San Andrés Larráinzar, México, 21 de octubre. Cientos de personas se reunieron en San Andrés Larráinzar para rendirle homenaje al padre Marcelo Pérez, el sacerdote católico, defensor de los indígenas y campesinos asesinado la víspera al término de una misa en Chiapas.
El sacerdote llevaba casi una década sufriendo amenazas. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido a México, desde 2015, medidas de protección. Pérez fue tiroteado el domingo por dos individuos en una motocicleta, a pleno día, en San Cristóbal de las Casas.
Durante el homenaje, que contó con el cuerpo presente del sacerdote, hubo música en vivo y una misa bilingüe a la que asistió el cardenal Felipe Arizmendi, quien el domingo denunció en un comunicado la “impunidad” con la que actuaban los grupos armados.
El religioso, que era indígena tsotsil con dos décadas en el sacerdocio, era conocido por mediar en conflictos sociales, indígenas, campesinos y políticos de municipios azotados por todo tipo de disputas y actos de violencia del crimen organizado.
La mañana de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estaba en contacto con el gobernador Rutilio Escandón para analizar si la fiscalía federal debe atraer la investigación y agregó que el gobierno está coordinando también con las autoridades eclesiásticas “para avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune”. Según dijo, en Chiapas se está trabajando tanto en una intervención social como con labores de inteligencia.
“El gobierno mexicano fue omiso y aquiescente para atender las causas de fondo de las amenazas en su contra”, denunció el domingo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, una de las organizaciones no gubernamentales locales más reconocidas nacional e internacionalmente. “Lejos de su protección, el Estado mexicano lo criminalizó, fomentó el señalamiento en su contra y lo persiguió judicialmente mediante una orden de aprehensión”.
El homicidio se produjo en medio de una escalada de inseguridad en la que, a la violencia política, social y agraria preexistente desde hace décadas en Chiapas, se unió hace un par de años la lucha entre los cárteles de Jalisco y de Sinaloa por el control de la frontera con Guatemala, lugar clave donde reina el tráfico ilícito de drogas, armas y, sobre todo, migrantes.
Ante este contexto, el padre Pérez y la Iglesia católica de la zona se encargaron de denunciar el incremento de los asesinatos, las desapariciones, las intimidaciones y los desplazamientos de civiles en muchos municipios donde los cárteles amenazan a los pobladores o los utilizan como escudos humanos ante la pasividad de las fuerzas armadas. En julio, más de 500 mexicanos huyeron a refugiarse en Guatemala por este motivo.
“Chiapas es una bomba de tiempo”, dijo Pérez hace poco más de un mes en una de las últimas manifestaciones por la paz organizada para exigir acciones a las autoridades.
La ONU, la CIDH y la Iglesia católica mexicana y latinoamericana, así como numerosos colectivos de derechos humanos, exigieron una investigación independiente y exhaustiva del homicidio. Además, los obispos de México urgieron a las autoridades a dar protección para todos los religiosos que viven en zonas de riesgo.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos indicó que Pérez es el séptimo defensor de derechos humanos asesinado en México lo que va de 2024.