Comenzó de manera formal el proceso mediante el cual se renovarán el próximo año 21 mil 368 cargos de elección popular y el organismo que está al frente de la organización, el Instituto Nacional Electoral (INE), se encuentra inmerso en una serie de descalificaciones como producto de sus resoluciones contra la libertad de expresión y su abuso en el ejercicio de recursos públicos.
Una vez más, como sucede en el desarrollo de cada proceso electoral, los consejeros del INE emiten una serie de acuerdos y lineamientos encaminados a censurar determinados contenidos en programas informativos o de opinión transmitidos en los medios electrónicos de comunicación, es decir, radio y televisión.
Así llega una nueva etapa en la que se acentúan las multas y apercibimientos impuestos a medios de comunicación electrónicos e incluso a comunicadores, comentaristas, autoridades y en general hacia todo aquel que por medio de dichos canales de difusión emiten opiniones de índole política y/o electoral.
Los mismos partidos y sus candidatos son víctimas de las multas u otro tipo de amonestaciones que imponen las autoridades electorales a quienes no respetan una normatividad electoral (creada por las propias fuerzas políticas en el sexenio de Felipe Calderón) que impide la libre expresión de ideas y no permite que alguien adquiera tiempos en radio o televisión para emitir mensajes políticos.
Y también como sucede en cada proceso electoral el presupuesto del órgano electoral se incrementa exponencialmente con el pretexto de las elecciones, sin que haya un mínimo de reflexión sobre los altos sueldos y prestaciones que reciben cientos de funcionarios. Y menos aún se ejerza un uso racional y planificado de los recursos públicos.
Ni siquiera la emergencia sanitaria y la crisis económica propician un gesto solidario por parte de los funcionarios del organismo hacia millones de mexicanos que se ven afectados en plena pandemia por la falta de empleo y de ingresos suficientes para atender sus necesidades más elementales.
En síntesis: inicia el proceso electoral más grande en la historia del país con la autoridad electoral más cuestionada de los últimos años.
De nuevo tenemos un proceso con una normatividad electoral que es producto de una serie de vicios del sistema político, porque nadie olvida que los coordinadores parlamentarios de PRI y PRD en el Senado en 2006, Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete, así como el presidente de la Mesa Directiva, el panista Santiago Creel, negociaron una reforma electoral al margen de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Tampoco se olvida que los resentimientos de los perdedores de la elección presidencial de 2006 y la fragilidad política del que fue llamado durante todo su sexenio “presidente espurio” y “alcohólico”, Felipe Calderón, fueron factores decisivos para aprobar una reforma electoral sin importar que esta cancelara garantías fundamentales de los mexicanos, como la libertad de expresión y el derecho a la información.
Comienza el proceso y ya tenemos los primeros signos de censura de oficio: la autoridad electoral simplemente resuelve prohibir y tienen que ser los magistrados electorales los que una y otra vez revoquen las determinaciones de los consejeros del INE.
Los casos más recientes son bastante ilustrativos: el INE intentó prohibir la transmisión en radio y televisión —en Coahuila e Hidalgo— de las conferencias de prensa que el presidente de la República ofrece todos los días, así como la difusión de spots con motivo del Segundo Informe de Gobierno.
“Están queriendo censurarnos”, expresó el primer mandatario.
¿Y la libertad?
El pasado 26 de agosto el Consejo General del INE estableció que “la transmisión íntegra” de las conferencias de prensa que todos los días por la mañana ofrece el presidente de la República deben dejar de transmitirse durante el desarrollo de las campañas electorales en Coahuila e Hidalgo.
“A partir de que inicien campañas el 5 de septiembre y hasta que se realice la jornada electoral el 18 de octubre no se podrán transmitir íntegramente las conferencias de prensa” del jefe del Ejecutivo federal, anunció el instituto.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que la conferencia de prensa como tal no está prohibida, porque se trata de un ejercicio de rendición de cuentas: “Lo que no se puede es la transmisión completa, porque eso ya adquiere carácter de propaganda electoral permanente gubernamental”.
Córdova llamó a los concesionarios de radio y televisión para que en los territorios de Coahuila y de Hidalgo “no se les vaya a ocurrir transmitir íntegramente la ‘mañanera’, porque pueden incurrir en la hipótesis que esta autoridad ya ha sancionado como indebida porque la transmisión íntegra es propaganda gubernamental”.
Posteriormente, el 31 de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró “procedentes las medidas cautelares solicitadas por PRD y PAN por la utilización de símbolos y expresiones religiosas en un promocional del Segundo Informe de labores del presidente de la República, transmitido en radio y televisión”.
El INE precisó que “ambos partidos señalaron que el spot afecta los principios de equidad, imparcialidad, certeza y objetividad en el marco de los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo”.
En el mensaje denunciado “se hacen alusiones al Papa Francisco y al evangelio, lo que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró como expresiones que contrarían el principio de laicidad y atentan contra la independencia y neutralidad del Estado mexicano y los servidores públicos respecto de las iglesias y creencias religiosas”.
En virtud de lo anterior la autoridad ordenó que “en un plazo no mayor a seis horas solicite a las concesionarias involucradas dejar de difundir el promocional denunciado, así como también a las concesionarias de radio y televisión para que de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de doce horas, se abstengan de difundir el promocional”.
El 2 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que presentaría una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “porque el INE nos quita un mensaje en televisión porque hablo del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco es, además de líder religioso, jefe de Estado”.
Al respecto abundó: “Pero el colmo es que —me llama la atención— hablo de los conservadores. No les gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto, conservadores. Entonces vamos a ver esto porque están queriendo censurarnos. ¿Y la libertad? No nos podemos quedar callados y aquí está prohibido prohibir: libertad plena. ¿O entonces qué quieren? ¿Que no hablemos? ¿Que ya no haya estas conferencias? ¿Que no se garantice el derecho a la información?”
Añadió: “Vamos a hacer caso; ya se tomó la decisión de ‘bajar’ el mensaje para obedecer, pero bajo protesta y presentando nuestra queja a la instancia superior, que sería el Tribunal”.
Enmendando la plana
El mismo 2 de septiembre, por mayoría de votos, la Sala Superior del TEPJF ordenó al Consejo General del INE “modificar el acuerdo por el cual determinó que los concesionarios de radio y televisión no debían transmitir las conferencias matutinas del presidente López Obrador en Coahuila e Hidalgo”.
En sesión pública los magistrados decretaron que el INE “deberá sesionar dentro del plazo máximo de 48 horas después de que sean notificados para realizar los trámites necesarios y que de nueva cuenta se publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo impugnado, con la modificación ordenada”.
En su resolución los magistrados explicaron que al determinar la prohibición de la difusión íntegra de las conferencias del presidente de la República el INE se pronunció sobre un asunto que no se le había planteado: “La Sala Superior consideró atendiendo a que, de conformidad con la propia reglamentación del instituto, la materia del acuerdo (emitido por el INE el 26 de agosto) debió constreñirse a la calificación de las solicitudes que recibió por cuanto a la difusión de programas específicos de gobierno”.
Es decir, “a pesar de que ninguna de las solicitudes que fueron formuladas a la autoridad electoral contenían referencia alguna o sometían a su consideración el que se determinara si las conferencias matutinas podían considerarse como una de las excepciones constitucionales a la propaganda gubernamental, el Consejo General emitió un pronunciamiento por cuanto a su regularidad constitucional”.
En este sentido los magistrados de la Sala Superior determinaron: “Al haberse pronunciado el INE respecto de la difusión de actos de gobierno que no fueron sometidos a su consideración, el análisis y el pronunciamiento de la autoridad, en cuanto a esa temática, careció de sustento normativo”.
Durante su conferencia de prensa del 3 de septiembre López Obrador expresó: “De acuerdo al Tribunal Electoral estas conferencias, estos diálogos circulares sin censura y con absoluta libertad, no interfieren con los procesos electorales; eso fue lo que resolvió el Tribunal; por lo mismo no se considera propaganda sino garantizar el derecho de los mexicanos a la información”.
Añadió: “Nos querían limitar para que no informáramos. Eso era censura. Se acudió al Tribunal y ha quedado ya de manifiesto que podemos mantener estas conferencias. Para ser precisos fue una queja de los partidos de oposición a nosotros, de los conservadores ante el INE. Y en el INE resolvieron que no debían transmitirse estas conferencias. Y al acudir al Tribunal se resuelve que sí podemos hacerlo”.
Triste legado
De acuerdo con expertos, académicos, juristas, dirigentes de organizaciones sociales, representantes de grupos empresariales e incluso diversos legisladores, desde que se aprobó la reforma de 2007 dos han sido las constantes en el sistema electoral: cancelación de libertades fundamentales de los mexicanos e incremento del costo de manutención de los institutos electorales y los partidos políticos.
Ahora, con el inicio del proceso electoral más grande en la historia del país los mexicanos volvemos a ser víctimas del legado normativo electoral que dejaron el expresidente Felipe Calderón, así como los entonces senadores Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel y Carlos Navarrete:
Multas para los comunicadores y medios de comunicación que difundan asuntos políticos o electorales que sean considerados ilegales por la autoridad electoral.
Prohibición para transmitir mensajes, programas, debates entre candidatos, opiniones y todo lo que la autoridad califique de ilegal.
También prohibición para contratar espacios en radio y televisión para difundir mensajes políticos o electorales ya que este derecho se reserva exclusivamente para los partidos políticos, que cuentan con millones de spots gratuitos en medios electrónicos.
Además miles de millones de pesos destinados al Instituto Nacional Electoral, los 32 institutos electorales locales, los partidos nacionales, los partidos con registro local.
Para 2021 el INE pide 20 mil 463 millones de pesos y siete mil 200 millones para los partidos nacionales. La cifra de 27 mil 663 millones prácticamente se duplica si se toma en cuenta el gasto de los 32 institutos electorales locales y los recursos que estos últimos destinan a los partidos políticos locales.
Los millones de mexicanos afectados por la emergencia sanitaria y la crisis económica no olvidarán el legado de Calderón, Beltrones y otros personajes que aprobaron la reforma electoral de 2007.
En disputa
Observado por los analistas y dicho por los propios actores políticos, la de 2021 es una elección de vital importancia tanto para el presidente de la República y su partido como para la oposición.
Para el régimen porque le representa mantener el control de la Cámara de Diputados y arrebatar gubernaturas a sus adversarios (Morena-PES solo tienen siete de 32 estados) y con ambas acciones “consolidar la Cuarta Transformación”.
Y para la oposición porque representa la oportunidad de recuperarse de la evidente estrepitosa derrota de 2018, además de que busca afanosamente arrebatar el control de la Cámara de Diputados al régimen a fin de convertirse en un “contrapeso” del Poder Ejecutivo federal.
Asimismo los analistas señalan que se trata de unas elecciones con tinte plebiscitario, en las que los ciudadanos tendrán oportunidad de refrendar su apoyo a determinados partidos o bien votar por otra opción.
De acuerdo con las autoridades electorales en 2021 se disputarán 21 mil 368 cargos de representación popular.
A nivel federal se elegirán en el país 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional (plurinominales) para renovar por completo la Cámara de Diputados.
En la actual Legislatura Morena es la primera fuerza con 50% de los legisladores, seguida del PAN, que tiene 15.5%, y el PRI con 9.2%; los demás grupos tienen el restante 25 por ciento.
A nivel estatal se elegirán 15 gubernaturas. Actualmente el PRI gobierna en ocho estados: Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas; el PAN en cuatro: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro; PRD en Michoacán; Morena en Baja California y en Nuevo León gobierna un independiente.
También se votará por mil 63 diputados de mayoría relativa y representación proporcional de 30 Congresos locales: Morena es la primera fuerza en 18 de los Congresos que se renovarán, el PAN en nueve, el PRI en dos y MC en uno.
Asimismo en 30 entidades se votará por mil 926 presidencias municipales (alcaldías en la Ciudad de México) y sus respectivos regidores (concejales en la Ciudad de México).
Comienza el proceso electoral más grande en la historia del país y uno de los más importantes, mientras que los mexicanos tenemos a un Instituto Nacional Electoral cuestionado por sus resoluciones en contra de la libertad de expresión y por la gran cantidad de recursos públicos que demanda.