El profesor de la UNAM puntualiza que el Tribunal de Disciplina Judicial deberá contribuir a una mejor impartición de justicia.
Ante las exigencias de justicia en el país los juzgadores y abogados deben ser sensibles para entender y escuchar a los ciudadanos que acuden a los tribunales a demandarla en la reparación de un daño u otra causa, pues no basta que estén capacitados y conozcan las leyes, afirma el doctor en Derecho y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rogelio Rodríguez Garduño.
El aspirante a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como instancia de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF), resalta que esa nueva instancia deberá contribuir y ser garante de que se imparta una mejor justicia.
Resalta que en su labor los jueces tienen que juzgar con una perspectiva en la que prevalezcan los criterios de justicia y hacer valer los valores de honradez y ética que la sociedad espera de ellos.
En su opinión la elección de los nuevos jueces, magistrados y ministros mediante voto directo no representa un riesgo distinto a los que en la actualidad tienen para ejercer su labor.
“Quienes resulten electos no van a sentarse en un lecho de rosas: van a tomar decisiones difíciles y más allá de quienes los apoyaron con su voto tendrán que buscar la imparcialidad y la legitimidad, sin contar con que estarán bajo vigilancia de una gran lupa social”.
Cambio de fondo
Rodríguez Garduño comenta en entrevista que el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá a su cargo la vigilancia y disciplina de los órganos del Poder Judicial, pero ahora estarán incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que abarcará mucho más respecto de las funciones realizadas por el CJF.
Destaca que el TDJ atenderá cuestiones de fondo, ya que mientras el Consejo de la Judicatura no tenía atribuciones para revisar las resoluciones de los juzgadores federales, el nuevo órgano disciplinario tendrá la posibilidad de hacerlo cuando detecte ineficiencias en el juicio, descuidos graves en un proceso o cuando no se haya observado lo dispuesto en la ley durante la valoración de pruebas.
“El Tribunal de Disciplina Judicial puede abrir un expediente para efectos de disciplina, pero también para entrar en la cosa juzgada al término de un juicio e incluso revisar la labor del juzgador”, refiere.
Añade que esta atribución es polémica, porque un juez puede ser sancionado por su actuación en un proceso judicial, lo que representa un cambio de fondo.
Rodríguez resalta las virtudes del CJF durante los 30 años que ha estado en funcionamiento, pues la instancia se creó para atender la parte de administración, vigilancia y disciplina, permitiendo con ello que la Suprema Corte y el PJF dispusieran de mayor tiempo para realizar su importante tarea de juzgar.
Y si bien esa labor permitió disminuir el rezago de expedientes, capacitar a los juzgadores y quienes cursaban la carrera judicial, también creó una pesada burocracia, pues quien presidía la Suprema Corte también encabezaba el CJF, lo que propició la creación de instancias para atender desde la SCJN los asuntos relacionados con la administración del Poder Judicial.
Refiere que otro cambio importante es que el presidente o presidenta de la SCJN no tendrá injerencia ni en el órgano de administración judicial ni en el TDJ, este último encargado de la vigilancia y disciplina, incluida la Suprema Corte, un hecho inédito en el ámbito judicial.
—¿Cómo quedará la autonomía e independencia del juzgador al emitir sus sentencias?
—El Consejo de la Judicatura Federal imponía sanciones que van desde amonestaciones hasta inhabilitaciones temporales e incluso destituciones cuando era el caso, pero eran sanciones a conductas administrativas y no a lo que juzgaba el juez, porque no interfería acerca de si el juzgador valoraba bien o mal una prueba, o si al dictar una sentencia se apartaba de la ley, porque el tema de la independencia judicial era visto en su sentido más amplio.
El especialista en Derecho comenta que en su primera etapa el TDJ ayudará a fortalecer las capacidades de los juzgadores en el primer año, además de que estará cerca de ellos para conocer si son aptos para realizar su trabajo.
—¿Qué papel tendrá el tribunal respecto de la carrera judicial?
—El Tribunal no es el garante de la parte de la carrera judicial directamente, sino que será el órgano de administración judicial el encargado de los cursos de capacitación, actualización y los concursos de oposición. Lo que sí puede hacer el tribunal es verificar que quienes obtengan los mejores resultados sean seleccionados y ocupen las plazas que lograron. Hará una revisión para evitar el nepotismo, uno de los temas más discutidos de la reforma al Poder Judicial.
—¿Cómo abonará el TDJ a que haya una justicia más pronta como demandan los ciudadanos?
—Diría que ahí está el gran reto. El elemento central de la reforma al Poder Judicial es el justiciable, el ciudadano que reclama justicia, acceso a los tribunales. No ahora, sino históricamente la justicia en el país ha sido deficitaria. Las personas en los juzgados se enfrentan a un lenguaje oscuro e inaccesible.
Añade que en el ámbito judicial se apuesta más por el formalismo, por la astucia y también por la corrupción de personas que debiendo impartir justicia, se ciñen más por el intrincado mundo de los tribunales. “Los abogados y los jueces tienen que ser sobre todo sensibles, que entiendan a la gente de a pie, ser capaces de escuchar las exigencias de las personas”.
—¿Qué piensa de la desconfianza surgida hacia el hecho de que los jueces sean elegidos por voto directo?
—Un juez se legitima o deslegitima por sus decisiones, independientemente de la fuente de su nombramiento. Tenemos un sistema hasta el momento donde, por ejemplo, la designación de los ministros es una decisión política. Por otro lado, los concursos de oposición empezaron a debilitarse, ya que en ocasiones se “filtraban”, aunque hay muchos ponentes que se ganaron a pulso sus cargos después de una larga carrera judicial.
Explica que México entró en un proceso inusitado a nivel mundial para la elección de juzgadores, y con la llegada de los nuevos jueces, magistrados y ministros los riesgos que pudieran haber serían semejantes a los que se tienen en la actualidad.
“Sí, el riesgo existe, pero me parece que existe ahora y desde antes. Al respecto he propuesto revisar no solo las capacidades de los jueces en cuanto a su saber técnico, sino también exámenes de control de confianza, revisión de sus estados patrimoniales y de sus amistades de manera rigurosa, porque el juez debe ser un ejemplo más allá de cómo llegue a ser electo o cuánto gane”, considera.
Rodríguez Garduño confía en la participación de los ciudadanos en este proceso inédito en el país para la elección de juzgadores, a los que califica de “gran juez” no tanto por el voto sino por la crítica que habrán de ejercer con los nuevos juzgadores los analistas, periodistas, escuelas de Derecho y barras de abogados, entre otros actores políticos.
“Este nuevo mecanismo de elección directa de los juzgadores, más que una oferta electoral, es para realizar una transformación profunda de la justicia, para hacerla más cercana a la gente y contar mecanismos de control. ¡Imagínese usted si esto no sucede! Vamos a tener descontento social inmediato y un ajuste a los nuevos jueces”, concluye.
Perfil
Rogelio Rodríguez Garduño es licenciado en Derecho con mención honorífica y acreedor a la medalla Gabino Barreda por la UNAM. Cuenta con Maestrías por la Universidad Panamericana en Derecho Procesal Constitucional y en Ciencias Jurídicas. Es doctor en Derecho por la misma institución. Tiene especialidad en Administración de Empresas de Servicios por el ITAM y obtuvo un certificado por la International Air Association en Ginebra, Suiza. Ha realizado diversos estudios de posgrado en México y en diferentes partes del mundo, como Florida, EU; Montreal, Canadá; y Buenos Aires, Argentina, entre otros países. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.