a los gobiernos y empresas del sector privado a implementar medidas para erradicar el tráfico de armas en virtud de la violencia que esta alimenta en diversas regiones.
El problema del comercio ilegal de armas provoca que cada día 500 personas fallezcan y dos mil resulten heridas en el mundo, particularmente aquellas que pertenecen a los sectores más vulnerables en las distintas naciones que padecen de violencia interna, aseguró el canciller.
Representantes de diversas naciones y especialistas mundiales en la materia coincidieron en exigir a los gobiernos y al propio organismo internacional acciones más enérgicas para detener el tráfico de armas.
Responsabilidad internacional
El canciller encabezó el lunes 22 de noviembre una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se debatió sobre los problemas que ocasiona el tráfico ilegal de armas de fuego, así como de las soluciones que demanda este problema.
Acusó que el tráfico ilícito y el desvío de armas pequeñas y ligeras, así como su acumulación y proliferación en distintas zonas del mundo, representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales: “Es un fenómeno global que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil; destruye el tejido social; propicia la violencia, en especial contra grupos vulnerables, además de que genera desplazamientos y flujos irregulares de personas que desean escapar de contextos de inseguridad”, denunció.
Ebrard reconoció los esfuerzos que desde la ONU se emprenden para prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras, pero apuntó que estas acciones resultan insuficientes.
Señaló el canciller que además de los gobiernos el sector privado tiene responsabilidad en el tráfico de armas. Las empresas, agregó, “deben contribuir con acciones decisivas de autorregulación y de monitoreo en sus cadenas de distribución a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen”.
Asimismo, lanzó una propuesta contra el tráfico de armas, misma que se formalizará en los próximos días en una iniciativa que presentará nuestro país y en la cual expondrá fundamentalmente que “es imperativo atender el ciclo completo de vida de las armas, incluidas la intermediación, la transferencia y los usuarios finales”.
Apoyo
En el debate que tuvo lugar en la sesión del Consejo de Seguridad participaron más de 50 oradores, quienes describieron el impacto que las armas pequeñas y ligeras que se comercian de manera ilícita tienen para la paz y la estabilidad de las comunidades, al tiempo que exploraron las acciones que podrían emprender la ONU y otros actores para hacerse cargo del problema.
La propuesta mexicana fue bien recibida por los países participantes.
Robin Geiss, director del Instituto de Naciones Unidas para la Investigación del Desarme, señaló al Consejo de Seguridad que “el desvío y el tráfico de armas y municiones es un factor definitorio que socava la paz y la seguridad”.
Agregó: “El uso indebido de armas y municiones ilícitas tiene efectos negativos que van desde muertes, lesiones, desplazamientos y daños sicológicos, hasta efectos socioeconómicos a largo plazo en el acceso a la salud y la educación, la prestación de servicios humanitarios, la protección de la población civil y el desarrollo sostenible”.
María Pía Devoto, miembro de la Junta de Gobernanza de Armas de Control (una coalición internacional de 150 organizaciones miembros de la sociedad civil), recordó a su vez que el grupo al que pertenece se creó para impulsar el Tratado sobre el Comercio de Armas, mismo que requiere que los gobiernos desarrollen sistemas nacionales de control para abordar el tráfico y la desviación de dichos artefactos.
Ella destacó que existen otros instrumentos, acuerdos y mecanismos a disposición de los Estados miembros de la ONU “para frenar el desvío y el tráfico de armas pequeñas, como el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas, Componentes y Municiones, también conocido como el Protocolo de Armas de Fuego”.
El tráfico ilícito y el desvío de armas pequeñas y ligeras, puntualizó Devoto, “junto con su retransferencia a usuarios finales no autorizados genera altos niveles de violencia armada y fomentan la delincuencia y el terrorismo”.
Martin Kimani, representante de Kenia, desafió al Consejo de Seguridad a que haga “todos los esfuerzos posibles para abordar el problema” y al mismo tiempo cuestionó “por qué el órgano de 15 miembros sigue siendo reacio a hacerlo, dado el papel de las armas pequeñas y ligeras ilícitas en la intensificación y prolongación de los conflictos destructivos”.
En tanto, Maritza Chan Valverde, representante de Costa Rica, también lamentó que el Consejo de Seguridad no haya todavía integrado plenamente en su trabajo la consideración de las armas pequeñas y ligeras y sus municiones: “Si las armas pequeñas y ligeras son el fuego que combatimos hoy en todas las regiones, las municiones son el oxígeno que las alimenta”.
Abdou Abarry, delegado de Nigeria, afirmó que “esas armas se han convertido en la principal causa de sufrimiento humano, en particular para las mujeres y los niños que son el objetivo de actores no estatales y grupos criminales”.
Demandas
Además del exhorto a las naciones del mundo para detener el tráfico de armas, el 4 de agosto el gobierno de México promovió acciones legales contra la comercialización de armas y su tráfico ilícito a nuestro país.
La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una demanda contra once fabricantes y distribuidores de armas de Estados Unidos en un tribunal federal de Boston, capital del estado de Massachusetts.
Esta acción judicial señala que su objetivo es “poner fin a los daños masivos que causan los acusados al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México”. Además, refiere que la amplia mayoría de las armas recogidas en escenas de crímenes en México proviene de Estados Unidos.
La venta de armas de fuego está estrictamente limitada en México y controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, desde hace años las autoridades mexicanas sostienen que los grupos del crimen organizado introducen miles de armas de contrabando, principalmente desde EU.
En este sentido, la cancillería hizo énfasis en señalar que es necesario que las empresas “desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”.
Añadió que “es esencial que también incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para prevenir que se usen por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito; que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en nuestro país”.
El 20 de agosto la Corte Federal de Estados Unidos notificó a las empresas de armas sobre la demanda del gobierno de México.
El inicio del proceso fue calificado por el canciller Ebrard como “un primer gran paso”.
La semana anterior las once empresas de armas estadunidenses demandadas por el gobierno mexicano contestaron formalmente a la oficina de la Corte en el Distrito de Massachusetts y solicitaron que se desestimen las acusaciones en su contra.
Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, divulgó algunos de los argumentos de dichas empresas. Por ejemplo, expusieron que “el gobierno mexicano no es un ciudadano de Massachusetts” y por lo tanto no puede demandar en esa entidad de Estados Unidos.
Además, las empresas sostuvieron que no se ha logrado establecer de forma directa que las firmas sean responsables de la violencia armada en nuestro país.
Las compañías también solicitaron que la demanda se desestime toda vez que consideran que las ampara la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas.
Luego de conocer la respuesta de esas compañías la cancillería informó que “en coordinación con otras dependencias federales prepara los argumentos y la evidencia para responder ante la Corte a las defensas de las compañías de armas demandadas”.
La cancillería precisó que el gobierno de México presentará su réplica el 31 de enero de 2022.
De esta manera, el gobierno federal reafirma su compromiso de sumar esfuerzos para la construcción de la paz mundial mediante la prevención eficaz del desvío y el tráfico ilícito de armas de fuego.
Armas de fuego
Se calcula que en los últimos diez años ingresaron a México dos millones de armas de fuego de manera ilegal procedentes de Estados Unidos.
En promedio 567 armas entran por día a través de la frontera norte, es decir, 22 cada hora.
Solo en 1997 15% de los homicidios cometidos en México fueron con armas de procedencia estadunidense; en 2010 el porcentaje ascendió a 60%, y desde 2012 ha crecido año tras año hasta alcanzar 70% en la actualidad.
El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EU refiere que muchas de las armas que ingresan a México se adquirieron en negocios locales ubicados en California, Arizona, Nuevo México y Texas.
La Secretaría de la Defensa Nacional reconoce que hay en el país un millón 66 mil 311 armas fuera de control.
En la última década se aseguraron unas 200 mil armas.
Hasta agosto pasado, según la ATF, hay en el vecino país 133 mil licencias activas para la venta de armas de fuego y de ellas la mayoría están en los cuatro estados fronterizos con México: California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Siete de cada diez armas ilegales que llegan a nuestro país proceden de EU. Las otras tres vienen de España, Italia, Austria y otros países.
Puntos identificados en la frontera México-Estados Unidos en el tráfico de armas: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Browning-Matamoros.
Cada día 500 personas mueren y dos mil resultan heridas en el mundo a causa del tráfico ilícito de armas.
Fuentes: Sedena, SRE y ATF