Por considerarlas un abuso de poder y retroceso para los derechos humanos, que van más por proteger los intereses del poder que por defender los derechos del pueblo, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaron en contra de las reformas a la Ley de Amparo y de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Los diputados coordinados por Rubén Moreira, en acuerdo con la dirigencia de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, afirmaron que se está acabando con un sistema garantista que al país le costó décadas, incluso siglos, construir y consolidar.
A nombre de la bancada del PRI, los legisladores Arturo Yáñez, Alejandro Domínguez, Humberto Ambriz, Ana González, Verónica Martínez y Emilio Suárez, sentenciaron que los diputados oficialistas ponen un clavo más al ataúd que pretende enterrar la posibilidad de que la gente se defienda de los abusos del poder, se continua con el proceso de destrucción del Poder Judicial, de la división de poderes y de nuestro sistema republicano.
Manifestaron que estos cambios legales ponen a la mayoría de Morena de cara a la sociedad como traidores a la democracia y cuestionaron si le tienen miedo a que la gente tarde o temprano se dé cuenta de sus trampas y que se quieran defender de sus atropellos.
Puntualizaron que el juicio de amparo defiende los derechos humanos que todos tienen reconocidos en los tratados internacionales. El problema, plantearon, es que cuando el oficialismo emita una norma que afecta a la colectividad, cada persona de manera individual tendrá que promover un juicio de amparo a fin de que la norma que resulta inconstitucional no le sea aplicable.
Señalaron que, además, es un error mayúsculo, representa un abuso de poder y retroceso en los derechos humanos, al establecer que las acciones y controversias constitucionales no puedan dar lugar a la suspensión de la norma cuestionada y que sean improcedentes cuando tengan por objeto controvertir adiciones o reformas a la Constitución Mexicana.
“Si la Constitución no protege al pueblo, será olvidada y se abrirá la puerta a un Estado autoritario”, enfatizaron, para después expresar que la concentración de poder y el debilitamiento de las instituciones, son una alerta sobre el riesgo de que México se desvíe hacia una dictadura.
Los legisladores priistas reiteraron que el PRI, seguirá rechazando cualquier intento de convertir la Carta Magna en una herramienta de autoritarismo; porque el Revolucionario Institucional construyó durante décadas el andamiaje para que se garantizara que los de derechos fundamentales no se anularan ni suprimieran.
Aseveraron que estas iniciativas son consecuencia de la errónea, abrupta Reforma de la Supremacía Constitucional y desde luego de la continuidad del capricho vengativo de poder generar esta reforma al Poder Judicial.