Ciudad de México, a 15 de septiembre. Alejandro Canek Vázquez Góngora, quien desempeña el cargo de delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) en Hidalgo, ha sido vinculado a proceso por presunto incumplimiento de su obligación alimentaria.
Esta noticia marca un hito, ya que sería el primer funcionario en enfrentar las restricciones de la ley 3 de 3, diseñada para impedir que deudores alimentarios o agresores ocupen cargos públicos o electivos.
El proceso legal se desencadenó después de una audiencia inicial sin detenido relacionada con una denuncia presentada contra el exdiputado. La ley califica su acción como un delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria en perjuicio de M.C.S.
El pasado 4 de julio de 2023, la jueza Trigésimo Primero Penal del Sistema Procesal Acusatorio, Ariadna Jessica Welsh López, emitió un auto de vinculación a proceso contra Canek Vázquez por este motivo.
El funcionario se pronunció al respecto en Twitter, argumentando que no ha cumplido con el pago de la pensión (que asciende a 900 mil pesos por adeudos) debido a su falta de recursos económicos.
Sostiene que durante cuatro años no tuvo empleo y considera que las demandas judiciales son desproporcionadas en comparación con sus ingresos y patrimonio.
Sin embargo, un grupo de feministas que apoyan a la demandante filtraron en redes sociales información que sugiere lo contrario. Según documentos compartidos en la plataforma, Canek Vázquez habría realizado múltiples transacciones inusuales en efectivo hacia la empresa American Express Company (México), S.A. de C.V. entre el 7 de enero y el 6 de febrero de 2021, sumando cantidades que superan los 600 mil pesos.
En un post en Twitter, se hace referencia a estas transacciones y se cuestiona la veracidad de la declaración del funcionario sobre su capacidad financiera para pagar la pensión.
La situación legal del delegado del Infonavit en Hidalgo se complica aún más debido a la orden de vinculación a proceso emitida por la jueza Welsh López en una etapa temprana del proceso legal por omisión en la obligación alimentaria.
El desenlace de este caso será seguido de cerca por la opinión pública y grupos de apoyo a los derechos de las mujeres en México.