Ciudad de México, México, 15 de abril. La Cámara de Diputados de México aprobó en la madrugada de hoy reformas a la Ley de Hidrocarburos que dejan la puerta abierta a que el gobierno pudiera intervenir o suspender instalaciones privadas “cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
La normativa, propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que debe contar con el visto bueno del Senado antes de entrar en vigor, salió adelante pese a las críticas de los partido de oposición, que creen que puede minar la inversión y generar incertidumbre jurídica para las empresas energéticas. El partido oficialista, Morena, tiene mayoría en la Cámara de Diputados.
México permitió estaciones de servicio privadas a partir de 2016 y rápidamente tomaron una gran parte del mercado de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los cambios avalados por los diputados harán más estricta la concesión de permisos para, entre otras acciones, refinar, distribuir, almacenar y comercializar hidrocarburos, y se priorizará la labor de Pemex que, además, podría encargarse del control de las instalaciones eventualmente ocupadas, intervenidas o suspendidas.
El gobierno asegura que el objetivo es garantizar los intereses de la nación y que se salvaguardarán los derechos de terceros.
No obstante, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un centro de investigación de políticas públicas, recordó vía Twitter que esta iniciativa supondrá una “violación a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte” y que afectará a lo que ya considera un clima deteriorado para las inversiones en el sector energético por las medidas tomadas por la actual administración tendentes a fortalecer a las empresas estatales.
Considera, además, que dota de “facultades discrecionales” a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía para suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo y alerta de que puede haber peligro para las finanzas públicas “por el costo de indemnizaciones en caso de una revocación definitiva de permisos a privados”.