Se condenará con hasta nueve años de prisión a quien capture, venda o compre especies protegidas.
Coloridos, carismáticos e inteligentes, los pericos, loros y guacamayas —aves silvestres del grupo de los sitácidos— son víctimas de un comercio ilegal que aun cuando ha disminuido en los últimos años sigue siendo activo y letal en México.
Su plumaje multicolor y su capacidad para imitar palabras los han convertido en mascotas codiciadas, pero detrás de esa apariencia exótica hay una cadena de crueldad: captura ilegal, condiciones insalubres, enfermedades y, en la mayoría de los casos, una muerte prematura.
“De las 22 especies de loros que existen en México once están en peligro de extinción, ocho están amenazadas y cuatro bajo protección especial. La extracción ilegal tiene un impacto directo en su supervivencia”, explica Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Las cifras señalan que entre 34 mil y 41 mil 500 aves son capturadas cada año. Y de cada diez solo tres sobreviven lo suficiente para llegar a manos de un comprador.
“La mayoría de los polluelos son separados de sus padres cuando aún son muy pequeños. Esto les provoca un shock emocional que puede llevarlos a desarrollar depresión, anorexia o comportamientos autolesivos, como arrancarse las plumas”, detalla Boy.
A estos traumas se suman una alimentación deficiente, falta de higiene y ausencia de atención médica. Las enfermedades respiratorias, comunes en estas aves, las convierten en presas fáciles del sufrimiento.
Nueva jaula
María Elena Sánchez, presidenta de la organización Teyeliz AC, recuerda que desde 2008 está prohibido el comercio de loros silvestres, así como de aquellos criados en cautiverio sin autorización. “Incluso su posesión sin permiso constituye un delito”, afirma. Pero la realidad dista mucho del marco legal.
“Aunque la ley lo prohíbe, muchas personas siguen creyendo que tener un perico o un loro en casa es algo normal, incluso parte de la cultura popular”, advierte Sánchez. Esta percepción cultural, combinada con la demanda constante, mantiene viva una actividad ilícita difícil de erradicar.
Pese a la prohibición establecida en el artículo 60 bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre —que prohíbe la captura, posesión y comercialización de sitácidos en México— el comercio continúa. Y ha encontrado un nuevo refugio en las redes sociales.
El informe Tráfico ilegal de loros en Facebook en México, elaborado por Teyeliz AC, reveló que durante 2024 se ofrecieron 531 ejemplares de 13 especies diferentes a través de esta plataforma. Aunque esto representa apenas entre 1.2 y 1.5% del tráfico total, el fenómeno preocupa.
“Transportar estas aves es complicado: hacen ruido, requieren cuidados específicos y son muy frágiles. Por ello, su venta se reduce a una ciudad y a veces a un estado, por lo que los pone en competencia con los traficantes que venden en mercados, tianguis y la vía pública, lo cual permite a los traficantes operar localmente y con menos riesgos”, indica el reporte.
El informe también revela un auge de estafas. Los delincuentes solicitan anticipos, a veces de 100%, y luego desaparecen. Cuando son denunciados, simplemente abren una nueva cuenta y retoman la actividad. Para aparentar legalidad, incluso se hacen pasar por criaderos autorizados, utilizando nombres casi idénticos a los reales. Muchos compradores extranjeros también caen en la trampa, ignorando la legislación mexicana.
“Facebook prohíbe este tipo de publicaciones, pero siguen apareciendo decenas de páginas que ofertan especies protegidas. La denuncia ciudadana ha sido clave para frenar esta práctica”, dice Cantú.
Castigo
El Código Penal Federal establece sanciones de entre uno y nueve años de cárcel para quienes capturen, comercialicen, importen o exporten ejemplares de fauna silvestre en riesgo.
“Desde Profepa trabajamos en una propuesta para endurecer estas penas. Pero en la práctica, las detenciones son pocas y las sentencias, raras. El artículo 420 también prevé castigos para quienes almacenen, transporten o dañen especies protegidas. No importa en qué parte de la cadena participen —ya sea quien los atrapa, los vende o los traslada—, todos cometen un delito”, dice Mariana Boy.
Además, agrega, “hemos lanzado una estrategia más proactiva: colocamos filtros carreteros en zonas clave con el apoyo de la Guardia Nacional para revisar vehículos y autobuses. De hecho, recientemente aseguramos 30 periquitos en Tabasco y logramos detener al responsable, algo que rara vez ocurre. Este tipo de operativos sienta un precedente importante”.
En caso de que alguien ya posea un loro, perico o guacamaya, señala la procuradora, debe acreditar su legal procedencia y demostrar que fue adquirido antes de 2008, cuando entró en vigor la reforma. “Si no pueden probar su legalidad, el ejemplar es decomisado por Profepa y trasladado a zoológicos o Unidades de Manejo Ambiental (UMA) autorizadas, donde se garantiza su bienestar”.
¡No son mascotas!
Entre marzo y mayo se incrementa el comercio ilegal de pericos, loros y guacamayas, ya que coincide con su temporada de anidación. Por ello, la Profepa lleva a cabo la campaña ¡No son mascotas!
“La campaña estará vigente hasta mayo y busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de no adquirir ejemplares silvestres, recordando que hacerlo es un delito. El mensaje es claro: los animales silvestres no son mascotas”, explica Boy.
Finalmente, la titular de la Profepa hace un llamado a denunciar cualquier caso de extracción o comercio ilegal de especies. “Muchas veces, en las comunidades se sabe quién lo hace. Es muy importante actuar. Tener un animal silvestre como mascota tiene consecuencias, ya que 70% de los ejemplares extraídos mueren antes de ser vendidos. Y eso, además de ilegal, es profundamente inhumano”.