Con el propósito de combatir los aumentos de precios en productos e insumos alimentarios el Gobierno federal y un grupo de empresas productoras y distribuidoras suscribieron un acuerdo complementario al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PCIC) que se anunció en mayo pasado.
El acuerdo consiste en que la acción coordinada de las autoridades, productores y tiendas de autoservicio reduzca en 8% el precio máximo promedio de la canasta básica de 24 productos, es decir, de mil 129 pesos a mil 39 pesos promedio.
Por parte del Ejecutivo federal estuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O.
Por parte de los empresarios/productores asistieron Antonio Suárez (Tuny); Leovi Carranza (Grupo Pinsa-Dolores); Juan González (Grupo Gruma-Maseca); Altagracia Gómez (Grupo Minsa); Daniel Salazar (Bachoco); Isidro Ávila (San Juan).
Además, Jesús Vizcarra (Sukarne); Arnulfo Ortiz (Grupo Gusi); José Zaga (Opormex); Eugenio Caballero (Sigma Alimentos); Alfonso Celis (Socorro); y Alfonso Rosales (Verde Valle).
Por parte de los distribuidores acudieron Guilherme Loureiro y Javier Treviño, de Walmart; Martín Bringas, de Soriana; y Antonio Chedraui, de la cadena Chedraui.
Facilidades
El titular de la SHCP informó que el gobierno “pondrá énfasis en su programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que somos deficitarios”.
Asimismo, anunció que se “cancelará temporalmente la exportación de maíz blanco, frijol y sardina, así como de chatarra de aluminio y acero que se usa en los envases de alimentos. Además, se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a otros productos”.
Ramírez de la O destacó que luego de “analizar conjuntamente la situación del momento inflacionario el gobierno federal decidió otorgar a las empresas firmantes del acuerdo una Licencia Única Universal que las exime de todo trámite o permiso para las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para su envase”.
Concretamente se les exime de los trámites del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad; de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; así como del impuesto general de importación.
También indicó que “se suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país, lo cual incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional”.
Con esta licencia “las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole”.
Compromisos
El secretario de Hacienda dejó en claro que el acuerdo especifica que las empresas “asumen el compromiso de no subir los precios de la harina de maíz utilizada para la tortilla, en particular la harina básica extra premium sin conservadores. El esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3% menor al precio promedio máximo actual”.
Por otro lado, resaltó que “el gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente, se congelarán las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura y a Caminos y Puentes Federales hasta el 28 de febrero de 2023”.
Subrayó que a diferencia de Estados Unidos, donde la inflación es por demanda, en México es por oferta. Por esa razón, dijo, “la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores para fortalecer esta oferta de alimentos”.
Finalmente, apuntó que “las empresas y el gobierno aceptan la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y que dicha dependencia tenga suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos donde se detecten abusos en todas y cualesquiera de las etapas de la cadena de intermediación y distribución de alimentos”.
Evaluación
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó a su vez que analiza, en coordinación con las autoridades, los posibles impactos del acuerdo para reforzar el PCIC.
“El sector empresarial apoya la iniciativa del presidente López Obrador de buscar nuevas fórmulas para disminuir la inflación; sin embargo, la apertura a la importación sin controles sanitarios ni regulatorios podría abrir la puerta a riesgos innecesarios a los productos alimenticios en México. Al mismo tiempo que se podría poner en riesgo la salud de los consumidores mexicanos, afectaríamos las exportaciones que están inscritas en tratados internacionales suscritos por el gobierno de México”.
En este sentido, el CCE apuntó que trabaja con las autoridades hacendarias “para encontrar opciones que eviten afectaciones a la salud y a la economía del sector agroalimentario, al tiempo que se cumple el propósito del acuerdo, que es apoyar la economía de las familias mexicanas al reducir los incrementos a la canasta básica”.